Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128736
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.736, "Moreda, Beatriz Claudia contra El Auca S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 17-XII-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Beatriz Claudia Moreda contra El Auca S.R.L., condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales entre los meses de junio de 2016 y mayo de 2018, días trabajados en el mes de junio de 2018, indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario proporcional, vacaciones proporcionales y penalidades contempladas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 2 de ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), con más la entrega de la certificación de servicios prevista en esta última disposición.
En cambio, desestimó la pretensión de cobro del incremento indemnizatorio del art. 1 de la ley 25.323 por considerar que no se acreditó irregularidad registral en la fecha de ingreso consignada en los libros, ni en los recibos de sueldo, los que -según indicó- se correspondían con lo efectivamente abonado a la trabajadora, más allá de la deuda salarial cuya procedencia declaró.
Asimismo, rechazó la pretendida declaración de temeridad y malicia prevista en el art. 9 de la ley 25.013, en tanto estimó que no correspondía que el empleador fuera condenado en dichos términos si fue ordenado el pago del concepto previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Lo contrario, refirió, importaría aplicar al autor del ilícito, dos sanciones frente a un mismo incumplimiento. En dicha línea, invocó -como sustento de su postura- doctrina de esta Suprema Corte.
Además, en relación con las normas antes mencionadas, desestimó la petición de la demanda que requería -para el caso en que el órgano de grado considere que ambos institutos no eran acumulables-, se condenara al pago de aquella que mayores créditos generase en cabeza de la parte accionante, en pos de lo normado por el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, afirmó, que el juez no puede suplir la elección de la actora -con el fin de no afectar el debido proceso de raigambre constitucional-, quien debió definir su pretensión, fijando el rubro principal y -en su caso- el subsidiario. Refirió que, de no ser así, resultaba aplicable la doctrina judicial que emana de esta Corte y que deniega la sanción del art. 9 de la citada ley 25.013 cuando también se peticionó y condenó conforme lo dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323.
Por otra parte, agregó que el mencionado precepto se aplica solo en caso de "duda" cuando exista más de una norma que regule en modo distinto un mismo instituto laboral, lo que no sucedía en el caso, en virtud de tratarse de dos institutos laborales diferentes.
Rechazó también la calificación de la conducta como temeraria y maliciosa en los términos del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. de fecha 17-XII-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de las normas y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 7-II-2022).
II.1. En primer lugar, manifiesta que -en el caso- quedó acreditado que al momento del despido el contrato de trabajo no se encontraba correctamente registrado. Ello, porque la demandada había consignado una jornada de trabajo distinta a la real cumplida y, en consecuencia, una remuneración diferente a la devengada por la trabajadora, lo que -enfatiza- torna aplicable a la duplicación indemnizatoria prevista en el art. 1 de la ley 25.323.
En ese orden, sostiene que lo resuelto por el órgano de grado -en tanto rechazó la procedencia del precepto citado- viola la doctrina legal de la causa L. 120.730, "Leyer", sentencia de 20-XI-2019.
Agrega que en ningún pronunciamiento de esta Suprema Corte vinculado a la inteligencia y aplicación del art. 1 de la ley 25.323 se llegó a abordar expresamente que las únicas situaciones que implican deficiente registración fueran aquellas normadas por los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013. Denuncia en este tramo los fallos L. 92.325, "Belen", sentencia de 12-XI-2008; L. 104.565, "Florido", sentencia de 5-XI-2014; L. 114.804, "Mena", sentencia de 18-IX-2013; L. 114.142, "Ripodas", sentencia de 22-X-2014; L. 117.382, "Centurión", sentencia de 8-IV-2015 y L. 118.769, "Pretz", sentencia de 24-V-2016.
Sostiene además que el tribunal violó la doctrina legal sentada en las causas L. 33.233, "Ozan", sentencia de 1-VI-1984; L. 93.221, "Ávila", sentencia de 2-XII-2009; entre otras, toda vez que al interpretar dicha ley el a quo prescindió de la finalidad perseguida por la norma.
II.2. En segundo lugar, objeta el rechazo de la sanción normada en el art. 9 de la ley 25.013.
II.2.a. Por un lado, denuncia que el órgano de grado incurrió en absurdo al citar doctrina legal inaplicable al caso -para desestimar la concesión simultánea de las sanciones establecidas en los arts. 9 de la ley 25.013 y 2 de la ley 25.323- en virtud de los términos en que se planteó la pretensión.
Indica que en la demanda instaurada se solicitó que de entenderse que ambos dispositivos no pudieran admitirse en forma conjunta, debía optarse por aquel que en términos del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo otorgase un mejor crédito al trabajador.
II.2.b. De otro costado, plantea que se ha fijado claramente en el escrito de inicio la pretensión deducida en torno al citado art. 9 de la referida ley 25.013, por lo que no mediaba ninguna elección que debiera ser suplida por el tribunal de origen al tiempo de sentenciar.
En base a ello, denuncia que el sentenciante incurrió en absurdo al invocar que la actora se desentendió de su petición, sin explicitar en qué consistía tal desentendimiento y sin argumentar por qué consideró al fallar que la pretensión del art. 2 de la ley 25.323 debió entenderse reclamada como un rubro principal y la del art. 9 de la ley 25.013 como uno subsidiario. Refiere que nada de ello surge del escrito de demanda, ya que ambos dispositivos fueron peticionados como autónomos y principales.
En esta línea, afirma que lo resuelto viola el principio de congruencia toda vez que el tribunal actuante no respetó los correctos términos en que la actora planteó sus pretensiones y quedó trabada la litis.
II.2.c. Por otra parte, critica la conclusión del órgano de grado que consideró inaplicable al caso el art. 9 de la ley 20.744 por interpretar que refiere a una eventual colisión entre normas pertenecientes a institutos laborales distintos.
Censura la decisión de mérito por absurda, dogmática y errada, al afirmar que la naturaleza jurídica del art. 9 de la ley 25.013 lleva a calificar la conducta del empleador a partir de su actitud procesal disvaliosa. Sostiene que la norma centra su atención en la actitud extraprocesal asumida por el empleador en los instantes posteriores al despido, sancionando la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes a los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Postula también que es dogmática la afirmación del tribunal de origen que dice que solo se aplica la norma más favorable cuando ellas pertenecen a un mismo instituto, soslayando supuestos en los que existen varias normas que regulan o pueden dar respuesta a una misma situación o relación jurídica.
Concluye que en este caso el órgano actuante debió optar por la interpretación y aplicación de la norma más favorable al trabajador en virtud del principio in dubio pro operario que rige en materia laboral (v. rec., págs. 11 y 12).
II.3. Por último, se agravia por la admisión de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 en tanto se denegó al trabajador el reconocimiento de un mayor crédito por la aplicación del art. 9 de la ley 25.013.
Agrega que ello muestra una clara infracción a la doctrina legal de esta Corte en torno a los principios y reglas reconocidas en los arts. 39 de la Constitución provincial y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración con relación de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del remedio bajo examen.
Los cuestionamientos traídos versan sobre dos pretensiones independientes -por un lado, la indemnización del art. 1 de la ley 25.323, y por el otro, la sanción prevista en el art. 9 de la ley 25.013, deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva). Siguiendo el criterio de esta Corte en la causa L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009), considero que el valor del litigio, a los fines recursivos, debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las pretensiones señaladas y no vinculadas entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- que merecieron un análisis diferenciado por el sentenciante, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso (causas L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018; L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018; L. 122.471, "Cuk", sent. 30-XII-2020; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; e.o.).
III.2.a. En este marco, se advierte que el agravio vinculado al art. 1 de la ley 25.323 -a diferencia del referido al art. 9 de la ley 25.013- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 aplicable al caso.
Así, en principio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.299, "Compasso", sent. de 3-V-2023; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.2.b. En ese orden, corresponde observar que la doctrina legal que se denuncia como violada -proveniente de la causa L. 120.730, "Leyer", sentencia de 13-XI-2019- deviene ineficaz, pues fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los que se ventilan en la presente litis (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; L. 125.822, "Martinez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
En efecto, en el precedente identificado, este Tribunal revocó la sentencia del tribunal de origen que dispuso el rechazo del referido ítem al tener por verificado que, al momento del despido, una parte de la remuneración del trabajador se encontraba sin registrar, en virtud del carácter remunerativo de las sumas percibidas con habitualidad por aquel y que debían incorporarse al salario (en concepto de "reintegro por consumos", "uso personal de telefonía celular móvil", "gastos de patente y seguro" y "costo de mantenimiento de cuenta bancaria"). En cambio, en autos, se debate la eventual procedencia del reclamo fundado en el mencionado art. 1 de la ley 25.323 con motivo de la deficiente registración de la jornada de trabajo de la accionante, circunstancia sustancial y diversa que impide acoger la pretendida aplicación analógica propuesta por el recurrente (art. 279, CPCC).
III.2.c. Luego, el resto de las citas de precedentes de doctrina legal traídas en la queja -advierto- no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 119.565, "Berbere", sent. de 3-X-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.), por lo que resultan -asimismo- ineficaces para habilitar la vía extraordinaria.
III.3. En otro orden, la crítica vinculada al rechazo del resarcimiento previsto en el art. 9 de la ley 25.013 tampoco merece respuesta favorable.
III.3.a. El juzgador de grado desestimó el rubro en cuestión en la inteligencia de que al haber prosperado la pretensión amparada en el art. 2 de la ley 25.323, resultaba excesivo hacer lugar al resarcimiento previsto en el mentado art. 9, dado que "...importaría aplicar al autor del acto ilícito [...] dos sanciones frente a un mismo incumplimiento" (sent., pág. 9).
Luego, frente a la petición orientada a la admisión del rubro que mayor crédito generara en cabeza de la trabajadora, en virtud de lo previsto en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, estimó que el juez no podía suplir la elección de la parte actora, quien debía definir su pretensión, fijando el rubro principal y -en su caso- el subsidiario. Dijo, también, que el citado precepto se aplica en caso de duda, cuando exista más de una norma que regule de modo distinto un mismo instituto laboral, lo que no sucedía aquí por tratarse -sostuvo- de institutos laborales distintos (v. sent., pág. cit.).
III.3.b. Liminarmente, debe señalarse que no fue objeto de embate la decidida imposibilidad de la concesión simultánea de las mencionadas sanciones -con cita de lo decidido en las causas L. 104.565, "Florido", sentencia de 5-XI-2014 y L. 117.039, "Dietrich", sentencia de 13-V-2015-, en tanto el impugnante afinca su crítica en que en la demanda se anticipó a tal criterio, solicitando que -en ese supuesto- se optara por aquella indemnización que importara el reconocimiento de un mejor crédito para la trabajadora (v. rec., pág. 9).
III.3.c. Sentado lo anterior, sabido es que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto solo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Gara", sent. de 17-X-2022 y L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023).
Desde esta perspectiva, debo recordar, de un lado, que el principio de congruencia implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 122.222, "Novoa", sent. de 14-XII-2020; L. 124.088, "Kessler", sent. de 18-V-2021; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Del otro, que el vicio referido, importa la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.3.d. Ahora bien, tales extremos no se comprueban en la especie.
El tribunal actuante, a partir de la interpretación de las pretensiones deducidas en la demanda, hizo lugar a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, conforme se requirió en la liquidación esbozada en el escrito de inicio (v. fs. 77 vta. y 78). Luego, entendió que la multa del art. 9 de la ley 25.013 no podía prosperar. Fundó esta decisión, en la doctrina legal de esta Suprema Corte, que -según indicó- sostiene que, si prospera el primero de los conceptos indicados, ello es óbice para la procedencia del segundo, ya que se estaría duplicando la sanción.
Desde la atenta lectura del razonamiento expuesto en el fallo es posible inferir que el órgano de origen forjó su convencimiento a influjo de que la pretensión dirigida a obtener el pago del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, que se hallaba inserto en el detalle liquidatorio de la demanda, constituía la petición principal, que debía ser atendida como tal; y que el pedido fundado en el art. 9 de la ley 25.013 resultaba subsidiario. Asimismo, entendió que ello definió el ejercicio del derecho de defensa de la contraria.
En estas condiciones, se revela que existe conformidad entre la sentencia y los pedimentos articulados, más allá de la suerte adversa que corrió la pretendida procedencia de la sanción contemplada en la última de las normas citadas.
Luego, lejos de acreditarse la vulneración del principio de congruencia aludido o la configuración del mencionado vicio de absurdo, antes bien, la réplica que ensaya el impugnante -en esta parte de la postulación- pone de manifiesto su propia y subjetiva interpretación respecto del alcance que -insisto, desde su particular visión- debió otorgarse a las reclamaciones impetradas en el escrito de demanda. Esta técnica no alcanza a constituir un ataque hábil a los fines pretendidos. Pues, cabe recordar que la mera exhibición de un criterio discrepante o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal, no resultan idóneas para demostrar la configuración del grave vicio de absurdo (causas L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021 y L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023).
Cabe señalar a esta altura que, más allá que la solución adoptada por el tribunal de grado pueda resultar opinable, discutible, o pasible de otras interpretaciones, ello no alcanza para patentizar el vicio invocado, pues no cualquier equívoco lo representa. Es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.4. Finalmente, permaneciendo firmes las esenciales motivaciones dadas por el tribunal de grado, la consideración adicional por conducto de la cual concluyó que no resultaba aplicable al caso el principio reconocido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco deviene audible.
Me afirmo en esta conclusión por cuanto las manifestaciones que introdujo el órgano judicial interviniente en ese sentido, fueron formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta, con valor meramente accesorio y que no perturba ni incide en las definiciones esenciales que respaldaron la decisión del tribunal. Por ende, no causan agravio y, consecuentemente, deviene inapelable e impropio su tratamiento por esta Corte (causas L. 118.685, "Nieva", re
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