Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129436
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.436, "Romano, Ramón Alberto contra Securitas Argentina S.A. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. resol. de fecha 23-VII-2020).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 6-VIII-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del 10-VIII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado, en el marco de la acción sumarísima deducida por el señor Ramón Alberto Romano contra Securitas Argentina S.A., dispuso hacer lugar a la medida cautelar innovativa peticionada por el accionante y ordenó a la demandada a reincorporarlo en su puesto de trabajo -aunque con la dispensa de prestar efectivamente tareas presenciales conforme lo normado por la resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social de la Nación y sus prórrogas-, así como a abonarle íntegramente los salarios caídos desde la fecha del despido dispuesto por la patronal (acaecido el día 5-VI-2020). Todo ello, previa caución juratoria por parte del trabajador (v. resol. de fecha 23-VII-2020).
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 171 de la Constitución provincial (v. rec. de fecha 6-VIII-2020, págs. 12/14).
En lo medular, sostiene que al otorgar la medida solicitada por el accionante, el tribunal de grado definió en forma anticipada el fondo de la cuestión porque determinó que el trabajador se encontraba dispensado de prestar efectivamente tareas presenciales, en virtud de encontrarse exceptuado por contar con 63 años de edad, de acuerdo con lo regulado en la resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (y sus prórrogas); a pesar de que -alega- la contienda giraba -justamente- en torno a la aplicación de dicha normativa.
Asevera que la decisión afecta el debido proceso legal, a la par que incumple con la manda constitucional que exige una adecuada fundamentación de los pronunciamientos judiciales.
III. En línea con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1.a. Inicialmente, corresponde señalar que si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen -por regla- naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 128.438, "Silveira" y L. 128.636, "Bottero", resols. de 7-VI-2022 y L. 128.942, "Gutiérrez", resol. de 15-VII-2022; e. o.), también ha sostenido que, si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio no susceptible de reparación ulterior o que ésta resulte dificultosa, debe equiparársela a tal (causas L. 119.005 "Malizia" y L. 119.071 "Guerrero", resols. de 7-X-2015 y L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021; e. o.).
III.1.b. En el caso, considero que la decisión atacada debe considerarse equiparable a definitiva, toda vez que los agravios desplegados por la demandada aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar -en principio y sin que ello implique emitir juicio sobre la solución que corresponda dar en la etapa procesal oportuna- que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior.
III.2. Aclarado ello, como anticipé, el embate no merece recepción.
Me afirmo en tal conclusión porque el recurrente no ha satisfecho la carga de brindar argumentos que avalen la ausencia de fundamentación que atribuye al pronunciamiento.
Al respecto, cabe recordar que el art. 171 de la Constitución provincial solo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación legal (causas L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de V-V-2022 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; e. o.), extremo que no observo configurado, en tanto el decisorio se encuentra respaldado en expresas disposiciones legales, sin que corresponda examinar por esta vía si su fundamentación normativa es -o no- acertada (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022 y L. 125.095, "Vega", sent. de 4-X-2022).
Asimismo, no es ocioso recordar que tiene resuelto esta Suprema Corte que la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, no constituyen temas que puedan someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 120.345, "Barroso", resol. de 6-XII-2017; L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020 y L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión planteada también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada se agravia de la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la medida cautelar de reinstalación solicitada por la parte actora (v. rec. de fecha 6-VIII-2020).
En lo sustancial, refiere que la resolución es arbitraria y carece de fundamentación adecuada para argumentar su procedencia, pues fue dictada por el tribunal de mérito "inaudita parte", vulnerando su derecho de defensa en juicio, máxime -denuncia- teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión tratada y la falta de verosimilitud en el derecho que se evidenciaba.
Sostiene que la decisión impugnada implica "una sentencia anticipada, toda vez que la medida acogida por el a quo , equivale o significa lo mismo que se pretendería lograr a través de la sentencia definitiva arribada en un proceso contradictorio" (v. rec., pág. 3).
Tras reproducir el intercambio epistolar habido entre las partes -previo al inicio de la presente acción-, explica que si bien -en dicho momento- se encontraba vigente la resolución 219/20 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (luego derogada -según indica- por su similar resol. 279/20), en la cual, se estipulaba que "...los trabajadores mayores de sesenta años de edad se encontraban suspendidos del deber de prestar asistencia al lugar de trabajo, dicha manda operaba como una presunción salvo que se tratare de personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento, lo cual aconteció en el presente caso, es decir que la dispensa con respecto al deber de prestar tareas se estipulaba con respecto a los trabajadores incluidos dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, de manera que quedaban excluidos de la misma los trabajadores considerados personal esencial conforme los incisos expresamente enumerados, supuesto que se presentó en este caso conforme el art. 6 inc. 22 del decreto 297/20, el cual ya fue individualizado y fundamento en tiempo y forma durante el intercambio telegráfico" (v. rec., pág. 8).
Alega que el pronunciamiento se fundó en una reglamentación abrogada en la actualidad, a la vez que -aclaró- el despido producido en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco se encontraba vedado por la normativa de emergencia.
En esa línea, sostiene que la medida dispuesta al decidir -por un lado- si el trabajador se encontraba obligado a presentarse a trabajar (aun teniendo consideración sus años de edad), y -por el otro- lo atingente a la justificación del despido y su prohibición evidencia el equívoco que porta el pronunciamiento.
Sobre esa base, entiende que resulta absurdo, toda vez que -insiste- al resolver sobre la precautoria peticionada por el accionante, se pronunció sobre el fondo de la cuestión.
II. El recurso prospera.
II.1. Al analizar el escrito postulatorio, el tribunal de grado sostuvo que el día 22 de julio de 2020, el actor inició una acción sumarísima persiguiendo la reinstalación en su puesto de trabajo. Mencionó que el accionante relató que cumplía sus tareas bajo relación de dependencia de la empresa Securitas Argentina S.A., con funciones en el establecimiento "Oblak" (sito en Ciudadela), en calidad de vigilador.
Detalló que el trabajador prestaba servicios de forma normal y habitual hasta el comienzo de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación dispuso medidas recomendadas para "la llamada población de riesgo" y, entre ellas, las personas mayores de sesenta años.
Explicó que, en dicho contexto, el trabajador solicitó a su empleadora que se lo dispensara de cumplir sus funciones y de concurrir a su lugar de trabajo, por pertenecer a la población de riesgo, en razón de su edad (63 años); extremos que fueron rechazados por el principal, quien lo despidió con causa.
II.2. Sobre esa base, el tribunal de origen sostuvo que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia a nivel mundial. Señaló que, por esta última razón, mediante el dictado del decreto 260/20 (de fecha 12-III-2020), en nuestro país se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27.541, por el plazo de un año (hasta el 31-XII-2020), lo cual fue ratificado y prorrogado por los subsiguientes decretos dictados.
Agregó que, en el marco de ese estado de emergencia, mediante la implementación del decreto 298/20 (aplicable al Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-), se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que -en lo que interesa- estableció "...las actividades declaradas esenciales en la emergencia, encontrándose en el art. 6, punto 22 la actividad desarrollada por el Sr. Ramón Alberto Romero -Servicio esencial de vigilancia-" (v. resol., pág. 2).
Resaltó que el día 16 de marzo de 2020 -como denunció el accionante- el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió la resolución 207/20, cuyo art. 1 suspendió el deber de asistencia al lugar de labor por el plazo de catorce días, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores que se encontraran en las situaciones descriptas en los incs. "a", "b" y "c", cualquiera fuera la naturaleza del vínculo jurídico de que se tratara.
Añadió que también se prohibieron los despidos, mediante los decretos 329/20 y 478/20 y que, en dicho contexto, se produjo la cesantía con invocación de causa dispuesta la empresa demandada.
En ese orden, juzgó que -en el caso- se hallaban reunidos los presupuestos de viabilidad de la medida cautelar requerida por el accionante.
Respecto a la verosimilitud del derecho, estimó que el actor tendría un "aparente derecho" a reclamar en virtud de la relación laboral habida y las particulares circunstancias del caso. En lo referente al peligro en la demora, ante la emergencia decretada en nuestro país, no fue sólo en materia de salud pública, sino también económica, administrativa, financiera, energética y social, consideró que debía abonársele el pago íntegro de los salarios desde el día 6 de junio de 2020.
Por ello, concluyó que la demora en el proceso frustraría la protección jurisdiccional del derecho que le correspondía al trabajador, ordenando su reinstalación en la empresa accionada "con la debida aclaración de que el accionante se encuentra dispensado de prestar efectivamente tareas presenciales en su puesto de trabajo, en virtud de encontrarse exceptuado por revestir el mismo factor de riesgo en razón de su edad (63 años) de acuerdo a lo normado por la resolución 207/30 dictada por Ministerio de Trabajo y las prórrogas subsiguientes 233/20 y 365/20" (v. resol. de 23-VII-2020). Asimismo, ordenó el pago de los salarios caídos desde el día de la ruptura de la vinculación laboral dispuesta en forma unilateral por la parte demandada (arts. 63, ley 11.653 aplicable al caso; 195, 196 y concs., CPCC).
II.3.a. Sentado lo que antecede, a mi juicio, los fundamentos vertidos en el pronunciamiento resultan absurdos.
Obsérvese, en este orden de ideas, que el juzgador comenzó destacando que el art. 6 del decreto 297/20 (y sus prórrogas) -vigente al momento del distracto- exceptuó del aislamiento social preventivo y obligatorio a los servicios de vigilancia, añadiendo que, precisamente esa era la actividad desarrollada por el actor (v. resol., pág. 2).
Luego, y tras referir que otras normas dictadas en esa época dispensaban del deber de asistencia a los trabajadores mayores de 60 años de edad -grupo en el que también se encontraba incluido el señor Romano- "excepto que sean considerados ‘personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento`" (v. resol., págs. 2 y 3), concluyó en forma enigmática -esto es, sin dar ninguna explicación adicional en punto al juego entre ambas reglamentaciones- que existiría una verosimilitud en el derecho, pues "el actor tendría un aparente derecho a reclamar en virtud de la relación laboral habida y las particulares circunstancias que lo rodean" (v. resol., pág. 3).
En estas condiciones la decisión recurrida se aprecia manifiestamente errónea, configurando -como denuncia el quejoso- una situación excepcional caracterizante del absurdo, evidenciada -en el caso- por inferencias o deducciones gravemente perturbadas por el error, que hacen que la fundamentación de un fallo no exista o sea sólo aparente (causas C. 98.627, "Solitín S.A.", sent. de 26-VIII-2009; C. 107.997 "Rodríguez", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; e. o.).
Lo expuesto resulta particularmente censurable si se repara en que nos encontramos frente a una medida cautelar de contenido positivo, en la cual -como es evidente- corresponde ser especialmente prudente al momento de evaluar, y tener por justificado el cumplimiento de los extremos que ameritan su concesión.
II.3.b. Por lo demás, no pasa desapercibido que el sentenciante -como ya se dijo, en el marco de una providencia precautoria- decidió sobre aspectos vinculados con el debate sustancial de la causa.
En efecto, el tribunal concluyó que el trabajador se hallaba dispensado de prestar tareas de modo presencial en el lugar en que ejercía sus labores, por encontrarse exceptuado -en virtud de su edad- de acuerdo con lo normado por la resolución 207/20 (y sus prórrogas) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que juzgó aplicable al caso, cuando -precisamente- su aplicabilidad formó parte de la discusión entre los litigantes y constituye un aspecto que deberá ser dilucidado en la sentencia de mérito.
A mi modo de ver, lo resuelto denota el despliegue de una tarea axiológica que excede los límites cognitivos impuestos por el examen de los requisitos de la medida cautelar, que -al cabo- fue otorgada.
Algo similar puede predicarse en lo relativo a lo expuesto, sin ningún matiz, en punto a que de conformidad con lo establecido en diversas normas dictadas durante la pandemia -y, en particular, el decreto 329/20 citado en el pronunciamiento- regía la "prohibición de despedir a los trabajadores" (v. resol., pág. 3).
En ese contexto, es evidente que la operatividad de la prohibición de despidos efectuada por el decreto 329/20 (y sus prórrogas) requiere -asimismo- un análisis circunstanciado al caso concreto que deberá realizarse en la etapa final del pleito, por lo que las definiciones expuestas en forma muy general sobre la aludida restricción también han desbordado los límites cognitivos propios del examen de los requisitos para otorgar una medida cautelar.
II.4. Lo señalado resulta suficiente para proponer el acogimiento favorable del agravio ensayado, sin que corresponda evaluar los demás planteos que porta la impugnación.
Los autos deben remitirse al tribunal de grado para que, con diferente integración, continúe con el trámite la causa.
III. En virtud de lo dicho, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y casar la decisión objetada, de conformidad y con los alcances dispuestos en el presente.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a las particularidades del caso relevadas minuciosamente por la doctora Kogan y los fundamentos expresados en el apartado II.3.a. de su exposición -que comparto- adhiero a su propuesta de admitir el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto po
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.