Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.571, "E., A. E. contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 24-VI-2022).
Se interpuso, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 12-VII-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor A. E. E. y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonarle la prestación dineraria contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de fecha 24-VI-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 1 de abril de 2016, el accionante sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba servicios para su empleador, quien se hallaba asegurado por la firma aquí demandada; además, que luego de recibir la denuncia del siniestro, esta última procedió a su cobertura brindando las prestaciones médicas correspondientes (v. vered., primera y segunda cuestión).
Seguidamente, con sustento en la pericia médica, determinó que el promotor del juicio padece "hidrocele testicular derecho post-traumático" que le provoca una incapacidad de carácter permanente, parcial y definitiva del 4,32% del índice de la total obrera (v. vered., tercera cuestión).
Sobre esas definiciones fácticas, en la etapa de la sentencia cuantificó el importe que le correspondía percibir al actor, de acuerdo a las pautas que surgen del mentado art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo -según resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- y la compensación adicional prevista en el mencionado art. 3 de la ley 26.773.
Luego -en lo que interesa destacar-, advirtió que la incapacidad física antes referida fue determinada aplicando el baremo de "Altube-Rinaldi" y no el previsto en el decreto 659/96, en tanto la patología producida por el infortunio no se encontraba allí contemplada.
En esta línea, señaló que la apertura de la nómina cerrada producida a expensas del decreto 1.278/00 "...sólo significó un principio de reconocimiento y consecuente intento de remendar una de las injusticias contenida en el régimen, cuál era la de excluir de todo amparo a los trabajadores siniestrados frente a incapacidades adquiridas por enfermedades no listadas, vedándoles la posibilidad de acreditar su relación de causalidad con el factor trabajo y, por ende, su derecho a ser resarcidos con base al art. 19 de la Constitución Nacional" (sent., pág. 6).
En función de ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 6 segundo párrafo de la ley 24.557 -en su parte pertinente-, en cuanto -refirió- limita el reconocimiento de las patologías que padecen los trabajadores, únicamente a aquellas que se encuentran listadas en el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la apoderada de Federación Patronal Seguros S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de las normas y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2022).
En primer término, alega que el dictamen pericial médico practicado en autos no se encuentra debidamente fundado, toda vez que aplicó un baremo diferente al indicado por el decreto 659/96. Asimismo, agrega que no quedó acreditado que la afección física determinada al accionante tenga relación causal adecuada con el accidente de trabajo bajo análisis.
Desde otroángulo, expone que el fallo en crisis soslayó la disposición contenida en el art. 9 de la ley 26.773, en cuanto prescribe que, para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el régimen instituido en esa norma, "los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96" (rec., pág. 4).
Además, objeta que -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557- el tribunal de origen condenara a su parte por el supuesto padecimiento de una afección que no se encontraba incluida en el listado de enfermedades profesionales.
Y en ese orden, manifiesta que lo decidido respecto a la invalidez constitucional declarada se contrapone con la limitación contenida en el citado art. 9 de la ley 26.773 y con la jurisprudencia que individualiza; todo lo cual -a su juicio- exhibe la insuficiencia de fundamento jurídico válido del pronunciamiento.
Por fin, sostiene que la condena implicaría un distanciamiento impropio de los términos en que fue trabada la litis y una frontal violación al derecho de defensa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Preliminarmente, debo señalar que en el auto de concesión del remedio incoado el tribunal de grado estableció que si bien el valor del litigio no supera -en el caso- el mínimo previsto para recurrir, a la vista del agravio vinculado a la validez del art. 6 de la ley 24.557, en tanto el impugnante invoca la existencia de una cuestión federal, correspondía concederlo sin las restricciones establecidas por la legislación procesal (v. pronunciamiento de fecha 11-VIII-2022).
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 aplicable al caso, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que esta Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Sin embargo, es conveniente puntualizar que los restantes razonamientos ensayados sí habrán de analizarse en el marco de excepción previsto en el citado art. 55 primer párrafo, parte final, de la ley procesal citada de aplicación en la especie, conforme al cual, en principio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021 y L. 125.822, "Martinez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2. Formuladas estas aclaraciones, en relación con el planteo dirigido a neutralizar la valoración de la prueba pericial médica realizada en el fallo -y, con ello, la incapacidad reconocida al actor- la omisa invocación de una supuesta violación de doctrina legal, atento el reducido marco de conocimiento del intento revisor, conduce ineludiblemente a su rechazo.
A mayor abundamiento, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como la que el interesado pone en tela de juicio mediante su crítica, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco excepcional por el que transita el análisis del presente recurso (causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.3. Por otro lado, el embate que pretende controvertir la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 24.557 también debe desestimarse.
III.3.a. Es que si bien la recurrente argumenta que la afección que porta el actor no se encuentra incluida en el listado de enfermedades resarcibles contemplado en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo (solicitando así, la aplicación al caso del mentado art. 9 de la ley 26.773), esta Corte ha sostenido que no es posible soslayar que el decreto 1.278/00 admite que las afecciones no contempladas en el referido listado -sus incapacidades- puedan ser indemnizadas con arreglo a la ley 24.557 cuando, como ocurrió en el caso, a juicio del tribunal han sido provocadas por causa del trabajo. Y ello sin que sea necesario recurrir a las comisiones médicas para obtener esa declaración, ya que es atribución de la justicia provincial dilucidar si la dolencia que afecta al trabajador -y cuyo resarcimiento persigue con fundamento en el citado régimen especial-, ha sido consecuencia del trabajo y debe ser indemnizada, decisión que, se adecua -como lo consignó el sentenciante de grado- al criterio de esta Corte en la materia (causas L. 102.937, "Gómez", sent. de 22-XII-2010; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014 y L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2017; e.o.).
Al respecto, puede apuntarse que -adversamente a lo sostenido por la quejosa- sí se observan las motivaciones suficientes que -más allá de su acierto o error- llevaron al tribunal de grado a decretar la invalidez constitucional del mentado art. 6 de la ley 24.557 (v. sentencia, págs. 5/7).
III.3.b. A lo dicho cabe agregar que, aun cuando al momento en el que se elaboró la doctrina legal de esta Suprema Corte, recordada en el apartado III.3.a., el art. 9 de la ley 26.773 no se encontraba vigente, las prescripciones en él contenidas en nada enervan las motivaciones que condujeron al sentenciante a declarar el desencaje constitucional del precepto en cuestión (en el mismo sentido, causa L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023).
III.3.c. Por demás, y en lo que hace a la tangencial referencia efectuada por la impugnante en orden a la forma en que se declaró la inconstitucionalidad del citado art. 6 de la ley 24.557, no se advierte que lo resuelto por el órgano de grado se encuentre apartado de los términos en los cuales quedó trabada la litis, si se repara en que el accionante realizó el planteo oportuno al tiempo de la interposición de su demanda (v. escrito introductorio, pto. VII).
III.4. Por último, y a propósito de las citas que efectúa la compareciente, recuerdo que la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, o los de la Corte nacional, no constituyen doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022 y L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres con las precisiones que efectuara al compartir la opinión de la doctora Kogan en la causa L. 127.428, "Vega" (sent. de 30-V-2023), de similares contornos y a la que por brevedad me remito.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 10:39:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 11:14:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2024 10:06:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:07:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:24:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:38:30 hs. bajo el número RS-73-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia