Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130280
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.280, "Falco, César Mariano contra Prevención ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con asiento en dicha ciudad, se declaró incompetente para conocer en las presentes actuaciones e impuso las costas a la parte actora (v. resolución de fecha 29-VIII-2022).
Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-IX-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa destacar, en la demanda iniciada contra Prevención Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., el actor César Mariano Falco adujo padecer una enfermedad profesional -hernia discal lumbosacra con manifestaciones electromiográficas- como consecuencia de las labores prestadas como marinero para la empresa Desarrolladora Pesquera Fenice S.A. Expuso que efectuó la denuncia de la contingencia a la aseguradora de riesgos del trabajo en fecha 12 de agosto de 2021, la que fue rechazada. Luego, relató que cuestionó tal decisión por ante la Comisión Médica n° 12 de la ciudad de Mar del Plata -a los fines de cumplir con la instancia administrativa previa y obligatoria prevista en la ley 27.348-. Expresó que dicho organismo dictaminó que la enfermedad resultaba de carácter inculpable, sugiriéndole canalizar la atención médica a través de su obra social.
Fundó la competencia de la justicia local en el art. 2 de la ley 15.057. Indicó que reclama la indemnización derivada de una minusvalía que estima en el 21,5% de la total obrera, conforme el ingreso base mensual que denuncia y con arreglo a las prestaciones económicas contempladas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. escrito de inicio de fecha 1-IV-2022).
Corrido el traslado de la demanda, se presentó la accionada Prevención Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., y opuso excepción de incompetencia. Expuso que según los antecedentes fácticos relatados en la demanda y del juego armónico de los arts. 116 de la Constitución nacional y 1, 515 y 616 de la ley 20.094, surge que corresponde la intervención de la justicia federal a los efectos de resolver las cuestiones relativas a la jurisdicción marítima. Citó doctrina legal de este Tribunal, de la Corte nacional y lo resuelto por otros tribunales del trabajo (v. presentación electrónica de fecha 6-V-2022).
La parte actora, al evacuar el traslado de rigor, solicitó el rechazo del planteo de incompetencia efectuado. Sostuvo que en virtud de lo normado en los arts. 3 de la ley 11.653 y 2 de la ley 27.348, la competencia corresponde a la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial (v. escrito de fecha 24-V-2022).
Encontrándose la causa en estado de resolver, el órgano de origen se declaró incompetente y dispuso su archivo. Refirió que, en el caso, el infortunado trabajador se desempeñaba como marinero para la firma Desarrolladora Pesquera Fenice S.A. y que, conforme lo referido por el accionante, la enfermedad profesional denunciada fue consecuencia de las tareas realizadas mientras se encontraba embarcado.
Fundamentó la solución adoptada en la doctrina legal de esta Corte emergente de la causa L. 33.196, "Redon" (sent. de 29-V-1984). Seguidamente, con apoyo en precedentes de la Corte nacional, transcribió lo allí expuesto, referido a que por aplicación de los arts. 610 a 616 de la ley 20.094 corresponde al fuero de excepción entender en todas aquellas acciones derivadas de un contrato de ajuste cumplido en un buque de bandera nacional.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-IX-2022) y plantea los siguientes cuestionamientos.
II.a. Postula que el juzgador de origen infraccionó la doctrina legal elaborada, en torno a la atribución de competencia, en las causas L. 118.758, "Acharez" (sent. de 21-IX-2016), L. 120.469, "Fariña" (sent. de 9-V-2018) y L. 121.770, "Salgado" (sent. de 21-IX-2020).
En este orden señala que, si bien en los precedentes citados se resolvió que la declaración oficiosa de incompetencia resultaba prematura, el argumento presente en cada uno de tales fallos reside en que se trataba de conflictos relativos a las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo, sin que se hubiera demandado a la empleadora por una cuestión relativa al contrato de ajuste.
II.b. Alega que el órgano de grado se apartó del plexo normativo aplicable -según refiere, los arts. 2 y 46 de la ley 24.557, 14 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057-, a partir de la selección de una normativa que no rige el caso, pues deviene inaplicable -alude a los arts. 116 de la Constitución nacional y 1, 515 y 616 de la ley 20.094-, vulnerando garantías constitucionales del demandante. Insiste en que el reclamo resulta ajeno a la órbita federal.
II.c. Agrega que en la hipótesis de confirmarse la decisión se afectan las garantías del juez natural y el debido proceso, aseguradas en la Constitución nacional y provincial, y en tratados internacionales.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo preliminar, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el monto pretendido en demanda- no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el remedio procesal deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 aplicable al caso.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, en la especie se debate sobre la interpretación de una cláusula de la Constitución nacional (art. 116) y las leyes nacionales dictadas en consecuencia, que atribuyen a la jurisdicción federal el conocimiento de las causas concernientes al almirantazgo y jurisdicción marítima.
En este sentido, tiene establecido esta Suprema Corte que cuando en determinada controversia se encuentra en juego la competencia federal, el tema debe considerarse indisponible para las partes, ya que se ofrece con los caracteres de un impedimento que, más allá de comportar una cuestión de competencia, toca a la demarcación misma con que la Constitución nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, con oportunidad siempre presente, y en cualquier estado del juicio, para restablecerla en su regularidad de oficio (causas L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 119.550, "García", sent. de 15-III-2017; L. 119.739, "Sandoval", sent. de 9-V-2018; e.o.).
Por las señaladas razones, en el caso -de aristas similares a la causa L. 126.040, "Chejolan" (sent. de 29-XI-2022), en la que emití el voto inaugural-, habré de ingresar en el examen del embate sin las limitaciones impuestas por las normas procesales, pues corresponde que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, aborde los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución y las leyes federales (CSJN Fallos: 308:490, "Strada"; Fallos: 310:324, "Christou"; Fallos: 311:2478, "Di Mascio"; conf. causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; L. 118.758, "Acharez", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, de la simple lectura del escrito recursivo es dable advertir que los reproches traídos, a luz del contenido de la presentación mediante la cual se respondió la excepción de incompetencia (v. presentación electrónica de fecha 24-V-2022), se exhiben fruto de una reflexión tardía, y -por ende- se hallan marginados de consideración en esta sede casatoria.
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que no resultan atendibles los planteos novedosos que no fueron arrimados a examen en la instancia de grado (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 126.298, "Torena", sent. de 21-X-2022; e.o.). Con análogo criterio, también ha sostenido que son inaudibles en esta sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022; L. 127.473, "Sosa", sent. de 20-IX-2023; e.o.).
III.3. Por otro lado, tal como parece poner de manifiesto el propio recurrente, la doctrina legal que se denuncia violada en la réplica bajo estudio, fue elaborada sobre presupuestos fácticos disimiles a los del caso bajo juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.), lo que contribuye a sellar la suerte adversa del planteo.
En efecto, en los precedentes citados -a contrario de lo actuado en el presente-, el órgano de grado se declaró de oficio incompetente, siendo -en lo sustancial- revocado el pronunciamiento por concluir que había sido dictado en forma prematura.
III.4. Finalmente, se impone puntualizar que la invocación de quebranto de garantías constitucionales carece de andamiento, pues ello derivaría -eventualmente- de la previa acreditación de la infracción de las normas legales actuadas en el fallo (causas L. 118.740, "Martín", resol. de 26-VIII-2015; L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018; L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021 y L. 127.427, "Cingolani", sent. de 23-XI-2023), lo que no se verifica en la especie.
III.5. Lo dicho abastece la respuesta a la postulación en tratamiento, sin que corresponda ingresar en otro orden de consideraciones, frente a la manifiesta ausencia de aptitud del remedio deducido para desvirtuar las conclusiones definitorias del fallo objetado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Torres.
Solo he de precisar, que, en aquello vinculado con el recaudo de admisibilidad apontocado en el valor del litigio, concuerdo con la conclusión que brinda el ponente, si bien ello, a tenor de lo establecido por este Tribunal en la causa L. 119.739, "Sandoval" (sent. 9-V-2018), a la que por razones de brevedad me remito. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/08/2024 09:15:29 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:08:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/08/2024 15:04:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:06:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 09:20:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2024 12:36:06 hs. bajo el número RS-71-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia