Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130562
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4.b. de la presente. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen a los fines indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.562, "Forte, Roberto Raúl contra Banco Santander S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, rechazó la demanda promovida e impuso las costas a la parte actora (v. sent. de fecha 17-X-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-X-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la acción promovida por Roberto Raúl Forte contra Banco Santander S.A., en cuanto pretendía, entre otros reclamos, el cobro de determinada suma dineraria en concepto de diferencias en la indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido (v. sent. de fecha 17-X-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado que vinculó a las partes estuvo debidamente registrado, asimismo, que el vínculo mostró distintos datos que precisó. Además, sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga de probar la categoría laboral y el trabajo en exceso de la jornada legal que hubo de denunciar en el escrito de demanda.
Por otra parte, entendió probado que el día 4 de junio de 2020 las partes suscribieron mediante acta notarial un acuerdo de desvinculación en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que la patronal ofreció al trabajador la suma de $9.382.300 con más la liquidación final por egreso, con motivo de la extinción del contrato. Consideró allí, que, si bien el accionante cuestionó en su demanda la validez de aquel instrumento peticionando su nulidad por haber sido el trabajador presionado para suscribirlo, no produjo prueba con el objeto de demostrar tal circunstancia y no promovió el pertinente incidente de redargución de falsedad conforme el art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial. Concluyó entonces, que teniendo presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Ocampo" (CNT 46.778/2014/1/RH1, Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido, sent. de 10-IX-2020) y los hechos probados, la extinción del contrato de trabajo celebrada era plenamente válida.
Luego, tuvo por acreditado que el actor cursó la intimación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), sin que se haya comprobado que la patronal hubiese cumplido con la entrega de la constancia documentada del depósito de aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social; adicionó que el empleador no consignó judicialmente los instrumentos respectivos. Sin perjuicio de ello, afirmó que la multa prevista en la referida norma se encontraba compensada y abonada según surge de la cláusula tercera del acuerdo celebrado entre las partes.
En su análisis del caso, asimismo juzgó comprobado que la demandada abonó al actor la suma de $9.382.300 antes referida, así como la liquidación final.
Seguidamente, si bien desestimó lo demás reclamado, concluyó que cabía intimar a la accionada a otorgar las certificaciones que detalló con sustento en el art. 80 de la ley 20.744 -texto según art. 45 de la ley 23.345-, ello, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones pecuniarias diarias.
Pese a lo anterior, en las partes finales de la sentencia, resolvió sin más "rechazar íntegramente la acción" (v. sent., pág. 9 y sigs.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 17, 18, 33 y 39 de la Constitución provincial; 9, 11, 12, 15, 17 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo; 17, 29, 39 y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la doctrina legal que menciona (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2022).
II.1. Sostiene que de varios fragmentos de su pronunciamiento surge que el a quo tomó argumentos, hechos y pruebas aportadas por la accionada en su contestación de demanda, cuando esta se tuvo por no presentada. Tal proceder -alega- viola la garantía del debido proceso y los principios de defensa en juicio, bilateralidad y preclusión. Agrega que, además, el órgano actuante debió disponer el desglose de aquella pieza para el buen orden del proceso.
También, invocando absurdo en la valoración de la prueba, indica que la parte actora acompañó prueba que no fue tomada en cuenta.
Agrega que en autos aconteció una tergiversación en las reglas de la sana crítica, toda vez que el tribunal de grado desconoció todas las presunciones que jugaban a favor del accionante.
II.2. Denuncia la violación de la doctrina legal que -según refiere- emerge de la causa L. 38.483, "Ojeda" (sent. de 27-X-1987), pues expresa que el tribunal consideró la mejor remuneración mensual normal y habitual denunciada por el empleador, sin la adición del sueldo anual complementario.
II.3. Postula que para concluir que era válida en el caso la extinción del contrato de trabajo, el órgano de grado aplicó erróneamente un precedente de la Corte de la Nación, siendo que además de no coincidir la plataforma fáctica de ambos casos, ello luce absurdo pues el fallo que individualizó no constituye doctrina legal.
II.4. Por último, afirma que el sentenciante arribó a una conclusión ilógica, por lo tanto, absurda, en tanto rechazó totalmente la demanda, más sostuvo que la demandada incumplió con la obligación del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), por lo cual debía condenársela por tal concepto.
III. El recurso prospera en una porción y con el alcance que seguidamente se definirá.
Por cuestiones de índole metodológica habrá de alterarse en su abordaje el orden en que el recurrente ha propuesto sus agravios.
III.1. El agravio inaugural, dirigido a cuestionar la valoración del material probatorio efectuada por el órgano de grado, no es atendible.
III.1.a. Emerge del pronunciamiento de grado que -a contrario de lo que postula el impugnante- el a quo solo se refirió a una única prueba ofrecida por la accionada en la cuarta cuestión del veredicto, donde juzgó acreditado -según dijo: con un recibo adunado por aquella- que el empleador hubo de abonarle al accionante la liquidación final. En dicho accionar, el tribunal de origen sostuvo que "sin perjuicio de la incontestación de la demanda [...] las pruebas aportadas son para el expediente y no así de las partes, toda vez en que el Juzgador pueda echar mano a ella a fin de dilucidar las cuestiones sometidas a su juzgamiento. art. 34, 36 y ccs. CPCC, art. 63 ley fuero..." (cuarta cuestión del vered., pág. 6).
Lo expuesto deja entrever la debilidad de este aspecto del recurso, donde en rigor, abundan genéricas impugnaciones. En lo cardinal, ceñidos a aquel fragmento del fallo descripto precedentemente, no se observa que el recurrente evidencie un claro interés en presentar su oposición, desde que en modo alguno ha alegado que no se le hubiesen abonado al trabajador los montos correspondientes a aquella liquidación final; y todavía, en otra hipótesis, no se encarga de denunciar la eventual infracción de las normas actuadas en el fallo, exigencia de insoslayable cumplimiento (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017 y L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018).
No está demás agregar, que las deficiencias puestas de relieve no pueden considerarse salvadas por la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, ya que como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación omitió formular el recurrente (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 121.275, "Moreira", sent. de 17-II-2021 y L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024).
III.1.b. Otro tanto cabe decir en orden a la afirmación del quejoso relacionada -ya- con la prueba que habría acompañado la parte actora.
Además de no ocuparse por individualizar cuáles serían aquellas pruebas que considera ignoradas por el tribunal de la instancia, soslaya el interesado que los jueces del trabajo no están obligados a referirse a todos los elementos de juicio, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo; es que están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos a otros, sin que esa tarea pueda revisarse en la instancia extraordinaria salvo absurdo (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024; e.o.), vicio cuya existencia no se logra evidenciar.
III.1.c. Resta indicar, que la objeción -con contornos pocos definidos- que postula tocante a las presunciones que actuarían en el caso beneficiando al actor, también se exhibe deficitaria, desde que no repara el recurrente en efectuar una crítica concreta al respecto, indicando cuáles serían aquellas normas o doctrina legal en la que se apoyan.
III.2. Luce inocuo el planteo efectuado en relación con el precedente invocado por el tribunal del trabajo.
El tribunal de grado, luego de referirse a la orfandad probatoria que le atribuyó al accionante y a la inexistencia de un incidente de redargución de falsedad que fulmine al instrumento público que ponderó, juzgó que el vínculo laboral feneció por mutuo acuerdo de conformidad con lo regulado en el primer párrafo del art. 241 de la ley 20.744. Seguidamente, concluyó que, teniendo presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Ocampo" antes mencionados, y en virtud de los hechos probados, dicho modo de extinción era plenamente válido.
De la breve reseña efectuada se desprende con claridad que adversamente a lo interpretado por el impugnante, el tribunal actuante no invocó como único fundamento -ni menos lo calificó de "doctrina legal"- al mencionado fallo para arribar a tal conclusión, sino que junto con lo merituado en el veredicto -que no fue objeto en este tópico de embate eficaz-, lo citó en sustento de su postura, algo que no revela ningún yerro merecedor de reproche.
Una vez más, el interesado omite construir una crítica idónea, directa y eficaz del razonamiento desplegado por el tribunal de grado sobre la temática en cuestión, recaudo insoslayable para transitar con éxito la casación (causas L. 119.735, "O., E. R.", sent. de 15-VIII-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.3. Según lo señalado, debiendo permanecer firme la medular conclusión del órgano de grado que tuvo por válida la extinción del contrato de trabajo celebrada entre las partes según lo dispuesto en el art. 241 -primer párrafo- de la Ley de Contrato de Trabajo, carece de virtualidad el tratamiento del agravio conectado con la determinación de la mejor remuneración normal y habitual del trabajador en el contexto de la indemnización prevista por el art. 245 de la citada ley, que es sabido, resulta extraña al modo de finalización del vínculo laboral receptado en autos.
III.4. En cambio, ocupa indicar que el recurrente logra poner en evidencia el absurdo que denuncia, afincado en la contradicción que porta el pronunciamiento atacado cuando en la parte dispositiva dispone el rechazo total de la demanda en colisión con lo expuesto en el acuerdo que la precedió.
III.4.a. La lectura del fallo deja entrever que al tratar la primera cuestión planteada en la sentencia, en armonía con lo ponderado en el veredicto, el magistrado que sufragó en primer término -al que adhirieron los restantes- dispuso hacer lugar a la respectiva petición impetrada en el escrito de inicio e intimar a la accionada a otorgar a la parte actora los certificados de trabajo, de servicios y de remuneraciones, así como las constancias documentadas del depósito de aportes y contribuciones a la seguridad social y sindicales, confeccionados conforme los hechos establecidos en el pronunciamiento, todo ello bajo apercibimiento de aplicar una sanción pecuniaria diaria para el caso de mora en el cumplimiento de la obligación.
Sin embargo, al dar respuesta a la segunda cuestión formulada en la sentencia y también al diseñar su parte dispositiva resolvió sin más "rechazar íntegramente la acción instaurada..." (pronunciamiento, pág. 9).
III.4.b. No es complejo advertir que a tenor de las conclusiones sentadas en la tercera cuestión del veredicto y lo decidido en la primera cuestión de la sentencia, aspectos que arriban firmes a esta sede casatoria por no haber sido objeto de impugnación, corresponde revocar los tramos del pronunciamiento en los cuales se consigna erróneamente que se rechaza íntegramente la acción.
Es en esos términos en que ha de progresar en parte el recurso, debiendo en consecuencia, declarar la procedencia parcial de la demanda con los lineamientos que surgen del apartado titulado en el fallo "Certificados de trabajo y de servicios y remuneraciones" (pronunciamiento, págs. 8/9).
Derivación de lo dicho es que el órgano de grado deberá evaluar una eventual adecuación de la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios profesionales.
IV. En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4.b. de la presente. En consecuencia, los autos deben remitirse al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la decisión impugnada con el alcance establecido en el apartado III.4.b. de la presente. En consecuencia, los autos se remiten al tribunal de origen a los fines indicados.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2024 14:03:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:21:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2024 15:50:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:29:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:56:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:09:53 hs. bajo el número RS-103-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia