Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128615
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.615, "Gómez, Luis Eduardo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Acción de revisión, res. Comisión Médica Jurisdiccional. Ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, se declaró incompetente para conocer en las presentes actuaciones, imponiendo las costas —con el beneficio de gratuidad— a la parte actora vencida (v. pronunciamiento de fecha 11-XI-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y declaró su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones.
Inicialmente, sostuvo que en autos el actor dedujo una acción laboral mediante la cual procura la revisión de lo resuelto por la comisión médica jurisdiccional, reclamando el cobro de las prestaciones previstas en el régimen especial de reparación de infortunios del trabajo con motivo de las enfermedades profesionales —no listadas— que alegó haber contraído en cumplimiento de las tareas prestadas para su empleadora; señaló que, a dicho fin, denunció haber dado inicio en sede administrativa a cuatro expedientes que individualizó.
Indicó que al presentarse al pleito la accionada opuso la mentada excepción manifestando que el demandante no había agotado en debida forma la vía administrativa previa prevista en la ley 27.348; y que dicho planteo fue cuestionado por este último al contestar el traslado contemplado en el art. 29 de la ley 11.653 de aplicación al caso.
Seguidamente, el órgano jurisdiccional de grado ponderó que todos los expedientes administrativos mencionados habían sido iniciados el día 21 de julio de 2021 "por rechazo de enfermedad no listada" y archivados el día 9 de agosto del mismo año por la comisión médica por no cumplimentar el trabajador con el requisito de acompañar la "petición fundada" suscripta por el médico especialista con relación a la patología reclamada (v. pronunciamiento, pág. 3).
Juzgó entonces que en ninguna de aquellas actuaciones se hallaba cumplida la mentada exigencia dispuesta en el art. 1 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para dar curso al inicio del trámite administrativo, situación ésta que -dijo- la comisión médica le hizo saber al actor, quien, no obstante, haciendo caso omiso, inició posteriormente la presente acción.
Así, consideró que el accionante no había dado cumplimiento con la obligación de agotar el procedimiento administrativo previo, obligatorio y excluyente establecido en el art. 1 de la ley 27.348, que resulta imprescindible para poder habilitar la instancia ordinaria de revisión. En consecuencia, declaró su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en autos (citó aquí el art. 2, ley cit.; la ley 14.997 y los arts. 2, inc. "j" y 103, ley 15.057).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2021).
En lo fundamental, luego de tachar de absurda a la decisión del tribunal laboral, expresa que en los casos de rechazos de contingencias "por enfermedades no listadas" como se verifica en el presente, la normativa que rodea a la legislación de riesgos del trabajo exige al trabajador que pretendiera su reconocimiento como enfermedad profesional, el inicio de un trámite administrativo ante la comisión médica, debiendo cumplimentar ciertos requisitos, entre ellos, la presentación de "la petición fundada" suscripta por un médico a la que aluden el decreto 410/01 y las resoluciones 305/01 y 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. rec., pág. 8).
A su juicio, este último recaudo constituye una suerte de prueba anticipada que el trabajador enfermo debe producir y solventar, cuando, además, a tales fines le son requeridos estudios a los cuales no siempre tiene acceso. Agrega, que el "certificado" requerido tiene su costo, y en su caso, destaca los obstáculos de efectuar los exámenes médicos que no requieren urgencia en instituciones públicas.
Explica que, en el caso del accionante, la falta de presentación de la "petición fundada" condujo al cierre del trámite sin dictamen que habilite la posibilidad de interponer un recurso ante la justicia.
Sostiene que este sistema, incorporado por la última reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo que impone mayores requisitos al trabajador que los establecidos por su antecesora, en su opinión, se trata de una reglamentación excesiva y regresiva en materia de derechos laborales.
Postula que el requisito reglamentario contradice lo establecido en el art. 2 de la ley 27.348, en cuanto sostiene que las medidas de prueba producidas en cualquier instancia serán gratuitas para el reclamante.
Manifiesta que el "acceso a la justicia" como derecho y garantía constitucional y convencional, se ve vulnerado por el requisito de gestionar una onerosa y engorrosa "petición fundada", que lo coloca en un marco desventajoso y de desigualdad.
Denuncia que el fallo de grado resulta portador del vicio de absurdo, arbitrariedad, a la vez que carece de fundamentación adecuada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ocupa memorar que esta Corte ha equiparado a definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a pronunciamientos que encuentran su sustancia en definiciones relativas a la validez constitucional o —como en el caso— aplicabilidad de las normas que integran el universo de los riesgos del trabajo (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021 y L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024).
En virtud de ello, dadas las particulares circunstancias reseñadas en los antecedentes, aquel recaudo de admisibilidad debe entenderse configurado en la especie.
III.2. Establecido lo que antecede, cabe anticipar que las expresiones que contiene el recurso no constituyen un ataque idóneo al razonamiento trazado por el tribunal de grado.
El recurrente, dedica un acápite de su recurso (el IV) exclusivamente a mencionar las normas que a su juicio habrían sido infringidas en el pronunciamiento de grado, allí, se circunscribe a citar a los arts. 34 inc. 5 apartado "c", 163 incs. 5 y 6, 164, 384 y 457 del Código Procesal Civil y Comercial y 10 de la Constitución provincial.
Tal manifestación, a tenor de los argumentos que luego despliega a lo largo del medio de impugnación no luce hábil. Es que, sin denunciar la hipotética infracción de todas las normas actuadas por el tribunal de grado, y centrado en sostener que el pronunciamiento luce absurdo, el interesado pretende fundar su agravio en una serie de conjeturas y suposiciones que en modo alguno evidencian aquel excepcional yerro que anuncia ni tampoco las alegadas y supuestas infracciones normativas transcriptas; tan sólo son reflejo de su mero criterio discrepante.
Son aplicables entonces, las directrices de este Tribunal que expresan que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023 y L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2024 11:01:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2024 15:10:54 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2024 17:04:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 10:04:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 12:25:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 13:22:36 hs. bajo el número RS-109-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia