Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128444
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.444, "Galante, Hernán Rodolfo contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Budiño , Kohan , Natiello .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 99/106 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-XI-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Hernán Rodolfo Galante y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencia por la prestación dineraria establecida en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 (v. fs. 99/106 vta.).
Para así decidir, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. fs. 85), señaló que no había controversia en: a) que el día 27 de junio de 2011 el actor sufrió un accidente de trabajo por el que, con fecha 16 de enero de 2012, la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 13% de incapacidad; b) que como consecuencia del recurso ante la justicia, el órgano de grado competente determinó un 16,32% de incapacidad de la total obrera; c) que los días 10 de febrero de 2012 y 3 de septiembre de 2015 el actor percibió, por parte de la aseguradora demandada, la suma de $30.069,21 por la incapacidad otorgada en la instancia administrativa y de $7.679,21 por la diferencia determinada por el tribunal de grado, respectivamente y d) que el ingreso base, teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante, ascendía a $4.089,45 (v. fs. 101 vta. y 102).
Sentado ello, y con sustento en lo resuelto por esta Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), sostuvo que las pretensiones actorales fundadas en normativas dictadas con posterioridad al evento dañoso no debían prosperar. En tal sentido, agregó que la misma decisión había tomado esta sede en el caso L. 121.064, "G., J. M." (sent. de 18-IX-2019), donde se reclamaban diferencias de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo al igual que en el presente (v. fs. 102 y vta.).
Luego, desestimó la objeción constitucional efectuada por el accionante al art. 12 de la ley 24.557 en lo concerniente al período computable de las remuneraciones que integran el cálculo del ingreso base.
De un lado, sostuvo que tomar el ingreso base teniendo en cuenta las pretensiones actorales contraría los postulados de la jurisprudencia casatoria analizada con anterioridad, pues debían aplicarse las normas vigentes en la fecha en que habían sucedido los acontecimientos (v. fs. 102 vta.). De otro, que tampoco se debía tomar en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Castillo" del 12 de marzo de 2019, por cuanto no existía semejanza entre los hechos y el derecho aplicables en ese y el sub lite (v. fs. 102 vta./103 vta.).
Manifestó que -bajo otro carril- tampoco encontraba elementos suficientes para la declaración de inconstitucionalidad solicitada, pues el precedente de esta Suprema Corte L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), tampoco resultaba útil a esos efectos, en tanto en dicha causa se había dispuesto que lo cuestionado revestía una cuestión de hecho, ajena a la casación (v. fs. 103 vta.).
A partir de lo expuesto, el a quo calculó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 arribando a la suma inicial de $35.725,90 (v. fs. 104). A ese resultado, le adicionó intereses desde el evento dañoso (27-VI-2011) hasta la fecha del primer pago parcial (10-II-2012), sobre cuyo monto total dedujo el importe de $30.069,21 ya percibido por el trabajador. Al remanente ($8.548,99), le adicionó intereses desde la última fecha señalada y hasta la del segundo pago parcial (3-IX-2015), descontando luego el valor allí abonado por la aseguradora ($7.679,21), arribando a una suma total de $6.652,61. Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios con arreglo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el día 3 de septiembre de 2015 y hasta su efectivo pago (v. fs. 104 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31, inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo de San Salvador; de los principios alterum non laedere , de indemnidad, protectorio y de progresividad; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 16-XI-2021).
En esencia, cuestiona que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
II.1. Sostiene que el fallo de grado interpretó erróneamente el planteo de su parte, soslayando efectuar el requerido control de razonabilidad del pago y monto resarcitorio. Manifiesta que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), vigente al momento de dictar sentencia, cuyo fundamento -señala- radica en que las indemnizaciones laborales deben ajustarse a montos razonables al ser abonadas.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del pago parcial (agosto de 2017), o bien, del dictado de la sentencia (octubre de 2021).
Afirma que, tratándose de un trabajador que porta su minusvalía por más de diez años a la espera de percibir su crédito indemnizatorio íntegro y definitivo, el a quo desvirtuó el concepto resarcitorio concediendo un capital de condena a todas luces irrazonable e irrisorio; máxime cuando se coteja este monto con la suma resultante de emplear otras opciones más benevolentes para el operario, como los salarios vigentes al momento del pago o sentencia, o bien, adicionar intereses sobre la base salarial desde la fecha de la contingencia.
Advierte que el sentenciante decretó absurda e injustificadamente la constitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 ignorando la doctrina legal aludida y posteriormente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Marando" y "Leguizamón".
Resalta que los planteos y argumentos actorales, esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, coinciden y se asemejan al precedente "Amaya" y difieren con la doctrina de este Tribunal sentada en las causas "Staroni" y "Godón", que erróneamente aplica el órgano de grado.
II.2. Expresa que la sentencia de grado resulta arbitraria por haber omitido valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye, decidiendo la suerte del proceso, omitiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como por lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
III. Pues bien, el recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), toda vez que el valor del litigio -como se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. fs. 107 y vta.).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, corresponde rechazar las objeciones de la parte actora contra la decisión de grado que desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en torno del período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual.
III.2.a. En efecto, por un lado, de la lectura de los términos de la pretensión actoral de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa (en donde se acude a cálculos comparativos meramente aproximados por haberse declarado la cuestión litigiosa de puro derecho, v. resol. de 26-V-2020 y alegato de 2-VII-2020), no se advierte -al influjo de los parámetros que utilizó la doctora Kogan al emitir su voto en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), al cual hube de adherir y remito por razones de brevedad- que concurran en el caso las condiciones que condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (en el mismo sentido, causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
III.2.b. Por otro lado, tampoco puede tener cabida el embate de la quejosa fundado en que el sentenciante habría omitido abordar su planteo vinculado con la "razonabilidad indemnizatoria" solicitada (v. rec., págs. 14/16).
Se aprecia que este embate resulta inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.2.c. Por demás, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que -tal como lo advierte el propio recurrente- la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los señores ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
III.2.d. Finalmente, tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), pues en ella la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante (doctr. art. 279, CPCC).
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres, aunque con las siguientes consideraciones meramente complementarias.
En lo concerniente al cuestionamiento estructurado en torno al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción -así como de lo que pudiera opinarse de la suficiencia técnica del embate- coincido con el ponente en la conclusión de que, aún en la mejor hipótesis para el recurrente, no es posible advertir de los elementos obrantes en autos la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021; así como también, y entre otras, la causa L. 120.648 "Amaya", sent. de 31-VIII-2021, citada por el recurrente) para declarar la invalidez constitucional del citado precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 adhiero con lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, y sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal de su introducción, el agravio que objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual (IBM), debe ser desestimado por insuficiente.
I.2.a. Ello así en razón de que el compareciente solo se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la hipotética inobservancia de derechos constitucionales, sin aportar fundamentos concluyentes en abono de sus alegaciones. En tal sentido, es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023).
I.2.b. Por otro lado, no cuestiona los fundamentos explicitados por el juzgador de origen en torno a la jurisprudencia expresamente denunciada por el actor al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 -aplicable al caso- (v. escrito electrónico de fecha 8-II-2019), lo que sella la suerte adversa del agravio.
I.3. Luego, el embate que se asienta puntualmente en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta idóneo para controvertir lo resuelto. En efecto, la impugnación es improcedente, pues parte de una errada lectura del mentado fallo. En rigor, lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
I.4. Luego, adhiero a los puntos III.2.b., III.2.c. y III.2.d. del sufragio inaugural.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, suscribo los argumentos desarrollados por el doctor Soria en los puntos I.2. y I.3. de su sufragio.
I.3. Finalmente, adhiero a los puntos III.2.b., III.2.c. y III.2.d. del sufragio inaugural.
II. Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, con las consideraciones adicionales vertidas por la doctora Kogan en el segundo párrafo de su sufragio.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.