Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128498
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.498, "T., O. A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 13-VIII-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 15-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa por haber sido materia de agravio, el tribunal de grado desestimó la excepción de prescripción opuesta, y -tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557- acogió la acción promovida por el señor O. A. T. contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del Código Civil (ley 340)- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 9 de agosto de 2007, mientras desempeñaba tareas como policía.
Para así decidir, en el veredicto, el juzgador de grado consideró demostrado que, en la fecha señalada, el actor resultó herido de bala con motivo de un enfrentamiento con sospechosos (v. vered. de fecha 13-VIII-2021, págs. 1 y 2). También estableció que, como consecuencia de las heridas recibidas, el reclamante padece lesión integral de plexo braquial derecho, fractura de diáfisis femoral izquierda consolidada en deseje y reacción vivencial anormal neurótica grado II-III, las cuales le generan una minusvalía del 86,64% de Incapacidad Laboral Permanente Total Definitiva (ILPTD), incluidos los factores de ponderación (v. vered., pág. 3).
Además, consideró demostrado que el accidente se produjo en el marco de la actividad propia y específica de la función policial, entrañando la tarea un riesgo o vicio en el que resultó comprendido el daño sufrido por el actor (v. vered., pág. 4).
Juzgó que la actividad policial de seguridad es una función riesgosa por su propia naturaleza, e intrínsecamente apta para que, a partir de ella, se produzca un daño, conllevando un peligro inminente hacia quienes la ejecutan (v. sent., pág. 11).
En ese contexto, el tribunal de origen consideró que la accionada debía responder integralmente por los perjuicios ocasionados al demandante, al estimar configurado el factor de atribución contemplado en el art. 1.113 del mencionado cuerpo normativo.
Luego, encuadrado el siniestro en el marco del citado precepto, descartó que, en el caso, se hubiera constituído la eximente del daño provocado por un tercero por el que el dueño o guardián de la cosa no debe responder (v. sent., pág. 11).
En ese sentido, precisó el juzgador -con cita del voto emitido por el doctor de Lázzari en el precedente L. 119.587, "Zárate" (sent. de 29-IX-2020)- que hallándonos frente al supuesto de responsabilidad objetiva por riesgo creado receptado en el art. 1.113 del Código Civil, en la medida en que la actividad de un tercero integre el riesgo propio de la "cosa", esa actividad no podrá ser, al mismo tiempo, causa de exculpación de la responsabilidad.
Concluyó, entonces, que en la especie se encontraban verificados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, procedió a efectuar el cálculo del resarcimiento. Contempló, a esos fines, los rubros de daño emergente, pérdida de capacidad de ganancia y daño moral, en base a los datos que a tales fines estimó pertinentes.
Así, y en atención a los lineamientos previstos en el fallo "Arostegui" de la Corte nacional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sin desconocer las pautas expuestas por esta Corte en la causa L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020), juzgó aplicable la fórmula del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), Sala III en el caso "Méndez", a fin de no conculcar el principio de "reparación plena".
Sobre ese piso de marcha, de acuerdo a la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad definitiva, utilizó como base salarial para el cálculo del rubro en cuestión, la remuneración perciba por el señor T. en el mes de agosto de 2013 y la edad que el agente tenía en ese momento (49 años). Arribó al monto de $2.299.877, al que adicionó, luego, la suma de $3.000.000 en concepto de "daño moral" (v. sent., págs. 14 y 15).
Teniendo en cuenta esa determinación -concerniente a la cuantía del resarcimiento proveniente de la aplicación de las normas del derecho común-, y el importe de la reparación brindada por la ley 24.557 ($217.504,72), el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley indicada, por considerar "...evidente que las prestaciones que ofrece la Ley de Riesgos del Trabajo resultan claramente parciales e insuficientes en relación a los daños irrogados, resultando violatorias de garantías constitucionales previstas en los artículos 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional, por cuanto vulneran principios básicos del derecho del trabajo, como el protectorio, de progresividad, justicia social y razonabilidad" (sent., pág. 16).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde el momento de consolidación del daño (27 de agosto de 2013) y hasta la fecha de la sentencia, devengue intereses con arreglo a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los plazos fijos digitales a treinta días (v. sent., pág. 17).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 75 inc. 12 y concordantes de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 8 inc. 1 y concordantes del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 39 inc. 3, 171 y concordantes de la Constitución provincial; 2 y 3 inc. "c" de la ley 26.944; 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.072, 1.078, 1.081, 1.083, 1.084, 1.085, 1.109, 1.113, 4.037 y concordantes del Código Civil; 4 y concordantes de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del juzgador de condenar civilmente a la Provincia de Buenos Aires, con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield (v. rec., pág. 7).
Se opone al tramo del pronunciamiento con arreglo al cual se hallaron configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva, sustentando dicha conclusión en el riesgo de la actividad desempeñada por el señor T..
Aduce que para que el Estado provincial deba responder integralmente en forma directa por "actividad riesgosa", es menester que se encuentre acreditado, al menos, que ella guarda un nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados.
Expone que, en la particular visión del juzgador de origen, la condición adecuada (causa jurídica) de los perjuicios padecidos por el accionante debe atribuirse en forma directa a la "actividad riesgosa" desplegada por la provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de la función estatal de seguridad, sin que tenga ninguna incidencia el dato de que las lesiones sufridas por el accionante fueron consecuencia directa del disparo de arma de fuego efectuado por un delincuente.
Aclara que la relación de causalidad es un elemento necesario, imprescindible en todas las hipótesis de responsabilidad civil, sin que queden excluidas aquellas que se fundamentan en la atribución objetiva o sin culpa, pues en estas se prescinde de la culpabilidad, pero no del vínculo causal.
Afirma que en el supuesto de autos surge evidente que quien disparó contra el agente policial causó materialmente sus lesiones y que, las consecuencias de ese hecho ilícito, deben atribuirse fáctica y jurídicamente al delincuente en forma exclusiva.
Denuncia que el fallo atacado convierte a la Provincia en la causante directa de las lesiones sufridas por el trabajador, desplazando así la responsabilidad de su verdadero autor. Expone que resulta jurídica y lógicamente inaceptable que existan dos "condiciones adecuadas" independientes (acto ilícito y actividad riesgosa), con entidad suficiente -cada una de ellas- para causar la totalidad de los daños reclamados (v. rec., pág. 10).
Refiere que se confunden dos conceptos distintos entre sí, ocasión y causa (o "condición adecuada"). Al respecto, aclara que es obvio que la víctima fue lesionada en ocasión de cumplir con sus funciones (acto de servicio), que consistían en la prevención del delito. Sin embargo -continúa- el cumplimiento de tal deber no fue la causa jurídica o "condición adecuada" de las afecciones, sino que resultan atribuibles en forma exclusiva al accionar del delincuente.
Por último, en relación con la intervención de un tercero como eximente de responsabilidad, denuncia error en el razonamiento del juzgador de grado, desde que -según indica- pretende constituirse al ejercicio regular del servicio de seguridad como el generador del riesgo que causó las lesiones al accionante, y quien provocó exclusivamente el daño ha sido el delincuente que disparó contra el agente policial.
II.2. En segundo término, cuestiona la sentencia de grado en cuanto rechazó la defensa de prescripción.
En este sentido, señala que el tribunal de origen incurrió en absurdo al declarar que el actor había tomado conocimiento de su incapacidad el día 27 de agosto de 2013, y no al momento del siniestro (9 de agosto de 2007; v. rec., págs. 13/15).
Asimismo, destaca que, de la propia documentación acompañada por el accionante, se evidencia que ya en noviembre de 2011 aquel tenía certeza de que padecía acortamiento en uno de sus miembros inferiores, sumado a que -agrega- se encontraba con asistencia psiquiátrica y psicológica. Con base en ello, entiende no acertada la conclusión con arreglo a la cual se desestimó la prescripción.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, alterando por razones metodológicas el orden en el tratamiento de los agravios que estructuran el remedio, anticipo que las críticas dirigidas a controvertir la fecha de toma de conocimiento por parte del actor de su incapacidad -y, por ende, a cuestionar el rechazo del planteo prescriptivo-, resultan insuficientes para conmover las conclusiones establecidas en la sentencia atacada.
Al respecto, cabe recordar que valorar el material probatorio aportado al proceso, determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 120.760, "Fleita", sent. de 9-XI-2020; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; L. 121.592, "Arado", sent. de 18-VIII-2022; L. 127.622, "Boggio", sent. de 27-VI-2024; e. o.).
III.1.b. En lo que interesa, el juzgador de grado, tras analizar los datos que surgen de la prueba documental, tuvo por acreditado que la toma de conocimiento por parte del accionante de la incapacidad que lo afecta ocurrió el día 27 de agosto de 2013 (fecha en la cual la comisión médica determinó el grado de incapacidad definitiva; v. vered., pág. 5).
Sobre esa definición, ya en la sentencia, declaró que al momento de iniciarse el presente proceso (15 de mayo de 2015) no había transcurrido el plazo bienal, y por lo tanto debía desestimarse la defensa de prescripción articulada por la accionada (v. sent., págs., 10 y 11). Entendió que habiendo sido promovida la demanda en los términos del derecho civil -y, en subsidio, del régimen especial de riesgos del trabajo- la pretensión estaba vigente en ambos sistemas de reparación.
III.1.c. Como dije más arriba, el interesado no logra rebatir la conclusión que impugna, puesto que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión con el criterio de los jueces de mérito.
En este orden de ideas, cabe recordar que esta Corte ha dicho que determinar el comienzo del curso de la prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión de hecho no revisable en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 120.189, "Saucedo", sent. de 9-XI-2020; L. 122.631, "G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; e.o.).
En el caso, el quejoso no consigue demostrar que el fallo que ataca resulte portador del señalado vicio.
Obsérvese que el juzgador explicitó los motivos por los cuales correspondía tomar como fecha de inicio del cómputo prescriptivo (tanto para la reparación integral como la sistémica) no la fecha del siniestro -tal como sostiene la representación fiscal- sino el momento en que la comisión médica determinó el porcentaje de incapacidad.
En este tránsito, el tribunal recordó que en el veredicto se había hecho hincapié en que de las actuaciones administrativas se desprendía "...la gradualidad del derrotero atravesado por el actor a partir del momento en que se produjo el accidente de trabajo" y que recién con el dictamen de la comisión médica "...el trabajador tuvo una noción certera de la irreversibilidad de su minusvalía, lo que supuso una plena noción cabal de su parte de que sufría un déficit laborativo permanente" (vered., pág. 5).
De tal modo, y en el entendimiento del juzgador, las especiales particularidades del caso permitían considerar aplicable la doctrina sentada en antiguos precedentes de esta Corte -que expresamente citó- a tenor de la cual, si bien en los accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio, ello no resulta así cuando se verifica una progresiva y posterior consolidación del daño (v. sent., pág. 10).
Así las cosas, y más allá del acierto o error de tal conclusión, el quejoso se desentiende por completo de rebatir dichos razonamientos, limitándose a reiterar, en pocos párrafos, la tesis ya esbozada en la contestación de la demanda en punto a que el comienzo del término de la prescripción debe computarse, como es la regla para los acontecimientos súbitos y violentos, desde la producción del siniestro.
Sobre el particular, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; L. 127.960, "Nebelung", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Esto es, y con otro giro, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las alegaciones que lo estructuran no constituyen una réplica frontal y eficaz de las diversas motivaciones plasmadas en el fallo en crisis, y solo trasuntan la mera discrepancia subjetiva de la impugnante con el criterio empleado por el tribunal de trabajo, en una técnica que -reiteradamente- ha sido tachada de inhábil para acreditar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al excepcional vicio del absurdo (causas L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017).
III.2.a. Idéntica suerte adversa ha de correr el cuestionamiento vinculado a la subsunción del hecho de autos en la hipótesis de responsabilidad objetiva prevista en el art. 1.113 anterior del Código Civil por juzgar verificada la hipótesis del riesgo de actividad.
En muchas ocasiones ha declarado este Tribunal que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes como la determinación de la concurrencia de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del referido art. 1.113 del mencionado Código de Vélez, constituyen facultades privativas de los jueces de mérito, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 119.468, "Gómez", sent. de 3-X-2018; L. 119.780, "Veliz", sent. de 10-IV-2019 y L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021).
III.2.b. En lo que tiene relevancia, el sentenciante juzgó que el día 9 de agosto de 2007, con motivo y en ocasión de su trabajo, cumpliendo funciones de policía de seguridad (tareas de investigación), el actor resultó herido de bala en un enfrentamiento con sospechosos. También tuvo por cierto que mediante resolución n° 1.480, de fecha 4 de julio de 2008, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires declaró imputables al servicio las graves lesiones sufridas por el señor T. (v. vered., pág. 2).
Seguidamente, expuso que admitía la teoría del riesgo de la actividad, en aquellos supuestos en que la actividad desarrollada por el trabajador entrañe, innegablemente, un peligro cierto y concreto para su integridad psicofísica, extremo que sostuvo verificado en autos (v. vered., pág. 4). Luego, concluyó que, de conformidad con las circunstancias en que se produjo el evento dañoso, este sucedió en el marco de la actividad propia y específica de la función policial.
III.2.c.i. Frente a tales argumentaciones, la accionada centra su crítica en denunciar la existencia de absurdo en la decisión que impugna, vicio que -según indica- la invalida como acto jurisdiccional.
Para ello, enfatiza que es menester acreditar que la actividad riesgosa que se le endilga al Estado provincial, guarda un nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados. Conforme su postura, las consecuencias del hecho ilícito debieron atribuirse fáctica y jurídicamente al delincuente en forma exclusiva, sin desplazar la responsabilidad de su verdadero autor. A ello añade, que es erróneo interpretar que el ejercicio regular del servicio de seguridad, sea el generador del riesgo que causó las lesiones al trabajador (v. rec., pág. 12.).
III.2.c.ii. De los antecedentes reseñados surge nítido que las alegaciones del impugnante lejos están de acreditar la configuración del mencionado vicio invalidante.
Al respecto, apunto que el interesado no pasa de exteriorizar una discrepante opinión personal en orden a la valoración de los hechos y las conclusiones arribadas por el tribunal de grado, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar la pretendida anomalía sentencial (causas L. 119.820, "Gabriel", sent. de 10-IV-2019; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.).
En otras palabras, no aporta el recurrente ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de opiniones que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 102.780, "Caime", sent.
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