Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127571
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 26 de abril de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.571, "García, Luis Aníbal contra Experta ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la accionada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 15-III-2021).
Se dedujo, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 31-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por el señor Luis Aníbal García contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la demandada.
Para así decidir, en lo cardinal, dijo que del expediente administrativo agregado a la causa surgía que el día 15 de octubre de 2019 se emitió el dictamen médico que estableciendo que el actor padece hernia inguinal derecha correspondiente a debilidad genética, no guardando relación etiocronológica con el siniestro denunciado; además, que en fecha 29 de octubre de 2019 el titular del servicio de homologación de la comisión médica determinó el carácter no laboral de la contingencia e indicó que el reclamante contaba con quince días para recurrir ante la Comisión Médica Central, con opción de interponer recurso ante la justicia ordinaria del fuero laboral.
Con ello, expresó que, transitada íntegramente la instancia administrativa previa, el actor, una vez obtenido el dictamen, hubo de optar por iniciar la demanda de autos.
Y en ese contexto, memoró que la ley 27.348 en su arts. 2 y 14 otorga la opción de recurrir ante la justicia ordinaria del fuero laboral contra lo resuelto por la comisión médica, sin señalar limitación alguna.
Por otro lado, sostuvo que los arts. 2 inc. "b" párrafo tercero de la ley 27.348 y 4 del anexo I de dicho cuerpo normativo, mencionan el carácter de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo sólo de las resoluciones que no fueran objeto de recurso y de los actos de homologación. Así, entendió que en el caso no podía existir cosa juzgada en los términos de la norma mencionada, toda vez que ella se refiere a los supuestos en los cuales las partes arriban a un acuerdo, con homologación administrativa fundada, lo que no verificó cumplido.
Finalmente, hizo mención a lo normado por el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057 en cuanto -dijo: de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la ley 27.348- prevé la revisión de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales a través de una "acción laboral ordinaria".
II. La accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-III-2021), en el que se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa.
Expresa que el tribunal de grado desestimó la excepción por entender que mediante la deducción de la demanda de autos el accionante procuró el examen de lo actuado en sede administrativa, sin embargo, afirma que si ese hubiera sido el objeto del libelo inicial debió haberlo consignado expresamente y argumentado en consecuencia. Manifiesta que, por el contrario, no se expresó allí ningún agravio contra lo dictaminado por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Refiere que, como se narró en la contestación de la demanda, frente a la denuncia del siniestro, la aseguradora procedió a su rechazo en la consideración de que el hecho descripto no era causa de la patología, que era de tipo inculpable; a su vez, relata que la Comisión Médica n° 392 de Pilar dictaminó ratificando aquel rechazo.
Señala que la parte actora se encontraba habilitada para interponer un recurso directo ante el Tribunal de Alzada con competencia laboral, pero no era factible la promoción de una demanda judicial ordinaria que no buscase recurrir lo actuado ante el organismo administrativo; cuando a su vez, destaca que en el escrito de inicio se objetó la constitucionalidad de las normas y el procedimiento ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III. En razón de su insuficiencia, cabe desestimar el recurso interpuesto (art. 279, CPCC).
III.1. Ocupa primero señalar que la impugnación se dirige a controvertir el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la cosa juzgada administrativa, ello conduce a considerar que la decisión recurrida resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021; L. 128.348, "Lescano", sent. de 27-II-2024; L. 128.309, "Pardal", sent. de 6-III-2024 y L. 128.121, "Salinas", sent. de 3-VI-2024).
III.2. Sentado lo anterior, ha de observarse que el recurrente, alejándose del despliegue argumental sobre el que se estructura el fallo de grado, ha omitido denunciar la eventual violación del art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, otro tanto acontece con el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, normas que precisamente fueron sustancial fundamento de la decisión aquí recurrida. En rigor, no se advierte en el escrito recursivo afirmación alguna con idoneidad para evidenciar la configuración de las causales propias del medio de impugnación elegido.
Y, así pues, dable es recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini" y L. 126.591, "D'Onofrio", sents. de 27-III-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
La impugnación se afinca -en lo sustancial- en aquel argumento que mediante la personal lectura del quejoso indica que la demanda no traduce el contenido de una revisión de lo actuado en sede administrativa, cuando, sin embargo, el a quo no formuló consideración alguna en ese particular sentido. Y ha de reiterarse, tales las alegaciones del quejoso no se encuentran acompañadas de señalamientos que tiendan a visibilizar supuestos yerros revisables a través del recurso en análisis.
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 26 de abril de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:24:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:45:26 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:32:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:44:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:40:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:08:27 hs. bajo el número RS-86-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia