Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129120
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 4 de abril de 2022 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.120, "Gorosito, Hugo Alberto contra Experta ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la parte demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 30-XII-2021).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente, en el marco de la pretensión incoada por Hugo Alberto Gorosito contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó el planteo de cosa juzgada administrativa esgrimido por la demandada en su responde (v. pronunciamiento electrónico de fecha 30-XII-2021).
Para así decidir, en primer lugar, precisó que la emplazada basó dicha excepción en que el dictamen de la comisión médica no había sido apelado por la parte actora, y que -por tal razón- se encontraba firme, adquiriendo -en consecuencia- el carácter de cosa juzgada.
Sentado ello, continuó con el análisis del sistema de riesgos del trabajo conformado -según afirmó- por la ley 27.348 y la normativa emitida por los órganos de aplicación, en especial, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Expresó que, sin embargo, luego del dictado de la ley provincial de adhesión a aquella -esto es, la ley 14.997, así como el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057- se instituyó en el ámbito local un proceso de revisión amplio y pleno.
Seguidamente, procedió a analizar la problemática de las denominadas atribuciones jurisdiccionales de la Administración, resaltando la potestad de la legislatura local de conservar los poderes no concedidos a la jurisdicción federal. En tal sentido, alegó que no obstante las características particulares de la adhesión, en sede provincial se mantiene la atribución constitucional de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, regular los procedimientos sobre los cuales los poderes y órganos actúan, sean administrativos o judiciales, siempre en el marco de una tutela judicial continua y efectiva (arts. 110 y 116, Const. nac. y 15, 160 y 176, Const. prov.).
Agregó que las facultades otorgadas a la Administración quedan sujetas a revisión en sede judicial, por lo que considerar que una norma ha atribuido entidad de cosa juzgada a una resolución dictada por un órgano administrativo significa entender que se le está otorgando explícitamente al emisor la potestad de dictar sentencias "judiciales", infringiéndose en tal supuesto el art. 109 de la Constitución nacional e, indirectamente, el art. 18, al intentar invalidar también el derecho de defensa en juicio del reclamante.
Refirió que, por lo tanto, la concurrencia de la multiplicidad de estadios en órganos intermediarios del actual sistema de riesgos del trabajo, si bien tiende a propender a la economía procesal, no puede constituirse en una excusa frustrante sobre la posibilidad de debatir ampliamente la existencia de una minusvalía laborativa.
Asimismo, manifestó que, si bien el trabajador accionante pudo haberse encontrado investido de la garantía del debido proceso durante el transcurso del trámite administrativo, no encontraba argumentos para que se deba dejar de lado dicho parámetro y el de la equitativa protección judicial, como propone la tesis de la excepcionante.
En ese orden, consideró que habiéndose implementado la facultad de entablar una acción laboral ordinaria -en el caso, la pretendida por el accionante-, postular su desprotección mediante la fijación de un plazo arbitrario y menor, constituía una solución disvaliosa, que limita el acceso irrestricto a la justicia garantizado en el art. 15 de la Constitución provincial.
De este modo, concluyó que, resultando aplicable el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, debía considerarse que la parte actora había dado cumplimiento con lo dispuesto en dicha norma, viabilizando la posibilidad de entablar una acción laboral ordinaria, por lo que dispuso el rechazo de la excepción interpuesta.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-II-2022), en el que se agravia de la desestimación de la defensa de cosa juzgada administrativa opuesta.
En lo sustancial, denuncia que la sentencia atacada se apartó del plazo dispuesto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Alega que dicha norma es de aplicación inmediata, y que -por ende- al momento de la interposición y contestación de la demanda se encontraba plenamente vigente.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que en tanto la impugnación se dirige a controvertir el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la cosa juzgada administrativa, la decisión recurrida resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019; L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021; L. 128.348, "Lescano", sent. de 27-II-2024 y L. 128.309, "Pardal", sent. de 6-III-2024; e.o.).
III.2.a. Sentado lo anterior, con el objeto de ingresar en el examen del remedio traído, inicialmente cabe precisar las posturas diseñadas por las partes en sus respectivos escritos constitutivos del proceso.
Por su lado, en la demanda, el legitimado activo denunció que el día 11 de febrero del 2021 la comisión médica interviniente le había dictaminado un 4,10% de incapacidad como consecuencia del accidente laboral sufrido, y que el 5 de marzo del mismo año le había sido notificada el acta de clausura del trámite administrativo, tras haber manifestado su disconformidad en la audiencia (v. pág. 6).
Desde esta plataforma fáctica, alegó cumplido el procedimiento administrativo previo, expresando que acudía ante el tribunal del fuero del trabajo para que se revisara lo resuelto en aquella instancia.
III.2.b. A su turno, en el responde, la aseguradora demandada opuso excepción de cosa juzgada administrativa, con apoyo en que "según el procedimiento previsto en la ley 24.557 y modificatorias" (pág. 5), el dictamen emitido el 11 de febrero de 2021 nunca había sido apelado por la parte actora. Adujo, por este motivo, que se encontraba firme.
En este orden, y aunque dicho planteamiento resulta algo confuso, circunscribió su defensa a la invocación de quebranto de la doctrina de los actos propios.
III.3. Señalado lo que antecede, cabe resaltar que esta Suprema Corte ha declarado en reiteradas ocasiones que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la casación (causas L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; L. 125.100, "Aguirre", sent. de 29-XI-2022 y L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022; e.o.).
Tal criterio resulta plenamente aplicable al caso, ya que la petición concerniente a la pretendida aplicación del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, tal cual como se expone en el recurso, debió, en su caso, ser sometida a consideración de los jueces de la instancia de grado.
En efecto, tal como señala el propio impugnante en distintos tramos del remedio extraordinario, dicha norma se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (conf. art. 103, ley cit.). Sin embargo, el planteo que hoy desarrolla a su amparo no fue oportunamente articulado.
En razón de lo expuesto, y sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce la demandada recurrente ante esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica se estructura sobre un desarrollo argumental novedoso, que no puede ser -como tal- abordado por este Superior Tribunal.
III.4. Para más, cabe señalar que ante conclusiones que importan el ejercicio de potestades privativas, como son la valoración de las constancias acompañadas a la causa, la interpretación de las presentaciones de las partes y los términos en que quedó trabada la litis, su eventual revisión queda condicionada a la invocación y cabal demostración de absurdo (causas L. 117.161, "T., G. L.", sent. de 19-XII-2018; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022 y L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023), carga esta que, en el caso, la recurrente ha omitido satisfacer (art. 279, CPCC).
Al respecto, conviene recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022; L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 4 de abril de 2022 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 17:29:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:14:59 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2024 16:17:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 12:32:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 12:55:17 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/09/2024 12:59:36 hs. bajo el número RS-78-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia