Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131107
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.107, "V., W. E. contra SISEG S.R.L. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 29-VI-2023).
Se interpuso, por la accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-VII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la acción promovida por W. E. V. contra SISEG S.R.L., en cuanto reclamaba que se declare la invalidez de la decisión patronal del día 13 de julio de 2022 que le negó la asignación de tareas y que se ordene su reincorporación en el puesto de trabajo que detentaba (v. sent. de fecha 29-VI-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora ingresó a trabajar para la demandada el día 28 de septiembre de 2017, cumpliendo tareas como "vigiladora general" del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07, bajo la modalidad de ocho horas diarias, durante seis días a la semana, en turno matutino o vespertino, según los requerimientos del servicio. En cambio, estimó que no fue probado el lugar -o los lugares- en que la accionante prestaba su débito, atento no haberse producido prueba alguna al respecto ni mencionado nada en los escritos constitutivos de la litis (v. vered., primera cuestión, págs. 1/2).
Consideró -con apoyo en los escritos postulatorios, en los recibos de haberes y en el intercambio telegráfico adunado-, que no fue objeto de controversia que la señora V. comenzó a hacer uso de licencia por enfermedad inculpable el día 25 de febrero de 2022 (conf. art. 208, LCT), bajo el diagnóstico de "cuadro de ansiedad generalizada", ingresando en el periodo de reserva del puesto el 17 de mayo del mismo año (v. vered., segunda cuestión, pág. 4).
Agregó, además, que las partes fueron contestes en que la situación de enfermedad inculpable y transitoria se acreditó mediante los certificados médicos reconocidos -obrantes a fs. 12/22- prolongándose la licencia hasta el día 7 de julio de 2022, fecha en la que la médica tratante de la demandante indicó "...alta laboral con indicaciones de horario diurno y no lejano a su domicilio, que la paciente presenta crisis de ansiedad al deambular hacia lugares lejanos en auto por lo que debe tomar rescates de clonazepam, que podrían desestabilizar su cuadro...", solicitando en consecuencia la accionante ser reincorporada a su lugar de trabajo (v. vered., segunda cuestión, págs. 4/5).
Con sustento en ello, el sentenciante concluyó que la trabajadora estaba imposibilitada para realizar tareas de vigilancia.
Entendió, asimismo, que el ejercicio por parte del empleador de la facultad prevista en el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, tampoco hubiera arrojado luz "...sobre un escenario que ya estaba claro, este es: que la actora atento los términos del certificado médico, no le resultaba posible la prestación del servicio de seguridad privada, y menos aún, reitero, con los condicionamientos mencionados..." (vered., segunda cuestión, pág. 6).
En consecuencia, concluyó en que la accionante no se encontraba apta para regresar a su trabajo a la fecha de expedición del mencionado certificado médico, al no contar con alta médica plena para desempeñar la actividad de vigiladora a la que pretendía ser reinstalada (v. vered., segunda cuestión, pág. cit.).
Finalmente, en base a los hechos analizados, tuvo por no acreditada la violencia o trato discriminatorio contra la actora, conforme lo denunciado en la demanda.
Refirió al respecto, que nada hacía presumir -ni siquiera indiciariamente-, que la negativa a reincorporar a la señora V., implicara el ejercicio, por parte de la accionada, de algún tipo de violencia de género con relación a la demandante, toda vez que aquella justificó tal decisión, y ningún otro elemento conducía a pensar que hubiera actuado de un modo distinto si se hubiese tratado de un trabajador varón (v. vered., tercera cuestión, págs. 6/8).
Ya en la sentencia, en lo sustancial, el órgano actuante sostuvo que la actora obtuvo un alta laboral con condicionamientos que resultaban incompatibles para volver a desarrollar las tareas que cumplía al momento de aparecer la patología.
Consideró que el objeto perseguido con la presente acción, no era el normado por el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que este último contempla la disminución definitiva de la capacidad laborativa del trabajador y, en el presente caso, la legitimada activa, portadora de una incapacidad temporaria reconocida, solicitaba ser reinstalada en las mismas tareas que venía efectuando con anterioridad a su licencia por enfermedad inculpable.
En tal sentido, agregó que, si el cuadro transitorio por el que atravesaba la actora la colocaba en una situación de inestabilidad, al grado que dirigirse al lugar de trabajo pudiera descompensarla, no resultaba factible exigir a la demandada que la reinstalara en un puesto en el cual, mínimamente, debería deambular, con riesgo de sufrir una crisis. En estas condiciones, valoró la certificación acompañada como contradictoria y poco convincente del estado de salud de la accionante, "...pues llamativamente la médica tratante consigna alta laboral y no alta médica..." (sent., pág. 4).
Luego, destacó, que del art. 211 del citado plexo legal surge que el trabajador debe estar en condiciones clínicas de volver a su trabajo, lo que puede darse en dos situaciones: por un lado, en el caso de que estuviera totalmente recuperado de su enfermedad y en plenitud de capacidades físicas y mentales; o bien, por otro, cuando resultare una disminución definitiva de su capacidad laboral y, en consecuencia, no estuviere en condiciones de cumplir las mismas tareas que desarrollaba con anterioridad.
En esta línea, entendió que, no habiéndose determinado que la actora padeciera una incapacidad parcial y permanente, era carga de la interesada acreditar -con el adecuado respaldo de certificaciones fundadas, emitidas por un profesional de la medicina- que, pese a subsistir la situación de incapacidad temporaria, estaba en condiciones de reincorporarse para realizar las tareas pretendidas.
Citó, en apoyo de lo resuelto, un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Bajo esos lindes, rechazó la demanda en todos sus términos.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 9, 10, 62, 63, 74, 78, 103, 210, 211 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 2, 3, 1.710, 1.711 y 1.713 del Código Civil y Comercial; 4, 5 inc. "d", 6 inc. "c" y 16 de la ley 26.485; 34, 163, 375, 385 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 y 63 de la ley 11.653;de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 111 y 190; de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); de la Convención de Belém Do Pará y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 26-VII-2023).
II.1. Objeta por absurda la valoración efectuada por el órgano de grado del contenido de la prescripción médica aportada por la trabajadora.
Refiere que las afirmaciones que formula el sentenciante se apartan indebidamente del certificado médico emanado de una profesional de la salud, sin aportar argumentos de índole científica -tales como un dictamen pericial en la materia- para descalificar las conclusiones arribadas por la psiquiatra de la accionante.
Sostiene que del alta laboral consignada no surge nota de transitoriedad alguna en la evolución de la patología, sino una "indicación de cierta disminución de la capacidad laborativa" (rec., pág. 4).
Alega que el juzgador de origen, al concluir -con la indicación médica aportada- que la actora se encontraba inhabilitada para la prestación de tareas relativas al servicio de vigilancia que cumplía, no advierte las siete categorías profesionales previstas por el CCT 507/07, con distinto contenido prestacional, que pudo desplegar la demandante, sin que el accionado haya producido prueba sobre la imposibilidad de readecuar la modalidad del débito personal de aquella.
Con relación a ello, indica que debe analizarse la situación a la luz de lo normado en el primer párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -según sostiene- vigente el periodo de conservación del puesto, "...basta que el trabajador imponga con debido aval médico que puede laborar, aun en condiciones distintas a las que revistó en tiempo anterior a la enfermedad, para conferirle exigibilidad a la obligación de reincorporarlo..." (rec., pág. cit.).
Cita en apoyo a su postura la doctrina legal emanada de las causas L. 40.016, "Santarsiero", sentencia de 7-II-1989 y L. 43.410, "Benavidez", sentencia de 15-V-1990.
II.2. Insiste en que, si la accionada pretendía enervar la entidad científica del certificado médico, debió ejercer la facultad de contralor prevista en el art. 210 de la referida Ley de Contrato de Trabajo o, eventualmente, producir prueba pericial médica.
II.3. Denuncia entonces que el fallo viola las reglas de la carga probatoria, por cuanto era el accionado quien debía invocar y probar que la incapacidad de la actora no había adquirido carácter definitivo para legitimar su negativa a otorgar tareas.
II.4. Finalmente, señala que el pronunciamiento desatiende la obligación de resolver la controversia mediante "el diálogo de fuentes y perspectiva de género" (rec., pág. 6 y sigs.).
Indica que el sentenciante omitió analizar el contexto en el que se deduce la acción, sin apreciar que se trata de una mujer con una afectación parcial de su capacidad laborativa a la que se le niega, sin motivación, su readmisión al empleo.
Agrega que dicha circunstancia le causa a la accionante un daño patrimonial al verse privada de percibir su salario por indebida prolongación del período de reserva de puesto, lo que constituye una infracción a lo dispuesto por el art. 1 inc. "a" del Convenio de la OIT 190, que considera que la violencia, también puede ser económica en el mundo laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, es dable recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y -por ende- no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.); único supuesto en que esta Suprema Corte puede conocer y, eventualmente, revisar tales conclusiones fáctico-probatorias del fallo.
Sabido es, también, que al recurrente no le basta con denunciar dicho vicio invalidante y exponer de manera paralela la propia versión de los hechos y su interpretación. Es necesario que demuestre contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son, por caso, producto de una apreciación absurda de las circunstancias fácticas y pruebas arrimadas al proceso (causas L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020; L. 123.542, "Atalaya S.A.", sent. de 15-VI-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.1.a. Con arreglo a tales pautas, las alegaciones que porta el recurso en análisis, dirigidas -en lo esencial- a controvertir la valoración que efectuó el tribunal de grado del certificado médico arrimado a la causa, no llegan a conmover lo resuelto en la instancia de origen.
De un lado, los argumentos que expone la compareciente transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que -según su criterio- debió ponderarse por el juzgador de grado el contenido del referido documento, sin ocuparse -primeramente- de rebatir de modo idóneo el razonamiento trazado en el fallo objetado, afincado en que los condicionamientos impuestos en el alta que obtuvo la actora no resultan compatibles con las tareas que cumplía en su lugar de trabajo. Conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal, tal técnica carece de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo invocado (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
Del otro, la agraviada pretende ahora rediseñar y renovar el enfoque de su planteo, a través de la introducción de alegaciones -tales como la aplicación al caso de la hipótesis consagrada en el primer párrafo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo o la posibilidad de la accionante de ser reincorporada en alguna de las siete categorías previstas en el CCT 507/07- que son fruto de una reflexión tardía.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022 y L. 123.683, "Verón", sent. de 12-X-2023; e.o).
Para más, no fue objeto de embate la conclusión del tribunal actuante que señaló que, conforme surge del art. 211 de la citada ley de fondo, el trabajador debe estar en condiciones clínicas de volver a su trabajo, ya sea por encontrarse recuperado de su enfermedad y en plenitud de sus capacidades físicas y mentales o por poseer una disminución definitiva de su capacidad laboral, supuestos que -según estimó- no fueron demostrados por la actora.
III.1.b. Cabe agregar, para mayor satisfacción de la recurrente, que la doctrina legal que cita en esta parcela de su réplica ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los del caso bajo análisis (causas L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010; L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013; L. 118.268, "Peralta", sent. de 5-XII-2018; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
En efecto, en el precedente L. 40.016, "Santarsiero" (sent. de 7-II-1989), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal, radicó en la evaluación de la legitimidad de la injuria y despido en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en razón del silencio de la accionada frente a la intimación de la trabajadora que solicitaba se le otorguen tareas conforme a su aptitud física; mientras que en la citada causa L. 43.410, "Benavidez" (sent. de 15-V-1990), habiendo cumplido la empleadora demandada con la obligación de adjudicar al actor tareas acorde a su incapacidad (conf. primer párrafo del art. 212 de la mencionada ley), el embate se centró en el derecho del trabajador a no ver disminuida su remuneración frente a tal situación.
Por lo demás, no es ocioso memorar que no participan de la naturaleza de doctrina legal, la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte nacional (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019; L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2022 y L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023), como las que se transcriben a lo largo del escrito impugnativo.
III.1.c. En otro orden, la crítica que formula la interesada en torno al ejercicio de la facultad de contralor prevista en el art. 210 de la referida Ley de Contrato de Trabajo, también deviene infructuosa.
En este punto, la impugnante no se ocupa de rebatir -como es menester- las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y considerar que dicha prerrogativa del empleador, en el caso, no hubiera modificado el claro escenario brindado con el contenido del certificado médico presentado.
En línea con el conocido criterio de esta Corte, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; e.o.), tal y como sucede en el caso.
III.1.d. No mejora la suerte del recurso la denunciada transgresión de las reglas de la carga de la prueba.
El tribunal de origen afirmó -luego de calificar a la certificación médica presentada como contradictoria y poco convincente del estado de salud de la accionante-, que pesaba sobre la trabajadora la acreditación de que "pese a subsistir la situación de incapacidad temporaria" estaba en condiciones de reincorporarse a realizar las tareas pretendidas, lo que -según indicó- debió cumplir con el adecuado respaldo de certificados fundados emitidos por profesionales de la medicina (v. sent., pág. 5).
En el contexto descripto, no se advierte -como afirma la recurrente- que el órgano de grado haya impuesto a la accionante la carga de acreditar el carácter definitivo de la incapacidad que porta.
De allí que, no se verifica en el caso la evocada infracción del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no queda en evidencia que se haya impuesto a una de las partes la obligación de probar hechos cuya acreditación incumbía a la otra (causas L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; L. 104.303, "White", sent. de 29-II-2012; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 125.069, "Silva", sent. de 30-VIII-2021).
III.2. Tampoco ha de prosperar el agravio con arreglo al cual se impugna la falta de análisis contextual de los hechos y pruebas rendidas en autos y su apreciación a la luz de la normativa internacional destinada a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.
III.2.a. Esta Suprema Corte tiene dicho que juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causas P. 125.687, "V., R. E.", sent. de 23-X-2019; P. 133.669, "Merola", sent. de 5-VII-2021; P. 135.101, "Saracho", sent. de 9-V-2023; e.o.).
Es dable, a su vez, destacar el papel fundamental de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales, pues este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación y es de aplicación obligatoria para los jueces, por ser transversal a todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485; causas C. 124.589, "M. L. F.", sent. de 21-III-2022; C. 124.238, "I. M. A.", sent. de 4-VIII-2023 y C. 124.278, "B., E. S.", sent. de 22-II-2024).
Refuerza esta necesaria perspectiva, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190 que fue ratificado por nuestro país mediante la ley 27.580 -y se encuentra vigente desde
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.