Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.031, "M., E. A. contra Descartables Caromar S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 5-VI-2023).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 22-VI-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal laboral interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por E. A. M. y condenó a Descartables Caromar S.A. al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, días trabajados del mes de noviembre de 2015 e integración del mes de despido. Además, en tanto la actora hubo de plantear la nulidad de la cesantía con el reclamo de salarios caídos, pero en forma subsidiaria al progreso de la indemnización por despido que hubo de juzgarse procedente, desestimó esa pretensión. También fueron rechazados los reclamos fundados en el art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, las multas previstas en la ley 25.212, así como el pago de una indemnización por incapacidad psíquica, violación de derechos personalísimos, daños a la integridad personal y a las afecciones espirituales. Asimismo, desestimó íntegramente la acción respecto de la codemandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (v. sent. de fecha 5-VI-2023).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó acreditado que la actora laboró en relación de dependencia para la demandada mencionada en primer término, y que el contrato de trabajo fue debidamente registrado.
Consideró probado también que el vínculo laboral se extinguió el día 24 de noviembre de 2015, cuando llegó a conocimiento de la accionante la decisión rupturista de la empleadora.
Luego de tener por acreditada la existencia del contrato de afiliación entre las codemandadas en los términos de la ley 24.557, el juzgador estimó que no se demostró que la demandante haya sido víctima de actitudes en el ámbito laboral que vulneren su dignidad; tampoco que padezca una enfermedad psiquiátrica de carácter profesional vinculada con sus tareas. Señaló que, tal conclusión, lo eximía de ingresar a analizar si las accionadas habían cumplido con las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Seguidamente, en función de la doctrina legal de la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), valoró que la parte actora no había producido siquiera prueba indirecta o indiciaria que permita "...tener por superado el estándar probatorio -menoscabado y flexible- que habilite la presunción legal de que la trabajadora fue víctima de discriminación arbitraria y que obligue luego a invertir la carga probatoria hacia el demandado..." (pronunciamiento, pág. 16).
Añadió que la denuncia de violencia de género formulada en la demanda resultó deficiente, toda vez que la interesada no precisó en qué consistieron las alegadas conductas humillantes y actitudes hostiles, ni quienes fueron los agresores, ni cuál fue la frecuencia y contexto en que sucedieron tales comportamientos, ni que tal accionar responda a su condición de ser mujer. Menos aún, dijo, se aportaron elementos probatorios que respalden o acompañen mínimamente los hechos de violencia imputados o la manera en que tales circunstancias afectaron la dignidad de la accionante.
En este contexto, concluyó que de modo alguno la falta de prueba de la causal de despido invocada por la patronal constituye violencia de género en los términos de la ley 26.485.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 11, 12, 28, 36 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Convenios 111, 155, 187 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 9, 62, 63, 74, 78 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; ley 23.179; ley 24.557 y sus reglamentaciones; ley 26.485; ley 26.657; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 22-VI-2023).
II.1. Controvierte la conclusión del órgano de grado que juzgó que el contrato de trabajo fue debidamente registrado, toda vez que alega —en su esencia— que omitió valorar prueba documental de donde, a su juicio, surge que la empleadora registró el contrato durante cuatro años bajo la modalidad de nuevo período de prueba.
II.2. Expresa que el tribunal no analizó con "perspectiva de género" los hechos de violencia denunciados y los elementos probatorios que lo demuestran.
En este punto, indica que el juzgador no ponderó determinado acto que califica como discriminatorio.
A la par, denuncia que la interpretación que hace el tribunal de grado del fallo "Villalba" se contrapone con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos pronunciamientos que cita.
Sostiene que, a diferencia de lo valorado por el sentenciante, los hechos de violencia fueron denunciados en el intercambio telegráfico habido entre las partes.
II.3. Cuestiona el rechazo de la acción respecto de la codemandada Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en tanto expresa que el a quo incurrió en absurdo en la valoración de la prueba y errónea interpretación de las normas de la ley 24.557 y sus complementarias.
Refiere que el órgano de grado no se pronunció acerca de si el contrato de afiliación existente entre la aseguradora y la empleadora reflejaba el cumplimiento por parte de aquellas de las obligaciones en materia de prevención, control y reparación.
Expresa que debió hacer efectivo el apercibimiento del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial, al no haber acompañado las accionadas la documentación en su poder que oportunamente les fue requerida.
II.4. En sustancia, objeta que el sentenciante haya juzgado no probada la enfermedad psiquiátrica que la accionante denunció en la demanda.
Sostiene que, con los propios argumentos del tribunal de grado, aunque —señala— contradictorios, se demuestra la existencia de licencia por esa enfermedad, su duración más allá del alta médica, el tratamiento farmacológico y el reconocimiento de los certificados médicos emitidos por el psiquiatra que trató a la trabajadora.
Afirma que la supuesta omisión probatoria que el juzgador atribuye a la parte actora para juzgar que no acreditó que haya sido víctima de actitudes en el ámbito laboral que vulneren su dignidad, denota una falta de análisis con perspectiva de género y con aplicación de las reglas de la sana crítica.
Añade que tardíamente la empleadora denunció a la aseguradora de riesgos la enfermedad profesional de la trabajadora, contingencia que debe tenerse entonces por aceptada, toda vez que Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo no probó su rechazo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, ocupa señalar que la recurrente ha omitido cumplir con la carga de demostrar que eventualmente el valor de lo cuestionado ante esta instancia resulte superior al mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Es que a tenor de la fisonomía que puede vislumbrarse de sus objeciones —con un diseño no exento de imprecisiones a la hora de definir y exponer los distintos agravios—, en ninguno de sus extensos y abundantes párrafos la interesada ha hecho referencia concreta alguna en el medio de impugnación vinculada con dicho recaudo procesal, menos aún ha expuesto eventuales razones que conduzcan a sostener su inaplicabilidad al caso.
Resultando entonces que el presentante no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 de aplicación al caso (causas L. 119.813, "Zamudio", sent. de 11-III-2020; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023 y L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023). Es así, que la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021 y L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023).
III.2. En el indicado marco, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida pues, más allá de que la interesada solo trae a consideración de esta Corte cuestiones de índole fáctica y probatoria, omite denunciar la eventual violación de doctrina legal, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023 y L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023).
Para más, no es ocioso recordar que la opinión de autores, o los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023 y L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:01:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2024 15:11:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2024 17:04:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 10:04:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:26:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:22:41 hs. bajo el número RS-114-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia