Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, con el alcance determinado en el punto IV del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal de trabajo actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.650, "Martín, Delia Raquel contra Condor E.T. S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 14-VII-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio y parcialmente la sentencia de fecha 14 de julio de 2022?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente admitió, por mayoría y en forma parcial, la acción instaurada por Delia Raquel Martín y condenó a El Condor Empresa de Transporte S.A. al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Impuso las costas a la demandada por la pretensión admitida y a la actora por las desestimadas.
II. Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y concordantes de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653 y 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial.
Centrada la impugnación en el rechazo de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), la recurrente destaca que el desarrollo expuesto por el señor juez que votó en primer término (comprensivo del daño moral por incumplimiento de los deberes a cargo del empleador) no concitó la adhesión de los restantes magistrados.
Luego, impugna los motivos relevados en el primer voto, alegando errónea aplicación del art. 1 del decreto 146/01, como también, las consideraciones vertidas en torno a los padecimientos de la víctima del ilícito contractual.
III. Corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022 y L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27 VI-2023).
III.2. En el caso, concurren las circunstancias que habilitan a acudir a la excepcional solución anunciada.
III.2.a. Emerge con claridad de la sentencia que, en ocasión de brindar respuesta al primer interrogante planteado, el magistrado que abrió el acuerdo -el doctor Diéguez- abordó las pretensiones deducidas con sostén en los citados arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y el reclamo por daño moral, concluyendo que todas ellas debían ser desestimadas (v. sent., págs. 1/6).
Luego, la señora jueza que siguió en el orden de votación -la doctora Lombardi- se expidió -de modo concreto- respecto de la procedencia de la indemnización contemplada en el art. 80 antes citado y propuso su acogimiento. Empero soslayó emitir opinión respecto de la sanción del referido art. 132 bis y de la reparación del daño moral peticionados en el escrito de demanda, sin expresar -en todo caso- adhesión alguna.
Por su parte, el señor juez del tribunal que sufragó en último término -el doctor Such- adhirió al voto de la magistrada que lo precedió (v. sent., págs. 6/8.).
III.2.b. En ese marco, no puede sino concluirse que las anomalías verificadas denotan que el pronunciamiento en crisis carece de la necesaria mayoría de opiniones en torno a cuestiones medulares a decidir, configurándose una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y un apartamiento de lo reglado en el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653 -aplicable al caso-, ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; L. 129.345, "González", resol. de 10-XI-2022 y L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023).
En este sentido, ha expresado este Superior Tribunal que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 127.482, "López", resol. de 22-XI-2022; L. 128.755, "Yanzig", resol. de 26-IV-2023 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023).
Y, más precisamente, ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciado por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia- cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009; L. 118.963, "Bernal", sent. de 9-VIII-2017 y L. 121.063, "Rossini", sent. de 29-VI-2020).
III.3. Finalmente, dado que este tipo de infracciones no resultan gratuitas para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan.
IV. Por lo expuesto, corresponde disponer, de oficio, la anulación parcial de la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, exclusivamente en lo que concierne a la sanción conminatoria mensual normada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y al reclamo por daño moral.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia dictada el 14 de julio de 2022, con el alcance determinado en el punto IV del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del tribunal de trabajo actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:29:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:15:01 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:17:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 12:32:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 12:55:18 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 12:59:37 hs. bajo el número RS-79-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia