Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78050
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.050, "Fernández Urricelqui, Fabricio contra Aguas Bonaerenses S.A. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación deducido por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se ordenó a ABSA, entre otras medidas allí dispuestas, a que comience a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en la ciudad de Bragado, Provincia de Buenos Aires, en lo relativo a los valores máximos que no debe exceder la composición microbiológica y fisicoquímica del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico -que no podrá ser superior a 0,01 mg/l- , nitratos, flúor, y sólidos disueltos, conforme a la normativa vigente.
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada Aguas Bonaerenses S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor juez del Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes resolvió: 1) ordenar a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. a que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días de notificada la sentencia, comience a realizar las obras necesarias que aseguren la calidad y potabilidad del agua de red de uso domiciliario en la ciudad de Bragado, Provincia de Buenos Aires, en lo relativo a los valores máximos que no debe exceder la composición microbiológica y fisicoquímica del agua de consumo humano, en especial respecto del contenido de arsénico -que no podrá ser superior a 0,01 mg/l-, nitratos, flúor y sólidos disueltos, conforme a la normativa vigente; 2) ordenar al titular de la empresa Aguas Bonaerenses S.A., la presentación dentro del término de sesenta días (60) de notificada la sentencia, de un proyecto específico en tal sentido con plazo concreto de realización, participando de su control y posterior implementación la Autoridad del Agua (ADA) y las áreas pertinentes que determine el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires; 3) disponer la continuidad del cumplimiento de la medida cautelar vigente, de acuerdo a los términos establecidos en las resoluciones dictadas por ese juzgado a fs. 458/465 y por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martin a fs 914/918, hasta la finalización de las obras dispuestas en el punto 1; 4) ordenar al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de quien corresponda, se implemente, una vez firme la sentencia, respecto de la población del Municipio de Bragado, un plan de vigilancia epidemiológica con los mismos alcances que el llevado a cabo en la ciudad de 9 de Julio y 5) no dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de las resoluciones conjuntas 34/12 y 50/12 de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, postulado en la demanda, en virtud de los fundamentos dados en el apartado tercero de los considerandos.
II. Contra esa sentencia el apoderado de Aguas Bonaerenses S.A. interpuso recurso de apelación.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó la sentencia de primera instancia.
III.1. Para ello comenzó analizando el marco normativo aplicable al caso.
En tal sentido señaló que la ley 11.820, texto actualizado por la ley 12.292, aprueba -como Anexo I- el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Buenos Aires. En su art. 5 dispone los parámetros de calidad de agua potable y desagües cloacales comunes a todos los habitantes, que deberán ser respetados por los prestadores de servicios sanitarios, dentro de los cuales se encuentra incluida la parte demandada.
En el art. 4 del Anexo II, contempla las condiciones de prestación, indicando que deberá asegurarse su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal de lograr la eficiente prestación a los usuarios.
El art. 26 establece que, sin perjuicio de lo establecido en el contrato de concesión, los niveles de servicio apropiados serán los siguientes: "b) Calidad de agua potable. El agua que el Concesionario provea deberá adecuarse a los requerimientos técnicos del Anexo A y plazos que se indican en los Contratos de Concesión y reglamentaciones que se establezcan sobre el particular…".
Por su parte, la ley provincial 13.230 adhirió a la ley nacional 18.284, Código Alimentario Argentino (CAA).
En ese orden, agregó, el Código Alimentario nacional -en su art. 982- (resols. conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 196/07) establece que: "Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes: [...] Substancias inorgánicas: [...] Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l [...] La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. Para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor de 0,01 mg/l" (modif. por resols. conjuntas SPRyRS y SAGPyA 34/12 y 50/12): prorrógase el plazo de cinco (5) años previsto para alcanzar el valor de 0,01 mg/l de arsénico hasta contar con los resultados del estudio "Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina - Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas" cuyos términos fueron elaborados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal.
Sentado ello señaló que las resoluciones conjuntas (SPRyRS y SAGPyA) 68/07 y 196/07 de fecha 22 de mayo de 2007 (B.O. de 30-V-2007) establecieron como parámetro máximo para el arsénico el de 0,01 mg/l, con fundamento en el carácter cancerígeno del arsénico inorgánico, a la ocurrencia de la enfermedad denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y que la Organización Mundial de la Salud establece un valor máximo de 0,1 mg/l en su Guía para la Calidad de Agua Potable. En dicha oportunidad, se estableció un plazo de hasta cinco años para readecuarse al valor de 0,01 mg/l para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico.
Por su parte, mediante las resoluciones conjuntas (SPRyRS y SAGPyA) 34/12 y 50/12 de fecha 6 de febrero de 2012 se dispuso prorrogar la aplicación del valor más exigente (0,01 mg/l) por cinco años (B.O. de 2-III-2012).
Precisó que si bien las alegadas resoluciones prorrogaron la aplicación del valor más exigente desde el año 2007 por un término -en total- de diez años, a esa fecha el plazo se encontraba vencido. Agregó, además, que no surge que el estudio de Hidroarsenicismo encomendado se hubiere concluido ni que obraren conclusiones al respecto.
Bajo los parámetros indicados en dicha normativa concluyó en el rechazo del agravio dirigido a cuestionar la aplicación de las normas regulatorias nacionales en materia de agua potable al ámbito provincial, con remisión a lo sostenido en una causa con aristas similares, donde sostuvo que: "...entiendo que la circunstancia de que la Provincia hubiere adherido mediante la ley 13.230 al Código Alimentario no implica que las modificaciones ulteriores que se efectuaren en el ámbito nacional a ese cuerpo normativo resultaren inaplicables en el ámbito bonaerense. Desde mi perspectiva, la adhesión legislativa efectuada oportunamente no tuvo como efecto cristalizar -para la jurisdicción provincial- la regulación nacional en el estado que se encontraba en dicho momento. Dicha interpretación nos llevaría a soslayar -para el ámbito bonaerense- las modificaciones efectuadas en el ámbito nacional a la luz de los principios preventivo y precautorio aplicables en la especie [...] (cfr. causa n° 6267 "Caselles" del 09-V-2019)".
Razonó entonces que la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires establece -a diferencia de lo sostenido por la recurrente- que el límite máximo de arsénico en el agua es de 0,01 mg/l. Ello, por cuanto las prórrogas para la aplicación de los parámetros más exigentes previstos en el año 2007 por el Código Alimentario -cuerpo normativo al que la Provincia había adherido oportunamente por conducto de la ley 13.230-, habían fenecido.
III.2. Sentado ello, ingresó en el tratamiento del agravio dirigido a cuestionar la valoración de la prueba producida en la instancia de grado por considerarla arbitraria y parcial.
Destacó que evaluadas las constancias probatorias de autos a la luz de las reglas de la sana crítica (arts. 77, CCA y 384, CPCC) y principios de derecho ambiental, correspondía considerar las tomas efectuadas por los informes acompañados por ABSA y por la Municipalidad de Bragado que dan cuenta de valores superiores a los 0,01 mg/l de arsénico (v. fs. 124/127 y 136/141).
Consideró que no resulta menor en este análisis que, de las muestras de laboratorio efectuadas por el Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA) en el Municipio de Bragado, surgen valores superiores a las previsiones del art. 982 del Código Alimentario Argentino (cfr. ley 11.820, ley 13.230 y los valores guías de la OMS). Agregó que estos valores exceden los 0,01 mg/l de arsénico, llegando hasta los 0,07 mg/l (v. expte. adm. 5100-30854/82013; v. fs. 475/523 en especial fs. 486/490, 492, 496, 503, 508/518).
Concluyó que los valores superan con creces la normativa aplicable incluso la menos exigente postulada por el apelante. Precisó que del informe remitido por OCABA -agregado a fs. 614/684- surge que las muestras tomadas de la red de distribución de agua dan cuenta de valores de arsénico superiores -en su mayoría- a los 0,01 mg/l.
En tales condiciones, compartió la conclusión del juez de primera instancia en orden a que el servicio de agua de la ciudad de Bragado, prestado por ABSA, no reúne las condiciones de potabilidad acorde a la norma del art. 982 del Código Alimentario con relación a los valores máximos de arsénico permitidos.
Subrayó que lo decidido por la instancia de grado tiene fundamento en el informe de OCABA de fs. 795/837 (análisis fisicoquímicos de agua), pericia geológica de fs. 1.279/1.282 y 1.294/1.298, informe de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires de fs. 749/753, muestras presentadas por ABSA en la presentación de fs. 1.614/1.617 y 1.699/1.703. Todos documentos que -analizados en su conjunto- dan muestras de la infracción a las normas referenciadas.
Luego agregó que de los estudios periciales bioquímicos efectuados en la causa -en el marco de la medida cautelar dispuesta por esa Alzada en el fallo de 28-X-2013- de fs. 902/903 surge que las muestras para los parámetros analizados presentaban valores que cumplían con los estándares fijados por la ley 11.820 y también el Código Alimentario Argentino (art. 982 Capítulo XII -con vigencia desde el 7 de junio de 2007-, CAA), con muy ligeras fluctuaciones no significativas de arsénico y nitratos.
Precisó que en la ampliación de la pericia bioquímica se afirmó que la composición química del agua es una impronta del estrato geológico de donde se extrae y puede variar o no de una perforación a otra. Se agregó que la composición química final dependerá de los caudales utilizados en cada caso. Y que la empresa no realizaba ningún proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico para la disminución de niveles de compuestos químicos que no cumplan con las normativas del Código Alimentario Argentino, en el agua de la ciudad de Bragado (cfr. fs. 1.240).
A lo expuesto, sumó el informe remitido por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires -fs. 749/775- que arroja valores superiores a 0,01 mg/l sobre un relevamiento efectuado en cuatro casos.
Especificó que a fs. 795/837, obran actas remitidas por OCABA de análisis bacteriológicos y químicos domiciliarios efectuados en el agua de red, pozos y bajada de tanque en la ciudad de Bragado entre los años 2012 y 2014 que arrojaron valores superiores al permitido por la legislación señalada (v. fs. 820/835).
Observó también los resultados de los análisis de agua (bajada de tanque) correspondientes al año 2019 acompañados por ABSA, del que surgen muestras por encima del valor de 0,01 mg/l de arsénico (v. fs. 1.614/1.617/1.618 y 1.596; asimismo v. informe de Jefatura de Procesos de Aguas Bonaerenses S.A. con similares resultados, fs. 1.699/1.703).
Por otro lado destacó que, conforme lo informado por el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, al momento de contestar el traslado del recurso de apelación analizado, ABSA presentó un plan director de ampliación de la infraestructura de producción, tratamiento, reserva y distribución del sistema (Ex 2022-4529513 -GDBA-).
Agregó que, si bien de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Estado, el cuadro de situación desarrollado y analizado puede verse modificado, la inminencia de la fecha de presentación del plan director indicado, tornaba improbable que dicha obra se encuentre concluida.
En ese contexto y a la luz de las reglas de la sana crítica y principios preventivo y precautorio, consideró que las copiosas pruebas, examinadas en su conjunto, evidenciaban la existencia de una situación dinámica que se encontraba en curso de mejorar u oportunamente solucionarse pero que no se exhibía consumada.
Concluyó entonces que no es posible afirmar que se haya acreditado el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para el consumo de agua potable en el marco de la normativa señalada.
III.3. En otro orden rechazó el agravio que afirma la falta de consideración de la inexistencia de casos de perjuicio a la salud por ingesta de agua en la localidad de Bragado, en tanto el estudio remitido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación señaló que "...la escasez de información sobre la morbimortalidad por la exposición crónica al As se debe, en parte, a la falta de capacitación del equipo de salud de áreas de riesgo sobre los efectos del arsénico, su diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y las pautas para disminuir exposición [...] Deberá considerarse la realización de estudios a gran escala para conocer en detalle las manifestaciones sistémicas del HACER en nuestro país, así como los factores de mayor riesgo o aquellos que podrían ser protectores (patrones de biotransformación y excreción) con el fin de realizar acciones intersectoriales que protejan la salud de los individuos expuestos" (cfr. pág. 70).
III.4. Rechazó también el planteo respecto de la afectación del derecho de defensa. Observó que la demandada tuvo oportunidad no solo de producir prueba sino de contestar los traslados y cuestionar la totalidad de la prueba producida, que fuera señalada y analizada por el sentenciante de grado a los fines de fundar su decisión.
III.5. Respecto del cuestionamiento efectuado con relación a los informes periciales, señaló que la impugnación resulta improcedente. De ese modo, teniendo en cuenta que las objeciones formuladas al dictamen del perito solo pueden proceder mediando la cabal demostración de su incompetencia técnica, y que -en pos de proteger el derecho de defensa en juicio y conforme lo prevé el art. 473- pueden requerirse las explicaciones pertinentes, no resultaba de recibo el agravio esgrimido.
III.6. Finalizó expidiéndose respecto del agravio dirigido a cuestionar la parcela de la resolución que le ordenó realizar obras sanitarias, en un plazo de ciento ochenta días, para adecuar la calidad del servicio a los parámetros determinados, otorgando un plazo de sesenta días para presentar un proyecto específico para su realización.
En el punto, dejó sentado que el recurrente no se agravió del plazo otorgado para la presentación y ejecución del plan de trabajo sino únicamente en cuanto a la obligación de invertir y expandir la infraestructura necesaria para las obras. Sólo alegó que su mandante no estaba obligada ni legal ni contractualmente y que, eventualmente, "…debió haber sido impuesta a la Provincia de Bs. As en su carácter de Poder concedente".
En ese sentido, analizó la normativa aplicable, a la cual se adhiriera ABSA a los fines de prestar el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, donde se señala en forma detallada, individualizada e indubitada todas las responsabilidades y obligaciones asumidas por la empresa para afrontar la prestación del servicio de agua potable concesionado en los términos y bajo los parámetros analizados.
Concluyó diciendo que ello despeja cualquier duda respecto de que ABSA tiene a su cargo -en el marco de la prestación del servicio en sí- la construcción, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar un servicio acorde a los estándares legales exigidos.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Comenzó por denunciar violación del art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial, planteando que la Cámara no decidió sobre cuestiones de las cuales ABSA se había agraviado, con afectación del principio de congruencia y con ello del derecho de defensa de su parte.
Señaló que en la causa se confrontan dos posturas respecto del nivel de arsénico tolerable en el agua potable, cuya provisión debe asegurar su mandante en la localidad de Bragado, y las dos sentencias de grado -violando palmariamente la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el principio de legalidad y división de poderes- concluyeron erróneamente, al analizar la legislación aplicable, que aquel límite no es otro que el de 0,01 mg/l.
En tal sentido precisó que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el agua potable se encuentra regulada por el Anexo "A" de la ley local 11.820 que dispone cuántos y cuáles son los parámetros de calidad a los que debe ajustarse el agua para ser considerada potable, disponiéndose con relación al arsénico que el límite máximo tolerable es de 0,05 mg/l similar a lo prescripto en el art. 982 del Código Alimentario Argentino (ley 18.284, conf. resol. 494/94 del MSyAS) según ley local 13.230.
Agregó que en el año 2004 la Provincia de Buenos Aires por medio de la ley 13.230 adhirió al Código Alimentario Argentino (ley 18.284), pero con la expresa reserva de que ello no configuraría un menoscabo a las facultades no delegadas de la Provincia en materia alimentaria, en sintonía con lo prescripto en el art. 103 inc. 13 de la Constitución provincial (conf.
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