Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.240, "G., G. contra Casa Humberto Lucaioli S.A. y otro/a. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la coaccionada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 10-V-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-V-2022), el que fue concedido por el tribunal (v. proveído del día 22-VI-2022). En dicha providencia, el mentado órgano de grado concedió -asimismo, según dijo- un recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 8-VI-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
En caso positivo:
2ª) ¿Es fundado?
En caso negativo:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por la codemandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo respecto de la acción que el actor G. G. promovió contra aquella y la Casa Humberto Lucaioli S.A., y le impuso las costas (v. pronunciamiento electrónico de 10-V-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-V-2022).
Al proveer dicha presentación, el a quo resolvió conceder "...el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad deducidos..." (proveído electrónico del día 22-VI-2022).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 8-VI-2023), considero que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ha sido mal concedido.
De la lectura del escrito recursivo no surge que el interesado haya interpuesto un recurso extraordinario de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que conlleva a declararlo mal concedido (causas L. 118.357, "De Juana", resol. de 3-XII-2014; L. 118.625, "Lera", resol. de 29-IV-2015; L. 120.119, "Goyhenetche", resol. de 23-XI-2016 y L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
IV. Por lo expuesto, cabe declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención al resultado obtenido en la primera cuestión no corresponde considerar la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Tal como fuera reseñado, el tribunal de grado hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la codemandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo respecto de la acción que el actor G. G. promovió contra aquella y la Casa Humberto Lucaioli S.A., mediante la cual reclama el pago de la reparación integral de los daños y perjuicios que denuncia padecidos (v. pronunciamiento electrónico de 10-V-2022).
En el pronunciamiento, refirió -en lo sustancial- que en la demanda se relató que el día 23 de noviembre de 2018 mientras desarrollaba sus tareas habituales como operario de autoelevador a las órdenes de Casa Humberto Lucaioli S.A., el actor sintió un tirón en la zona cervical, quedando paralizado hasta la cintura, lo que afectó su salud al desencadenar "y/o" agravar la patología cervical y lumbar que supuestamente padecía (v. pronunciamiento, pág. 1). Señaló, que allí se indicó que las accionadas no capacitaron al trabajador para manipular cargas pesadas, ni respetaron los protocolos pertinentes, ni le realizaron exámenes médicos periódicos de prevención. Asimismo, precisó el a quo que la acción de autos fue iniciada por el señor G. "...a los fines de que se le abonen los daños derivados, en consideración a que las enfermedades no incluidas en el listado no tienen cobertura de la ley 24.557 y modificatorias y, por lo tanto, no están alcanzadas por la limitación del ejercicio de opción prevista en el art. 4 de la ley 26.773, aclarando que, al habérsele rechazado la cobertura en sede administrativa, nunca se le abonó prestación alguna." (pronunciamiento, pág. 2).
Por otro lado, puntualizó que la aseguradora opuso luego la excepción de cosa juzgada con sustento en lo actuado en el expediente que identificó, de trámite por ante el mismo organismo de grado y en el que el demandante persiguió el cobro de la indemnización por incapacidad laboral permanente parcial prevista por la ley 24.557, derivada del mismo hecho que en la demanda de estas actuaciones denuncia. Asimismo, que en fecha 7 de septiembre de 2021 se dictó sentencia definitiva en la mencionada causa rechazándose la acción entablada, por concluir que las lesiones padecidas por el actor respondían a una enfermedad inculpable, y que obedecía a una causa preexistente. A su vez, dijo que la firma aseguradora sostuvo la configuración de la triple identidad de objeto, sujetos y causa en ambas causas, no importando que en este nuevo proceso se reclame con fundamento en otro sistema de reparación ya que existe identidad en la reparación pretendida del daño y por cuanto el nexo de causalidad adecuada ya ha sido objeto de análisis en los autos.
En ese marco, el tribunal de trabajo resolvió hacer lugar al planteo impetrado por la demandada, por considerar que ya se había expedido y adoptado una decisión final en cuanto a la incapacidad del dependiente y la relación causal con el trabajo desarrollado, quedando fijados tales extremos en el pronunciamiento de la causa anterior finalizada. Concluyó que permitir el avance de la presente acción podría causar el dictado de una sentencia contradictoria, afectando el principio de seguridad jurídica. Apoyó su decisión en jurisprudencia de esta Suprema Corte.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y errónea interpretación y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 37 inc. "d" de la ley 11.653; 75 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación; 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; de la ley 19.587 y de las resoluciones "SRT 37/2010" y "MTESS 295/03" (rec. de fecha 20-V-2022).
Se agravia de la decisión del órgano de grado en la que se hizo lugar a la defensa de cosa juzgada.
Afirma que no hay coincidencia en ambos litigios en orden al objeto y la causa. Esgrime que la decisión sobre la ausencia de incapacidad por enfermedad profesional en los términos de la ley 24.557 plasmada en la sentencia del expediente judicial señalado por la contraria, no tiene conexión con lo requerido en las presentes actuaciones. Alega que el juzgador de grado no observó que el objeto de esta demanda es la reparación integral por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de violar los demandados el art. 75 de la ley 20.744 -texto ordenado-, la ley 19.587, distintas resoluciones que cita y los arts. 1.757 y 1.758 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Insiste en que lo que se plantea en autos es la responsabilidad de los accionados por el agravamiento de la afección inculpable del actor por no haber adoptado las medidas de seguridad correspondientes para que no se agrave el cuadro clínico preexistente del trabajador.
También expresa que no se configura la identidad de los sujetos demandados, pues en las actuaciones falladas con anterioridad solo se demandó a la aseguradora de riesgos del trabajo, cuando aquí, además, se accionó también contra la sociedad empleadora.
III. En razón de su insuficiencia, el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1.a. Reiteradamente ha declarado este Tribunal que la apreciación de los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 94.150, "Perafán", sent. de 7-VI-2010; L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017 y L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020).
En línea con la referida doctrina, también ha señalado que la valoración formulada por los magistrados de origen sobre las consecuencias de las identidades de la cosa juzgada constituye -por regla- materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que solo puede ser revisada en casación si se demuestra fehacientemente que la conclusión impugnada es el resultado de una absurda valoración de las constancias del proceso que se ventila y del anteriormente tramitado, y de la consecuente comparación entre lo pretendido y juzgado en él y lo que se ofrece como pretensión en el presente (causas L. 95.748, "García", sent. de 3-VI-2009; L. 98.386, "Castañón", sent. de 6-IV-2011; L. 111.164, "Giménez", sent. de 19-IX-2012 y L. 120.203, "Trosset", sent. de 28-VIII-2019).
III.1.b. En algún pasaje del medio de impugnación deducido vagamente se menciona al absurdo, no obstante, en modo alguno logra el recurrente acreditar su configuración.
Es que la crítica solo traduce, en sus breves afirmaciones, la mera disconformidad con la conclusión alcanzada en la sentencia, sin aportar -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la apreciación efectuada por los magistrados de grado de las actuaciones judiciales involucradas, sea el producto de un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, aquel error extremo que caracteriza al absurdo (conf. causas L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.416, "Seillant", sent. de 7-IX-2023).
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo invocado, al transitar por un mero disenso con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de todas las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010; L. 104.574, "Pipola", sent. de 15-VI-2011; L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017 y L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
En rigor, el impugnante insiste en plantear que no concurre la estricta identidad de sujetos, objeto y causa entre ambos litigios, pero con ello no logra desbaratar -no lo ataca de modo directo y frontal- el esencial fundamento esgrimido por el tribunal de grado, quien receptando la tesis esgrimida por la aseguradora al plantear la excepción -aquella dotada de los argumentos narrados por el a quo -, puso de relieve que en el anterior litigio el sentenciante ya se había expedido en cuanto a la incapacidad del dependiente y la relación causal con el trabajo, entre otros tópicos, dato que juzgó decisivo a la hora de evaluar posibles pronunciamientos contradictorios en el marco de la finalidad propia del instituto en juego.
III.2. Para más, se advierte que varios de los fundamentos que ahora expone el interesado en su impugnación estuvieron ausentes en la instancia de grado, puntualmente, no fueron puestos con los actuales alcances a conocimiento de los jueces de grado al contestar la excepción que trajo la firma aseguradora, oportunidad en la que la parte actora se centró en abogar por la inaplicabilidad de la opción prevista por el art. 4 de la ley 26.773 (v. presentación electrónica del día 15-II-2020). Ello traduce, al menos, una impropia alteración en la dimensión de la oposición formulada (causas L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022 y L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:18:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2024 08:59:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:09:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:27:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:47:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:36 hs. bajo el número RS-95-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia