Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 17 de agosto de 2022 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.929, "Belfiore, Carlos Oscar contra Pesquera Veraz S.A. y otro/a. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Pesquera Veraz S.A. e impuso las costas del modo que especificó (v. resol. de fecha 8-VI-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-VI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia opuesta por la coaccionada Pesquera Veraz S.A. en el marco de la acción promovida por Carlos Oscar Belfiore, en procura del cobro de sumas de dinero en concepto de diferencias en la liquidación final y salarios, penalidades previstas en los arts. 45 de la ley 25.345; 2 de la ley 25.323 y las prestaciones dinerarias por la enfermedad profesional denunciada, entre otros rubros.
Para así decidir, principió por destacar que la actividad del trabajador consistía específicamente en el cuidado de distintos buques de propiedad de la demandada, siendo aplicable -según indicó- el Convenio Colectivo de Trabajo 262/95.
Explicó que en la citada convención fue incorporada la figura del "práctico de muelle", especificando las tareas habituales que correspondía ejecutar a esa categoría de trabajadores, puntualmente, a los fines de describir sus tareas habituales, transcribió la parcela del instrumento que expresa: "...b) Una vez retirada la tripulación tomará a su cargo el buque, el que dejará en el momento en que se entreguen los cabos a la tripulación para la salida del mismo o al producirse el relevo del práctico de muelle".
Refirió que, del relato efectuado en la demanda, las tareas del actor siempre se realizaban cuando el barco se encontraba amarrado, no surgiendo en principio que hubiese sido contratado para realizar las tareas de "práctico" conocidas como marino experimentado y especializado, quien asesora al capitán en la conducción de los barcos en aguas peligrosas o de intenso tráfico, como puertos, canales angostos o ríos.
Además, adoptó los fundamentos dados por la señora Procuradora Fiscal Subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el dictamen de fecha 17 de mayo de 2013 en la causa "Izurrieta" (S.C. Comp. 140, L. XLIX), en donde puso de relieve -en síntesis- que en un caso con ingredientes similares al sub examine , hubo de señalarse que a los fines de dilucidar cuestiones de competencia ha de estarse en primer lugar, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda, siendo determinante la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas; y donde también hubo de recordarse que la justicia federal es un fuero limitado, de excepción y de carácter restrictivo; y que el reclamo concernía a sujetos de derecho privado y a propósito de extremos de derecho común.
Luego, destacó que el mentado convenio era claro al describir en su primer artículo las diversas tareas de "práctico de muelle", siendo la totalidad de ellas realizadas con el buque amarrado y, que, el actuar de dicho trabajador culmina -según enfatizó- cuando suelta los cabos de amarre y los entrega a la tripulación.
Finalmente, reiteró que la competencia federal es de excepción, y que así lo dispuso el más Alto Tribunal del país en la causa "Olguín" (CSJN causa CNT 56188/2013/CS1 "Olguín, Martín Adrián c/ Prevención ART S.A.", sent. de 16-VI-2015), en donde adjudicó la competencia a la justicia laboral -y no a la civil y comercial federal- cuando se trata del conocimiento de un reclamo fundado en disposiciones de derecho común contra un sujeto privado y no puso en tela de juicio preceptos de derecho público o entidades de gobierno.
En estos términos, como se anticipó, rechazó la excepción de incompetencia planteada y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la presente causa.
II. La codemandada Pesquera Veraz S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 24-VI-2022).
Postulando que la controversia ventilada en autos es propia de la competencia federal, cuestiona que el fallo de grado haya inaplicado los arts. 116 de la Constitución nacional; 2 inc. 10 de la ley 48 y 515 de la ley 20.094.
Destaca que, como anticipó en su propio relato, el actor se hallaba siempre a bordo de los buques, así, expone que es evidente que la demanda -en base a las tareas realizadas, todas ellas enumeradas en el convenio citado por el a quo - debió ser interpuesta ante la justicia federal de Mar del Plata, órgano competente en razón de la materia.
Afirma que el personal afectado a tareas de "practicaje" no solo tiene la custodia y conservación del buque pesquero, sino que también es responsable de los movimientos que deba hacer el buque dentro de la dársena en que se encuentra amarrado, en los términos del art. 1 inc. "k" del mentado convenio 262/95 según el texto que indica, cuya actividad -según indica- queda subsumida dentro de las previsiones de "almirantazgo y jurisdicción marítima" y tiene conexidad con la navegación y el comercio marítimo.
En fin, sostiene que las tareas desempeñadas por el demandante conducen a aceptar la competencia del fuero federal.
En abono de su postura, cita -fundamentalmente- jurisprudencia de distintos tribunales de justicia.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida en que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación que vincula a las partes, incidiendo sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015; L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019; L. 124.781, "Prieto", resol. de 2-X-2020; L. 125.823, "Ruiz", resol. de 19-IV-2021; L. 127.263, "Basualdo Lozano", sent. de 19-XII-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
Bajo tales directrices, debe concluirse, en el caso, en que lo decidido en el pronunciamiento atacado ha importado desechar el fuero federal reclamado por la quejosa, resulta equiparable a definitivo.
III.1.b. Luego, y si bien el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por aplicación de lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 119.739, "Sandoval" (sent. de 9-V-2018) y L. 126.040, "Chejolan" (sent. de 29-XI-2022) -a cuyas consideraciones brevitatis causa remito- en atención a las particularidades del presente caso, las restricciones procesales derivadas del art. 55 de la ley 11.653 -aplicable en autos- deben ceder y abordarse el recurso en su más amplio marco.
Es que, en efecto, los argumentos esgrimidos por la interesada, mediante los cuales afirma que la competencia es propia de la justicia federal en razón de la materia, se sustentan en aseveraciones que indican que el trabajador realizaba actividades subsumidas dentro de las previsiones de almirantazgo y jurisdicción marítima conectadas con la navegación y comercio marítimo, y ello, con fundamento en los arts. 116 de la Constitución nacional; 2 inc. 10 de la ley 48 y 515 de la ley 20.094.
III.2. Ahora bien, ingresando al análisis de lo expuesto en el medio de impugnación, se observa que sus argumentaciones se exhiben inhábiles a los fines perseguidos.
Es dable recordar que la suficiencia de la postulación recursiva dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo exclusivo y excluyente- a quien acude a la senda recursiva (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020; e.o.).
El interesado no cumple con aquella carga, pues en sustancia, se centra en replicar en esta Sede extraordinaria lo manifestado en la instancia de origen (v. contestación de la demanda). Con ello, prescinde de cuestionar de modo frontal y eficaz el análisis efectuado por el tribunal de grado afincado en las tareas que denunció haber realizado el accionante y la norma convencional que citó (con la modificación que identificó) y que lo condujo a desechar los argumentos estructurales de la excepción finalmente rechazada.
Son aplicables en el caso aquellas directrices de este Tribunal que indican que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar los argumentos expuestos en la instancia ordinaria -abordados y oportunamente desestimados por los jueces de grado- sin concretar una réplica adecuada y eficaz de los fundamentos en que se sustenta la decisión (causas L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; L. 119.706, "Azcona", sent. de 6-II-2019 y L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023).
Se suma a ello que, en gran medida, el discurso del quejoso parte de su propia visión del contenido del escrito de demanda en conexión con la norma convencional que invoca, cuando la ponderación de aquella pieza procesal, salvo denuncia de absurdo -ausente en la impugnación-, es privativa del a quo e irrevisable en esta instancia (causas L. 121.236, "Santillán", sent. de 25-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 31-V-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 26-VI-2023).
Para más, tampoco evidencia que la doctrina legal que se cita como violada haya sido elaborada bajo análogos presupuestos a los que exhibe el presente caso (causas L. 118.018, "Cócaro", sent. de 19-VIII-2018; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022 y L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022), siendo que no son hábiles en este contexto los fallos de la Corte nacional y de otros tribunales de justicia mencionados en la postulación desde que no participan de dicha categoría (causas L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023 y L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023).
III.3. Con todo, la decisión a la que arribó el juzgador de mérito debe permanecer inamovible, pues la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en fecha 17 de agosto de 2022 -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2024 12:26:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2024 12:20:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2024 14:47:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:21:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:44:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:13 hs. bajo el número RS-92-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia