Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120753
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.753, "Lovera, Luis Oscar contra Galeno ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín —en cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte (v. sent. electrónica de fecha 30-XII-2020)— dictó un nuevo pronunciamiento, acogiendo la acción deducida. Impuso las costas a la parte demandada (v. sent. de fecha 10-XI-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-XII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Luis Oscar Lovera y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de diferencias derivadas del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial que juzgó aplicable (art. 14 inc. 2 apdo. "b", ley 24.557; ley 26.773 y resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16; v. fs. 133/142).
Esta Suprema Corte, en oportunidad de resolver los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes (v. fs. 150/156 y 163/174 vta.), revocó la sentencia de grado en cuanto había declarado aplicables las prescripciones de la ley 26.773. Asimismo, la dejó sin efecto en lo concerniente al momento desde cual debían computarse los intereses moratorios, remitiendo los autos al tribunal de origen para que se expidiera nuevamente sobre el tópico (v. sent. electrónica de fecha 30-XII-2020).
Radicadas las actuaciones en la instancia ordinaria, el sentenciante mensuró nuevamente la prestación dineraria —prevista en el citado art. 14 inc. 2 apartado "b"— a tenor de las previsiones del decreto 1.278/00, vigente al momento de la contingencia objeto de reclamo (v. pág. 2).
Luego, acatando las directrices señaladas por este Superior Tribunal, declaró que el punto de partida para el cómputo de los intereses debía ser la fecha de exigibilidad del crédito y, en ese orden, dispuso que, desde el día del accidente y hasta el día 18 de agosto de 2008, se apliquen intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en pesos a treinta días; y desde el día siguiente hasta el 10 de noviembre de 2009, a la tasa pasiva digital establecida a través del sistema BIP (v. pág. cit.). A su vez, al importe resultante —de capital más intereses— le restó la suma que ya había percibido el trabajador, y al remanente le adicionó accesorios desde la última fecha indicada hasta su efectivo pago, con arreglo a la tasa pasiva más alta mencionada (v. pág. 3).
Por último, rechazó "la cuestión introducida en el escrito de fecha 19 de abril de 2021" (v. pág. 3; donde se tacharon de inconstitucionales los arts. 12 y 14 de la ley 24.557), por considerarla extemporánea y reiterativa de la presentación del 13 de septiembre de 2016. En este sentido, señaló que la oportunidad procesal para plantear tales agravios era el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia primigenia. También explicó que en este nuevo pronunciamiento el cálculo se había efectuado en base al porcentaje de incapacidad y la pauta legal objetiva —correspondiente al momento del evento dañoso— del decreto 1.278/00 (v. pág. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 apartado "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador; 11 y 39 de la Constitución provincial; de los principios alterun non laedere , de Indemnidad, protectorio y progresividad; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 1-XII-2021).
II.1. Sostiene que el tribunal de grado interpretó absurdamente la pretensión contenida en la demanda, soslayando valorar la razonabilidad indemnizatoria al momento de fallar.
En este orden, cuestiona que el sentenciante haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557, por considerarlo extemporáneo, reprochándole no haber realizado el control constitucional de oficio.
Manifiesta que esa decisión vulnera la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), cuyo fundamento —señala— radica en que las indemnizaciones laborales deben ajustarse a montos razonables al ser abonadas.
Alega que articuló como pretensión principal la necesidad de mensurar su resarcimiento conforme a las pautas salariales y liquidatorias vigentes al momento del dictado de la sentencia.
Considera que, en el caso, tratándose de un trabajador que porta su minusvalía por más de trece años a la espera de un crédito íntegro y definitivo, el juzgador desvirtuó el concepto reparatorio concediendo un monto de condena a todas luces irrisorio.
Añade que, si se coteja esta suma con la que resultaría de emplear otras opciones más beneficiosas para el operario, como los salarios vigentes al momento del pago o de la sentencia, o bien, adicionar intereses sobre la base salarial desde la fecha de la contingencia, se descubre la marcada irrazonabilidad de la prestación dineraria reconocida con sustento en la normativa impugnada.
Advierte que el juzgador, convalidó absurda e injustificadamente su constitucionalidad, ignorando la doctrina legal aludida y luego sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Marando" y "Leguizamón".
Resalta que los planteos y argumentos esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso, así como la plataforma fáctica y jurídica, se asemejan a los citados precedentes "Monchiero" y "Amaya", mas no con la doctrina sentada en las causas "Staroni" y "Godón", que —presume— aplicó erróneamente el órgano judicial para fundar su fallo sin mencionarla.
II.2. Concluye que la sentencia de grado es arbitraria, en tanto omitió valorar los planteos vinculados a la razonabilidad del cálculo indemnizatorio, su desactualización monetaria, el enriquecimiento sin causa de la aseguradora, el análisis comparativo señalado en su pretensión, sin advertir que la pretensión actoral trasciende la mera aplicación temporal de normas, como erróneamente concluye, decidiendo la suerte del proceso, prescindiendo dar tratamiento y comparar la verdadera esencia del reclamo, temática diversa a la cuestión decidida.
Añade que una de las omisiones referidas fue inaplicar la norma del art. 11 inc. 4 apartado "a" de la ley 24.557, que imponen prestación adicional de pago único, cuando la incapacidad supera el 50%, como acontece en el caso.
Finalmente, resalta que la vigencia y trascendencia del mentado principio de razonabilidad ha sido reafirmado por la postura minoritaria de esta Suprema Corte en las causas L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), así como lo resuelto en el caso L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—, toda vez que el valor del litigio —se dijo— no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 13-XII-2021).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 —en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348— y 14 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —de aplicación en la especie—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, corresponde rechazar las objeciones contra la decisión de grado con arreglo a la cual se desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado, atento su insuficiencia técnica.
III.2.a. En primer lugar, se advierte que el recurrente, reprochándole al tribunal de origen no haber efectuado el control de constitucionalidad de oficio, se desentiende del fundamento principal sobre el cual se cimentó el pronunciamiento censurado, relativo a la extemporaneidad de la postulación, motivación que soslaya rebatir idóneamente.
Sobre el particular, he señalado en la causa L. 128.876, "Pereyra" (sent. de 23-XI-2023), en la que adherí al voto del doctor Soria, que corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. también mi sufragio de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
III.2.b. Luego, se avizora que el agraviado no cuestiona tampoco el segundo fundamento explicitado por el juzgador para desestimar el escrito de fecha 19 de abril de 2021, afincado en la aplicación de una pauta legal objetiva correspondiente al momento del evento dañoso.
En definitiva, el compareciente no refuta las razones sobre las cuales se estructuró la decisión objetada.
En este orden, conviene recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.). De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere, por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
III.2.c. Si bien lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate bajo examen, no está demás aclarar que —aun en una mejor hipótesis para el interesado— la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta atendible. Ello así, toda vez que de la lectura de los términos de la pretensión, de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa —en la que se declaró la cuestión de puro derecho, ver fs. 122 y vta.— no es posible advertir la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en dichos precedentes para declarar la invalidez constitucional del citado art. 12 en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 128.681, "Astrada", sent. de 20-XI-2024 y L. 128.444, "Galante", sent. de 28-XI-2024).
III.2.d. Por otro lado, no puede ser acogida la tesis del recurrente en el sentido que el sentenciante habría omitido abordar distintos planteos —que, alega, se efectuaron en forma expresa— entre otros, aquel vinculado con la "razonabilidad indemnizatoria" y la prestación adicional prevista en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la ley 24.557.
En esas condiciones, se aprecia que este agravio resulta notoriamente inviable, toda vez que como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la preterición de alguna cuestión esencial, pues tal impugnación constituye materia propia del de nulidad (causas L. 124.861, "Gil", sent. de 28-V-2021; L. 128.786, "Martínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.157, "Melita", resol. de 30-V-2023; e.o.).
III.3.a. Finalmente, en cuanto a la cita de los autos L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que —tal como lo advierte el propio recurrente— la referencia corresponde a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituyendo —de suyo— doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que —por ende— permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 125.953, "García", resol. de 10-V-2021).
III.3.b. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018) pues no es exacto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar en el mencionado precedente.
En dicha causa la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta sede en virtud de la insuficiente fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Liminarmente observo que el interesado evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los preceptos que indica de la ley 24.557.
No obstante, y aun cuando esa crítica deba abordarse en su más amplio marco de revisión, los motivos esgrimidos por mi distinguida colega doctora Kogan, fundados en su insuficiencia técnica, conducen a su desestimación.
Y en ese contexto, remitiéndome por razones de brevedad a la opinión que brindé al sufragar en la causa L. 128.876, "Pereyra", sentencia de 23-XI-2023 —citada por la ponente—, he de señalar que en determinados supuestos puede descartarse la imposición de las exigencias de planteamiento oportuno de las impugnaciones constitucionales, pero al respecto, se observa que el impugnante no ha argumentado idóneamente que concurra en autos ninguna hipótesis que conduzca a exceptuar este recaudo.
I.2. Bajo tales señalamientos, y a excepción de lo expresado en el apartado III.2.c., suscribo la opinión plasmada en el sufragio que inaugura este acuerdo.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en su voto, a excepción de lo expresado en el apartado III.2.c.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/12/2024 11:32:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/12/2024 00:01:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 13:47:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 09:57:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 11:05:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/12/2024 12:05:09 hs. bajo el número RS-122-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia