Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.626, "Pombiño, Alejandro Gabriel contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 con asiento en la cuidad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. de 10-VI-2021 y sent. de 24-VI-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-VII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gabriel Alejandro Pombiño y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo que sufriera el día 2 de octubre de 2015.
En lo que interesa destacar, a fin de determinar el valor mensual de ingreso base, ponderó el informe pericial contable agregado el día 2 de agosto de 2019, donde la experta interviniente consignó que al mes de setiembre de 2015 su cuantía ascendió a $5.707,05.
Luego, con sustento en la prueba pericial médica elaborada conforme el baremo de la ley 24.557, juzgó que el trabajador es portador de una disminución en su capacidad laborativa, parcial y permanente del 44,35% de la total obrera. Aclaró, en este sentido, que el informe ampliatorio final (v. presentación digital de 28-XI-2019) resultó convincente y correctivo de la primera evaluación presentada por el galeno interviniente, obrante a fs. 153.
Con ello, y demás datos que tuvo por verificados, cuantificó el importe indemnizatorio en los lindes del citado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, al que añadió el incremento establecido en el referido art. 3 de la ley 26.773.
Finalmente, dispuso que al importe de condena debían adicionarse intereses desde el momento de la consolidación del daño, calculados de acuerdo a la tasa de interés pasiva digital que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo por el plazo de treinta días.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 11, 15, 25, 31, 36 y 39 de la Constitución provincial y 11 de la ley 27.348; del decreto de necesidad y urgencia 669/19; del art. 44 incs. "c" y "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, peticiona -a fin de recomponer el valor mensual del ingreso base- la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019), cuyo art. 3 -destaca el quejoso- establece que las modificaciones dispuestas se aplicarán "... en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante..." (el destacado figura en el original.; v. rec. pág. 11)
Menciona que ya en el escrito de demanda (v. fs. 35/66 vta.; iniciada el 29-VIII-2016), el promotor del pleito había solicitado la actualización de las prestaciones de acuerdo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), por aplicación de la ley 26.773.
Expone que el decreto citado establece expresamente su vigencia temporal, por lo que decidir su inaplicabilidad al caso resulta arbitrario, desde que ninguna otra interpretación cabe al respecto.
Cita el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que identifica como "Calderón Celia Marta c/ Asociart ART S.A. s/ accidente", fallado el 29 de abril de 2014, y la doctrina legal que emerge de la causa L. 125.412, "Ponillaux" (resol. de 30-XI-2020), donde -aduce el quejoso- esta Suprema Corte dejó firme una sentencia del tribunal de grado en la que se había ordenado recomponer el ingreso base mensual conforme la normativa dispuesta en el art. 12 de la ley 24.557 (según texto dado por el art. 11, ley 27.348).
De manera subsidiaria, para el supuesto de no prosperar el agravio anterior, solicita la aplicación -al caso- de este último precepto, que consagra -afirma- un interés de naturaleza legal, en los términos del inc. "b" del art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Expone que tales acrecidos se devengan ipso iure , por lo que corresponde su vigencia inmediata al caso de autos por tratarse de consecuencias no agotadas (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Con relación al alcance que cabe acordarle a la proposición normativa subsidiariamente invocada, que ciñe su ámbito de operatividad a "...las contingencias cuya primera manifestación invalidante tenga lugar o resulte posterior a la entrada en vigencia de la Ley..." (rec. pág. 21), menciona diversos precedentes de esta Corte que identifica.
II.2. Por lo demás, postula que la sentencia impugnada resulta arbitraria por haber reconocido al actor una incapacidad parcial y permanente del 44,35% de la total obrera, cuando a fs. 153 obra un informe médico anterior que cuantificó dicha minusvalía en un 78%.
Aduce que el tribunal no tuvo en cuenta lo dictaminado por el galeno interviniente en su presentación de fecha 28 de noviembre de 2019, donde -luego de explayarse respecto del cuadro de salud del actor- afirmó que independientemente de existir un baremo de uso habitual en el fuero laboral , el mismo no abarca la totalidad ni la severidad de las secuelas padecidas por el señor Pombiño , las que sí resultan contempladas por el utilizado en el fuero civil (a saber, indica, el conocido como de Altube-Rinaldi).
II.3. Por último, expone que el tribunal omitió resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773, articulado en el escrito de inicio.
Señala que si bien dicha disposición aparenta tener la intención de generar una igualdad entre damnificados al momento de la valuación de la incapacidad resultante de alguna contingencia laboral, lo cierto es que el listado cerrado de enfermedades profesionales del decreto 658/96 y la tabla de evaluación de incapacidades resultan limitativos del principio de reparación integral, violatorios del derecho de propiedad, de la protección al trabajo en todas sus formas, de los principios de no dañar y de razonabilidad de las normas, a la vez que desconoce la tutela que los tratados internacionales otorgan a la persona del trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. No puede resultar de recibo el reproche por el cual el apelante solicita la aplicación -al caso- del decreto de necesidad y urgencia 669/19 y, subsidiariamente, de las previsiones de la ley 27.348.
En efecto, de la lectura de los presentes actuados surge nítido que dichas pretensiones, traídas recién en esta sede extraordinaria, no fueron puestas a consideración del órgano de la instancia de grado en oportunidad alguna; y ello resulta relevante a poco que se advierta que si bien la promoción del pleito se remonta a épocas anteriores a la sanción y publicación de tales cuerpos normativos (v. cargo inserto a fs. 66 y vta. por la Receptoría General de Expedientes departamental el 29-VIII-2016), estos últimos resultan anteriores a la fecha de la sentencia de grado, que data del día 24 de junio de 2021.
Cobra virtualidad entonces la doctrina legal de esta Suprema Corte que establece que los planteos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria constituyen una cuestión novedosa que no deviene susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (causas L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023).
III.1.b. Lo señalado torna innecesario abordar los demás argumentos descriptos en el apartado II.1. del presente.
III.2. Por otro lado, el agravio tendiente a rebatir el porcentaje de incapacidad que el juzgador de grado estimó acreditado en el pronunciamiento en crisis luce -asimismo- insuficiente.
III.2.a. Tiene dicho este Tribunal que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la debida denuncia y acreditación en el caso de la ocurrencia de un supuesto característico de la doctrina legal del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e.o.). Con análogo razonamiento, también ha sostenido que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral constituye otra cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se invoque y demuestre dicho mencionado vicio valorativo extremo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023).
III.2.b. Bajo tales directrices, el presente cuestionamiento también se revela insuficiente, desde que el recurrente no logra acreditar la configuración de absurdo (art. 279, CPCC).
En el caso, el tribunal actuante tuvo por demostrado, en base a la ampliación del informe pericial médico (v. presentación digital de fecha 28-XI-2019), que el juzgador estimó convincente y correctivo del agregado primigeniamente a fs. 153, que el señor Pombiño presenta -a raíz del accidente sufrido- una merma en su capacidad laborativa -parcial y permanente- del orden del 44,35 % de la total obrera, conforme el baremo de la ley 24.557, en atención a las patologías que estimó acreditadas: reacción vivencial neurótica grado tres, fractura de húmero izquierdo, limitación de movilidad del hombro derecho, miembro hábil y factores de ponderación.
III.2.c. Frente a ello, el impugnante parte de su subjetiva opinión en orden a la eficacia probatoria que a su entender correspondería asignarle al dictamen médico y su ampliación, esgrimiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron ponderados por el tribunal de la causa, el que -pueda compartirse o no- no exhibe yerros que habiliten su revisión extraordinaria.
En rigor, en la crítica expuesta, el interesado sólo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al tribunal de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le son privativas. En suma, la objeción trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo de la impugnante, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024).
Dable es recordar que este vicio valorativo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
Consecuentemente, el embate del acápite también debe ser desestimado.
III.3. Finalmente, en orden al agravio concerniente a la supuesta omisión en que habría incurrido el tribunal de grado por no haberse expedido -según dice el quejoso- respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773 plasmado en el escrito de inicio, cabe destacar -más allá de cualquier otra consideración- que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial (como la alegada por el impugnante), deviene materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.), que el impugnante se abstuvo de deducir. De modo que, también corresponde disponer el rechazo de este reproche.
III.4. Conforme el desarrollo que antecede, el recurso ensayado resulta técnicamente insuficiente y, por lo tanto, se impone su desestimación (art. 279 cit.).
IV. Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2024 19:43:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2024 09:53:01 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2024 14:55:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:10:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 10:35:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:41:50 hs. bajo el número RS-77-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia