Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130878
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.878, "Araldi, Silvina del Luján contra Provincia ART S.A. y otros. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 4-V-2023).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Silvina del Luján Araldi y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere que protagonizó el día 18 de septiembre de 2018 (v. pronunciamiento de fecha 4-V-2023).
En lo que resulta relevante, a partir del análisis del expediente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) n°347.758/19 y el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de fecha 15 de junio de 2021 -agregados a la causa- tuvo en cuenta los salarios devengados por la actora durante el año anterior al siniestro denunciado y fijó el promedio mensual de los mismos en la suma de $25.759,50 (v. vered., tercera cuestión).
Ya en la etapa de sentencia, tras declarar la inconstitucionalidad del decreto 669/19, dispuso que por aplicación al caso del art. 12, incs. 1 y 2, de la Ley de Riesgos del Trabajo -conforme modificatoria de la ley 27.348-, el valor del ingreso base mensual debía ser actualizado a la fecha del fallo según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) con más los intereses al promedio de la tasa activa cartera nominal del Banco de la Nación Argentina, arribando a un resultado de $175.129,92 (v. sent., pág. 8).
Sobre esos lindes, procedió entonces a determinar el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 en la suma de $12.281.869,24, juzgando que superaba el piso mínimo previsto en la nota n° 18.437/18 de la Gerencia de Control Prestacional (GCP) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. sent., pág. 9).
Finalmente, con cita del art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según texto de la ley 27.348-, para el supuesto de incumplimiento de la sentencia dentro del plazo fijado, estableció que correspondía la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación (v. sent., últ. pág. cit.).
II. La representación fiscal interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 12 y 14. inc. 2, apartado "a" de la ley de Riesgos del Trabajo; 11 de la ley 27.348; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2023).
II.1. En sustancia, se agravia de la base salarial tomada en cuenta por el sentenciante para el cálculo de la prestación dineraria objeto de condena.
II.1.a. Sostiene que no se explica cómo el juzgador, a partir del análisis del expediente de la SRT y el oficio de la AFIP, arribó a un ingreso base mensual actualizado de $175.129,92, el cual -aduce- resulta arbitrario, injusto y desmedido.
Advierte que tampoco se puede especificar en forma correcta el error matemático debido a que de la sentencia y la resolución de fecha 18 de mayo 2023 no surge la metodología del cálculo realizado.
En apoyo de su tesis realiza cálculos a partir de los cuales infiere el yerro y postula una nueva determinación del guarismo objetado.
II.1.b. Asimismo, señala que solamente el primer inciso del art. 12 de la ley 24.557 -modificada por la ley 27.348- es de aplicación al trámite judicial. En tal sentido, con apoyo en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, señala que corresponde calcular el capital indemnizatorio a la fecha del infortunio y desde allí aplicar al resultado la tasa de interés fijada por la doctrina legal.
II.2. Denuncia que el juzgador de origen incurrió en un error al cuantificar la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557.
Sostiene que incluso utilizando el ingreso base determinado por el juzgador de origen, se arriba a un total de $3.825.065,12 y no de $12.281.869,24, como se resolvió en la sentencia y al cual -resalta- solo se llegaría tomando una incapacidad del 100%.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Respecto del primer agravio reseñado -determinación del ingreso base mensual- los argumentos introducidos por la impugnante son manifiestamente insuficientes para conmover lo resuelto.
Es doctrina reiterada de esta Corte que la determinación del salario diario o el ingreso base a tener en cuenta para calcular la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y, en general, la base remuneratoria para cuantificar las indemnizaciones, constituye una tarea reservada a los magistrados de la instancia ordinaria que, al remitir al análisis de una típica cuestión de hecho, queda detraída del ámbito de la casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 119.814, "Canale", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 125.323, "Pestillo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.503, "Troitiño", sent. de 31-VIII-2022), supuesto excepcional que la recurrente soslaya denunciar.
Sobre el particular, cabe agregar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales, que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.631, " G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 124.079, "Nicolini", sent. de 1-IV-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022 y L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022), carga que -a tenor de lo indicado- no se encuentra cumplida en este tramo del recurso.
La señalada deficiencia técnica -que impide en esta instancia casatoria abrir juicio respecto del acierto de lo decidido- cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de la queja, pues este Superior Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.1.b. Por otro lado, se impone aclarar que tampoco resulta eficaz la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que formula la quejosa a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, toda vez que los mismos no participan de la naturaleza de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.848, "Ventrice", sent. de 1-IV-2022; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.), lo cual resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación, sin que sea necesario avanzar en otras consideraciones.
III.2. En cambio, le asiste razón a la impugnante en cuanto invoca una errónea aplicación del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557.
III.2.a. El órgano judicial de grado, tuvo por acreditado que: a) al momento del infortunio la trabajadora tenía 50 años de edad; b) como consecuencia del mismo padece una incapacidad del 31,7% de la total obrera; y c) el ingreso base mensual actualizado era de $175.129,92 (v. sent., págs. 2/4 y 9).
Luego, sobre esa base cuantificó la prestación dineraria establecida en la citada norma en la suma de $12.281.869,24 (v. sent., pág. 10).
III.2.b. Contrariamente a lo resuelto por el juzgador de grado, es posible advertir el error en que incurrió, toda vez que -como bien lo señala la recurrente-, con arreglo a las pautas utilizadas en el fallo cuestionado se arriba a un resultado inferior al antes señalado.
En consecuencia, corresponde revocar el cálculo efectuado de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que efectúe debidamente una nueva liquidación del mismo, con ajuste a los estrictos parámetros de cálculo que proporciona el citado precepto y que en el caso ya se encuentran acreditados.
IV. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso traído, con el alcance expuesto en el punto III.2. En consecuencia, deberán remitirse los autos al tribunal de grado para que practique nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:34:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:21:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:52:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:25:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:52:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:09:52 hs. bajo el número RS-102-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia