Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.195, "R., E. H. contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 18-IV-2022).
Se interpuso, por esta última, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-V-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor E. H. R. y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 15, inc. 2 de la ley 24.557, así como a la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, ordenó el pago de la compensación adicional única del art. 11, inc. 4, apartado "b" y 17, inc. 1 de la ley 24.557 (según dec. 1.694/09 y nota SCE 6.026/18), y de la prestación dineraria de pago mensual prevista en los arts. 10 y 17 de la ley 24.557 (conf. arts. 5 y 6, segundo párrafo, dec. 1.694/09 y 32, ley 24.241 -modif. por ley 26.417-), como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente que protagonizó el demandante el día 24 de julio de 2018.
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas por el perito médico laboralista y el perito médico psiquiatra actuantes, juzgó acreditado que, en razón del mentado infortunio, el actor sufre una lesión raquimedular que desde el punto de vista físico le genera una incapacidad parcial y permanente del 70% de la total obrera, que requiere la ayuda de terceros para su supervivencia (gran invalidez). A su vez, concluyó que el trabajador presenta un daño psíquico provocado por un trastorno por estrés postraumático de grado moderado a grave, en relación directa con el acontecimiento sufrido, que lo incapacita en un 20% de la total obrera. En función de ello, estableció que el accionante presenta una incapacidad psicofísica del 90% de la total obrera.
En esa línea, el sentenciante consideró que la pericia médica constituía una prueba hábil e idónea, basada en fundamentos científicos, y corroborada con los hallazgos del examen clínico, la anamnesis, los estudios, y las constancias de la causa, y la valoración profesional y objetiva formulada por el experto. (v. vered., págs. 1/13).
Además, tuvo por acreditado que a la fecha del infortunio laboral sufrido el trabajador contaba con 38 años de edad (v. vered., pág. 14).
En lo que respecta a la forma de determinación del ingreso base mensual, declaró la inconstitucionalidad de la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del decreto de necesidad y urgencia 669/19, juzgando de aplicación al caso las disposiciones de la ley 27.348 (v. sent., págs. 9/18). Actualizó el importe del ingreso base mensual ($29.232,84) aplicando sobre el mismo la tasa activa del Banco de la Nación, lo cual arrojó un monto de $79.754,33, a la fecha del veredicto y sentencia (v. pág. cit.).
Seguidamente, a los fines de determinar la cuantía de la reparación de pago único, señaló que "...Ahora bien y de acuerdo con lo previsto por los arts. 6 y 10 de la ley 24.557, art. 3 ley 26.773 y 12 ley 27348 corresponde teniendo en cuenta lo decidido en el Veredicto, la edad del trabajador al momento del accidente (38 años) , la minusvalía de su capacidad laborativa (90%), y el IBM, según lo determina el art. 12 ley 27348 ($ 79.754,33), la suma de pesos siete millones doscientos treinta mil trescientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos ($7.230.359,65 ) ( 79.754,33 x 53 x 65 ./. 38) (art. 15 ap. 2 'a' ley 24557).", a la que adicionó el 20% previsto en el art. 3 de la ley 26.773 ($1.446.071,93), alcanzando la suma de $8.676.431,58.
Luego, entendió que correspondía abonar "...la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. 4, ap. B, art. 17 inc. 1 LRT (según decreto 1694/2009 y Nota S.C.E. N° 6026/18) de $ 872.147...", monto al cual le agregó intereses ($1.507.280,38) elevándose a la suma $2.379.427,38.
Y, por último, considerando que el señor R. se encuentra en situación de "gran Invalidez", sentenció que "...percibirá también una prestación dineraria de pago mensual, ajustable semestralmente en función a las variaciones de la base imponible máxima y mínima previsional, equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24241 (art. 21) desde la fecha del siniestro (24/07/2018) que se extinguirá a la muerte del damnificado (arts. 10 y 17 ley 24557, arts. 5 y 6 segundo párrafo del decreto n° 1694/09, art. 32 ley 24.241, modificado por ley 26417). Dicho Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) fue sustituido por una nueva unidad denominada Módulo Previsional (MOPRE) que asciende a la suma de $ 75.585,02, según Resolución Anses n° 26/2022." (sent., pág. 19 y vta.).
En ese marco, teniendo en cuenta que desde la fecha del accidente a la del dictado de la sentencia transcurrieron cuarenta y cinco meses, condenó a la demandada -por esta última prestación dineraria de pago mensual- a abonar el monto de $3.401.325,9 ($ 75.585,02 x 45).
La suma de tales rubros condujo a un importe final de $14.457.184,86 (v. sent., págs. 18/21), estableciéndose que en el supuesto de mora en el cumplimiento de la sentencia dicho monto devengaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación hasta su efectiva cancelación (conf. art. 12, Ley de Riesgos del Trabajo, texto según art. 11, ley 27.348; v. sent., pág. 21).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 44, 75 inc. 12, 22 y 23, 76, 99, 109, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 1, 10, 15, 39 inc. 1 y 3, 45, 56, 103 inc. 13, 166 y 168 de la Constitución provincial; 10 y 17 de la ley 24.557; y de los Tratados internacionales y la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 3-V-2022).
A modo de introducción, sostiene que la sentencia recurrida ignora en que consiste un sistema de seguridad social integral y se ocupa de exponer sobre el tópico, así como de plasmar en qué consistirían -a su juicio- los elementos esenciales que determinan la validez de una ley.
Seguidamente, en concreto, ensaya los siguientes agravios.
II.1. En primer lugar, alega que el tribunal de grado soslayó analizar la cuestión federal planteada. En este orden, aduce que habiéndola introducido oportunamente -mencionando los derechos constitucionales que se verían conculcados de hacerse lugar al planteo de inconstitucionalidad traído por la contraparte-, el sentenciante omitió por completo expedirse sobre el punto.
II.2. Luego, arguye que la sentencia de grado incurrió en violación al principio de congruencia.
Expone que del escrito de demanda no surge que la parte actora haya reclamado la prestación de pago mensual por gran invalidez, prevista en el art. 17 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Sostiene que la accionante, en el objeto de su escrito constitutivo, expresamente refiere que reclama el monto detallado en la liquidación y, esta última, solo se compone -según indica- de aquella prevista en el art. 14, inc. "a" de la ley mencionada.
II.3. Subsidiariamente, para la hipótesis de que no se brindara acogimiento al planteo anterior, se agravia del modo en que el órgano de origen dispuso el pago de dicha prestación mensual, pues -según postula- lo ordenó de manera retroactiva.
Alega que de la lectura del citado art. 17 no se desprende que dicha prestación deba ser abonada desde la fecha del accidente, como decidió el juzgador en el caso, por lo que solicita que se revoque el fallo en el extremo señalado, disponiéndose el pago de la prestación mensual por gran Invalidez desde el momento de la sentencia.
III. El recurso no prospera.
Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, adelanto que el recurrente, no logra desvirtuar la definición de grado, toda vez que el contenido de la impugnación revela una manifiesta ausencia de idoneidad técnica (art. 279, CPCC).
III.1. El reproche fundado en el presunto quebrantamiento del postulado de la congruencia no merece acogida.
Tiene dicho esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sustentado en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 126.664, "Tejerina", sent. de 14-III-2023; L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.797, "Llanos", sent. 14-XII-2023; e.o.).
Esta última carga no ha sido satisfecha por el aquí recurrente, sin que tal falencia pueda ser salvada por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por el recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 122.610, "Castronovo", sent. de 21-IV-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 128.695, "Baiz", sent. de 30-IV-2024).
III.2. En otro orden, no prospera el agravio concerniente al modo en que el órgano de grado dispuso calcular la prestación dineraria de pago mensual con motivo de la declarada gran invalidez de la que resulta portador el trabajador damnificado.
En reiteradas ocasiones, este Superior Tribunal ha señalado que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley depende de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida (causas L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022; L. 127.955, "Blanco", resol. de 4-VII-2022 y L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022).
En la especie, dicha incumbencia ha quedado insatisfecha, porque el recurrente no evidencia el motivo por el cual entiende que el tribunal se apartó del inc. 2 del art. 17 de la ley 24.557, que indica que "...la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.", y cuyo devengamiento fue fijado en el caso desde la fecha del siniestro, esto es desde el día 24 de julio de 2018, en una línea interpretativa que -no es difícil inferir- se compadece con el hito identificado como el de la primera manifestación invalidante.
En estas condiciones, la postulación traída por el quejoso acerca de que la prestación por gran invalidez no debe ser abonada desde la fecha del accidente laboral, sino desde el momento del dictado de la sentencia, porque -según afirma- nada dice la norma al respecto, es reveladora de que la impugnación en modo alguno luce apta para desbaratar lo resuelto, dejando tan solo en evidencia una discrepante opinión personal carente de sustento.
III.3. Por último, tampoco es atendible la réplica por conducto de la cual se atribuye al juzgador de grado haber incurrido en una supuesta omisión por no expedirse sobre la cuestión federal planteada por la accionada.
Me afirmo en esta premisa, desde que el remedio procesal interpuesto no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas, pues tales impugnaciones son materia propia del recurso extraordinario de nulidad, que el impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 119.338, "Nieva", sent. de 13-III-2019; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022; L. 123.923, "Reyes", sent. de 22-XI-2022; L. 125.848, "Fernandez", sent. de 22-XII-2022; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres , y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2024 12:26:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2024 12:20:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2024 14:47:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:21:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:44:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:12 hs. bajo el número RS-91-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia