Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.660, "Gutiérrez, Silvia Adela contra I.O.M.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 28-II-2023).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-III-2023), el que luego de denegado en la instancia de grado, fue admitido por esta Corte mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2023 al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de fecha 8-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo, en el marco -según dijo- de la "acción de amparo sindical" deducida por Silvia Adela Gutiérrez reclamando su reinstalación en el empleo y el pago de salarios caídos, hizo lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que, hasta el dictado de la sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión, reincorpore a la actora en las labores que venía desarrollando (v. pronunciamiento de fecha 28-II-2023).
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos propios de la medida solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arts. 195 y 230, CPCC).
En cuanto al primer recaudo, a tenor de las posiciones de las partes y la prueba documental acompañada con el escrito de demanda y con la presentación electrónica del día 18 de junio de 2021, consideró acreditado que las partes mantuvieron un vínculo laboral y que la actora le había comunicado al IOMA su elección e inicio de mandato hasta el 7 de marzo de 2024 como vocal titular del Consejo Directivo Provincial del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA).
Luego, considerando que este último se trata de una asociación sindical simplemente inscripta, a la luz de la jurisprudencia que citó, descalificó por inconstitucional lo previsto en el art. 52 de la ley 23.551, en tanto dispone que los derechos emanados por tal disposición lo sean en forma exclusiva para representantes de los sindicatos con personería gremial. Juzgó que, en el caso, tal protección alcanzaba entonces a la accionante.
En ese marco, dijo que la empleadora, para modificar la situación laboral de la actora -en el caso, no renovar el contrato de locación de servicios- debió haber iniciado el proceso de desafuero o de exclusión de tutela sindical a los efectos de obtener una resolución judicial previa que la excluya de la garantía, conforme lo dispuesto en los arts. 47 y 52 -primera parte- de la ley citada. Concluyó que dicha omisión resultaba suficiente para hacer lugar a la medida cautelar.
Ya en lo tocante al peligro en la demora, sostuvo el órgano de grado que aparecía ostensible, ello, por el carácter alimentario del salario y el daño que genera su falta de percepción mientras tramita la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva.
II.1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 804 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2 y 4 del decreto 329/20; 2, 4 y 6 del decreto 39/21; 47 a 52 de la ley 23.551; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 195, 230, 232 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 111 inc. "c"; 115, 116 y 117 de la ley 10.430; 44 inc. "d" de la ley 11.653; resolución provincial 174/20 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 15-III-2023).
II.2. Destaca que no alcanza la sola verosimilitud del derecho de la requirente para el otorgamiento de la medida, sino que debe poner de manifiesto la fuerte probabilidad de que su pretensión sea jurídicamente aceptable. En relación con ello, señala que la protección requerida en la demanda solo rige cuando el trabajador, amparado por los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551, haya sido efectivamente "despedido" violándose las garantías legales (v. rec., pág. 8).
Explica que en el sub examine la accionante afirmó tener una relación de empleo "estable" con el IOMA y haber sido arbitrariamente "despedida", mientras que la demandada alegó y probó que la extinción de la relación se produjo por la caída de la manda judicial que en su momento fuese ordenada en las actuaciones que indica iniciadas ante el fuero contencioso administrativo local, en decisión que fuese ratificada por esta Corte; agrega, que además la accionada no tenía voluntad de suscribir un nuevo contrato en los términos del art. 111 inc. "c" de la ley 10.430 (v. rec., págs. 8 y 9).
Afirma entonces que la naturaleza del agotado vínculo de empleo público que unió a las partes fue definida con la inmutabilidad de la cosa juzgada que emana de la sentencia firme de esta Suprema Corte, en la que se sostuvo -entre otras consideraciones- que el acto de designación es el que determina el tipo de relación, que el vínculo se rige por los arts. 115, 116 y 117 de la ley 10.430 y que la regulación provincial reseñada trasunta indefectiblemente la noción de transitoriedad.
Señala que, si la accionante no ha gozado de estabilidad, se revela que el IOMA no se encontraba obligado a dictar un nuevo acto de designación y que pudo prescindir de los servicios con una simple abstención al no encontrarse sujeto judicialmente a mantener el vínculo de empleo.
Aclara que el IOMA fue anoticiado el día 11 de diciembre de 2020 de la caída definitiva de la manda judicial que sostuvo a la actora en planta permanente durante casi una década, transformándose por ende en una falacia alegar -según dice: como lo hizo el juzgador- que tomó alguna medida "casi un año y siete meses después que quedare firme su revocación" (v. rec., pág. 12). Indica que esa aislada manifestación, a la vez que prescinde del hecho notorio que el Instituto demandado no participó en forma directa del litigio de marras, constituye el intento por otorgar al vínculo una modalidad distinta a la establecida en la ley 10.430.
Sostiene que resulta también inadmisible la exigencia de que tuviera que iniciarse un sumario administrativo para prescindir de los servicios de la actora, ya que no gozaba de estabilidad ni mantenía relación de empleo.
A la par, expresa que, si la demandante no tenía un vínculo vigente, mal podía ser incorporada por una decisión judicial sin infringir la zona de reserva de la Administración en la designación de sus funcionarios y en la ejecución del presupuesto; aun cuando invoque una improcedente tutela sindical, ya que esta no tiene el efecto de generar una relación de empleo público inexistente.
Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que del pronunciamiento no puede constatarse la identificación de ningún elemento del que surja la debida notificación del carácter de representante sindical o de postulación de la actora para el mandato vigente. En su opinión, tampoco se acreditó la certificación de autoridades de la asociación sindical por parte de la autoridad de aplicación.
En cuanto al requisito de peligro en la demora, argumenta que resulta de toda obviedad que la señora Gutiérrez no percibe (ni debería percibir) salario ni cobertura médica del IOMA porque -reitera- no tiene una relación de empleo con la accionada, siendo las consecuencias alegadas en la demanda las que se derivan para cualquier persona que en alguna oportunidad se vinculó con otra para prestar servicios a través de un contrato de locación.
Finalmente, destaca que es claro que la ley 23.551 no modifica las leyes que regulan el empleo público en las provincias, cuyas herramientas no pueden utilizarse irregularmente para hacer renacer relaciones que se encuentran extinguidas o crear nuevas.
Recalca que si la accionante se postuló y accedió a ocupar algún estatus sindical (circunstancia -precisa- que no ha probado), sabía que su mandato no podría prolongarse por un tiempo mayor al que duraba su contrato.
III. El recurso no prospera.
III.1. Es sabido que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, que la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
III.2. Sin dejar de señalar que el caso bajo examen presenta ciertas aristas similares a las del precedente L. 128.438, "Silveira" (sent. de 3-VI-2024) -en el que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Soria-, bajo la directriz expuesta, la crítica ensayada contra la conclusión del tribunal de trabajo con arreglo a la cual consideró configurado en la especie el requisito de la verosimilitud del derecho, no prospera.
III.2.a. Es que el argumento brindado por el órgano jurisdiccional de grado en torno al estatus sindical de la actora al momento de la desvinculación abastece por sí solo la definición alcanzada en el pronunciamiento en crisis, sin que corresponda ingresar en otros razonamientos.
Y al respecto, lo dicho por el impugnante de la mano del absurdo, relativo a la falta de acreditación de la debida notificación del carácter de representante sindical o de la postulación de la actora para el mandato vigente, o incluso, de aquella certificación a la que alude, no es idóneo para acreditar tan extremo vicio valorativo. El recurrente se aparta de la línea reflexiva seguida por los señores jueces de grado sobre la base de su valoración de las constancias obrantes en la causa según su mero parecer discrepante, método que con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal ha sido reiteradamente considerado infructuoso (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Más allá que la solución adoptada por el tribunal de grado pueda resultar opinable, discutible, o pasible de otras interpretaciones, ello no alcanza para patentizar el vicio invocado, pues no cualquier equívoco lo representa, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Y no es un dato a soslayar que ni aun en subsidio de sus cardinales manifestaciones ha objetado el interesado lo señalado por el sentenciante al precisar que con la documental adunada a la demanda y la adjunta al escrito electrónico del 18 de junio de 2021 se encuentra prima facie acreditada la previa notificación al IOMA de la elección como dirigente sindical de la accionante con mandato hasta el 7 de marzo del 2024, motivación esencial del fallo que refuerza la inhabilidad del recurso (causas L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020; L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA", sent. de 8-II-2021 y L. 127.416, "Seillant", sent. de 7-IX-2023).
III.2.b. Entonces, en razón de la insuficiencia de la impugnación, debiendo permanecer firme la conclusión de grado que tuvo por acreditada la calidad de representante sindical de la señora Gutiérrez al momento de la finalización del vínculo de trabajo, como asimismo la notificación de dicho carácter a la empleadora, la decisión, en lo tocante a la verosimilitud en el derecho ha de mantenerse incólume, pues -como se anticipó- esa línea argumental autónoma se muestra conducente para corroborar el recaudo procesal exigido.
III.3. Tampoco ha de tener éxito el cuestionamiento enlazado a la definición alcanzada por el judicante tocante al peligro en la demora.
En este aspecto el recurso nuevamente se exhibe insuficiente, pues a partir de su propia visión del asunto, no se encarga el compareciente de rebatir directa y eficazmente los motivos brindados por el juzgador para verificar el requisito referido, fundamentalmente, centrados en el daño que generaría la falta de percepción del salario en caso de tener que esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Una muestra más de la apuntada inhabilidad del agravio radica en aquella referencia que hace el quejoso a que en el fallo de grado se habría remitido al decreto de necesidad y urgencia 329/20 -asegura- inaplicable al caso (v. rec., pág. 17), cuando ese relato se encuentra completamente desconectado del texto del pronunciamiento impugnado.
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 124.375, "Urien", sent. de 20-VIII-2024; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, sustancialmente análogo al que hube de emitir en oportunidad de brindar mi opinión en la causa L. 128.438, "Silveira" (sent. de 3-VI-2024) de aristas similares al sub examine .
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2024 14:03:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:21:57 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2024 15:50:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:29:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:56:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:09:54 hs. bajo el número RS-104-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia