Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130127
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.127, "Botbol Cores, Sol Ingrid y otra contra Oscar Alfredo González S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar -por mayoría- a la excepción de cosa juzgada, imponiendo las costas a la parte actora (v. resolución de fecha 9-XI-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen acogió -por mayoría- la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado Oscar Alfredo González S.A., respecto de la acción que iniciaran Sol Ingrid Botbol Cores y Mariela Edith Iglesias tendiente a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y al pago de la indemnización establecido en dicha normativa.
Para así resolver, valoró las constancias de los presentes autos y los expedientes judiciales que adujo tener a la vista, a saber: "Iglesias, Mariela Edith y otro/a s/ homologación de convenio" (expte 68.454, en trámite ante el Tribunal de Trabajo n° 1 del mismo departamento judicial, agregado en formato digital), y "Botbol Cores, Sol Ingrid y otro/a s/ homologación de convenio" (expte. 31.621, en trámite ante el tribunal interviniente).
Apuntó que en sendas actuaciones cada una de las actoras arribó -el día 30 de agosto de 2018 y con representación letrada- a un acuerdo conciliatorio que resultó homologado en sede judicial, mediante el cual -sin reconocer hechos ni derecho y al solo efecto conciliatorio- la empleadora Oscar Alfredo González S.A. ofreció, y cada una de las reclamantes aceptó, una suma de dinero, manifestando que, percibido dicho importe, nada más tendrían que reclamar bajo ningún concepto contra dicha sociedad, "renunciando en forma total e indeclinable a cualquier reclamo que pudiera corresponderle por la relación descripta" (acuerdos obrantes en los autos "Iglesias, Mariela Edith y otro/a s/ homologación de convenio" expte 68.454, acompañado en formato PDF el día 1 de diciembre de 2020, y "Botbol Cores, Sol Ingrid y otro/a s/ homologación de convenio", expte. 31.621 -en formato físico- vinculado a la presente causa).
Destacó la mayoría del tribunal que, posteriormente -el día 26 de noviembre de 2019- las señoras Botbol Cores e Iglesias promovieron la demanda que dio inicio a estos obrados contra la mencionada firma, tendiente a obtener la entrega de las referidas certificaciones y el pago de la indemnización prevista en el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
En este contexto, juzgó que tales pretensiones quedaron insertas en la fórmula incorporada en ambos acuerdos conciliatorios preexistentes labrados en los autos antes individualizados, en los cuales -específicamente- las ahora actoras expresaron que, una vez percibida la suma acordada, no tendrían nada más que reclamar bajo ningún concepto a su empleadora (v. sent., pág. 7).
Con base en doctrina legal de esta Suprema Corte que identificó, entendió que para tener por verificada la existencia de cosa juzgada correspondía efectuar un examen integral de las contiendas, debiendo determinarse si la pretensión deducida coincidía con una ya resuelta por la jurisdicción, a fin de evitar la reiteración indefinida de juicios y la posibilidad de escándalo jurídico. En este marco, concluyó que la acción deducida había quedado alcanzada por los efectos de la cosa juzgada, por lo que dispuso acoger -por mayoría- la defensa opuesta por el accionado en el punto IV de su presentación electrónica de 10 de febrero de 2020 (art. 31 inc. "d", ley 11.653).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 72 inc. 22, 75 inc. 12, 75 inc. 19, 75 inc. 32, 116 y 122 de la Constitución nacional; 1, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 31, 39, 56, 57, 116, 168 y 171 de la Constitución provincial; 1, 2, 3, 15, 16 del Código Civil y Comercial; 7, 12, 9, 11, 12, 15 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323; 31 inc. "d", 39, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
Se agravia del pronunciamiento de grado que hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada, pues argumenta que en los acuerdos celebrados oportunamente por las reclamantes, en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, y homologados por los tribunales intervinientes en cada caso, nada se dijo sobre la obligación asumida por la empleadora al momento del despido, concerniente a la entrega de los certificados contemplados en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), ni mucho menos existió referencia alguna a la eventual renuncia del derecho a reclamarlos.
Sostiene que eso fue observado con claridad por la magistrada que votó en minoría, cuyos fundamentos reproduce como sustento de su réplica.
Aduce que de haber entendido el tribunal de grado que la pretensión impetrada por las accionantes se encontraba vinculada con las manifestaciones vertidas en dichos acuerdos, debió haberse declarado incompetente, lo que no hizo.
Reitera que la entrega de las certificaciones materia de debate nunca pudo verse alcanzada por el instituto de la cosa juzgada, desde que se trató de una cuestión no planteada en el ámbito de los convenios homologados en sede judicial.
Esgrime que es absurdo el desconocimiento del derecho que le asiste a las trabajadoras de contar con los elementos que en un futuro les permitan acceder a una jubilación, y que no podría haberse validado un convenio que las habilite a renunciar a ese derecho, por encontrarse comprometido el orden público.
Desde otroángulo, entiende que la normativa que establece el recaudo referido al monto de sentencia a los efectos de acceder a la instancia extraordinaria es inconstitucional.
Denuncia que existió por parte del tribunal una absurda valoración de la prueba. En este orden, afirma que de las actas notariales acompañadas por el demandado junto con el conteste -mediante las cuales se instrumentó el despido de las actoras- se desprende que aquel asumió una obligación de hacer (confeccionar y entregar las certificaciones laborales de servicio y de trabajo); mientras que, por otro lado, mediante el acuerdo sometido a homologación judicial, solo se comprometió a abonar una suma de dinero, sin reconocer hechos ni derecho, y sin efectuar referencia alguna -reitera- en torno a las certificaciones materia de litigio.
Añade que el demandado solamente acompañó las constancias reclamadas pertenecientes a una de las trabajadoras (Botbol Cores; v. documentación adjunta a la presentación electrónica de 11 de febrero de 2020), sin que el juzgador se haya pronunciado respecto de la omisa presentación de las correspondientes a Iglesias.
Por último, alega que el instituto de la cosa juzgada requiere para su configuración que exista triple identidad de sujetos, objeto y causa. Aduce que, en el caso, no se verifica la identidad de objeto, desde que los conceptos reclamados en este proceso no fueron contemplados en los acuerdos oportunamente homologados.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, a propósito de lo mencionado por el recurrente en el apartado IV de la presentación en estudio en orden a las restricciones a la admisibilidad del remedio traído, vinculadas al valor del litigio, su tratamiento deviene inoficioso desde que la crítica -asentada, en sustancia- el rechazo de la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), debe considerarse como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653 -aplicable al caso-; v. causas L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 131.292, "Fontana", resol. de 29-V-2024).
III.2.a. Aclarado ello, cabe recordar que la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, proviene de una labor que les compete en forma privativa, y que, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 94.150, "Perafán", sent. de 7-VI-2010; L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017 y L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020).
El éxito de la impugnación requiere entonces de la acreditación de la existencia de un error grave y grosero, concretado en una conclusión del sentenciante visiblemente incoherente, contradictoria con el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023; L. 127.794, "Pellegrini", sent. de 23-XI-2023 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024), extremos que el quejoso no logra acreditar en el caso por las razones que explicaré a continuación.
III.2.b.i. Conforme resulta de los antecedentes de la causa, las actoras iniciaron demanda judicial procurando la entrega de los certificados y el cobro de la indemnización previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Relataron -en sustancia- haber sido despedidas el 31 de julio de 2018 por la firma empleadora Oscar Alfredo González S.A. mediante acta notarial, habiendo arribado posteriormente a un acuerdo económico con la empresa que, presentado judicialmente, resultó homologado. Puntualizaron que la accionada incumplió con lo manifestado en la comunicación del despido, donde -afirman- la patronal se obligó a entregarles la documentación reclamada, habiendo intimado -afirman- infructuosamente su cumplimiento.
A su turno (v. presentación electrónica de 19-II-2020), la parte demandada planteó excepciones de incompetencia y cosa juzgada. En lo que resulta relevante, respecto de esta última adujo que las actoras procuraban un reclamo por el cual ya habían sido indemnizadas en el marco de los procesos de homologación instados judicialmente, donde se les abonó completamente lo acordado y expresamente manifestaron que "...que acreditados y percibidos los importes precedentemente referidos, no tendrá nada más que reclamar, bajo ningún concepto a la demandada Oscar Alfredo González S.A., renunciando en forma total e indeclinable a cualquier reclamo que pudiera corresponderle, por la relación descripta declarando a todo evento, que durante todo el período no ha sufrido enfermedad y/o accidente de trabajo..." (pág. 3). Con base en esta última fórmula, el demandado sostuvo que cualquier daño, reclamo y/o multa, respecto de los cuales pudieran considerarse acreedoras las promotoras del pleito, quedaron resarcidas mediante el pago íntegro de las sumas comprometidas. Manifestó que -en el caso- se configuró la triple identidad de sujeto, objeto y causa que requiere la existencia de la cosa juzgada, añadiendo que las reclamantes jamás formalizaron una reserva en el sentido que el acuerdo conciliatorio no alcanzaba lo aquí reclamado. Subsidiariamente contestó demanda (v. presentación electrónica de 10-II-2020).
La parte actora, al responder el traslado del conteste y de las excepciones opuestas, se limitó -en lo que interesa- a ratificar lo expuesto en su escrito liminar, y a calificar de insólito lo manifestado por la contraria en orden a que las actoras no podían reclamar concepto alguno con motivo de la relación laboral habida, cuando -adujo la ahora quejosa- la propia accionada se había comprometido, en la comunicación rupturista, a entregarles los "elementos" que les correspondían.
Planteada la litis en esos términos, el juzgador de grado, con base en los argumentos que detallé anteriormente, acogió -por mayoría- la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada.
III.2.b.ii. De lo reseñado fácil es colegir que la impugnación bajo análisis se apoya en argumentos que no fueron puestos a consideración del órgano de origen en oportunidad de responder la excepción de cosa juzgada esgrimida en la contestación de la demanda, habiéndolos introducido la interesada recién en esta sede extraordinaria. Ello deja en evidencia que tales manifestaciones constituyen reflexiones novedosas que -como tales- no resultan audibles en la sede de casación.
Recuérdese que, en numerosas ocasiones, esta Suprema Corte ha sostenido que resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria las razones introducidas en el recurso, producto de una reflexión tardía del recurrente quien, frente al fracaso de su pretensión, procura reconducirla con renovados fundamentos (conf. causas L. 98.496, "Berón", sent. de 2-VII-2010; L. 96.480, "González", sent. de 26-VIII-2009; L. 89.861, "Piñeiro", sent. de 18-VI-2008 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.2.c. Desde otro punto de mira, debo agregar que el desarrollo formulado por el compareciente al amparo de los fundamentos que nutren el voto de la jueza del tribunal de grado que quedó en minoría no resulta una técnica idónea para fundamentar el recurso traído (causas L. 113.518, "Capris", sent. de 29-X-2014; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017; L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018; L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024; e.o).
III.2.d. Resta agregar, finalmente, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:31:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:16:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:01:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 08:45:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 10:43:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/12/2024 14:21:07 hs. bajo el número RS-116-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia