Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128681
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.681, "Astrada, Néstor Daniel contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Carral, Maidana, Kohan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 26-XI-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-XII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Néstor Daniel Astrada y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 26-XI-2021).
Para así resolver, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. resol. de fecha 14-VI-2021) y por tenerlo acreditado en los autos "Astrada, Néstor c/ Provincia ART SA s/ Recurso de apelación" expediente n° 28.549 -que tramitaran ante el mismo organismo-, juzgó que no mediaba controversia en cuanto a : a) que el 13 de febrero de 2010 el actor sufrió un accidente de trabajo por el que, con fecha 27 de septiembre de 2010, la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 8% de incapacidad; b) que como consecuencia del recurso ante la justicia, el órgano de grado competente determinó una minusvalía del 10,6% de la total obrera; c) y que en noviembre de 2010 y abril de 2015 el legitimado activo percibió, por parte de la aseguradora, las sumas de $16.887,81 -por la incapacidad otorgada en la instancia administrativa- y de $5.448,54 -por la diferencia determinada por el tribunal de grado- (v. pág. 4).
Sentado ello, procedió a analizar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 8 y 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773, 12 de la ley 24.557 y del decreto 472/14, solicitados por la parte actora. A ese efecto, expresó que el control de constitucionalidad debe ejercitarse con suma prudencia y como ultima ratio , y que la ilegitimidad de las leyes debe ser demostrada en el caso concreto con el fin de que los controles de convencionalidad y constitucionalidad puedan articularse mediante una argumentación que suministre la justificación de la solución adoptada.
Sobre esa base anticipó que los cuestionamientos normativos efectuados por el accionante debían ser rechazados, en tanto -por un lado- resultaban ser meras manifestaciones dogmáticas y -por el otro- porque no encontraba elementos suficientes para hacer lugar a lo solicitado.
En primer lugar, sostuvo que no se debía tomar en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Castillo" del 12 de marzo de 2019, ya que no existía semejanza entre los hechos y el derecho aplicable en el sub lite (v. págs. 6/8).
Juzgó que el precedente de esta Suprema Corte L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) tampoco resultaba útil a esos efectos, toda vez que en dicha causa este Tribunal se había limitado a resolver que el recurso allí tratado era una cuestión de hecho, ajena a la casación (v. pág. 8), y no se sentaba doctrina legal respecto de la materia allí discutida, tal como -señaló- lo dijo este órgano en la causa L. 126.437, "Bonopera" (resol. de 26-V-2021; v. pág. 9).
Luego, con sustento en lo resuelto por esta Corte en los autos L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte federal en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), expuso que las pretensiones actorales fundadas en normativas dictadas con posterioridad al evento dañoso también debían desestimarse.
De este modo, alegó que, conforme el análisis de los fallos mencionados, las constancias objetivas de la causa, el cálculo indemnizatorio del menoscabo en la capacidad del trabajador, lo llevaban a rechazar los pedidos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 (v. pág. 9).
Con arreglo a ello, y teniendo en cuenta el ingreso base denunciado por la aseguradora ($2.267,23) -por ser mayor al que surgía de los recibos de haberes adjuntados por la parte actora ($2.138)-, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, arribando a la suma de $22.290,27 (v. pág. 10).
A ese resultado, le adicionó intereses desde el evento dañoso (13-II-2010) hasta la fecha del primer pago parcial (fijada en el 1-XI-2010), sobre cuyo monto total le dedujo el importe de $16.887,81 ya percibido por el trabajador. Luego, al remanente ($6.990,86) le adicionó intereses desde la última fecha señalada y hasta la del segundo pago parcial (establecida en el 1-IV-2015), descontando luego el valor allí abonado por la aseguradora ($5.488,54), arribando a un total de $6.577,26.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 2 de abril de 2015 y hasta su efectivo pago (v. últ. pág. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador; de los principios alterun non laedere , de Indemnidad, protectorio y progresividad; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 22-XII-2021).
En esencia, cuestiona que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
II.1. Sostiene que el fallo de grado interpretó erróneamente el planteo de su parte, soslayando efectuar el requerido control de razonabilidad del pago y monto resarcitorio.
Manifiesta que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), vigente al momento de dictar sentencia, cuyo fundamento -señala- radica en que las indemnizaciones laborales deben ajustarse a montos razonables al ser abonadas.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del pago parcial (abril 2015), o bien, del dictado de la sentencia (noviembre 2021).
Afirma que, tratándose de un trabajador que porta su minusvalía por más de once años, a la espera de percibir su crédito indemnizatorio, íntegro y definitivo, el a quo desvirtuó el concepto reparatorio, concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable e irrisorio; máxime, si se coteja este monto con la suma resultante de emplear otras opciones más benevolentes para el operario, como los salarios vigentes al momento del pago o sentencia, o bien, adicionar intereses sobre la base salarial desde la fecha de la contingencia.
Advierte que el sentenciante, decretó absurda e injustificadamente la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ignorando la doctrina legal aludida y luego sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Marando" y "Leguizamón".
Resalta que los planteos y argumentos actorales, esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan al citado precedente "Amaya", mas no con la doctrina sentada en las causas "Staroni" y "Godón", que erróneamente aplica el órgano de grado para fundar su fallo.
II.2. Expresa que resulta evidente que la sentencia de grado es arbitraria, en tanto omitió valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye, decidiendo la suerte del proceso, omitiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), toda vez que el valor del litigio -se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 22-II-2022).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, no acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual.
En efecto, de la lectura de los términos de la pretensión actoral de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa (en donde se invocan cálculos comparativos meramente aproximados por haberse declarado la cuestión litigiosa de puro derecho), no se advierte al influjo de los parámetros que utilizó la doctora Kogan al emitir su voto en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) -al cual hube de adherir y remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento debe permanecer firme.
III.3. Por otro lado, no puede ser acogida la tesis del recurrente en el sentido que el sentenciante habría omitido abordar distintos planteos -que, alega, se efectuaron en forma expresa y en un momento procesal adecuado- vinculados con la "Razonabilidad Indemnizatoria" solicitada (v. rec., en particular, págs. 13 y 17 y 24/25).
En esas condiciones, se aprecia que este agravio resulta notoriamente inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.4.a. Finalmente, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que -tal como lo advierte el propio recurrente- la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
III.4.b. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) pues no es exacto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar en el mencionado precedente.
En dicha causa la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta Sede en virtud de la insuficiente fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres, aunque con las siguientes consideraciones meramente complementarias.
En lo concerniente al cuestionamiento estructurado en torno al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción y de lo que pudiera opinarse de la suficiencia técnica del embate; coincido con mi colega doctor Torres en la conclusión de que -aun en la mejor hipótesis para el recurrente- no es posible advertir de los elementos obrantes en la causa la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) para declarar la invalidez constitucional del citado precepto en lo referido a dicho aspecto (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 adhiero con lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción, el agravio que objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual (IBM), debe ser desestimado por insuficiente.
I.2.a. Ello así en razón de que el compareciente solo se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la hipotética inobservancia de derechos constitucionales, sin aportar fundamentos concluyentes en abono de sus alegaciones.
En tal sentido, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023).
I.2.b. Por otro lado, no cuestiona los fundamentos explicitados por el juzgador de origen en torno a la jurisprudencia expresamente denunciada por el actor al articular su pretensión (v. escrito electrónico de fecha 18-VI-2021), lo que sella la suerte adversa del agravio.
I.3. Luego, el embate que se asienta puntualmente en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta idóneo para controvertir lo resuelto.
En efecto, la impugnación es improcedente, pues parte de una errada lectura del mentado fallo. En rigor, lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
I.4. Finalmente, adhiero a los puntos III.3. y III.4. del sufragio inaugural.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.