Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128448
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.448, "Lagos, Esteban Fernando contra Asociart ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Natiello, Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. veredicto y sentencia fechados el 4-XI-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-XI-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Esteban Fernando Lagos y condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, tuvo por acreditado que: a) el 30 de agosto de 2007 el actor sufrió un accidente de trabajo por el que, con fecha 27 de octubre de 2008, la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 9% de incapacidad; b) como consecuencia del recurso ante la justicia, el 5 de noviembre de 2012 el órgano de grado competente determinó una minusvalía del 13% de la total obrera; c) los días 12 de noviembre de 2008 y 24 de septiembre de 2013 el actor percibió, por parte de la aseguradora demandada, la suma de $15.320,88 por la incapacidad otorgada en la instancia administrativa y $6.809,28 por la diferencia determinada por el tribunal de grado, respectivamente; d) el ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, ascendía a $1.284,77 (v. vered. págs. 1/4).
Sentado ello, procedió a analizar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 8 y 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 12 de la ley 24.557 y del decreto 472/14, solicitados por la parte actora. A ese efecto, expresó que el control de constitucionalidad debe ejercitarse con suma prudencia y como ultima ratio , y que la ilegitimidad de las leyes debe ser demostrada en el caso concreto con el fin de que los controles de convencionalidad y constitucionalidad puedan articularse mediante una argumentación que suministre la justificación de la solución adoptada.
Sobre esos lindes, anticipó que los cuestionamientos normativos efectuados por el accionante debían ser rechazados, en tanto resultaban ser meras manifestaciones dogmáticas.
Sostuvo que no se debía tomar en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Castillo" del 12 de marzo de 2019, por cuanto no existía semejanza entre los hechos y el derecho aplicable en el sub lite (v. sent., págs. 6/7).
Luego, manifestó que -bajo otro carril- tampoco encontraba elementos suficientes para la declaración de inconstitucionalidad solicitada, pues el precedente de esta Suprema Corte L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) tampoco resultaba útil a esos efectos, en tanto en dicha causa este Tribunal se había limitado a disponer que el recurso allí tratado era una cuestión de hecho, ajena a la casación (v. sent., pág. 8).
Luego, y conforme lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte federal en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), sostuvo que las pretensiones actorales fundadas en normativas dictadas con posterioridad al evento dañoso no debían prosperar.
En virtud de lo expuesto, sostuvo que la pretensión introducida en el escrito de fecha 28 de junio de 2019 devenía improcedente, por lo que, conforme las constancias objetivas de la causa, el cálculo indemnizatorio correspondiente a la incapacidad sufrida por el señor Lagos, junto a los demás aspectos coadyuvantes de la cuestión, lo llevaban a rechazar, en este caso, los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 (v. sent., págs. 8/9).
Con arreglo -entonces- al ingreso base determinado ($1.284,77) y al porcentaje de incapacidad ya referido, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, arribando a la suma de $21.244,95. Sin embargo, consideró aplicar el piso establecido por el decreto 1.694/09 ($23.400) por considerar que se encontraba vigente al momento del evento dañoso (v. sent., pág. 9).
Seguidamente, a ese valor, le adicionó intereses desde el evento dañoso (30-VIII-2007) hasta la fecha del primer pago parcial (12-XI-2008), sobre cuyo monto total le dedujo el importe de $15.320,88 ya percibido por el trabajador. Luego, al remanente ($8.894,96) le adicionó intereses desde la última fecha señalada y hasta la del segundo pago (24-IX-2013), descontando luego el valor allí abonado por la aseguradora ($6.809,28), arribando a un total de $7.758,68.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 25 de septiembre de 2013 y hasta su efectivo pago (v. últ. pág. cit.).
I.2. Luego, tras sucesivas aclaratorias de ambas partes, estableció que el decreto 1.694/09 no se encontraba vigente al momento del infortunio laboral, al tiempo que enmendó la edad del actor a fin de realizar los cálculos según el método más arriba descripto. A raíz de todo ello, mensuró la prestación dineraria conforme el decreto 1.278/00, arribando al monto de condena de $ 7.744.22 (v. resoluciones del 12 y 30 de noviembre de 2021, respectivamente).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador; 10, 11, 15, 168 y 171 de la Constitución provincial; 47 de la ley 11.653; de los principios alterun non laedere , de Indemnidad, protectorio y progresividad; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 24-XI-2021).
En concreto, formula los siguientes agravios.
II.1. Cuestiona que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 vigente a la fecha del infortunio, en cuanto computó como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
Sostiene que el fallo de grado interpretó erróneamente el planteo de su parte, soslayando efectuar el requerido control de razonabilidad del pago y monto resarcitorio.
Manifiesta que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), vigente al momento de dictar sentencia, cuyo fundamento -señala- radica en que las indemnizaciones laborales deben ajustarse a montos razonables al ser abonadas.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del pago parcial (agosto 2013), o bien, del dictado de la sentencia (octubre 2021).
Afirma que tratándose de un trabajador que porta su minusvalía por más de catorce años, a la espera de percibir su crédito indemnizatorio, íntegro y definitivo, el a quo desvirtuó el concepto reparatorio, concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable e irrisorio.
Advierte que el sentenciante decretó absurda e injustificadamente la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ignorando la doctrina legal aludida y luego sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Marando" y "Leguizamón".
Resalta que los planteos y argumentos actorales, esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan al precedente "Amaya", más no con la doctrina sentada en las causas "Staroni" y "Godón", que erróneamente aplica el órgano de grado para fundar su fallo.
II.2. Expresa que resulta evidente que la sentencia de grado es arbitraria, en tanto omitió valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye, decidiendo la suerte del proceso, omitiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
II.3. Alega que en el pronunciamiento del 12 de noviembre de 2021 que resolvió el recurso de aclaratoria incoado por la parte demandada, el tribunal incurrió en un exceso procesal por cuanto modificó el régimen legal aplicado en la sentencia de origen, vulnerando -de este modo- derechos del trabajador.
II.4. Denuncia la transgresión del principio de congruencia al rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, formulado por su parte, por no incluir los rubros no remunerativos. En tal sentido, sostiene que, al contrario de lo manifestado por el juzgador de grado, denunció la existencia de dichos conceptos salariales.
A partir de ello, alega que queda evidenciado que el sentenciante no realizó un análisis profundo de las pretensiones esgrimidas por el trabajador en la demanda, el escrito electrónico de fecha 28 de junio de 2019 y en el alegato.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), toda vez que el valor del litigio -se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. pronunciamiento de fecha 10-XII-2021).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, no acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual.
En efecto, por un lado, de la lectura de los términos de la pretensión actoral de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa (en donde no se han podido efectuar cálculos comparativos, por no haber sido tales extremos objeto de prueba, v. pericia contable solo sobre puntos de parte demandada del 4-VII-2020; alegato de parte actora del 25-VI-2021 y veredicto del 4-XI-2021), no se advierte al influjo de los parámetros que utilizó la doctora Kogan al emitir su voto en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) -al cual hube de adherir y remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
En consecuencia, el planteo debe ser desestimado.
III.3. Por otro lado, no puede tener cabida en lo que concierne a la tesis enarbolada por el quejoso, referida a que el sentenciante habría omitido abordar distintos planteos -que, alega, se efectuaron en forma expresa y en un momento procesal adecuado- vinculados con la "razonabilidad indemnizatoria" solicitada (v. rec., en particular, págs. 23/26).
En esas condiciones, se aprecia que este embate resulta notoriamente inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.4.a. Finalmente, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que -tal como lo advierte el propio recurrente- la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018; L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021 y L. 120.348, "Díaz", sent. de 27-II-2023).
III.4.b. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018). En efecto, en dicho obrado la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.5. En lo que respecta al reproche vinculado al pronunciamiento de fecha 12 de noviembre de 2021, el mismo resulta inatendible, en tanto se advierte que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el referido tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023 y L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023).
III.6. Finalmente, a propósito de los argumentos del impugnante mediante los cuales intenta poner a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia, cabe recordar que tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres, aunque con las siguientes consideraciones meramente complementarias.
I.1. En lo concerniente al cuestionamiento estructurado en torno al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción -así como de lo que pudiera opinarse de la suficiencia técnica del embate- coincido con el ponente en la conclusión de que, aún en la mejor hipótesis para el recurrente, no es posible advertir de los elementos obrantes en autos la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021; así como también, y entre otras, la causa L. 120.648 "Amaya", sent. de 31-VIII-2021, citada por el recurrente) para declarar la invalidez constitucional del citado precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
I.2. Luego, respecto a la denunciada violación del principio de congruencia si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño -como lo anticipé- la propuesta del ponente (causas L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023).
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.