Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128156
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.156, "Casco, Eduardo A. y otro. contra Zoológico de Florencio Varela S.A. y otros. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria , Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 3-XII-2020).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 23-XII-2020). El tribunal de grado concedió dicho remedio procesal y declaró inadmisibles los restantes medios de impugnación deducidos por Zoológico de Florencio Varela S.A y el señor Claudio Alejandro Quagliata (v. resolución de fecha 28-X-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor Eduardo Alberto Casco y la señora Marta Susana Lago promovieron contra Zoológico de Florencio Varela S.A., Claudio Alejandro Quagliata y Federación Patronal Seguros S.A., mediante la cual reclamaron -con sustento en las normas del derecho común- una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la muerte de su hija Melisa Noelia Casco. También condenó a la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada a abonarle -en un único pago- a los actores las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "c" y 15 inc. 2 de la ley 24.557.
Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto que el día 10 de abril de 2007, mientras prestaba servicios como cuidadora bajo dependencia de Zoológico de Florencio Varela S.A., Melisa Noelia Casco sufrió el ataque de un oso hormiguero que le provocó múltiples heridas "punzo-desgarrantes", generándole un shock hipovolémico y neurogénico que derivó finalmente en un paro cardiorrespiratorio.
Luego, en la sentencia, el juzgador estimó configurada la responsabilidad contractual objetiva de la empleadora. Ello, indicó, porque había quedado demostrado que al obligar a la trabajadora a prestar servicios en tareas riesgosas que la expusieron a ser dañada en su integridad psicofísica y que le provocaron la muerte, la demandada incumplió con el deber de seguridad implícitamente incorporado a todo contrato de trabajo y legalmente reconocido en el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, vulnerando el principio de indemnidad (art. 19, Cons. nac. y 39, inc. 3, Const. prov.).
También consideró verificados los presupuestos de responsabilidad civil extracontractual objetiva de Zoológico Florencio Varela S.A. en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), en tanto se había probado que el fallecimiento de la trabajadora se produjo como consecuencia de la actividad laboral riesgosa que se le había encomendado, ya que -explicó- por las condiciones en que se impuso su realización estaba expuesta de manera permanente a sufrir daños en su integridad física.
Para más, sostuvo que la empleadora también resultaba responsable en su carácter de dueña y guardiana del animal (oso hormiguero gigante) en los términos de los arts. 1.124, 1.126, 2.312 y 2.318 del anterior Código Civil.
Agregó el sentenciante que no se había logrado demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por el que el principal no debía responder, verificándose así el nexo adecuado de causalidad entre la mentada actividad laboral y la muerte de la trabajadora.
Respecto de Federación Patronal Seguros S.A., el juzgador rechazó las excepciones de falta de acción y falta de legitimación activa opuestas, para luego hallar verificada su responsabilidad civil extracontractual por haber omitido cumplir con los deberes de fiscalización, seguridad y prevención establecidos por los arts. 4 y 31 de la ley 24.557 y el decreto 170/96.
Refirió que el empleador asegurado no acreditó haber capacitado a Melisa Noelia Casco, ni entregarle elementos de protección personal (ropa adecuada, botas, handy o silbato), ni cumplir con las medidas de higiene y seguridad indispensables para minimizar el notorio riesgo que suponía trabajar con animales peligrosos, ni había establecido las medidas arquitectónicas y constructivas para que la tarea pudiese hacerse de manera segura, destinándola (pese a ello) a desempeñar una actividad sumamente riesgosa (cuidar animales salvajes). Asimismo, estimó que Federación Patronal Seguros S.A. no había probado tomar intervención alguna al respecto.
Tampoco, continuó el juzgador, la aseguradora acreditó que hubiera denunciado tales incumplimientos ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni que capacitara a la trabajadora en materia de seguridad e higiene, incumpliendo así con las obligaciones impuestas por los arts. 4 y 31 de la ley 24.557.
En efecto, adunó, aun dejando de lado las notorias deficiencias del escrito de responde (al no refutar ninguna de las imputaciones que le fueran formuladas en la demanda, ni ofrecer prueba para contrarrestarlas o acreditar el cumplimiento de sus deberes preventivos), con la pericia técnica se probó que Federación Patronal Seguros S.A. inobservó las obligaciones previstas en el art. 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo y en el decreto 170/96, en lo referente a los deberes de capacitación y entrega de elementos de protección personal, pues visitó una sola vez el establecimiento en mayo de 2006, sin advertir ni denunciar las graves falencias de seguridad que allí existían, ni mucho menos capacitó o exigió que capacitaran a la señora Casco para la riesgosa tarea a la que fue destinada.
Señaló el tribunal que esa conducta negligente era particularmente grave porque se acreditó que el establecimiento presentaba defectos constructivos que no garantizaban la seguridad, que el empleador incumplía en forma sistemática con sus obligaciones en la materia (haciendo trabajar a los cuidadores de a uno, sin handys ni ropa adecuada, etc.) y, sobre todo, porque el oso hormiguero gigante que mató a la dependiente ya había demostrado un comportamiento agresivo en tres ocasiones previas, con distintas trabajadoras, riesgo notorio que -explicó- pudo y debió haber sido advertido por la aseguradora en caso de que hubiera cumplido en forma adecuada con sus deberes de prevención y fiscalización.
Por ello, concluyó que Federación Patronal Seguros S.A. no cumplió con los deberes de prevención, control y vigilancia impuestos por la ley 24.557 y su reglamentación, inobservancia que juzgó causalmente conectada con el infortunio.
Luego, estimó que como el empleador no adoptó las medidas preventivas y la aseguradora -codeudora del deber de seguridad-, violando sus obligaciones, se mantuvo silente y pasiva ante ese incumplimiento, la imputación causal del daño a su antijurídica conducta omisiva devenía inexorable.
En suma, señaló que la aseguradora actuó con una displicencia y negligencia mayúsculas, limitándose a gozar de los derechos que le reportaba el contrato de afiliación (cobro de la prima), más sin cumplir con los correlativos deberes impuestos por el mismo y por la normativa de imperativa aplicación (arts. 1, 4 y 31, ley 24.557; 17 y sigs., decreto 170/96), todo lo cual contribuyó a causar el trágico suceso.
En relación con el codemandado Claudio Alejandro Quagliata (presidente de la sociedad empleadora), sostuvo el tribunal de grado que incumplió en forma culpable con sus deberes como máxima autoridad del zoológico, y que dicha conducta guarda adecuado nexo causal con el accidente fatal que sufrió la hija de los accionantes.
Expuso que en el veredicto se había probado que este último fue quien indicó la contratación de la señora Casco para que trabajase como guía educativa, pese a lo cual, y sin brindarle una capacitación acorde, la destinó a cumplir funciones de cuidadora. También, que otros trabajadores de la empresa denunciaron ante el presidente de la sociedad (con anterioridad al accidente mortal) las notorias deficiencias en materia de seguridad que existían en el establecimiento y que aquel minimizaba la situación y les hacía promesas que nunca cumplió, lo que demuestra que estaba en perfecto conocimiento de las carencias existentes.
Siendo ello así, el tribunal de trabajo entendió indudable que su comportamiento negligente (demostrativo de la culpa grave regulada en el art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales) se encontraba causalmente vinculado a la muerte de la trabajadora, pues si como máxima autoridad de la sociedad empleadora hubiere impulsado la adopción de las medidas necesarias para que esta cumpliera con los deberes de seguridad, el fatal accidente se habría podido evitar (arts. 902 y sigs. y 1.109, Cód. Civ. -ley 340- y 59 y 274, LSC).
Por otra parte, el órgano de grado declaró la inconstitucionalidad de los arts. 39 inc. 1 y 49 -cláusula adicional primera- de la ley 24.557 y condenó solidariamente a Zoológico de Florencio Varela S.A., Claudio Alejandro Quagliata y Federación Patronal Seguros S.A. a pagar a los actores la suma que determinó en concepto de reparación integral (comprensiva de los siguientes rubros: daño material, por incapacidad psicológica de Eduardo Alberto Casco y daño moral).
Asimismo, dispuso que Federación Patronal Seguros S.A. abone a los actores las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "c" y 15 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Finamente, declaró procedente la acción promovida con sustento en el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y la indemnización por vacaciones no gozadas del año 2007.
Luego, aplicó intereses moratorios sobre los capitales de condena del siguiente modo: desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la de la sentencia, a una tasa pura del 6 % anual, en tanto los montos de las indemnizaciones reconocidas habían sido determinados a valores actuales; en cambio, desde la fecha de la sentencia (momento en el cual el importe de los créditos en ella declarados deja de estar fijado a valores actuales) y hasta el efectivo pago, las aludidas sumas (capital + intereses al 6%) debían ser capitalizadas (conf. art. 770, Cód. Civ. y Com.) y estas devengar intereses con arreglo a las siguientes tasas: por un lado, la correspondiente a la indemnización sistémica de la Ley de Riesgos del Trabajo, al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (arts. 12 inc. 3, ley 24.557 y 7 y 768, Cód. Civil y Com.); por otro, la relativa al saldo de la reparación integral y los rubros derivados de la extinción del contrato de trabajo, a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo por treinta días (arts. 7 y 768, Cód. Civ. y Com.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la codemandada Federación Patronal Seguros S.A. con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 3, 901, 902, 1.067, 1.068, 1.069, 1.074, 1.078, 1.083, 1.084, 1.085, 1.109 y 1.113 y 1.131 del Código Civil (ley 340); 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según art. 4 de la ley 25.561); 54 de la ley 24.241; 11.4., 12 y 15 de la ley 24.557; 34 inc.4 y 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, cuestiona la procedencia de la pretensión indemnizatoria sustentada en las disposiciones del derecho civil.
Refiere que, de las constancias obrantes en la causa penal agregada por cuerda, surge configurada en el caso la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima prevista en el segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Indica que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Quilmes, al brindar tratamiento al recurso de apelación deducido contra el fallo condenatorio dictado por el juzgado correccional, arribó a la contundente definición de que había sido la propia víctima la que se expuso a los peligros en forma indebida; como así también, que aun habiendo contado con los elementos de protección personal, ante la puesta en peligro en forma voluntaria de la trabajadora, el resultado se hubiera producido igualmente.
Señala que la empleadora codemandada en todo momento aludió a la causa penal y a la prueba allí incorporada para demostrar el exceso de confianza puesto de manifiesto por la señora Casco en la producción del accidente que le costara la vida, por lo que -en el caso- resultó innecesaria la declaración de los testigos en la audiencia de vista de la causa. Señala que por imperio del art. 1.103 del anterior Código Civil, no podía volverse sobre la decisión emitida en sede penal, ya que gozaba de autoridad de cosa juzgada.
II.2. Luego, objeta que el tribunal de trabajo cuantificara el importe de las prestaciones dinerarias reconocidas a los accionantes por conducto de utilizar un valor mensual del ingreso base actualizado.
En ese sentido, refiere vulnerado el principio de congruencia, toda vez que tal modo de calcular el resarcimiento no había sido peticionado por los promotores del pleito, introduciendo el sentenciante en forma sorpresiva una cuestión que las partes habían dejado fuera de debate.
Manifiesta que la ley 23.928, que impide en sus arts. 7 y 10 indexar créditos, define la suerte final de la decisión impugnada.
Agrega que la incorrección del sentenciante se exhibe aún más nítida si se tiene en cuenta que aplicó al caso una normativa que no se encontraba vigente al momento del infortunio, apartándose de la doctrina legal que sobre la materia tiene establecida la Suprema Corte.
Sostiene que el fallo que recurre conspira contra el balance comercial de la actividad de Federación Patronal Seguros S.A., afectando la ecuación económica financiera del contrato de afiliación.
II.3. Por otra parte, controvierte el método utilizado para calcular la prestación dineraria adicional contemplada en el art. 11 inc. 4 apartado "c" de la ley 24.557.
Puntualiza que el tribunal de trabajo actualizó dicha prestación aplicando retroactivamente una normativa no vigente al momento del accidente.
En ese orden, aduce que la resolución 70/20 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tan solo se refiere a la mejora semestral impuesta por el art. 17 inc. 6 de la ley 26.773, por lo que la decisión del órgano sentenciante de aplicar sus disposiciones al caso transgrede la doctrina legal de la Suprema Corte emanada -entre otras- de las causas L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008; L. 94.456, "Vecchi", sentencia de 2-VII-2010 y L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Espósito", sentenciada el 7 de junio de 2016.
II.4. Impugna, además, la fecha a partir de la cual el juzgador comenzó a computar los intereses moratorios sobre el capital de condena,
Aduce que de conformidad a lo establecido por el art. 54 de la ley 24.241, los herederos del causante deben ser declarados judicialmente para poder ser acreedores a la indemnización correspondiente. De allí que, continúa, en el específico supuesto de autos, tal carácter fue acreditado recién al dictarse el pronunciamiento de grado, es decir, el día 24 de septiembre de 2019, por lo que los accionantes no pudieron válidamente reclamar la exigibilidad del crédito en una fecha previa.
En tales condiciones, peticiona que de no prosperar el resto de los agravios planteados se reduzca -al menos- el marco temporal de exigibilidad del crédito.
II.5. Seguidamente, se agravia de la indemnización por daños y perjuicios reconocida en el fallo.
Invoca que no se logró acreditar en autos que la señora Casco aportara regularmente su salario para solventar la economía familiar ni, en consecuencia, el daño material provocado.
Señala que tampoco surge demostrado que la víctima asistiera económicamente a sus padres, o que viviera con ellos, ni que su trabajo fuera la única fuente de ingresos para el hogar.
Agrega que el cálculo efectuado en la demanda difiere sustancialmente del que llevara a cabo el tribunal de grado en el pronunciamiento, resultando el importe fijado por dicho órgano jurisdiccional exorbitante e irrazonable.
II.6. Extiende estas últimas consideraciones para sustentar el agravio sobre el monto determinado en la sentencia de grado en concepto de daño moral. Consigna que el juzgador cuantificó dicho rubro por encima de la estimación efectuada en la demanda.
II.7. Controvierte la condena vinculada al daño psicológico padecido por el señor Eduardo Alberto Casco.
Manifiesta que no resulta ajustada la mecánica empleada para determinar su valor indemnizatorio, ya que para el progreso de un resarcimiento en los términos del régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo es necesario que exista una relación laboral activa. De allí que, explica, si bien el tribunal juzgó que el señor Casco era empleado, ninguna prueba se aportó a la causa para sustentar tal afirmación, no habiendo tampoco quedado acreditado que Melisa Noelia Casco aportara al hogar paterno.
En tales condiciones, argumenta que, ante la imposibilidad de demostrar la existencia de una relación laboral, el daño psicológico -que en los dichos del tribunal disminuyó la aptitud obrera del señor Casco- no reviste el carácter de tal, ni puede considerarse que ha generado un menoscabo en su capacidad de trabajo.
A todo evento, sostiene que el daño psicológico se ve subsumido en el daño moral, sin que se haya acreditado en autos la independencia de dicho rubro resarcitorio.
Refiere además que el sentenciante determinó como fecha de la primera manifestación invalidante la del accidente de trabajo sufrido por la señora Casco (14-IV-2007), aplicando el incremento del 20% estipulado en el art. 3 de la ley 26.773 sobre el capital determinado, lo que violenta el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el anterior Código Civil.
II.8. Finalmente, y para el supuesto de que los agravios planteados no tengan favorable recepción, peticiona se analice la posible configuración en la especie de una concurrencia de responsabilidad. Ello así, habida cuenta que el tribunal de trabajo arribó a una conclusión en cuanto a la conducta imputable a la trabajadora fallecida diametralmente opuesta a la establecida en sede penal.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En lo que respecta al primer agravio, y tal como se desprende del relato de los antecedentes, el tribunal de grado consideró acreditado que la muerte de Melisa Noelia Casco se produjo como consecuencia de la actividad laboral riesgosa que se le había encomendado, como así también por estar en contacto con cosas riesgosas de propiedad y guarda de la empleadora, verificándose así el nexo adecuado de causalidad entre la mentada actividad laboral y el accidente que sufrió la trabajadora.
En lo relevante, también ponderó que la aseguradora de riesgos del trabajo había incurrido en graves incumplimientos de las obligaciones de prevención, control y vigilancia que la ley 24.557 y su reglamentación pone a su cargo, reputando que ello resultó causa eficiente para la producción del daño.
Para así decidir, valoró que Federación Patronal Seguros S.A. no probó haber tomado intervención alguna respecto de las múltiples faltas cometidas por el empleador asegurado, concernientes a la ausencia de brindar capacitación a la trabajadora, entrega de los elementos de protección personal adecuados (ropa, botas, handy o silbato),
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.