Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129381
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.381, "Rojas Griselda Esther contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo -acción especial-", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 2-VI-2022).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 21-VI-2022.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda que Griselda Esther Rojas promovió contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última a abonarle las prestaciones dinerarias derivadas del fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge, el señor Ciro Ismael Arguello.
Para así resolver, en lo que resulta relevante, tuvo por acreditado que el nombrado en último término fue dependiente de Oscar Alfredo Melo, quien celebró un contrato de afiliación con la aseguradora citada. Asimismo, consideró probado que esta última firma, el 9 de junio de 2017 recepcionó la denuncia del siniestro que ocasionó la muerte del trabajador, acontecida ese mismo día. Tuvo en cuenta, en sustento de tales afirmaciones, los hechos reconocidos por la propia accionada en el escrito de contestación de la demanda (v. fs. 39/49 vta.).
Por otro lado, con base en el informe presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tuvo por acreditado que el ingreso mensual del señor Arguello, actualizado conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; citó, en este punto, el art. 12.1 de la ley 24.557 -texto según DNU 669/19-) ascendió a la suma de $27.719 (v. vered., primera cuestión).
Explicó que si bien la demandada adujo en su escrito liminar haber rechazado el siniestro "...previa suspensión del plazo para expedirse..." (fs. 40, párrafo tercero), ello fue objeto de expresa negativa por la parte actora al responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, sin que la accionada hubiera acompañado o producido prueba alguna para acreditar tal extremo, lo que se encontraba a su cargo (art. 375, CPCC; v. vered., segunda cuestión).
Ponderó, también, que la autenticidad y recepción de la copia de la carta documento fechada el 3 de julio de 2017, acompañada junto con el conteste (v. fs. 53), mediante la cual la accionada adujo haber rechazado el siniestro (v. fs. cit.), resultó expresamente desconocida por la promotora del pleito en oportunidad de contestar el segundo traslado, no habiendo -la interesada- producido el informe pertinente al Correo Argentino.
Ya en la etapa de sentencia, precisó que el art. 6 del decreto 717/96 dispone expresamente que "...en los casos en que la Aseguradora resuelva rechazar la contingencia deberá notificar fehacientemente tal decisión al trabajador y al empleador. El silencio de la Aseguradora se entenderá como aceptación de la pretensión, si transcurridos diez (10) días de recibida la denuncia no hubiere cursado la notificación fehacientemente de su rechazo al trabajador y al empleador. Este plazo podrá prorrogarse por diez (10) días cuando existan circunstancias objetivas que imposibiliten el conocimiento acabado de la pretensión, debiendo cursar la notificación fehaciente del uso de la prórroga del plazo al trabajador y al empleador dentro del término de los diez (10) días de recibida la denuncia" (sent., pág. 3).
Desde este piso de marcha concluyó que, ante la omisa actividad probatoria de la accionada tendiente a acreditar que haría uso de la prórroga referenciada, como así también respecto del rechazo del siniestro -extremos, puntualizó el juzgador, cuya demostración estaba a su cargo, sin que se los advirtiera cumplidos-, concluyó que, en el caso, había mediado una aceptación tácita del accidente por parte de la aseguradora. Ello -aseveró- le impedía adentrarse a analizar la mecánica del accidente y la relación de causalidad más tarde cuestionadas, máxime cuando -añadió- aquella no había formulado reproche constitucional respecto del decreto 717/96, ni producido prueba alguna para desactivar la presunción establecida en dicha norma.
En este marco, el órgano de la instancia de grado tuvo por verificado que la accionada había aceptado la denuncia y consentido el carácter laboral del accidente; deviniendo extemporáneo y contrario a la teoría de los actos propios el desconocimiento que pretendía efectuar en el presente juicio.
A mayor abundamiento, precisó que aún en la hipótesis de considerar la comunicación supuestamente cursada por la demandada el día 3 de julio de 2017 (v. fs. 53), juzgó que dicha misiva había sido remitida vencido holgadamente el plazo de diez días con que contaba la demandada para expedirse sobre el siniestro, y al domicilio sito en calle Constitución 1884 de la ciudad de Luján, cuando -como surgía de la partida de defunción obrante a fs. 3- el trabajador residía en la calle Constitución 1864 de dicha localidad.
Con todo, declaró procedentes las prestaciones dinerarias reclamadas en los términos de los arts. 11 inc. 4 apartado "c", 15 inc. 2 y 18 de la ley 24.557; a las que adicionó la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773; arribando -en base a los parámetros que tuvo por verificados en el veredicto- a un resarcimiento de $2.963.651.
Finalmente, dispuso que hasta el efectivo pago, al monto adeudado se aplicaran intereses calculados a la tasa activa cartera nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, los que hasta el 30 de mayo de 2022 -dijo- ascendían a la suma de $6.227.181 (arts. 770 inc. "c"; Cód. Civ. y Com.; 12 inc. 3, Ley de Riesgos del Trabajo, según art. 1, DNU 669/19).
II. La demandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 6 de la ley 24.557; 16 del decreto 1.694/09; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil velezano; 163 incs. 3 y 4; 272; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
Explica que la vía extraordinaria intentada encuentra sustento en el art. 171 de la Constitución provincial, toda vez que la resolución atacada carece de la debida fundamentación normativa, a lo que añade que se configura en la especie un supuesto de incongruencia por omisión, por lo que solicita se haga lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado.
En concreto, formula los siguientes agravios.
II.1. Por un lado, impugna la sentencia de grado, en tanto allí se juzgó que hubo una aceptación tácita del siniestro por parte de la aseguradora demandada. Postula que dicha conclusión refleja un palmario desarreglo con las reglas lógicas que gobiernan el encuadramiento de los hechos invocados, en relación a las normas de aplicación.
Expone que en el expediente no obra ninguna copia de la denuncia por el supuesto accidente, siendo lo más parecido a ello la descripción de los hechos efectuada por la demandada en el conteste (v. fs. 40), de la que no se deriva la existencia de un acontecimiento súbito y violento, tal como lo exige el art. 6 inc. 1 de la ley 24.557.
Aduce que en razón de ello la aseguradora rechazó el siniestro de autos por tratarse -en la especie- de una muerte por causa natural, a cuyo fin acompañó junto al conteste -según manifiesta- copia de la carta documento mediante la cual comunicó dicha desestimación.
Entiende que la parte actora al responder el segundo traslado reconoció implícitamente que la contingencia de autos era una enfermedad profesional, al aludir a las tareas laborales y a los supuestos esfuerzos físicos que su realización requería al trabajador fallecido. Con base en ello, entiende que es absurdo lo resuelto por el tribunal de grado en orden a la aceptación tácita del supuesto accidente.
II.2. Por otro lado, afirma que el órgano de grado incurrió en violación de las reglas de distribución de la carga de la prueba, desde que la promotora del pleito fue quien debió demostrar (y no lo hizo) la relación de causalidad entre las tareas desarrolladas por el dependiente, los supuestos esfuerzos físicos realizados para su cumplimiento y la falla cardíaca que le provocó la muerte. Denuncia violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
Aduce que en el fallo atacado se impuso indebidamente a la aseguradora demandada la carga de demostrar la autenticidad de la carta documento mediante la cual rechazó un accidente inexistente, a la vez que validó una denuncia cuyo documento respaldatorio no fue siquiera agregado al expediente, desligando a la accionante de sus incumbencias probatorias.
II.3. A modo de continuación del agravio anterior, postula que no consta en autos copia de la denuncia del supuesto siniestro, conforme exige el decreto 717/96.
Puntualiza que el demandado refirió expresamente en el conteste que "...el día 9/6/2017 se recibió una denuncia de accidente de trabajo que habría sufrido el Sr. Ciro Ismael Arguello ese mismo día. En esa denuncia se describe el supuesto evento del siguiente modo: 'chofer. se encontraba aguardando que realicen la carga de mercadería al camión, de forma repentina se desvanece, llaman a una ambulancia quien constata el óbito del trabajador. el cuerpo aún se encuentra en el predio... '" (fs. 40).
Afirma que de dicha descripción no surge la existencia de un evento súbito y violento, sino que se hace alusión a una persona, de profesión chofer, que aguarda para realizar una carga de mercaderías y se desvanece, sin más.
En función de ello, manifiesta que la supuesta denuncia no cumple con las previsiones de los arts. 1 y 2 del decreto 717/96.
Luego, con base en el quebrantamiento del principio de igualdad de las partes, objeta la decisión de grado que estimó verificada la denuncia de accidente, la cual -afirma- no se encuentra agregada a los presentes autos.
II.4. Por último, cuestiona la tasa de interés -equivalente al promedio de la tasa activa cartera nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina- que el juzgador declaró aplicable al caso. Aduce que tal decisión vulnera la doctrina legal que identifica como emergente, entre otras, de las causas B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016); C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016).
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, debo aclarar que el fundamento que se anuncia vinculado con el art. 171 de la Constitución provincial (v. recurso apdo. V.1.), así como la eventual incongruencia por omisión, constituyen fundamentos propios del remedio extraordinario de nulidad, vía impugnativa que no es la que aquí se ha utilizado; circunstancia que excluye toda consideración al respecto (conf. arts. 279, 296 y concs., CPCC).
III.2. Aclarado ello, encuentro que no puede resultar de recibo el embate tendiente a refutar la definición plasmada en el fallo objetado, relativa a la aceptación tácita del siniestro por parte de la aseguradora, que el tribunal de mérito juzgó verificada con base en los argumentos que fueron reseñados precedentemente.
III.2.a. Como se reseñó, el órgano de grado tuvo por demostrado, en base a los hechos alegados por el propio accionado en su conteste inicial (v. fs. 40), que el día 9 de junio de 2017 la aseguradora recibió la denuncia por el siniestro que le ocasionó la muerte al señor Arguello, ocurrida en esa misma fecha.
Luego, con sustento en el art. 6 del decreto 717/96 y ante la orfandad probatoria en que -declaró- incurrió la demandada, tanto respecto del rechazo del siniestro como del supuesto empleo del plazo de prórroga para expedirse, juzgó que -en la especie- se había verificado un reconocimiento tácito del infortunio por parte de la aseguradora. Agregó que tal circunstancia lo eximía de todo análisis vinculado con su mecánica y la relación de causalidad posteriormente cuestionada por la demandada; máxime cuando -precisó- la interesada no había formulado reproche constitucional alguno de la citada norma reglamentaria, ni producido actividad probatoria tendiente a desbaratar su contenido (v. sent., pág. 4).
En este sentido, destacó que la accionada no acreditó la autenticidad ni la recepción de la carta documento mediante la que adujo haber rechazado el accidente de autos. Con tal base, declaró procedente la demanda.
III.2.b. Frente a ello, como fue expuesto, el impugnante endilga absurdo al razonamiento del juzgador que lo llevó a la conclusión principal de que -en el caso- había operado la aceptación tácita del siniestro; sin embargo, tales alegaciones no logran acreditar la configuración del vicio atribuido al fallo en crisis.
Es pertinente recordar que dicho vicio hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida, recalcando que no se configura por cualquier error, o una apreciación opinable, ni ante la posibilidad de otras interpretaciones. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que los hechos pudieron ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020; L. 125.734, "Rost", sent. de 6-II-2023; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
En este caso, puede observarse que el compareciente reflexiona sobre aspectos expuestos en el escrito de contestación de la demanda, pero en su discurrir discrepante con la solución que objeta omite hacerse cargo de desvirtuar -de modo idóneo- las definiciones centrales del fallo que objeta plasmadas a partir de la valoración de los escritos constitutivos del proceso, la documentación aportada, y -luego- la interpretación que formula en torno al art. 6 del decreto 717/96.
En estas condiciones, el señalado vicio invalidante no queda evidenciado, ni el quejoso denuncia la violación del precepto del que se valió el juzgador de grado para sustentar la conclusión esencial del fallo que ataca, por lo que este aspecto del pronunciamiento de grado debe permanecer incólume (conf. art. 279, CPCC).
III.3. Por otro lado, tampoco puede prosperar la denuncia de violación de las reglas que imponen la distribución de la carga de la prueba.
Al respecto, cabe recordar que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se viola cuando el juez atribuye a una de las partes la carga de probar hechos cuya acreditación correspondía a la otra (causas L. 98.746, "S., R.", sent. de 30-XI-2011; L. 94.178, "Pereyra", sent. de 20-VIII-2008; L. 119.994, "Quintana", sent. de 25-IV-2018; L. 125.639, "Mendoza", sent. de 1-VIII-2023; e.o.).
Y en este sentido, el juzgador sostuvo que la aseguradora no había producido prueba alguna tendiente a demostrar el rechazo de la contingencia (en tanto había sido negado por la actora), ni la autenticidad de la pieza postal que adjuntó con el responde (también desconocida por la contraria).
Luego, resultando tales extremos propios de su postulación defensiva, en tanto el art. 6 del decreto 717/96 adjudica al silencio de la aseguradora la aceptación de la pretensión, la imposición de la carga de su prueba a quien afirmaba tanto la prórroga del plazo inicial como el rechazo de la contingencia no patentiza en la especie la violación legal denunciada, pues sabido es que el principio general de la carga de la prueba determina que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (conf. art. 375 in fine , CPCC; causas C. 120.605, "Guzmán", sent. de 7-III-2018; B. 67.123, "Cagio", sent. de 8-V-2019; A. 75.698, "C., S. M.", sent. de 21-VII-2020; e.o.).
Por otro lado, tampoco resulta atendible la denuncia de quebranto de dicha norma procesal en lo vinculado con pretendida demostración de la relación de causalidad entre las tareas desarrolladas por el dependiente y la muerte del trabajador, toda vez que -conforme surge de lo reseñado- a partir de la definición que subsiste firme, el tribunal de grado no necesitó ingresar en el análisis de tales asuntos, al considerarlos desplazados por el reconocimiento tácito de la contingencia por parte de la aseguradora (conf. art. 279, CPCC).
III.4. Lo hasta aquí expuesto me exime de abordar aquellas alegaciones que porta la réplica, individualizadas en el punto II.3. del presente, por encontrar en lo expresado suficiente respuesta (conf. art. 279, CPCC).
III.5. Finalmente, tampoco puede prosperar el embate contra la tasa de interés que el juzgador de grado declaró aplicable sobre el monto adeudado.
Por un lado, porque la omisa impugnación de las normas legales en las cuales -más allá de su acierto o error- se sustenta este tramo del pronunciamiento (v.gr. art. 770 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y art. 12 inc. 3, ley 24.557, según art. 1, DNU 669/19) define la suerte adversa de la misma (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, tiene dicho esta Suprema Corte que el adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley exige la denuncia de violación de los preceptos que dotan de fundamento jurídico a la conclusión impugnada (causas L. 107.794, "R. R., R.", sent. de 31-X-2012; L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015; L. 121.182, "Kalaityis", sent. de 26-V-2020; e.o.), sin que en esta sede casatoria pueda suplirse tal carga no satisfecha por el recurrente (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017; L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018; L. 128.607, "Lezcano", sent. de 30-IV-2024).
Y por otro, porque la doctrina legal invocada como violada en materia de intereses responde a presupuestos fácticos diversos de los actuados por el tribunal sentenciante (conf. art. 279, CPCC); y sabido es que, si la doctrina legal que se reputa violada ha sido elaborada sobre bases de hecho distintas a los que se verificaron en el caso bajo juzgamiento, devienen abstractos los agravios que se pretenden vincular a aquella (causas L. 86.171, "García Núñez", sent. de 15-III-2006; L. 94.287, "Ibarra", sent. de 11-XI-2009; L. 117.464, " Ruggeri", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
Lo dicho sella -sin más- la desestimación del agravio en tratamiento.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constanci
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