Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123989
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $171.600 (v. presentación de 12-XII-2019 y resol. de 12-II-2021) queda perdido (art. 294, segundo párrafo, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.085, "S., L. E. contra U., D. Derecho de comunicación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hiciera lugar a la demanda incoada por la señora L. E. S. contra la señora D. U., reconociéndole el derecho a gozar de un régimen de comunicación con su nieto S. C. U., previo proceso de revinculación (sent. de 13-VIII-2019).
Se interpuso, por la señora D. U., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 12-IX-2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El 2 de febrero de 2017, concluida la etapa previa, la señora L. E. S. -madre del señor N. C. S.- interpuso demanda de derecho de comunicación con su nieto S. contra la señora D. U. Allí afirmó, como presupuesto de su pretensión, que cuando su hijo N. se separó de la demandada en un principio se mudó a su casa, por lo que su nieto pasaba todos los fines de semana en su hogar, desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Los meses de enero los pasaban en la quinta que la familia posee en Tandil, que era el lugar de encuentro de primos y hermanos, compartiendo esos momentos con S., así como las fiestas de fin de año (v. fs. 30/36).
Alegó también que le provoca una inmensa tristeza no ver a su nieto. Explicó que, con motivo de la denuncia penal por abuso sexual iniciada por U. y el expediente sobre violencia familiar, perdió todo contacto con su nieto, resultando infructuoso intentar tener algún diálogo con la madre del niño.
II. El Juzgado de Familia n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda y admitió el derecho de L. E. S. a mantener un régimen de comunicación con su nieto S. C.; dispuso que se lleve a cabo un proceso de revinculación entre ellos a través del Programa de Salud Mental (PROSAM), autorizándose a ambas partes a realizar las gestiones administrativas pertinentes dentro del quinto día de quedar firme el pronunciamiento y les hizo saber que se aplicará una multa de diez mil pesos ($10.000) tanto para el caso de incumplimiento del plazo como en el supuesto de la no concurrencia a cada una de las entrevistas que se fijen para la revinculación del niño con su abuela paterna, además de otras medidas conminatorias que puedan fijarse en interés del niño (v. sent. de 27-II-2019).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental confirmó lo así resuelto (v. sent. de 13-VIII-2019).
Sostuvo que "Para resolver el planteo de la recurrente considero fundamental lo dictaminado por la Licenciada Manfredi quien mantuvo aproximadamente doce entrevistas con S. y sus padres. La mencionada profesional señaló la importancia que el niño no corte los vínculos con los familiares paternos, y que ello puede preservarse si concurre a la casa de su abuela, ya que es ella quien cuida de sus nietos. También puso de manifiesto que sería un buen lugar para que S. mantenga contacto, no sólo con su abuela, sino también con sus primos por parte del padre..." (v. informe de 14 de marzo de 2018; pág. 16 de la sent. de 13-VIII-2019).
En esa línea concluyó: "Aprecio que el niño debe abrirse a su familia paterna y no permanecer bajo el limitado círculo en el cual se desenvuelve su vida, cuando tiene primos y tíos con quien puede relacionarse sanamente. No hallo razonable que se pretenda borrar a la familia paterna pues ello no resulta congruente con el derecho a la identidad del menor (art. 8 de la CDN)" (pág. 17, cit.).
A lo dicho, agregó que "... resulta altamente preocupante lo expresado por S. en la audiencia que tuvo lugar en esta Sala el 2-7-2019, cuando expresó que su madre le dijo en el auto, en el camino que va desde su casa al edificio de Tribunales, que tenía que contar que 'cuando estaba con N. le pegaba en la cola con una espada de 'Star Wars' y que su abuela lo veía', y así podría seguir viviendo con ella e irse a festejar juntos una vez terminada la audiencia" (pág. cit.).
Finalmente, remarcó que "Después de escuchar a S. y lo que su madre le dijo, no tengo dudas acerca de la recomendación que dio el psicólogo del Juzgado, quien al entrevistar a D. U. el 30-11-2017, consideró conveniente que ella cuente con un espacio psicoterapéutico para que pueda elaborar la conflictiva familiar que está enfrentando" (v. informe de 1 de diciembre de 2017 del expediente C. 123.989, "C. S."; pág. cit.)
III. Frente a ello, la progenitora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia que el fallo en crisis incurre en la violación de los arts. 19 de la Constitución nacional; 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; también 555 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. presentación de 12-IX-2019).
Cuestiona lo dictaminado por la licenciada Manfredi que surge tanto de la sentencia de primera instancia como de la de Cámara, por considerar que no resulta una adecuada derivación razonada y que ello va directamente en contra del interés superior de S. (v. págs. 13/16 del escrito cit.).
Asimismo, denuncia que la sentencia viola expresamente el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto al derecho del niño a ser oído y la interpretación que hace la Cámara de los dichos de S. en ese marco (v. págs. 16/34).
Al respecto arguye que "...este centro nodal decisorio [la escucha de S. por parte del tribunal de Alzada], resulta para esta parte, un ejercicio abusivo del poder del Tribunal, que genera una flagrante violación del derecho de defensa en juicio, así como una tergiversación del ejercicio del derecho de S. a ser escuchado en los términos el art 12 CIDN. Debe sumarse a ello, que el eje por el que se cuestionó al Juzgado de Familia actuante, ha sido a lo largo de los procesos recursivos en este expediente y su correlato de comunicación con el Sr. C., así como en la dimensión penal, justamente el 'cómo' fue escuchado S. Y en este sentido, es que nunca se ha garantizado una escucha adecuada".
IV. La impugnación no puede prosperar.
IV.1. Por considerar que abastecen adecuadamente la respuesta que cabe dar a la recurrente, comparto y hago propios los fundamentos y conclusiones del dictamen del representante del Ministerio Público de fecha 30 de agosto de 2022, cuyos argumentos centrales (vinculados con la insuficiencia técnica del recurso a los fines de conmover la sentencia de la Cámara y a que -conforme lo que surge de las constancias de la causa- la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior del niño) son compartidos por este Superior Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad (conf. metodología utilizada por esta Corte en causas C. 115.708, "N. N.", sent. de 12-VI-2013; C. 117.506, "B., Y. I.", sent. de 3-IV-2014 y C. 118.271, "S., M. A.", sent. de 2-VII-2014).
Así, del dictamen surge que "...se advierte que la impugnante se limita a disentir con la apreciación de los hechos y pruebas realizadas por la Alzada; tarea privativa de su competencia y respecto de la cual no tiene el deber de expresar la valoración de todas las probanzas producidas, sino únicamente de las que entiende fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa conforme el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial" (pág. 13, dictamen cit.). Y que "...resuelta claro que el planteo de la recurrente no supera el tamiz de ser una mera discrepancia subjetiva, una simple pretensión de sustituir el ejercicio de una facultad que resulta propia de la Alzada, es decir seleccionar, jerarquizar y merituar la prueba"(pág. 14, dictamen cit.).
Además, sin perjuicio de lo manifestado desde el plano de la técnica casatoria y teniendo en cuenta los derechos que se encuentran en debate, el representante del Ministerio Público, luego de analizar los elementos de prueba que surgen de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 14-00-004153-16/00 -que se iniciara a partir de la denuncia esgrimida por la señora U., de trámite en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Distrito de Munro, en donde se dispuso el archivo de las actuaciones, decisión que luego fue ratificada por la Fiscalía General Departamental-, la que fuera solicitada por esta Suprema Corte y tengo a la vista, así como los producidos en la instancia de origen -entre los cuales se destacaron particularmente el de la licenciada en Trabajo Social, Laura Luis (v. fs. 373/378) y los realizados por los expertos integrantes del Equipo Técnico del Juzgado, la psiquiatra Paula de Gainza y el psicólogo Pablo Mazzagatti (v. informes de 19 y 20 de febrero de 2018, 14 de marzo de 2018 y págs. 15/17 del dictamen)-, afirmó que las conclusiones a las que arribó la Cámara "...no sólo no incurren en el vicio de absurdo, sino que son coincidentes con los numerosos elementos de prueba recolectados, especialmente con las conclusiones de otros expertos" (pág. 17 del dictamen).
En ese camino, concluyó que "...no ha logrado justificar la recurrente que se presenten en el caso sub examine circunstancias que den acabada cuenta de la inconveniencia de la vinculación de S. con su abuela paterna, por lo que entiendo debe confirmarse la decisión recurrida en tanto constituye una herramienta adecuada para lograr el restablecimiento del derecho consagrado por el arts. 555 del Código Civil y Comercial de la Nación y en las pautas rectoras de la Convención de los Derechos del Niño, en especial atención a su interés superior. Es entonces, por las razones expuestas, que entiendo que la sentencia impugnada interpreta correctamente las directrices previstas por los artículos 3 y 12 de la CIDN" (págs. 23/24, dictamen cit.).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de los niños (art. 3.1., CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ellos se tome y que ha sido definida como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en la causa Ac. 79.931, "A., K. E.", sent. de 22-X-2003. En similar sentido causas C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010 y C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto [...], se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni, CSJN causa "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas", 12-VI-2012; LL 26-VI-2012, 26/06/2012, 7; cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27-XI-2018, LL 31-I-2019, 31-I-2019, 3 -DFyP 2019, junio-, 51 cita Online: AR/JUR/63273/2018).
IV.2. Coincido con lo dicho por el representante del Ministerio Público en respuesta a las consideraciones esgrimidas por la recurrente al afirmar que S. no fue escuchado correctamente en el proceso y que se afectó su derecho a ser oído, en tanto "De las constancias de autos se advierte claramente que S. ha sido escuchado previamente en la instancia de origen tanto por los magistrados intervinientes, como por la señora Asesora de Incapaces, a lo que se suman numerosos peritos (ver fs. 77; 214; 225; 429 y 509)" (v. informe de 14 de marzo de 2018; actas de 29 de mayo de 2017, 16 de febrero de 2018, 18 de diciembre de 2018 y 1 de julio de 2019; págs. 20/21, dictamen cit.).
Y, además, que "La mencionada intervención en los espacios de escucha de los profesionales especializados del equipo técnico del juzgado, idóneos de la psicología y psiquiatría, cooperó para obtener una visión más amplia de las circunstancias del conflicto, enriqueciendo la mirada jurídica y aportando sus saberes, auxiliando a los juzgadores a vislumbrar cuál es el interés superior del niño en el caso concreto" (pág. 21, dictamen cit.).
Al respecto vale recordar que la opinión del niño debe ser analizada con un criterio amplio y pasada por el rasero que implican su edad y madurez, para lo cual le es imprescindible al juez ponderar cuidadosamente las circunstancias que lo rodean y balancearlas mesuradamente en relación con las restantes connotaciones que presenta el caso, los dictámenes de los profesionales intervinientes, el ministerio público y particularmente con la índole del derecho en juego (conf. causas C. 100.970, "A. ,C.", sent. de 10-II-2010 y C. 116.644, "E., A. G.", sent. de 18-IV-2018).
Por lo demás, debo agregar que habiendo asistido a la audiencia realizada en esta sede (v. acta de 22-VIII-2023, del expediente C. 123.989, "C. S.") en donde tuve la oportunidad de escuchar a S., me encuentro persuadido de que la solución propuesta es la que mejor abastece la consideración del interés superior del niño (art. 3.1., CDN).
IV.3. Finalmente, también concuerdo con el último párrafo del dictamen en tanto de allí se concluye que "...que en la búsqueda de respetar los derechos de S. y sus tiempos internos, la Alzada ha sido cuidadosa a la hora de arbitrar los mecanismos en miras a transitar un proceso de revinculación entre S. y su abuela paterna, al establecer que el mismo se lleve a cabo en el juzgado y en presencia del equipo técnico, cuyos resultados serán analizados de manera previa a establecer el régimen definitivo de comunicación que resulte el más conveniente para el niño y aquella" (pág. 14, dictamen cit.).
A lo cual cabe agregar que, tal como fue aconsejado en su oportunidad por los profesionales del equipo técnico del juzgado (v. informes realizados por peritos psicólogo y psiquiatra del 1 de diciembre de 2017 del expediente C. 123.989, "C. S."), se exhorta a la instancia de origen a que disponga lo necesario para dar cumplimiento a lo allí sugerido a fin de que la señora U., así como sus padres con quienes S. convive actualmente, inicien un espacio terapéutico para elaborar adecuadamente la conflictiva planteada y sus derivaciones emocionales y afectivas y para que puedan acompañar a S. en la revinculación que se ordena.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Asimismo, se exhorta a la instancia de origen a que dé cumplimiento a lo ordenado en el punto IV.3. del presente.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $171.600 (v. presentación de 12-XII-2019 y resol. de 12-II-2021) queda perdido (art. 294, segundo párrafo, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/02/2024 09:54:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 22:35:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:47:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2024 12:13:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 10:54:33 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/02/2024 11:05:26 hs. bajo el número RS-6-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia