Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.252, "Ganzero, Rolando Alberto contra Dotinne S.A. y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 350/370).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rolando Alberto Ganzero, en cuanto pretendía el cobro de una indemnización fundada en el derecho civil por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que padeciera el 26 de abril de 2013, mientras prestaba tareas como chofer (comprensivas de la carga y descarga de lo transportado) bajo la dependencia de Dotinne S.A. En consecuencia, condenó a la empleadora demandada a pagar los resarcimientos de los daños y perjuicios según los rubros que detalló (v. fs. 350/370). Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 14.399 y aplicó intereses moratorios calculados conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días.
En lo sustancial, luego de juzgar probado en el veredicto que el actor padece una minusvalía psicofísica del 37% de la total obrera (v. fs. 352/354), ahora en la sentencia, desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la empleadora, en tanto afirmó que el actor se hallaba facultado a optar por un régimen distinto al contemplado por la ley 24.557, merced a lo establecido por el art. 4 de la ley 26.773.
A su turno, juzgó configurados los presupuestos de responsabilidad objetiva de Dotinne S.A. en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340; v. fs. 362 vta./363 vta.), y descartó la culpa de la víctima en el incidente, al igual que la inobservancia de las obligaciones legales de la aseguradora que le fuera atribuida con fundamento en el art. 1.074 del mismo cuerpo normativo.
Sin embargo, en atención al contrato de afiliación celebrado con el empleador, "extendió solidariamente" la condena a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. hasta cubrir el importe correspondiente a la tarifa impuesta por dicho régimen especial (v. fs. 366 vta. y 367).
Ya al ponderar las pautas para fijar el resarcimiento, sostuvo que el planteo argüido en el alegato por la parte actora a fin de considerar el valor actual del ingreso mensual -similar al efectuado previamente el 18 de febrero de 2020- resultaba extemporáneo; de allí la negativa a conferir el traslado a la contraria (v. presentación de 18-II-2020 y alegato en la vista de causa). De todos modos, desestimó lo afirmado por el accionante con apoyo en el precedente L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), por mediar -dijo- disímiles situaciones fácticas. Refirió que en su demanda la parte actora había liquidado su crédito como deuda dineraria pese a encontrarse vigente el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 49 vta. y sigs.), con ello, ratificó que las ulteriores peticiones comportaban una modificación o alteración sustancial del reclamo y del objeto procesal con afectación al derecho de defensa de la accionada. En tales términos, la petición de mensurar la condena a valores actuales fue rechazada (v. fs. 364 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violada la doctrina legal que emerge de las causas L. 120.133, "Cuelho", sent. de 3-X-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020 y L. 122.532, "Papalia", sent. de 29-IX-2020.
II.1. Inicialmente plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto establece un recaudo económico para acceder a la instancia extraordinaria.
II.2. Luego, y en lo medular, alega que su pedido de considerar el valor actual del ingreso mensual para el cálculo indemnizatorio (por tratarse -indica- de una deuda de valor) no fue realizado únicamente en el escrito del día 18 de febrero de 2020 y en el alegato formulado; pues aduce haberlo efectuado en presentaciones anteriores, como en el escrito de demanda donde solicitó la actualización monetaria, y al contestar el segundo traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653 -aplicable al caso- cuando requirió la aplicación de intereses a tasa activa como medida de protección del crédito.
Y aun ante la hipótesis de estimar que la pretensión de calificar el crédito como deuda de valor recién se hubiere formalizado en las ocasiones mencionadas por el a quo , dice que tales planteos no resultarían extemporáneos. A ese fin invoca la doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 81.775; L. 91.452 y C. 104.384) y la jurisprudencia del máximo Tribunal nacional que cita ( in re "Vieytes", Fallos: 295:973).
En ese contexto, censura que el tribunal de grado omitiera analizar el pedido de la parte demandada para que se aplique al caso la ley 24.283, pues -afirma- dicho régimen legal, así como las disposiciones del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, se encuentran plenamente vigentes.
Seguidamente, esgrime ciertas consideraciones sobre los alcances que -a su juicio- corresponde adjudicarle a dicha normativa y destaca la interpretación jurisprudencial forjada en torno a ella.
Manifiesta que oportunamente solicitó la actualización monetaria, el cálculo de intereses conforme la tasa activa, como también, que se tenga presente cualquier envilecimiento, cambio o desfase de la moneda, por lo que -explica- si el derecho invocado no hubiera sido el adecuado, es a los jueces de grado a quienes les incumbía -por conducto del principio iuria novit curia- aplicar la ley vigente.
Puntualiza que es absurda la conclusión del juzgador en cuanto determinó que en las presentes actuaciones no se configuran similares presupuestos que los que se ventilaron en el precedente L. 119.914, "A., D. A.", en el que la Suprema Corte -por mayoría- resolvió revocar el pronunciamiento de origen y ordenó determinar la condena a valores actuales. Argumenta respecto del sentido que debe atribuirse a las opiniones plasmadas en la citada causa, en su comparación con las posturas que se expusieran en L. 122.532, "Papalia", y a la doctrina legal sentada en consecuencia.
Reafirma que la demandada Dotinne S.A. solicitó la aplicación al caso de la ley 24.283, no hallándose en discusión -por ende- la necesidad de actualización o la consideración del envilecimiento de la moneda teniendo en cuenta la realidad al momento de dictarse la sentencia, por lo que el tribunal -asegura- vulneró el principio de congruencia al expedirse de manera distinta sobre una situación no controvertida.
Aduce que el tribunal de origen también transgredió el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional, toda vez que, en una causa de similares contornos tramitada ante ese mismo órgano jurisdiccional, resolvió cuantificar el importe indemnizatorio aplicando el salario actual del trabajador a la fecha del decisorio.
Brinda cifras acerca del ingreso base según la actualización que propone, también en relación con el sueldo básico correspondiente a la categoría del demandante.
Retoma como argumento lo resuelto por este Tribunal en el caso L. 119.914, "A., D. A." y dice que allí se citó lo resuelto por la Corte federal en la causa "Ontiveros", sosteniéndose que la reparación debe ser plena, congruente con el daño sufrido. Afirma que conforme lo allí decidido, si la deuda consiste en un cierto valor, como aquí, el monto resultante debe referirse al valor real al momento de su evaluación. Expresa que tales nociones fueron aplicadas por esta Suprema Corte en el caso "Nidera".
Concluye que para liquidar los valores que integran la condena debió tomarse la remuneración correspondiente a la escala salarial vigente al momento del dictado de la sentencia.
Finalmente, tras efectuar un breve desarrollo vinculado con el deber de fundar con razonabilidad lógica los fallos, peticiona que de no considerarse aplicable al caso ninguno de los parámetros que corroboran una desvalorización del crédito, la unidad mínima del salario a utilizar para la cuantificación del resarcimiento no sea inferior al salario mínimo vital y móvil vigente al momento del fallo o la liquidación.
III. El recurso no prospera.
III.1 En primer lugar, ocupa señalar que no corresponde expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad en torno al art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria resulta superior al límite monetario establecido en la disposición procesal referida.
III.2.a. Aclarado lo anterior y por razones de método, corresponde examinar el reproche vinculado con el análisis de las constancias del expediente en orden a los supuestos planteos a los que alude el quejoso y que expondrían su intención de mantener indemne el crédito laboral a través de la actualización que menciona.
Cabe memorar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que la valoración de los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó trabada la litis , constituyen potestades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto únicamente puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 118.702, "Torrilla", sent. de 29-V-2019; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; e.o.).
En el caso, más allá de la tangencial mención que hace al absurdo, el recurrente no demuestra que hubiese mediado la concurrencia de un error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; e.o.). Tampoco aduce infracción de las normas que receptan el postulado de la congruencia.
Por el contrario, la argumentación traída tan solo es reflejo de la discrepancia subjetiva del interesado sobre el modo que debieron ser ponderadas las distintas expresiones de la demanda y de su contestación alegando preterición de tratamiento de las cuestiones que, estima, fueron desoídas. Y aquí, cobra virtualidad la doctrina que establece que la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión que se pretende esencial es ajena a la vía intentada y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC; causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020, e.o.), que el impugnante se abstuvo de deducir.
Por otra parte, en lo tocante al intento de valerse de la ley 24.283 invocada por la contraparte, cabe advertir que el tribunal de origen consideró, en lo sustancial, que el planteo traído en el responde era genérico y no podía ser examinado.
De igual modo, en vista de la significación atribuida a lo peticionado respecto de la tasa de interés, debe repararse que el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 14.399.
Estos aspectos del fallo no han sido objeto de reflexiones atendibles en el medio de impugnación, evidenciándose una vez más la insuficiencia de la crítica.
III.2.b. En cuanto al parámetro salarial peticionado y la categorización del crédito como deuda de valor, el tribunal de origen concluyó que el planteo formulado en el alegato y, de modo similar, mediante presentación electrónica del 18 de febrero de 2020 debía ser desestimado por extemporáneo.
No obstante, destacó las divergencias del caso con el debate suscitado en el precedente L. 119.914. Precisó que allí, desde un inicio, se había efectuado un planteo del cual la accionada tuvo oportunidad de ejercer su derecho de debida defensa; en tanto, en el presente, y conforme daba cuenta la liquidación del crédito, lo reclamado quedaba caracterizado como deuda dineraria, pese que a la fecha de interposición de la demanda ya se encontraba vigente el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Concluyó, entonces, que la petición efectuada por la parte actora (18-II-2020), reiterada en la audiencia de vista de la causa, resultaba extemporánea a la luz de la etapa procesal en que había sido introducida, comportando ello una modificación o alteración sustancial de la extensión del objeto procesal que afecta el derecho de defensa en juicio de la demandada.
III.2.b.i. A fin de brindar respuesta al agravio planteado, interesa señalar que, en su escrito liminar, el actor peticionó una condena al amparo de disposiciones del derecho común, con más los intereses calculados a la tasa activa y actualización monetaria (v. fs. 43). Para su mensura acudió a la "fórmula Méndez" (empleada también en la sentencia), sin perjuicio de mencionar que no renunciaba a una mayor cantidad que pudiera resultar de la prueba a rendirse o del prudente arbitrio (v. fs. 49 vta. y 50).
En ocasión de contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, defendió la validez constitucional de la ley 14.399, al tiempo que solicitó -por criterio de razonabilidad- la utilización del interés más gravoso (v. fs. 158/160).
Más adelante, el 18 de febrero de 2020 (en etapa probatoria), adujo la aplicabilidad al caso del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación y la pertinencia de considerar el reclamo como deuda de valor. Invocó doctrina de esta Corte.
Desestimada esa petición (providencia de 5 de marzo de 2020) el accionante dedujo revocatoria (v. presentación electrónica de fecha 10-III-2020), rechazada en pleno por el tribunal actuante (resolución de 8-V-2020).
Igual temperamento adoptó el juzgador en la sentencia de mérito sobre la petición in voce efectuada por la actora en la audiencia de vista de causa, que ahora llega impugnada mediante recurso extraordinario.
III.2.b.ii. Queda en evidencia que el agravio examinado se halla inescindiblemente vinculado con la presentación del día 18 de febrero de 2020, cuyo rechazo fuera confirmado el 8 de mayo de 2020. Los efectos consolidados de tal pronunciamiento, anterior a la sentencia de mérito, justifican la respuesta adversa de la pretensión impugnativa.
Tales motivaciones, por su gravitación en la conclusión que causa agravio, no son objeto de crítica frontal y eficaz por el recurrente. Por el contrario, el interesado insiste en enfocar el asunto desde otra perspectiva, en un cometido que revela la pretensión de renovar el análisis de aspectos que fueron resueltos en una etapa previa a la sentencia y alcanzados por la preclusión.
La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, en tanto la preclusión opera como un impedimento de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018; L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019; L. 122.658, "Santillán", sent. de 18-VIII-2020; e.o.).
En suma, por aplicación del principio de preclusión, no pueden reeditarse en casación aquellas cuestiones que, resueltas en la instancia de grado, no fueron objeto de oportuna impugnación (causas L. 120.037, "Olguin", sent. de 30-V-2018; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 121.461, "Cesar", sent. de 10-VIII-2020; e.o.).
Todavía, no está demás advertir que la argumentación del recurrente se afinca en el pedido de actualización efectuado en la demanda (cuya suficiencia o eventual preterición queda abastecida por las respuestas dadas en el apdo. III.2.a.), para luego acudir a la conceptualización de las "deudas de valor", temáticas que claramente no son identificables.
III.3. Por todos los motivos ya mencionados la impugnación examinada debe desestimarse en razón de no abastecer los recaudos de una adecuada fundamentación, a tenor de lo preceptuado en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
La firmeza de las motivaciones troncales del pronunciamiento, torna innecesario avanzar en otras consideraciones.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:27:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:29:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:15:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:42:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:46:38 hs. bajo el número RS-80-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia