Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.712, "Baña, Marcos Cristian contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 4-II-2022).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 19-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Marcos Cristian Baña y condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "b" y 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557, más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773, con motivo del accidente de trabajo acaecido el día 12 de junio de 2017.
En lo que reviste interés, en la sentencia, el juez Eduardo Salvador Cataldi -quien votó en primer término- consideró que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral no se encontraba vigente el decreto de necesidad y urgencia 669/19. En ese orden, calculó el ingreso base mensual del trabajador juzgando aplicable al caso -según dijo- el art. 12 incs. 1 y 2 de la ley 24.557 (según el texto dado por el art. 11, ley 27.348), actualizándolo hasta la fecha de la primera manifestación invalidante con la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y, desde allí y hasta la última publicación (octubre 2021), con la tasa de variación del mencionado índice (v. sent., págs. 30/31).
En tales condiciones, y de acuerdo a los hechos probados, cuantificó la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 en la suma de $4.385.562,55 ($66.588,87 x 53 x 65% x 1,911 -65/34-), a la que luego adicionó la indemnización estipulada en el art. 3 de la ley 26.773 ($877.122,51). Sobre dichos importes, dispuso calcular los intereses con fundamento en la ley 27.348, desde el 31 de octubre de 2021 hasta la fecha de la sentencia, conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 32/33).
Por último, calculó la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "b" -según resolución 49/21 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que determina los pisos mínimos entre el 1 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022- en el valor de $2.241.959 (v. sent., pág. 33).
A continuación, el magistrado Guillermo Oscar López Arévalo declaró la inconstitucionalidad del referido decreto 669/19 por resultar -para el caso de autos- una norma regresiva violatoria del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. En ese marco, adhirió a la liquidación realizada por el juez votante en primer término "...con fundamento en la aplicación de la ley 27.348" (sent., pág. 40).
En tercer lugar, el restante magistrado, Marcelo Enrique Paternico, compartió los fundamentos expuestos por el colega que sufragó en segundo término y lo hizo en igual sentido (v. sent., pág. 41).
Finalmente, en la parte dispositiva de la sentencia, el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda conforme los importes precedentemente señalados.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 11 inc. 4 apartado "b" y 12 inc. 2 de la ley 24.557 -este último según ley 27.348- y nota n° 5619/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2022).
II.1. Denuncia que el tribunal de grado aplicó erróneamente el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 (modif. por la ley 27.348), toda vez que -aduce- en oportunidad de hacer el cálculo, utilizó los parámetros establecidos por el mentado decreto 669/19, cuyo empleo al presente caso -según plantea- no corresponde, en tanto -dice- no se encontraba vigente al momento del siniestro. Tal solución -sostiene- implica una violación del principio de irretroactividad de las normas contenido en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y una afectación a la garantía del debido proceso legal y los derechos de propiedad y defensa en juicio.
II.2. Asimismo, objeta el modo en que el tribunal cuantificó la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo. Al respecto, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la resolución 49/21 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Sostiene que, siguiendo lo expuesto anteriormente, el órgano de origen debió utilizar las pautas sentadas en la norma que se hallaba vigente a la fecha del infortunio laboral (ocurrido el 12 de junio de 2017), esto es la nota n° 5619/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
III. Pues bien, el recurso admite una procedencia parcial.
III.1. El primer agravio traído debe ser desestimado.
III.1.a. En su impugnación, la agraviada manifiesta que el sentenciante empleó los parámetros establecidos en el decreto 669/19 y "...no el texto legal vigente al momento del siniestro, implicando ello una evidente aplicación retroactiva de la ley..." (rec., pág. 3).
Sin embargo, esta postura de la interesada contrasta con la que plasmó en el escrito de fecha 4 de diciembre de 2019 -en virtud del traslado conferido por el tribunal el día 26 noviembre de 2019-, donde sostuvo que "...es de aplicación el DNU 669/2019 dado que el hecho acaeció bajo la ley 27.348, y por ende, debe aplicarse el DNU"; exponiendo además que "...el art. 20 de la ley 27.348 establece que dicha normativa es aplicable a contingencias cuya primer manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley 27.348, como es este caso"; para finalmente concluir que "...se solicita se declare la constitucionalidad del DNU 669/19 y se aplique al caso de marras" (fs. 1/2).
III.1.b. En tales condiciones -y sin ingresar en otro tipo de consideraciones- la crítica luce insuficiente para enmendar lo decidido, pues, sabido es, que resulta inatendible el agravio que se contradice con la postura asumida por la recurrente en la instancia ordinaria (causas L. 105.325, "Bouquez", sent. de 9-XI-2011; L. 108.500, "Seggiaro", sent. de 19-IX-2012; L. 122.532, "Papalia", sent. de 29-IX-2020; e.o.).
III.2. Respecto del restante embate traído, se advierte que el tribunal interviniente incurrió en un desacierto en cuanto juzgó de aplicación al caso la resolución 49/21 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, puesto que -efectivamente- a la fecha de la primera manifestación invalidante (esto es, el 12-VI-2017) se hallaba vigente la nota n° 5649/17 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, aplicable en el período comprendido entre el 1 de marzo 2017 y el 31 agosto 2017.
En efecto, en la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Suprema Corte ha resuelto que corresponde emplear el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones dinerarias del régimen de infortunios laborales conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social siguiendo las reglas de la doctrina sentada en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.), lo que conduce a considerar -a los fines de definir la aplicación temporal de la norma- el momento en que se produce la primera manifestación invalidante, circunstancia que conduce a que, en el presente caso, resulten aplicables los importes establecidos en la referida nota de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En razón de lo expuesto, teniendo en mira el entramado normativo que rige el caso examinado, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la cuantificación de la compensación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "b" de la ley 24.557 -y modificatorias-, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de la norma aplicable al caso.
Frente a la decisión que postulo, deben remitirse los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación correspondiente.
IV. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, deberá hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocarse el fallo impugnado, con el alcance establecido en el punto III.2. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:34:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:21:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:52:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:25:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:52:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:09:48 hs. bajo el número RS-99-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia