Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128807
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.807, "D'Andrea Néstor Rodolfo contra Casamayor Abel y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda deducida, con costas en el modo que especificó (v. fs. 1.034/1.075).
Se interpusieron, por las partes actora y codemandada Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 4-XII-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte de Justicia resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del deducido por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Néstor Rodolfo D'Andrea, y condenó a Marcelo Gustavo Tessaro y a Abel Oscar Casamayor a abonarle las sumas que especificó en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, resarcimientos previstos en los arts. 1 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y a entregarle la certificación de servicios prevista en la última disposición legal citada. Asimismo, condenó solidariamente a los mencionados codemandados y a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagarle al actor el importe de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral contempladas en la ley 24.557, aquellos en concepto de asistencia terapéutica y los gastos farmacológicos derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 17 de julio de 2010. Rechazó, en cambio, el reclamo tendiente al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las normadas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, los salarios posteriores al 1 de junio de 2011, la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, los montos en concepto de horas extras y la reparación pretendida con fundamento en normas del derecho común. A la par, desestimó íntegramente la demanda incoada contra los codemandados Mirta Edith Pascua y Rubén Alejandro Puccia.
En lo esencial, juzgó acreditado que el demandante cumplió tareas bajo la dependencia de los referidos coaccionados señores Tessaro y Casamayor, en funciones de seguridad y vigilancia encuadradas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, ello, en un local de ventas minoristas de productos alimenticios, desde el 17 de abril de 2010, devengando un salario de $2.700 mensuales, no encontrándose registrada la relación laboral. Por otro lado, entendió probado que el mencionado establecimiento comercial se encontraba habilitado a nombre de Rubén Alejandro Puccia desde el 1 de noviembre de 2011.
Asimismo, consideró probado que con fecha 17 de julio de 2010, el dependiente sufrió por el hecho de un tercero un daño en su salud mientras ejecutaba sus tareas habituales que lo incapacitó en un 66% de la total obrera; y que al momento del siniestro el actor tenía 41 años. Contrariamente, consideró no acreditada la configuración de los factores de atribución de responsabilidad establecidos en el Código Civil, a lo que adunó que el accionante tampoco identificó cuál sería la medida de seguridad supuestamente omitida o que debió adoptarse para evitar el siniestro de autos. Luego, constató que el señor Tessaro había formalizado un contrato con Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., y en razón de ello, fue que finalmente acogió el reclamo tendiente al cobro de las prestaciones previstas en la ley 24.557 del modo señalado precedentemente.
En cuanto al reclamo dirigido al cobro de aquellos rubros rechazados ajenos al resarcimiento en función a la incapacidad del demandante (v.gr. indemnizaciones por despido, entre otras), declaró el juzgador de grado que habiéndose acreditado que la disolución del vínculo se produjo por haber obtenido el trabajador la jubilación por invalidez el día 30 de mayo de 2011 y que la intimación tendiente a obtener la registración del contrato de trabajo fue realizada con fecha 15 de julio de 2011, correspondía su rechazo.
En lo atingente a los codemandados Mirta Edith Pascua y Rubén Alejandro Puccia, admitió la excepción de falta de legitimación y acción opuestas, en tanto juzgó que no existió al respecto un contrato de trabajo con el actor.
Finalmente, dispuso que los intereses debían liquidarse desde que cada crédito se devengó y hasta la notificación de la demanda a la tasa pasiva "CAT" (dijo: tasa digital, opción: plazo fijo tradicional) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, los que luego, conforme lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, debían ser acumulados al capital de condena y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 9, 10, 11, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 212 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 506, 511, 512, 522 y 1.107 del Código Civil velezano; 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto dispuso rechazar -en sustancia- las indemnizaciones derivadas del despido, los salarios del período agosto 2010 a julio de 2011, la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; los resarcimientos normados en los arts. 8 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323, a partir de considerar que no se encontraba vigente la relación laboral al momento de la intimación que le remitiera el dependiente a la patronal.
II.1.a. A criterio del quejoso tal conclusión infringe "el Título" de la Ley de Contrato de Trabajo que se ocupa de su extinción, dado que -alega- no se encuentra allí previsto que una decisión administrativa relativa al accidente del trabajo y al otorgamiento de un beneficio previsional puedan poner fin al contrato.
Postula que, si bien la cuestión a resolver no resulta dudosa, de haberlo sido, el juzgador debió aplicar el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A su vez, arguye que al haber resuelto que el vínculo laboral se extinguió por un acto administrativo ajeno al empleador, el a quo inobservó las reglas y principios previstos en los arts. 10, 11, 12 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.b. Afirma que el tribunal se pronunció sobre la ruptura del contrato sin fundamento legal alguno, y -reitera- infringiendo la ley.
Aquí, cuestiona el recurrente que el tribunal de grado haya considerado que el contrato de trabajo hubo de extinguirse el día 30 de mayo de 2011, cuando el trabajador obtuvo la jubilación por invalidez, y por dicha causal. Destaca que el accidente de trabajo no lo imposibilitaba al trabajador de realizar otro tipo de tareas, sin que hubiere mediado ofrecimiento alguno por parte de la patronal en ese sentido.
II.1.c. Manifiesta que la sentencia impugnada infringe los arts. 245 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, desde que -expresa- no es sostenible considerar que el actor no resulta acreedor de la indemnización por despido, y a la vez, excluirlo del resarcimiento contemplado en la última disposición citada.
II.2. Se agravia del fallo de grado en cuanto dispuso rechazar el reclamo por accidente de trabajo fundado en el derecho civil.
Respecto a lo demandado en concepto de reparación por el daño moral, sostiene que el empleador debe responder por haber lesionado el honor y la dignidad del reclamante, afectados por la falta de registración y la omisa inclusión en la nómina de personal asegurado, e ignorarlo ante la ocurrencia del accidente.
Aduce que, para desestimar la reparación integral del daño sufrido por el dependiente, el a quo declaró que no se demostraron los presupuestos de la acción civil respecto del perjuicio resarcible, el nexo de causalidad y el factor de atribución, elementos que -a criterio del quejoso- surgen acreditados con las constancias objetivas de la causa. En este sentido, postula que mediante las pericias "traumatológica y médica como a partir de la prueba pericial psicológica y psiquiátrica" quedó acreditada la existencia del daño, por lo que lo juzgado en el fallo debe reputarse absurdo.
Añade que las tareas que prestaba el actor, resultan riesgosas, por lo que se verificó el presupuesto de atribución objetivo de responsabilidad.
Postula que también se constató un incumplimiento culposo de la patronal, pues no se otorgó al trabajador ninguna medida de seguridad o capacitación, dato que se corrobora mediante la prueba pericial contable. Expone que la demandada debió acreditar el cumplimiento del deber de seguridad, y no exigírsele al reclamante la prueba del hecho negativo.
Señala que la aseguradora debe responder solidariamente con la empleadora por los daños en la salud del dependiente, toda vez que las lesiones por él sufridas son consecuencia del incumplimiento de aquella a los deberes legales de prevención y contralor que le impone la ley 24.557, conforme surge a la prueba pericial contable y se deriva de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Fundamenta con diversos antecedentes jurisprudenciales.
En ambos casos, asegura que se encuentra verificado el nexo causal requerido a los fines de fijar la responsabilidad del empleador y de la firma aseguradora.
II.3. Objeta lo decidido en la sentencia de grado en cuanto se rechazó la demanda contra el coaccionado Puccia, pues a su juicio se violaron los arts. 225, 226, 227; 228 y concordantes de la ley 20.744.
Argumenta que quedó demostrado en autos que el mencionado codemandado adquirió las maquinarias del local donde trabajaba el actor. En ese contexto, y con sustento en jurisprudencia, sostiene que resulta aplicable la ley 11.867 "de transferencia del fondo de comercio".
II.4. Finalmente, sostiene que en el fallo se violó el art. 770, inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, pues su aplicación inmediata debió conducir, conforme el art. 7 del mismo cuerpo normativo, a la capitalización de intereses desde la notificación de la demanda, lo que en la especie no se resolvió.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que frente a la acumulación objetiva de pretensiones que se verifica en el caso, el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las pretensiones deducidas en la demanda (causas L. 119.419, "Dolci", sent. de 18-X-2017 y L. 119.850, "Benítez", sent. de 3-V-2018).
III.1.a. Conforme lo anterior, efectuando un análisis independiente y diferenciado, debe señalarse que los agravios dirigidos a controvertir, por una parte, el rechazo del reclamo vinculado con las indemnizaciones derivadas del despido, agravamientos de ley y haberes reclamados -representado por la cuantía de los respectivos rubros desestimados- y la responsabilidad solidaria que se pretende del codemandado Puccia -representado por el capital de condena cuya extensión se solicita-; y, por otro lado, el resarcimiento de daños fundado en el derecho común -materializado por la diferencia entre la suma peticionada por tal concepto y las prestaciones dinerarias reconocidas en el fallo de grado (esto último, conforme los lineamientos sentados en la causa L. 125.046, "Bonifacini", resol. de 22-III-2021)-, sin que correspondan accesorios ni otras cuantificaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021; L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e.o.), en ningún caso superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Y en lo que concierne al escueto reproche referido a la capitalización de intereses, se observa que el interesado ha omitido dar cumplimiento a la carga procesal destinada a acreditar eventualmente que el monto del litigio supere el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por lo tanto, aquel quedará inmerso en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso- (causas L. 126.059, "Muñoz", resol. de 17-V-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 127.067, "Splett", sent. de 4-X-2023).
III.1.b. En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.299, "Compasso", sent. de 3-V-2023; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.2. Ocupa principiar por señalar que los cuestionamientos dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de la instancia de grado en orden a la causal extintiva y al momento en que se juzgó producida la extinción de contrato de trabajo, así como el rechazo de la extensión de la condena solidaria demandada respecto del codemandado Rubén Alejandro Puccia, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el abordaje de tales agravios remite, necesariamente, al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022; L. 129.743, "Di Santo", resol. de 14-III-2023; e.o.).
A su vez, sin que lo dicho implique abrir juicio respecto del grado de acierto o desacierto de la solución adoptada en la instancia, debe recalcarse que las críticas emparentadas con distintas normas de la Ley de Contrato de Trabajo, carecen de una idónea argumentación orientada a evidenciar la eventual vulneración de doctrina legal, presupuesto esencial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021 y L. 126.021, "Calle Mendoza", sent. de 15-II-2023).
III.3. En lo concerniente a las impugnaciones dirigidas a controvertir el rechazo de la solicitada reparación integral derivada del accidente de trabajo, se advierte que también se enlazan con cuestiones fácticas y probatorias, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, como lo es la determinación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción por daños y perjuicios (causas L. 125.711, "Rodríguez", resol. de 14-XII-2020; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023), y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la causa (causas L. 124.351, "Gómez Gorosito", resol. de 30-VI-2020; L. 124.701, "Fernández", resol. de 21-IX-2020 y L. 130.706, "Zapata", resol. de 26-XII-2023).
Si bien lo expuesto resulta suficiente para rechazar esta parcela de la queja examinada, cabe agregar que los precedentes que cita el recurrente en sustento de este tramo de la réplica, han sido elaborados sobre la base de presupuestos distintos a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.4. De otro costado, el reproche vinculado con el modo de aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial no resulta audible, dada la omisa mención de doctrina legal a su respecto.
III.5. Y sentado lo anterior, y a tenor de las citas que contiene el recurso, no es ocioso señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 123.338, "Panchin", sent. de 27-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.6. Finalmente, si bien es cierto que en lo atinente a la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), el cuestionamiento debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 123.665, "Martínez", sent. de 7-III-2022), conforme lo expuesto, la crítica que aquí emerge carece de desarrollo argumental que la dote de atendible sustento.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Inicialmente, considero necesario introducir ciertos razonamientos en torno al examen de admisibilidad practicado en el voto inaugural.
Como hice referencia al emitir mi opinión en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013) -entre muchas otras más recientes-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes -a los que me remito por razones de brevedad- ha sido minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no solo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño el marco de tratamiento del recurso que propone el doctor Soria en los puntos III.1.a. y III.1.b. de su voto.
I.2. En lo demás, adhiero a las consideraciones expuestas por mi colega en los puntos III.2. a III.6. de su voto.
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
La señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. denuncia absurdo en la valoración de la prueba.
I.1. Impugna lo decidido en la sentencia de grado en cuanto se condenó a la firma aseguradora a abonar al actor las prestaciones por incapacidad laboral previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Destaca que, conforme surge de la prueba obrante en el exp
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