Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126869
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.869, "E., M. E. contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 16-XII-2019).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 15-VII-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por la señora M. E. E. —por sí y en representación de sus hijos menores B. P. E. y M. P. E.— contra la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— por la que pretendía, con fundamento en las disposiciones de la ley 24.557, el cobro de prestaciones por el fallecimiento del señor E. M. P. (cónyuge y padre de aquellos, respectivamente), derivado de la enfermedad que —según se sostiene en la demanda— el causante contrajo mientras prestaba tareas en la Unidad 47 del Servicio Penitenciario, situada en la intersección del camino del Buen Ayre con la calle De Benedetti de la localidad José León Suárez.
Para así resolver, tras valorar el material probatorio aportado al proceso, con sustento en los datos surgidos de las constancias de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-132329-16 (caratulada "P. E. M. s/ denuncia"), los informes de zoonosis de la Municipalidad de General San Martín y del Director Provincial de Epidemiología, y las declaraciones testimoniales de los compañeros de trabajo del causante, el órgano de origen juzgó que no se había acreditado que este último hubiera contraído la afección de hantavirus, que le provocó la muerte, en su lugar de prestación de tareas.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial y 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo; y de los decretos 658/96 y 1.167/03 (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2020).
Señala que el tribunal de grado efectuó un tratamiento equivocado de la acción interpuesta, porque la analizó como si fuera de tipo civil, cuando —en realidad, asegura— se promovió una acción especial por una dolencia (hantavirus) incluida en el listado de enfermedades profesionales previsto en el art. 6, inc. 2, apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, mediante decreto 1.167/03 (v. pág. 13). Entiende que esa errónea interpretación, llevó al juzgador a exigir la configuración de los presupuestos de la responsabilidad propios del régimen común del Código Civil, invirtiendo así la carga de la prueba y apartándose de las disposiciones de la ley citada (v. pág. cit.).
Explica que, tratándose la presente de una acción especial por una enfermedad listada (por el decreto mencionado) y acreditada "…se presupone que el agente de riesgo es causa de la muerte y existe la consecuente obligación de cobertura", recayendo "…sobre la aseguradora la prueba de alguna eximición de responsabilidad que enumera la Ley (dolo del trabajador o fuerza mayor)" (págs. 21 y 23).
Añade, en este sentido, que el sentenciante tuvo por probadas tanto la muerte del señor P. por hantavirus como las lamentables condiciones de trabajo a las que estuvo expuesto.
Destaca, por considerarlo relevante e imparcial, algunos pasajes del informe pericial del especialista en seguridad e higiene en el trabajo, sobre el riesgo de la actividad desarrollada por el trabajador fallecido (v. págs. 24/27); a la vez que objeta el informe del Director de Bromatología e Higiene de la Municipalidad de General San Martín y asegura que fue desvirtuado por las conclusiones del referido experto (v. pág. 28).
También controvierte las consideraciones efectuadas en el fallo de grado con relación a las características de la zona rural en la cual se situaba el domicilio del causante, y a la ponderación que el juzgador realizó en torno a la falta de contagio de sus compañeros de trabajo y de la comunidad carcelaria en general (v. págs. 29/30).
Cuestiona el modo en que el tribunal de origen valoró el informe de la Dirección Provincial de Epidemiología y las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa. Asegura que dichas manifestaciones resultaron contestes en cuanto a la existencia de una gran cantidad de roedores y las nocivas condiciones del lugar en el que se desempeñaban (v. pág. cit.).
Asimismo, se agravia porque el sentenciante consideró que no resultaba aplicable al presente caso el postulado in dubio pro operario, a pesar de constituir una derivación del principio protectorio que sustenta el ordenamiento jurídico laboral, con reconocimiento en el art. 39, inc. 3 de la Constitución provincial y en los pronunciamientos de esta Suprema Corte (v. págs. 32/33).
III. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1.a. El órgano judicial de grado sostuvo en la sentencia atacada que la parte actora fundamentó su derecho resarcitorio en la ley 24.557 (v. sent., pág. 7). Precisamente, en este sentido, resulta ilustrativo transcribir textualmente el pasaje del fallo en el cual se determina que "...en el tema en análisis, la existencia de la afección, como las consecuencias que se invocan como sucedidos en el lugar de trabajo es un hecho constitutivo de la demanda, correspondiendo entonces la carga de la prueba al trabajador —en este caso a los accionantes—, dado que la ley si bien ha establecido una inversión probatoria que beneficia al dependiente cuando se acciona en base a la ley 24557 o su modificatoria 26.773, no por ello, deja librado a que no se demuestre mínimamente la ocurrencia del hecho dañoso, en este caso que a raíz del foco infeccioso en el lugar de trabajo, contrajo la afección que a la postre determinó la muerte del causante. Es que, en dicha inteligencia, los accionantes debían probar los hechos singulares y específicos vertidos en la demanda, toda vez que, en el caso de autos, no se estaría frente a un accidente laboral, pero podría quedar encuadrado en una enfermedad accidente, si se acredita específicamente el nexo entre las tareas y la afección por la cual se reclama. Es decir, es necesario acreditar efectivamente la relación de causalidad entre el siniestro —contagio del virus—, la incapacidad laborativa y el trabajo, cuando media negativa especifica de su empleador, exigiendo en consecuencia una mayor y acabada demostración del hecho en sí" (sent., págs. 9/10).
Lo expuesto deja claro que en el fallo bajo censura se analizó la procedencia de la acción en la inteligencia de que se trataba de un reclamo basado en la ley especial.
En ese contexto, entendió el tribunal que, sin perjuicio de que la dolencia que provocó la muerte del señor P. se encontrara incluida en el listado de enfermedades que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo, tal circunstancia —ante la posición de la contraria— no eximia a la promotora del juicio de demostrar la relación de causalidad entre aquella y el ámbito de trabajo, que —dijo— importaba un hecho constitutivo de su pretensión. De allí que le atribuyó la carga de acreditar tal extremo.
III.1.b. Así las cosas, considero que el agravio que se apontoca en la impropia distribución de las reglas probatorias no resulta atendible, pues no se halla suficientemente fundado, toda vez que la recurrente prescinde de denunciar la violación de las normas adjetivas que regulan tales incumbencias, incumpliendo lo establecido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019; L. 125.487, "Hernández", sent. de 21-X-2022 y L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023; e.o.).
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las citas legales que debieron efectuarse por el quejoso (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020 y L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023).
III.1.c. Sin perjuicio de ello, me permito señalar que la parte actora tampoco logra evidenciar de forma suficiente que el razonamiento que condujo al tribunal de origen a atribuirle la carga de probar la relación causal de la afección que contrajo el trabajador con sus labores específicas en el ámbito de trabajo resulte errado.
Es que, partiéndose de la consideración del decreto 1.167/03 y su anexo, modificatorios y complementarios del decreto 658/96 (que contiene el listado de enfermedades profesionales previsto en el art. 6, inc. 2, apdo. "a" de la ley 24.557 junto a sus respetivos agentes de riesgo, cuadros clínicos, factores de exposición y el detalle de las actividades susceptibles de determinar cada enfermedad), aquellos incluían ya a la época de los hechos del caso al hantavirus como enfermedad profesional listada, aunque no contemplaban al débito de trabajo que desarrollaba el señor P. como actividad laboral susceptible de generar exposición a la referida patología médica.
De allí que la exigencia de acreditación de la relación de causalidad adecuada entre la muerte del trabajador y las tareas prestadas, que fuera impuesta a cargo de la parte actora como consecuencia de la negativa contenida en el responde de la parte demandada —según apuntó el juzgador de mérito—, tampoco luce contraria a la descripción contenida en la referida normativa nacional reglamentaria de las enfermedades profesionales —cuya eventual incongruencia constitucional por omisión irrazonable en este aspecto no ha sido objeto de planteo ni contradictorio— por lo que la distribución de la carga de la prueba en este caso tampoco podría conmover las eventuales presunciones legales que pretendan derivarse de ella.
Ello así, la quejosa no aporta ningún elemento convincente con aptitud para descalificar esta parcela del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerense y otros", sent. de 29-VI-2020 y L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021; e.o.).
III.1.d. Lo expuesto abastece la respuesta adversa al planteo traído.
III.2. No corren mejor suerte los demás cuestionamientos orientados a reprochar la labor axiológica desplegada por el tribunal en el pronunciamiento atacado.
III.2.a. Luego de analizar detalladamente el material probatorio aportado al proceso, el órgano judicial de grado —ejerciendo facultades privativas (art. 44, inc. "d", ley 11.653, aplicable al caso)— estableció las siguientes conclusiones.
III.2.a.i. Valoró que, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-132329-16, tramitada en la Fiscalía n° 1 bajo la caratula "P. E. M. s/ denuncia", se dispuso con fecha 18 de mayo de 2016 archivar las actuaciones por no encontrarse elementos que le permitiesen establecer dónde contrajo la enfermedad el señor P., pues bien pudo ser en la Unidad 47 como en su domicilio particular. Remarcó que resultaba imposible afirmar que lo hubiera contraído en el ámbito laboral, ya que había resultado un hecho aislado; y que, de haber existido un foco infeccioso, la enfermedad hubiese sido contraída por la población carcelaria, extremo que no había acontecido (v. vered., págs. 4/5).
III.2.a.ii. También ponderó el informe del Director de Zoonosis de la Municipalidad de General San Martín, mediante el cual se hizo saber al Jefe de la Unidad Penitenciaria en la que laboraba el trabajador fallecido que el roedor transmisor de la enfermedad de hantavirus pertenece a una especie que no habita en dicho municipio, aclarando que la especie en cuestión corresponde a la denominada "rata de campo" (v. sent., pág. 11).
III.2.a.iii. Meritó las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa. Al respecto, expresó que aquellos "...fueron contestes en cuanto que hacían las mismas tareas que el causante y estaban en contacto con roedores, pero ninguno de los tres testigos tuvo conocimiento que algún agente penitenciario o de la comunidad carcelaria hubiera contraído la misma afección que el Sr. P...." (sent., pág. cit.).
III.2.a.iv. Asimismo, tuvo en cuenta el informe realizado por el Director Provincial de Epidemiología, en el cual se indicó que no se habían registrado casos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud correspondientes al Municipio de General San Martín, perteneciente a la Región Sanitaria V en general, ni en el espacio cercano a la Unidad Penitenciaria 47 (v. sent., pág. 17).
III.2.a.v. En cuanto al informe del técnico especialista en seguridad e higiene en el trabajo, consideró que dicho experto expuso conclusiones contradictorias que habían quedado zanjadas al impugnársele la pericia y éste omitir a fs. 505 de estos actuados, responder sobre los puntos 29, 30 y 31 de su experticia (v. sent., pág. 15).
Tras valorar todos los reseñados elementos de juicio que entendió relevantes, el tribunal de origen juzgó que mediante ellos no podía determinar, ni en grado de certeza ni de probabilidad, que la afección de hantavirus que provocó la muerte del trabajador hubiera sido contraída en el lugar de prestación de servicios, por lo que no tuvo por acreditada en el caso la adecuada relación de causalidad entre la dolencia y el trabajo.
III.2.b. Pues bien, las motivaciones descriptas, que constituyen los factores esenciales que estructuran el fallo atacado, no logran ser conmovidas por la recurrente.
III.2.b.i. En este orden, cabe recordar que establecer las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como también si existe relación causal entre éstas y la incapacidad que padece, y —en general— analizar las cuestiones de hecho y apreciar el material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, ajenas a la casación, salvo que se denuncie y demuestre que tales conclusiones están invalidadas por el absurdo (causas L. 119.379, "Rio", sent. de 10-X-2018; L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023).
III.2.b.ii. Si bien la interesada denuncia —de modo genérico— la existencia de dicha anomalía, no consigue demostrarla.
De la reseña de antecedentes puede advertirse, sin hesitación, que la crítica se dirige a desvirtuar la eficacia probatoria que el sentenciante de origen asignó a los numerosos medios de prueba que ponderó, a partir de la relevancia que —a su modo de ver— poseen, en el caso, las conclusiones del especialista en seguridad e higiene en el trabajo, que fueron expresamente desestimadas por el órgano actuante al desplegar su labor valorativa.
Sobre el particular, en lo que aquí interesa, el tribunal de origen estableció que —en efecto— mediante la pericia técnica, así como a través de otros medios de prueba producidos, quedó corroborada la existencia de roedores en la unidad carcelaria en que prestaba servicios el trabajador fallecido.
No obstante, se ocupó —asimismo— de descartar la entidad convictiva del dictamen de dicho perito sobre el cual la recurrente basa su impugnación, estableciendo que, a pesar de que el experto técnico aseveró que la posibilidad de haber contraído la afección de hantavirus resulta casi nula en el domicilio del trabajador fallecido —situado en zona rural de la localidad de Mercedes—, no realizó —según sostuvo el órgano actuante— un informe ambiental por resultar ajeno a su especialidad (preguntas 29, 30 y 31 obrantes a fs. 492). Asimismo, indicó que, si bien en la pregunta 29 efectuó un cotejo de la vivienda, no aclaró —dijo el tribunal— que la haya visitado. Finalmente, entendió el a quo que ello constituía una contradicción por parte del especialista, que quedó en evidencia al omitir toda respuesta a las impugnaciones formuladas en torno a los señalados puntos de pericia.
En este marco, no resulta ocioso precisar que el tribunal de trabajo tiene amplias facultades para seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 110.860, "Miranda", sent. de 11-IX-2013; L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022). También conviene memorar que es tarea privativa de éste valorar los dictámenes periciales y otorgarles entidad convictiva (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
Desde esta perspectiva, no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023); extremos que no observo verificados en la especie (art. 279, CPCC).
III.3. Finalmente, tampoco puede prosperar el reproche que gira en torno a la denuncia de violación del apartamiento del principio in dubio pro operario en la valoración de la prueba.
Es que tras ponderar los elementos de juicio detallados en los distintos apartados del punto III.2.a., el tribunal expresó su íntima convicción en el sentido de que "…el nexo causal entre la afección y la muerte del causante no puede ser determinado, no ya en grado de certeza, sino que tampoco en grado de probabilidad" (sent., pág. 17).
Así, más allá de todo análisis sobre el alcance y eventual aplicación del caso del principio contenido en el inc. 3 del art. 39 de la Constitución provincial, cierto es que de la lectura del fallo no es posible advertir que el órgano de grado —luego de agotar todos los medios de investigación a su alcance— hubiera persistido en una duda probatoria insuperable al valorar el nexo de causalidad adecuado entre la enfermedad del trabajador y su ámbito de tareas, circunstancia que sella adversamente la pretendida aplicación al caso del principio jurídico invocado.
III.4. En definitiva, por las razones dadas, la crítica ensayada no logra conmover las motivaciones esenciales del fallo objetado, las que —por ende— han de permanecer incólumes.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en los puntos III.1. y III.2. de su propuesta.
I.2. Luego, en concordancia con lo expuesto por el colega ponente, aun cuando por vía de hipótesis pudiese compartirse la amplia interpretación que propone la recurrente con fundamento en el art. 39, inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo cierto es que el principio que contiene la mencionada norma supondría la existencia de una duda en el razonamiento del tribunal de grado, que en el caso —como se señala en el voto inaugural— no se verifica.
Para más, corresponde señalar que los precedentes de esta Cor
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