Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118548
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.548, "Asociación Trabajadores del Estado contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Apelación resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Maidana, Natiello, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido contra la resolución 2.420/14, dictada por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con costas en el orden causado (v. fs. 121/125).
Se interpusieron, por la Asociación de Trabajadores del Estado, recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 128/140 vta.), que fueron concedidos por el órgano de la instancia de grado (v. fs. 142 y vta.), y desestimados por esta Suprema Corte por no reunir los requisitos esenciales (v. fs. 152/154). Ante ello, la mencionada entidad sindical articuló remedio extraordinario federal, que fue denegado en esta sede casatoria, lo que motivó la deducción de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 246/250 vta. de la queja acollarada), el que -finalmente- fue admitido (v. fs. 259/264 vta. de la queja).
Devueltas las actuaciones a esta instancia extraordinaria, oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 23-VI-2023), dictada la providencia de autos, y previo oficio librado a la legislatura de la Provincia de Buenos Aires (según lo ordenado con fecha 21-II-2024), cuya respuesta obra fechada el 11 de marzo de 2024, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta relevante, el tribunal de grado rechazó la apelación deducida por la Asociación de Trabajadores del Estado (v. fs. 49/59 vta.) contra la resolución 2.420/14 dictada por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 42/46), que confirmó la disposición 23/14 emitida por el Director Provincial del Ministerio de Trabajo local, que -oportunamente- dispuso la apertura del procedimiento de conciliación obligatoria respecto del conflicto colectivo de trabajo, que -en aquel momento- reconoció existente entre la mencionada entidad gremial y la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, reparó en que la cuestión de fondo subyacente a resolver, consistía en determinar cuál era la competencia de la autoridad administrativa del trabajo para dirimir conflictos colectivos en el ámbito de la administración pública local, tópico -memoró- que en su momento motivó una decisión del mismo colegiado en autos "Asociación Judicial Bonaerense s/Apelación de Resolución Administrativa", expediente identificado bajo el n° 34.616, sentencia de 5-VI-2012, que -a continuación- reprodujo parcialmente (v. fs. 121 vta./123 vta.).
En este orden, destacó que, de acuerdo a lo ordenado en dicho precedente (en el que, de un lado, si bien se convalidaron las facultades de la cartera laboral local para encauzar los conflictos colectivos suscitados entre la Provincia de Buenos Aires y los gremios estatales en el marco de lo dispuesto en el capítulo III de la ley 10.149; por el otro, también se efectuó un formal requerimiento a los restantes poderes constituidos para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedieran a elaborar un proyecto de ley de creación del organismo imparcial al que alude el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial para conocer e intervenir en los conflictos que afecten al sector público), con fecha 22 de mayo de 2013 el Poder Ejecutivo provincial -mediante mensaje n° 2.840- ingresó al Senado provincial el proyecto de ley de creación del mencionado ente; y que -por su parte- la referida Cámara legislativa, en el expediente A-3/13-14, aprobó un proyecto en igual sentido, remitiendo las actuaciones a la Cámara de Diputados para su consideración.
Con pie en lo antedicho puntualizó que, en un todo de acuerdo con el mandato judicial consignado en la causa de referencia, los otros poderes del Estado pusieron manos a la obra en la obligación de materializar definitivamente la creación de la autoridad imparcial impuesta por la carta magna local (art. 39, inc. 4, Const. prov.), tras lo cual manifestó que resultaba ajeno a su competencia indagar el estado parlamentario de tales proyectos (v. fs. 123 vta.).
En este específico contexto, puesto a despejar el modo de encauzar los conflictos colectivos suscitados entre el Fisco provincial y los gremios estatales en la etapa transicional, resolvió -en línea con la causa arriba mencionada- que hasta tanto el Estado provincial instituyera definitivamente la entidad que ordena la norma constitucional antes citada, habría de seguir siendo el Ministerio de Trabajo, en el marco del capítulo III de la ley 10.149, quien intervenga en todo lo relativo a las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo en el territorio provincial.
Fundó también tal definición en lo resuelto por el Tribunal de Trabajo n° 2 departamental, en la causa "Asociación Trabajadores del Estado contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Acción declarativa", expediente registrado como n° 32.855 (sent. de 4-III-2011), decisión que -afirmó el juzgador- resultó confirmada por esta Suprema Corte en la causa registrada como L. 115.211, "Asociación Trabajadores del Estado" (sent. de 11-III-2013).
Con todo, dispuso rechazar la apelación interpuesta y reconocer validez a la competencia transitoria del Ministerio de Trabajo para disponer la conciliación obligatoria en los conflictos entre el Estado provincial y los gremios de empleados estatales (arts. 2, inc. "f’" y 57, ley 11.653 aplicable al caso).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 128/140 vta.).
En la primera de las vías mencionadas, invoca la inobservancia de los arts. 39 inc. 4 y 57 de la Constitución provincial, y pone énfasis en el quebrantamiento de los arts. 14, 14 bis, 28, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional y de los Convenios 87, 98, 151, 154 y 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. Previo a cualquier análisis, es dable señalar que los remedios procesales interpuestos por el apelante, han sido bien concedidos por el órgano de la instancia de grado. Ello así, en línea con lo sostenido por esta Suprema Corte en las causas L. 128.321, "Materiales Basualdo S.A.", resolución de 26-IV-2022 y L. 128.494, "Repartos Ya S.A.", resolución de 22-XI-2022, entre otras.
III.2. Aclarado ello -sin dejar de advertir la confusa delimitación expositiva en que incurre el quejoso- se impone destacar que el recurso contemplado en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial -regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial- sólo se abre cuando en la instancia ordinaria se ha controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales bajo la pretensión de ser contrarios a las normas de la Constitución local y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema (causas L. 117.514, "Tissier", sent. de 11-VII-2018; L. 120.947, "Centauro S.A", sent. de 15-IX-2021; e.o.), no siendo este el cauce procesal apto para expresar agravios concernientes al ajuste o desajuste de normas respecto de la Constitución nacional o el derecho supranacional incorporado al ámbito interno -como los desarrollados en el recurso en estudio- cuyo cuestionamiento debe formularse por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 52.674 "Martínez", sent. de 25-X-1994; L. 117.746, "Sonzini", sent. de 29-III-2017; L. 117.514 "Tissier", sent. de 11-VII-2018; L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021; e.o.).
Sentado lo antedicho, observo que la cuestión sometida a conocimiento y decisión del tribunal de trabajo por el impugnante se apontoca, en lo esencial, sobre dos objeciones de índole constitucional: i) de un lado, achaca a los poderes públicos provinciales haber incumplido la manda contenida en el art. 39, inc. 4 de la Constitución local, disposición que -destaca- garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la sustanciación de los conflictos colectivos a través de un organismo imparcial que determine la ley, circunstancia de la cual deriva la consecuente invalidez de las leyes 10.149; 13.757 y 13.453; cuyas disposiciones -afirma el quejoso- se encuentran en pugna con el mandato constitucional citado; ii) por el otro, alega que el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, incurrió en inconstitucionalidad positiva o por acción atento su pretensión de intervenir -y dirimir- los conflictos colectivos entre el estado local y sus agentes, disponiendo el procedimiento de conciliación obligatoria, cuando -apunta el apelante- dicha cartera ministerial no resulta ser el ente imparcial al que alude el mencionado texto constitucional.
En este marco, el embate que motiva la revisión intentada, con sustento -esencialmente- en la invocación de los arts. 14 y 14 bis de la Constitución nacional y en los Convenios 87, 98, 151, 154 y 159 de la OIT; junto con aquellas impugnaciones enderezadas a evidenciar la consumación de los vicios de contradicción y arbitrariedad que el quejoso entiende configurados en la sentencia en crisis, no resultan aptas para ser canalizadas por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, por cuanto desbordan el marco de actuación delimitado en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 299 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
IV. Por lo expuesto, tal como anticipé, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto, con costas (art. 303, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Maidana, Natiello y Violini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 28, 33 de la de la Constitución nacional; 39 y 57 de la Constitución provincial; así como de los documentos internacionales que invoca.
Se agravia de la sentencia de grado porque rechazó la apelación interpuesta por la Asociación de Trabajadores del Estado y confirmó la competencia transitoria del Ministerio de Trabajo para disponer la conciliación obligatoria en los conflictos entre el Estado provincial y los gremios de empleados estatales (v. fs. 129).
Señala que el juez que abrió el acuerdo hizo referencia a la necesidad de exhortar a los otros poderes del Estado para que dicten la ley de creación del organismo imparcial instituido por el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial, pero no fijó plazo ni intimación alguna al efecto (v. fs. 129 vta.).
Memora que la norma constitucional antes citada, al igual que el art. 75 inc. 22 de la carta magna nacional -que vino a consolidar la jerarquía supralegal de los tratados suscriptos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- datan del año 1994. Y en esta línea, destaca que el caso n° 2.369 -instado por la asociación reclamante, de temática similar al presente- fue resuelto por el referido organismo internacional de manera favorable al planteo sindical en el año 2004, sin que la creación del referido organismo imparcial se haya concretado a la fecha (v. fs. 130).
Entiende que la independencia de poderes debe ceder cuando se afectan los derechos de las personas, lo que acontece en la especie, por encontrarse afectado el derecho de huelga de la asociación apelante, y por carácter transitivo, el de sus afiliados (v. fs. cit.).
Refiere que la cuestión en debate tiene directa relación con tratados internacionales suscriptos por nuestro país. Menciona -en este sentido- el Convenio 87 -con jerarquía constitucional- y los Convenios 98, 151 y 154 de la OIT, y lo resuelto por dicho organismo internacional en el ya mencionado caso n° 2.369 (v. fs. 130 vta.).
Objeta que si bien la conciliación obligatoria es un remedio que puede dar sus frutos, quien lleve a cabo dicha tarea debe tener imparcialidad en la disputa (v. fs. 131). Por lo que cuestiona la sentencia de grado en cuanto allí se resolvió que, hasta tanto se reglamente el organismo previsto en el art. 39, inc. 4 de la Constitución provincial, la mejor solución consiste en admitir la intervención del Ministerio de Trabajo (v. fs. 131 vta.).
Insiste en que el constituyente ha impuesto la necesidad de reglamentar, por vía legal, el derecho consagrado en la citada cláusula constitucional; y que luego de veinte años, dicha manda se encuentra incumplida. A ello aduna que han pasado dos años desde que se impuso por mandato jurisdiccional la obligación de presentar el proyecto de ley, y si bien ello se cumplió, el mismo no ha sido abordado (v. fs. cit.).
Alega que el pronunciamiento impugnado tampoco guarda lógica o razonabilidad, en tanto si bien en los considerandos se exhorta al gobierno provincial a dictar la ley reglamentaria del derecho constitucional en cuestión, ello no se refleja en la sentencia (v. fs. 132). Asevera que de esta forma el fallo impugnado ha venido a convalidar una situación de inconstitucionalidad por omisión (v. fs. cit.).
Denuncia que lo expuesto genera un agravio irreparable a la libertad sindical, en tanto se permite a la empleadora continuar con su presión ilegítima y arbitraria contra la libre voluntad de los trabajadores de protestar mediante medidas de acción directa cuando lo consideren adecuado, y no cuando la empleadora lo habilite (v. fs. 132 vta.).
A continuación, enumera, las arbitrariedades que -desde su punto de vista- presenta la decisión en crisis: i) aplica las leyes 10.149 y 13.757 viciadas de incompatibilidad con el inc. 4 del art. 39 de la Constitución provincial y los Convenios 151 y 154 de la OIT (v. fs. cit.); ii) postula que el Ministerio de Trabajo no es la autoridad habilitada a intervenir en los conflictos colectivos entre la administración pública y sus agentes, y luego resuelve que sí puede hacerlo; iii) se aparta del tema en debate y dicta una ley virtual según la cual la entidad gremial impugnante está obligada, para el futuro, a aceptar los llamados a conciliación obligatoria del Ministerio hasta que se ponga en marcha el organismo imparcial (v. fs. 132 vta. y 133); iv) premia al Estado empleador, concediéndole el poder de cercenar el derecho de los trabajadores estatales a la resolución imparcial de los conflictos colectivos y a ejercer la libertad sindical y el derecho de huelga (v. fs. 133); v) faculta al empleador a impedir y penar la huelga, en lugar de cumplir con las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales vigentes; vi) entiende que el derecho de huelga altera la paz social; vii) no aborda las cuestiones federales planteadas por la recurrente; y, finalmente, viii) se opone a Convenios de la OIT de obligatorio cumplimiento (v. fs. 132 vta. y 133).
Por demás, expone que el tribunal de grado omitió resolver una cuestión esencial, cual es la inconstitucionalidad de la ley de ministerios 13.757, lo que constituye una causal de nulidad de su decisorio (v. fs. 133 y vta.).
Argumenta que el órgano de grado se desentendió del criterio seguido por este Tribunal con motivo de la falta de implementación del fuero contencioso administrativo. En este sentido transcribe parcialmente lo resuelto por esta Casación en la causa B. 64.474, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires " (sent. de 19-III-2003; v. fs. 133 vta. y 134).
Reitera que la sentencia es criticable porque luego de expedirse sobre la imposibilidad de considerar al Ministerio de Trabajo como el organismo imparcial instituido por art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial, recordar -con apoyo en doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT- que nuestro país está obligado a conformar los órganos de intervención de los conflictos colectivos asegurando su independencia, imparcialidad y confianza por los interesados, e impugnar el art. 12 de la ley 13.453, el tribunal debió expedirse por la inconstitucionalidad del régimen de conciliación obligatoria previsto en la ley 10.149, pero no lo hizo (v. fs. 134 y vta.).
Considera que recurrir a la conciliación es un derecho constitucional (14 bis, Const. nac.) y que una norma provincial no lo puede alterar a punto tal de transformarlo en una obligación facultativa de la empleadora (v. fs. 135).
Expone que el mentado procedimiento de conciliación obligatoria en conflictos colectivos de los agentes del Estado provincial ha sido tácitamente derogado con motivo de la ratificación por nuestro país de los ya citados Convenios 151 y 154 de la OIT, los cuales -reitera- poseen jerarquía supralegal (v. fs. cit.).
En suma, esgrime que en virtud de lo normado en el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial quedó derogada tácitamente cualquier normativa que no respete la garantía de sustanciación imparcial de los conflictos colectivos que involucren a los empleados públicos. Destaca que dicho mandato se opone al procedimiento impuesto unilateralmente por la empleadora con base en la ley 10.149 (v. fs. 135 vta.). Señala que la voluntad del constituyente fue inequívoca a punto tal de fulminar de nulidad todo acto -en el caso, una ley anterior- por colisionar con los preceptos de jerarquía superior que menciona en el recurso (v. fs. cit.).
Postula que el fallo no se sustenta en derecho sino en consideraciones políticas y sociales de los jueces del tribunal de grado, absolutamente divergentes con lo razonable (v. sent., fs. 136 vta.). Entiende que no ha existido un juicio meditado y prudente; sino uno arbitrario y, por ende, inconstitucional (v. fs. 137).
Insiste en que nuestro país ha ratificado el Convenio 87 de la OIT, con jerarquía constitucional en virtud de lo normado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en los términos del art. 75 inc. 22, Const. nac.). Añade que este último establece -además- que los Estados parte se comprometen a garantizar el derecho de huelga (art. 8, inc. 1, apdo. "d").
Menciona diversas resoluciones adoptadas por el mencionado organismo internacional vinculadas al instituto del "arbitraje obligatorio" (v. fs. 138 y vta.) y señala que los principios consagrados por los arts. 14, 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (y contemplados asimismo en los tratados supralegales antes mencionados) han sido vulnerados por la sentencia de grado. Transcribe el art. 8 del Convenio 151 de la OIT, norma que entiende desoída por los sentenciantes, tornando al fallo en un acto arbitrario e inconstitucional (v. fs. 139).
Por todo, solicita se revoque el pronunciamiento de grado y se haga lugar a la pretensión originalmente propuesta (v. fs. 140/141).
II. El recurso debe prosperar con el siguiente alcance.
II.1. Tal como fue reseñado en la cuestión anterior, en lo que aquí interesa destacar, el tribunal de grado rechazó el recurso de apelación interpuesto por la legitimada activa en el entendimiento de que la cuestión a resolver consistía en determinar si la autoridad administrativa del trabajo provincial posee competencia para dirimir los conflictos laborales colectivos en el ámbito de la adminis
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