Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.064, "D., G. M. contra Swiss Medical ART S.A. y otro/a. Enfermedad Accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y dispuso el archivo de las actuaciones, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 18-VI-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-VII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. El señor G. D. D., por intermedio de su letrado apoderado, promovió demanda contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Cooperativa de Trabajo Polilu Limitada -con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo-, a los fines de solicitar la reparación del infortunio laboral que denunció acaecido el día 24 de noviembre de 2016 (v. presentación electrónica de fecha 2-XII-2019).
Aclaró, liminarmente, que el contrato de trabajo que lo unía con su empleadora no se encontraba registrado. Indicó que se desempeñaba como estibador, cumpliendo funciones en las terminales 2 y 3 de ultramar del puerto de Mar del Plata, desde el mes de abril de 2004 y hasta el momento del siniestro referido.
Relató que el señalado día 24 de noviembre de 2016 -alrededor de las 09:30 hs.-, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales, sufrió un accidente de trabajo al caer desde una altura aproximada de seis metros, lo que le provocó un violento golpe en su cráneo.
A raíz de ello, luego de detallar la atención médica recibida y las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, afirmó que padece una incapacidad del 70% de la total obrera, de conformidad con el dictamen emitido por la comisión médica local con fecha 24 de octubre de 2018, cuyo trámite inició con el fin de obtener el beneficio de retiro por invalidez.
Añadió que, con motivo de ese hecho dañoso, se encuentra en silla de ruedas, se alimenta por botón gástrico y carece de fuerza muscular, entre otras secuelas.
Practicó liquidación, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 y 21 de la ley 27.348 y 6, 8 incs. 3 y 4, 12, 15 inc. 2, 19, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ofreció prueba y solicitó se hiciera lugar a la demanda.
I.1.b. A su turno, la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada -en lo que interesa- reconoció el contrato de afiliación que poseía con la Cooperativa de Trabajo Polilu Limitada, empero negó que existiera relación de dependencia entre esta última y el actor, toda vez que el señor D. resultaba ser socio y no empleado de aquella.
Opuso -entre otras defensas- excepción de incompetencia (v. escrito electrónico de fecha 6-II-2020, apdo. VI), y solicitó el archivo de la causa, atento que el accionante -dijo- no cumplió con la instancia administrativa previa y obligatoria establecida en el art. 1 de la ley 27.348.
Señaló que, si bien el legitimado activo concurrió ante las comisiones médicas, lo hizo a los fines de obtener el retiro por invalidez a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), trámite en el que no participó la aseguradora y en el que no se determinó el carácter laboral del accidente aquí reclamado.
Fundó la constitucionalidad de la referida ley 27.348, así como de la ley 14.997, en términos análogos a lo señalado en un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y en una resolución de un tribunal de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata (v. escrito electrónico de fecha 6-II-2020).
I.1.c. Conferido el traslado de rigor del art. 29 de la ley 11.653 aplicable a esa época, la actora replicó la excepción opuesta, remitiéndose a lo expuesto en el escrito de inicio y manifestó que, sin perjuicio de haber iniciado el trámite por ante la comisión médica local, el mismo no fue aceptado. Así, planteó nuevamente la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348 y amplió los argumentos brindados en su demanda (v. escrito electrónico del día 16-III-2020).
I.2. Pasados los autos al acuerdo, el órgano jurisdiccional interviniente acogió la excepción y -luego de efectuar una breve mención de los escritos que integran la litis- se inhibió para entender en la acción deducida, disponiendo el archivo de las actuaciones. Para así decidir, reprodujo la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y consideró que el demandante no había acreditado haber transitado el procedimiento administrativo previo instaurado por los arts. 1 de la ley 14.997 y 1, 2 y 3 de la ley 27.348 (v. pronunciamiento de fecha 18-VI-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que sostiene, brevemente, que siendo que ambas accionadas han negado la existencia del vínculo laboral invocado en la demanda, no resulta obligatoria la instancia administrativa previa, toda vez que el actor es ajeno al sistema creado por la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias.
Añade que, en efecto, ello surge del art. 1 de la ley 27.348 -tercer párrafo- que dispone que "los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la ley 24.557, no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita" (escrito electrónico de fecha 6-VII-2021).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que -reiteradamente- ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida en que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser equiparadas a las sentencias definitivas, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024).
Sentado ello, considero que -en el caso- la decisión de grado que clausuró la vía procesal promovida debe ser equiparada a definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que el agravio desplegado por el recurrente aporta argumentos aptos a los fines de evidenciar que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior en la medida en que -aunque sin definir la cuestión sustancial debatida- anticipan la suerte adversa de la revisión intentada.
III.2. Establecido lo que antecede, se advierte sin embargo que la escueta impugnación traída luce insuficientemente fundada (art. 279, CPCC).
III.2.a. Sabido es que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.638, "Torres", resol. de 7-X-2021; L. 128.894, "Lagos Villalonga", resol. de 15-VII-2022 y L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023).
Con sujeción a tales límites, la lectura del escrito recursivo permite corroborar nítidamente que el impugnante ha omitido denunciar la infracción de la totalidad de las normas actuadas en el pronunciamiento de grado y que dieron sustento a las motivaciones expuestas por el tribunal de la causa (a saber: arts. 1 de la ley 14.997 y 1, 2, 3 y 4 de la ley 27.348), exigencia esta de insoslayable cumplimiento según las prescripciones del citado art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (causas L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023 y L. 125.434, "Morales", sent. de 20-IX-2023).
III.2.b. Aún en la hipótesis más favorable para el recurrente, se advierte que el único reproche que esgrime en su réplica extraordinaria -en torno a la excepción que prevé la norma del art. 1 de la ley 27.348 para el caso de una relación de trabajo no registrada-, no fue puesto a conocimiento de los jueces de grado y resulta ahora novedoso, producto de una reflexión tardía que, como tal, deviene inatendible en la instancia extraordinaria (causas L. 120.548, "Lanzillotta", sent. de 17-II-2021; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XII-2022 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; e.o.).
Si bien en su escrito de inicio denunció que el vínculo laboral con su empleadora se encontraba fuera de todo registro, no invocó nunca dicha circunstancia como eximente de la instancia administrativa previa prevista en la ley 27.348, como lo hace en esta ocasión.
Asimismo, tampoco lo hizo en la oportunidad de efectuar la réplica a la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora, donde -contrariamente a lo postulado en el escrito recursivo- planteó la inconstitucionalidad de la mencionada ley y no su inaplicabilidad al caso.
En este sentido, cabe indicar que -siguiendo la anticipada línea de razonamiento- esta Suprema Corte también ha sostenido que son inaudibles en esta Sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022 y L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
III.2.c. Por lo tanto -y sin que ello implique abrir juicio respecto de lo resuelto por el órgano de grado-, las falencias indicadas ponen de manifiesto la insalvable insuficiencia técnica del remedio intentado y sellan su suerte adversa.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Entiendo que atento a la fisonomía de la controversia sobre la que resuelve, la decisión recurrida es idónea para generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, de allí que merezca su equiparación a sentencia definitiva en el marco del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego, comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en su sufragio para desestimar el medio de impugnación deducido y con ello la decisión a la que arriba.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Al igual que se expresa en los votos que anteceden, considero que la decisión impugnada, por sus connotaciones y las consecuencias que acarrea, debe equipararse a sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sentado ello, me sumo a los motivos relevados por el doctor Torres para desestimar el remedio extraordinario deducido (art. 279, CPCC), con costas (art. 289, Cód. cit.).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 10:39:24 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 11:14:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2024 10:06:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:07:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:24:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:38:29 hs. bajo el número RS-72-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia