Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128181
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 23 de septiembre de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, CCPC) debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.181, "Airala, Marcos Alberto contra Swiss Medical ART S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 3-VIII-2021).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 18-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por el señor Marcos Alberto Airala contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó el planteo de cosa juzgada administrativa esgrimido por la demandada en su responde.
Para así decidir, ponderó el expediente administrativo adjunto, del cual extrajo que el día 27 de septiembre de 2019 se emitió dictamen médico en el cual se estableció que el actor padece discopatías lumbares. También, que el día 11 de octubre de 2019 se determinó que no se había aportado fundamento científico que permitiera establecer una relación de causalidad entre la patología denunciada, el agente de riesgo invocado y la actividad laboral desarrollada, no quedando demostrado que la enfermedad padecida por el trabajador hubiera sido provocada por causa directa, inmediata y única de la actividad laboral realizada. Finalmente, que el día 5 de noviembre de 2019 se dispuso el archivo de las actuaciones.
Así, advirtió que, transitada totalmente la vía administrativa previa, el actor había optado -una vez obtenido el dictamen médico- por iniciar la demanda.
En apoyo de su decisión, rememoró que la ley 27.348 -en sus arts. 2 y 14- otorga la opción de recurrir ante la justicia ordinaria del fuero laboral contra lo resuelto por la comisión médica, sin señalar limitación alguna. Sostuvo que los arts. 2 inc. "b" párrafo tercero y 4 del anexo I de dicho cuerpo normativo otorgan el carácter de cosa juzgada -en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo- sólo a las resoluciones que no fueran objeto de recurso y de los actos de homologación administrativa fundada de los acuerdos a que arribaren las partes. Así, entendió que, en el presente caso, distinto de los señalados, no podía existir cosa juzgada en los términos de la norma mencionada.
Por último, hizo mención a lo normado por el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, vigente -según indicó- desde el día 27 de noviembre de 2018, que prevé la revisión de las resoluciones de las comisiones médicas jurisdiccionales -de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la ley 27.348- a través de una "acción laboral ordinaria", como consideró a la planteada en autos.
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 18-VIII-2021), en el que se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa.
En lo sustancial, afirma que la demanda interpuesta no es -tal como exige la normativa procesal- un recurso de revisión.
Plantea que el tribunal actuante rechazó la mentada excepción por entender que, mediante la deducción de una demanda ordinaria, el accionante procuraba el examen de lo actuado en sede administrativa. Indica que, si ese hubiera sido el objeto del libelo inicial, debió haberlo consignado expresamente y argumentado en consecuencia. Manifiesta que, por el contrario, allí no se expresó ningún agravio contra lo dictaminado por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Refiere que, al contestar la demanda, indicó que, frente a la denuncia recibida por el trabajador que diera origen al siniestro n° 21900008771, la aseguradora procedió a su rechazo en fecha 12 de abril de 2019, por no cumplir las patologías denunciadas con los criterios del decreto 49/14. Relata que tomó intervención la Comisión Médica n° 392 de Pilar, la cual se expidió sobre el siniestro reclamado en autos -en el marco del expediente n° 166.035/19-, ratificando el rechazo efectuado por su mandante.
Señala que -al peticionar la reparación sistémica prevista en la ley 27.348- la parte actora se encontraba habilitada para interponer un recurso directo ante el Tribunal de Alzada con competencia laboral, pero de ninguna manera era factible la promoción de una demanda judicial ordinaria que no procurara revisar lo actuado en sede administrativa ante la citada comisión médica interviniente. Ello -según adujo- más aún cuando en su escrito postulatorio solicitó la inconstitucionalidad de las normas y el procedimiento ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Reitera que -en el caso- no resultaba factible la interposición de una demanda ordinaria "estándar".
En ese entendimiento, plantea que causa agravio a su mandante que el órgano de mérito afirmara que el supuesto bajo estudio se enmarca en las previsiones de la señalada ley 15.057, cuando -a su juicio- ello no resultaba acertado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que toda vez que la impugnación se dirige a controvertir el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la cosa juzgada administrativa, la decisión recurrida resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021; L. 128.348, "Lescano", sent. de 27-II-2024; L. 128.309, "Pardal", sent. de 6-III-2024 y L. 128.121, "Salinas", sent. de 3-VI-2024).
III.2.a. Sentado lo anterior, cabe señalar que, a partir de la interpretación de las normas aplicables y de la evaluación del contenido de los escritos constitutivos del proceso, el tribunal de grado concluyó que el trabajador se encontraba habilitado para optar por la revisión de la resolución dictada por la comisión médica jurisdiccional a través de la herramienta procesal prevista en el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057 (art. 103, ley cit.). A partir de ello, consideró que -en la especie- no se configuraba la cosa juzgada administrativa, como había expresado la demandada en su defensa, atento la inexistencia de un acuerdo entre las partes debidamente homologado.
III.2.b. En estas condiciones, a mi modo de ver, el recurrente desatiende el desarrollo expresado por el juzgador de origen para habilitar la acción iniciada, sin denunciar ni justificar que hubiere mediado violación del art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, así como tampoco del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, normas estas que precisamente se invocaron en el pronunciamiento atacado para arribar a una solución contraria a la pretendida.
Al respecto, cabe recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini" y L. 126.591, "D'Onofrio", sents. de 27-III-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
Retomando la premisa expuesta, advierto que la impugnación se afinca -en lo sustancial- en el argumento de que la demanda no traduce el contenido de una revisión de lo actuado en sede administrativa, cuando -observo- el órgano de grado no formuló consideración alguna sobre el particular.
Desde esta perspectiva, la protesta no resulta idónea. No solo incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que es -asimismo- portadora de un desarrollo argumental que no guarda relación con las razones que constituyeron las motivaciones esenciales del fallo censurado, las que -en consecuencia- han de quedar incólumes.
III.3. Si bien lo expuesto abastece la respuesta al recurso examinado, me permito agregar -a mayor abundamiento- las consideraciones que formulara la doctora Kogan al emitir su voto -al que adherí- en la causa L. 121.939, "Marchetti", sentencia de 13-V-2020, a la hora de interpretar el evocado art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, en el que hizo referencia a la previsión de una revisión judicial plena y suficiente mediante la tramitación de un juicio ordinario posterior a la actuación administrativa previa (v. voto de la citada colega, puntos III.2.b.iv. y III.2.b.v.), cuya validez constitucional fue declarada -por mayoría- en dicho precedente.
IV. Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1., III.2.a. y III.2.b. de su sufragio, y con ello, a la solución que plasma en el apartado IV, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1., III.2.a. y III.2.b. de su sufragio, y con ello, a la solución volcada en el apartado IV, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 23 de septiembre de 2021 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, CCPC) debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2024 13:13:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/10/2024 11:59:25 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2024 18:24:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:42:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:32:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:08:24 hs. bajo el número RS-84-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia