Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.436, "Franco, Daiana V. contra Instituto de Apoyo Integral de Personas con Capacidades Diferentes (IDANI)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 29-IX-2021).
La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-XI-2021), el que luego de denegado en la instancia de grado, fue admitido por esta Corte mediante resolución de 26 de abril de 2022 al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de 31-I-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el marco de la acción de reinstalación iniciada por Daiana Verónica Franco contra el Instituto de Apoyo Integral de Personas con Capacidades Diferentes (IDANI), el tribunal de grado hizo lugar a la medida cautelar peticionada, ordenó la reincorporación de la actora a su puesto habitual de trabajo y el pago de los respectivos salarios desde la fecha del despido hasta el dictado de la sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión.
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos propios de la precautoria solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
En cuanto al primer recaudo, a partir de valoración que efectuó de la documentación acompañada junto con el escrito liminar (específicamente las actas emanadas del Ministerio de Trabajo y las cartas-documento que individualizó), declaró prima facie acreditado que la actora prestó servicios dependientes para la institución demandada desde el 29 de julio de 2013 y que el despido dispuesto por la patronal se concretó mediante pieza postal del 27 de mayo de 2021, en el que esta adujo como causal rescisoria el supuesto abandono de trabajo incurrido por la dependiente, por no haberse presentado a laborar no obstante la previa intimación cursada el 8 de abril de 2021 en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. CD 067921598).
Por otro lado, estimó verosímilmente acreditado que -al momento del distracto- la promotora del pleito tenía una hija menor que se encontraba a su cuidado, situación que habría puesto en conocimiento de la empleadora en los días previos a la comunicación rupturista (v. CD 081873385).
Destacó, además, que el despido se había producido durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/20 (B.O. de 31-III-2020) y sucesivas prórrogas, dictado en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (conf. ley 27.541 y DNU 260/20 y modif.), y de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecida mediante el decreto de necesidad y urgencia 297/20 -y normas sucesivas-.
Precisó que en el decreto de necesidad y urgencia mencionado en primer término se estableció de forma general la prohibición de despedir sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo (art. 2), y que las desvinculaciones que se dispusiesen en violación a ello "...no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales..." (art. 4).
En ese contexto, señaló que la circunstancia de que la empleadora hubiera invocado un motivo para despedir a la accionante no obstaculizaba la viabilidad del pedimento cautelar. Tuvo en consideración aquí -sin mengua de lo que pudiera resolverse al momento del dictado de la sentencia definitiva respecto de la configuración o no de la causal esgrimida- la fuerte verosimilitud del derecho invocado por la reclamante con sustento en el ya mencionado decreto de necesidad y urgencia 329/20, sus prórrogas y el art. 177 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Apuntó que mediante la citada normativa de emergencia se pretendía asegurar la protección del trabajo "en todas sus formas" (art. 14 bis, Const. nac.) y adoptar medidas orientadas a efectivizar el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante el trabajo (PIDESC), atendiendo al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional.
Ya en lo tocante al peligro en la demora, el órgano judicial sostuvo que se desprendía del carácter alimentario del salario -medio de subsistencia de la trabajadora y su grupo familiar- a lo que añadió las importantes consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia provocada por el covid-19 (art. 14 bis, Const. nac.; conv. n° 95, OIT y art. 39, Const. prov.).
En relación con la contracautela, entendió suficiente la prestación de caución juratoria (art. 199, CPCC).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 12, y 116 de la Constitución nacional y de los decretos de necesidad y urgencia 329/20 y 487/20.
Alega que los argumentos y conclusiones en los que se afinca la decisión impugnada no encuentran adecuado sustento en el derecho vigente, ni en las constancias de la causa, basándose en meras apreciaciones dogmáticas de los magistrados.
Aduce que la normativa tenida en cuenta por el órgano de la instancia de grado para acoger el pedimento cautelar -DNU 329/20 y sucesivas prórrogas; 260/20 y 297/20 y modificatorias- prohíbe expresamente el despido sin causa y por falta o disminución del trabajo, pero no el justificado o el fundado en el abandono de trabajo, tal como aconteció en la especie.
Expone que la resolución recurrida utiliza pautas de excesiva laxitud, en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de esta Suprema Corte, acerca de la especial prudencia y exigente examen con que corresponde evaluar las decisiones precautorias que implican un anticipo temporal de la solución del pleito.
Postula que la medida dictada coincide plenamente con el objeto de la acción, razón por la cual su concesión conlleva necesariamente un adelanto de opinión del juzgador respecto de la cuestión de fondo, lo cual implica prejuzgamiento.
Con cita de antecedentes de la Corte federal, expone que la admisión inaudita parte de la pretensión cautelar traduce un exceso jurisdiccional que menoscaba el derecho de defensa de la accionada.
Destaca que en la especie no se verificaron los requisitos que habilitan el dictado de las medidas cautelares, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Respecto del primero, postula que contrariamente a lo resuelto en el fallo de grado, no concurren elementos objetivos suficientes que lo acrediten. Alega que el progreso del decreto cautelar se apoya en las meras afirmaciones formuladas por la parte actora en su escrito de inicio, careciendo de sustento legal.
Aduce que tampoco se verifica el segundo ni la irreparabilidad del supuesto perjuicio, desde que nada obstaría a una ulterior reinstalación de la trabajadora una vez agotado el proceso de conocimiento, en la eventual hipótesis de obtener una sentencia definitiva favorable.
Refiere que la actora lleva meses sin prestar servicios para la accionada y, que el vínculo laboral concluyó cuatro meses antes del dictado de la medida cautelar objetada.
Sostiene que lo resuelto en la instancia de grado le ocasiona a su parte un perjuicio irreparable, desde que se ve obligada a reincorporar a una trabajadora cuyo contrato de trabajo finalizó con justa causa.
Arguye que la resolución que ordena la reinstalación y el pago de salarios caídos afecta la libertad de contratar y los principios constitucionales de igualdad, propiedad, defensa en juicio y división de poderes (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31, 75 inc. 12 y 116, Const. nac.).
Refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expuesto que la naturaleza alimentaria de los ingresos de la trabajadora no basta para sustentar la medida innovativa, máxime porque en el eventual caso de que prospere la demanda no se tornarían ilusorios los derechos invocados por la reclamante.
Con todo, solicita se revoque la medida cautelar objeto de agravio.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones de índole metodológica, habré de alternar -para su tratamiento- el orden en que los agravios fueron planteados por el recurrente.
III.1. Es sabido que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
III.2. La crítica ensayada contra la conclusión del tribunal de origen con arreglo a la cual se consideró configurado el requisito de la verosimilitud del derecho, no puede prosperar.
De cara a los argumentos plasmados en la decisión puesta en crisis -los que me he ocupado de reseñar en el relato de los antecedentes- el interesado no logra poner en evidencia la configuración del absurdo en el hilo conductor del razonamiento seguido por el sentenciante para evaluar dicho recaudo.
Es que, lejos de controvertir frontal y eficazmente las conclusiones a las que arribó el órgano de la instancia de grado a partir de la valoración conjunta de los diversos elementos de juicio que individualizó en la decisión, a los que adunó la "...fuerte verosimilitud del derecho invocado por la actora con fundamento en Decreto 329/20 y sus prórrogas y en el artículo 177 de la LCT...", el impugnante se limita a señalar que la resolución en crisis se basa en apreciaciones dogmáticas de los magistrados, carece de adecuado sustento en el derecho vigente y en la circunstancias objetivas de la causa. Empero, en su discurrir, no logra desvirtuar el razonamiento que condujo al tribunal a tener por verificado el recaudo en debate.
En este contexto, más allá de que la solución adoptada pudiera resultar opinable, discutible, poco convincente o pasible de otras interpretaciones, con ello no alcanza para patentizar el mencionado vicio invalidante, pues es necesario que se configure -y demuestre- un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; e.o.); carga que no logra satisfacer el interesado.
Tampoco es dable sustituir el criterio del sentenciante con el propio del recurrente ni con el de esta Suprema Corte (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.).
III.3. Idéntica suerte adversa ha de seguir el embate dirigido a cuestionar el tramo de la decisión de grado que tuvo por verificado el peligro en la demora.
Desde este costado, el recurso nuevamente se exhibe insuficientemente fundado, pues a partir de su propia visión del asunto, el quejoso no se encarga de rebatir directa y eficazmente la totalidad de los motivos brindados por el juzgador para verificar el requisito referido, dejando incólume -por falta de impugnación- aquel argumento consistente en las importantes consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia provocada por el covid-19 (art. 14 bis, Const. nac.; conv. n° 95, OIT y art. 39, Const. prov.).
Cobra entonces virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 120.792, "Cheppi", resol. de 7-III-2022 y L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024).
III.4. Tampoco es de recibo el cuestionamiento por conducto del cual se aduce que la resolución en crisis constituye un anticipo de jurisdicción respecto de la cuestión de fondo.
Ello así, toda vez que la crítica se desentiende de lo declarado por el órgano de la instancia de grado, en tanto este resolvió el decreto cautelar dejando expresamente a salvo que la causal invocada para despedir "...podrá ser oportunamente acreditada por la empleadora y lo que se resuelva al momento de dictar la sentencia definitiva..." (pág. 2, resol. atacada); lo cual deja fuera de contexto el planteo relativo al supuesto prejuzgamiento aludido por el compareciente en su pieza recursiva.
En estas condiciones, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.5. En suma, las cardinales definiciones de la resolución atacada no han logrado ser conmovidas por el interesado, por lo que la decisión impugnada ha de subsistir sin modificaciones.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2024 14:09:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/09/2024 12:08:17 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:39:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:08:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:28:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:40:12 hs. bajo el número RS-74-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia