Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 3 de septiembre de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.898, "Vera, Jorge Daniel contra Swiss Medical ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora demandada, imponiéndole las costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 5-VIII-2021).
Esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El órgano jurisdiccional de grado, en el marco de la pretensión incoada por el señor Jorge Daniel Vera, declaró la inconstitucionalidad del art. 32 de la resolución 298/17 dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y rechazó el planteo de incompetencia esgrimido por la accionada Swiss Medical Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., afirmando su aptitud jurisdiccional para entender en el caso (v. resol. electrónica de fecha 5-VIII-2021).
Para así decidir, señaló que el día 28 de febrero de 2020 el accionante hubo de iniciar el expediente administrativo n° 71.337/20 ante la Comisión Médica Jurisdiccional de Lanús, además, que luego alegó que hasta la fecha de promoción de la demanda (25-III-2021) no había recibido la citación para la evaluación de la Junta Médica, siendo que entonces al momento de entablarla se encontraba agotado el plazo respectivo.
Precisó que al contestar la demanda la accionada opuso excepción de incompetencia, fundada en que el actor inició su demanda sin finalizar la instancia administrativa, ya que a la fecha de su interposición no se encontraba cumplido el plazo legal de sesenta días que otorga la ley 27.348 para que sea iniciada.
Seguidamente, dijo que el art. 3 de la referida ley establece que "...la Comisión Médica deberá dictaminar dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación..."; y que dicho "...plazo será prorrogable por cuestiones debidamente fundadas...", indicó también que "...el término será perentorio y su vencimiento dejará expedita la revisión contemplada en el art. 2 del mismo cuerpo normativo..." (resol., págs. 1/2).
Expresó que en cuanto a la "citada prórroga", si bien la parte actora no había efectuado un planteo formal de inconstitucionalidad del art. 32 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, correspondía de oficio abocarse al estudio de su constitucionalidad, en virtud del consenso jurisprudencial existente a que resulta contrario a lo dispuesto por la ley 27.348 y en consecuencia constituye un arbitrario exceso reglamentario al dejarse a voluntad del ente administrativo la extensión de un plazo perentorio, máxime cuando se hallaba en juego la salud del reclamante (v. resol., pág. 2).
Siguiendo ese razonamiento, dispuso que el plazo previsto en el art. 3 de la ley citada debía computarse "...a partir de la primera presentación efectuada por el trabajador ante el organismo administrativo y con los requisitos debidamente cumplimentados que exige el procedimiento ante las comisiones médicas, tal como se constata del expediente administrativo acompañado a este juicio..." (resol., pág. cit.).
En ese entendimiento, juzgó que -en el caso-, al modificar la ley y establecer una posibilidad de extender el procedimiento administrativo sin límite temporal, el art. 32 de la resolución antes referida resultaba inconstitucional a la luz del art. 28 de la Constitución nacional, ello lo condujo a rechazar la excepción de incompetencia atento encontrarse excedido el plazo de ley al iniciarse la demanda.
II. La demandada Swiss Medical Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; de las leyes 24.557, 26.773 y 27.348; de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17 y 899/17 y de la doctrina que cita (v. escrito electrónico de fecha 20-VIII-2021).
II.1. Se agravia del rechazo de la excepción de incompetencia interpuesta, alegando vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, legalidad, defensa en juicio y debido proceso.
Menciona que el accionante inició el procedimiento ante la comisión médica jurisdiccional, la cual dictaminó en fecha 4 de junio de 2021 que el trabajador carecía de incapacidad atribuible al accidente laboral denunciado.
Sostiene que en virtud de la adhesión provincial efectuada por la ley 14.997, previo a iniciar la acción el demandante debió concluir el procedimiento administrativo previsto en el art. 1 de la ley 27.348, algo que -afirma- no sucedió, puesto que, de acuerdo a la prueba documental aportada, el dictamen médico fue emitido en fecha 4 de junio de 2021 y la resolución del titular del servicio de homologación el día 11 de junio de 2021.
Bajo una alongada defensa del sistema procedimental inserto en la ley 27.348, refiere que las mencionadas comisiones tienen un plazo de sesenta días hábiles para expedirse a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada conforme lo dispone el art. 32 de la resolución 298/17 antes mencionada. Indica que dicho plazo es susceptible de suspensión en caso de demoras imputables a las partes. Asevera que una dilación injustificada mayor habilita a los trabajadores a recurrir a la instancia judicial sin necesidad de agotar la vía administrativa, lo que asegura un tratamiento expeditivo y sin trabas innecesarias. Alega que lo dicho se condice con la interpretación efectuada en la jurisprudencia que indica.
En lo sustancial, manifiesta que el mencionado plazo de sesenta días sólo puede ser prorrogado por cuestiones relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional debidamente fundadas, disponiéndose -como se dijo- la perentoriedad de los plazos y que a su vencimiento queda expedita la vía judicial.
Aduce que en el caso fueron inaplicados los arts. 3 y 14 de la ley 27.348; 32 de la resolución 298/17 y 2 de la resolución 899/17, ambas, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
II.2. En línea con lo dicho, plantea la aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348, así como también de las resoluciones mencionadas ut supra .
Expone que el tribunal de la instancia se excedió en sus facultades jurisdiccionales al declararse competente sin haberse pronunciado -en todo caso- respecto de la inaplicabilidad al caso del procedimiento ante las comisiones médicas previsto por la ley 27.348 y su normativa concordante y complementaria, que resulta a su juicio válido.
Insiste en que el reclamante promovió la demanda sin haber culminado la citada etapa previa, alegando que a la fecha de su inicio se hallaba cumplido el plazo legal que otorga la ley 27.348, pero que de la documental adunada no surge el cumplimento del mentado plazo, así como tampoco consta que no haya existido su prórroga.
Agrega que el accionante omitió considerar que oportunamente se decretó la suspensión de plazos administrativos por efecto de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Postula que del art. 3 de la ley 27.348 se desprende el plazo que posee la comisión médica para expedirse, mientras que el art. 32, inc. 2 de la resolución 298/17 antes mencionada determina el momento en el que comienza a correr.
Manifiesta que tampoco surge de la demanda y su documental cuándo fue que se realizó el dictamen del secretario técnico letrado de la comisión médica interviniente, que - según aduce- hubiera implicado el inicio del cómputo del plazo que la actora considera vencido.
Luego de repetir ciertos argumentos, menciona que, en el contexto de emergencia pública en materia sanitaria, mediante el dictado del decreto 298/20 se dispuso la suspensión del curso de los plazos administrativos a partir de su publicación, el cual fue prorrogado de forma sucesiva hasta el 27 de agosto de 2020. Expresa que el día 20 de octubre 2020 se publicó la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 75/20, la cual estableció que las comisiones médicas jurisdiccionales, sus delegaciones y la Comisión Médica Central debían prestar integralmente los servicios que les competen y brindar atención al público de manera presencial, exclusivamente a personas con turno previamente asignado. Relata que lo dicho demuestra que no hubo aquí una demora injustificada en el trámite administrativo, y que, reanudados los plazos, fueron cumplidos los trámites pertinentes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Circunscripta la potestad revisora de esta Corte a la concreta impugnación que contra la decisión de grado se formula en el recurso bajo examen (causas L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023), a mérito de su insuficiencia corresponde su desestimación (art. 279, CPCC).
Es que replicando sustancialmente lo expuesto al fundar la excepción desestimada, no se encarga el recurrente de cuestionar frontal y exitosamente las centrales motivaciones que contiene la resolución recurrida.
De la descripción del pronunciamiento de grado inserta en párrafos anteriores, puede observarse que en el razonamiento del tribunal del trabajo no estuvo presente consideración alguna que haya implicado juzgar la inaplicabilidad de las reglas previstas en la ley 27.348 en orden al procedimiento administrativo allí pergeñado -es sabido: al que en lo pertinente adhirió la provincia de Buenos Aires por medio de la ley 14.997-, de ahí que varias de las afirmaciones plasmadas en el recurso luzcan inocuas.
Pero la falta de capacidad del embate traído adquiere más nitidez a poco de ponderar que al intentar justificar su postura el impugnante acude fundamentalmente a lo dispuesto en el art. 32 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sin embargo, al hacerlo, soslaya aportar toda reflexión crítica tendiente a neutralizar la declaración de inconstitucionalidad que efectuó el a quo de dicha norma.
Todavía, en cuanto a las argumentaciones vinculadas con la valoración de las constancias de autos o incluso de los escritos postulatorios -en lo cardinal de la demanda-, se avizora la ausencia de la denuncia de absurdo, requisito imprescindible en este tipo de cuestionamientos. Otro tanto cabría decir en lo tocante a aquel discurso con el que el quejoso pretende justificar los tiempos del trámite administrativo y un supuesto cumplimiento de los trámites una vez "reanudados" los plazos.
En fin, resultan aplicables aquellas directrices de esta Corte que tachan de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, mediante la reiteración de argumentos expuestos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina", sent. de 13-VII-2022 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-III-2023).
A la par, ocupa recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 122.611, "Funaro", sent. de 20-VII-2020; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
III.2. De suyo, que lo hasta aquí considerado conduce a restarle todo vigor a las expresiones del quejoso conectadas con la distinta jurisprudencia que invoca a lo largo de su ataque al fallo de la instancia, y cuya semejanza al presente en modo alguno se encarga de evidenciar.
III.3. Corolario de todo lo dicho es la conclusión medular que el fallo objetado permanece incólume dada la falta de idoneidad del medio de impugnación examinado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 3 de septiembre de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:24:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:45:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:32:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:44:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:40:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:08:28 hs. bajo el número RS-87-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia