Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124502
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.502, "M. C. M. Abrigo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la decisión de primera instancia que, a su turno, rechazó el planteo de cosa juzgadaírrita con relación a la sentencia definitiva recaída en autos -que oportunamente había declarado a las niñas F. A. e I. S. en situación de adoptabilidad-. Rechazó también el pedido de establecer un régimen de comunicación entre ellas y su progenitora, sumando a la familia ampliada y los referentes afectivos (v. sents. de 5-XII-2018, 24-VII-2020 y 9-X-2020).
Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora mediante recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-X-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 23-XI-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Antes de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de nulidad anunciado se impone señalar, como acertadamente lo puntualiza el señor Procurador General (v. dictamen de 23-XI-2022), que el libelo recursivo adolece de un serio déficit postulatorio.
En efecto, mientras el intento revisor anticipa en su encabezado que "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-NULIDAD" y su objeto, de consuno, explica: "vengo en legal tiempo y forma a interponer recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad con arreglo al art. 161 inc.3° letra a y b) y art. 171 de la Constitución Provincial (arts. 278 y 296 y cctes CPCCPBA)", la simple lectura de dicha presentación permite corroborar una absoluta ausencia de diferenciación de los motivos que fundarían las diferentes vías recursivas intentadas. De allí que, en principio, los canales revisores traídos no podrían prosperar en atención a su promiscua fundamentación (arts. 279 y 296, CPCC; doctr. causas C. 121.975; C. 123.662, "Palacios", resol. de 27-XI-2019 y C. 124.255, "Rodríguez", resol. de 4-XI-2020).
En ese sentido, vale recordar que son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a los que se refieren los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución provincial de aquellas correspondientes a los arts. 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales- es totalmente inadmisible (conf. doctr. causas C. 117.143, "López", resol. de 12-XII-2012; C. 118.559, "Martínez", resol. de 19-III-2014 y C. 121.164, "Navas", resol. de 28-XII-2016). Así, explicó esta Suprema Corte que corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genere una confusión en la que no sea posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (doctr. causas C. 121.975; C. 123.447 y C. 124.255, cit.). Tal lo que ocurre con las temáticas propuestas a decisión, no resultando función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
No obstante ello, y teniendo en miras los especiales derechos en debate, me abocaré al tratamiento por separado de ambos recursos (doctr. causa C. 125.322, resol. de 19-XII-2022), comenzando por el escrutinio de aquellas causales que habilitan el extraordinario de nulidad.
II. Frente al planteo incidental de cosa juzgadaírrita y el pedido de fijación de régimen de comunicación incoado por la señora C. M. M., tanto para ella como para su familia biológica y referentes afectivos (v. fs. 312/324 y 325), el Juzgado de Familia n° 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó las pretensiones introducidas. Habiendo ponderado los derechos en juego y en afán de resguardar tanto los de las niñas como los de su progenitora, en especial el de la doble instancia, elevó los autos al Tribunal de Alzada (v. sent. de 24-VII-2020).
A su turno, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala III- del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó lo decidido por la jueza de grado (v. sent. de 9-X-2020).
Contra dicho pronunciamiento se alza la progenitora (v. presentación de 26-X-2020).
III.1. Considero que la impugnación no debe prosperar.
III.2. Cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad, conforme ha resuelto esta Corte en reiteradas oportunidades, solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. doctr. arts. 296, CPCC; 168 y 171, Const. prov.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020 y C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020).
No se advierte, tras una atenta lectura de la pieza fundante de agravios, un desarrollo argumental vinculado a alguno de los supuestos que taxativamente prevé el ordenamiento jurídico para habilitar el remedio extraordinario de nulidad. Las manifestaciones esgrimidas a lo largo de dicha pieza se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico del fallo, los que resultan extraños a la vía intentada pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 120.425, "Paz", resol. de 9-III-2016; C. 121.593, "Gómez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.241, "Cañas", resol. de 16-V-2018; C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.659, "Lanfranchi", resol. de 26-II-2020; e.o.).
De este modo, las críticas formuladas sobre la supuesta violación de la normativa vigente en torno al debido proceso legal, el centro de vida de las niñas, el interés superior de ellas, el derecho a la identidad, así como la arbitrariedad denunciada, resultan ajenas a este carril impugnativo.
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde rechazar el presente remedio extraordinario. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 296, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. A modo ilustrativo estimo pertinente realizar un minucioso recuento de las constancias objetivas más relevantes en autos.
La causa se inició con la comunicación de la medida de abrigo institucional adoptada por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del niño, niña y adolescente de la localidad de Ezeiza, el día 4 de abril de 2017, con respecto a C. M. M. y sus hijas I. S. M. y F. A. M. D. (v. fs. 12 y 28/29).
El organismo administrativo de niñez informó que las intervenciones y el seguimiento de la situación de C. comenzó en el año 2015.
Del recuento de los hechos se observa que C. fue denunciada por la abuela de I. por negligencia en la crianza y cuidados en el ejercicio de su rol materno, teniendo dificultades para acceder a ella y a la niña en atención a que C. alternaba frecuentemente la convivencia con diferentes referentes; principalmente en los domicilios de su madre y el de su supuesto padre, no reconociente, señor W. R.
Se advirtió que C. residía en una casilla al fondo de la casa del señor R. junto a su pareja I. D., pero que esta relación era conflictiva. R. sostenía que C. era violenta y que tenía dificultades para ejercer la maternidad, motivos por los cuales la echó de su domicilio.
En lo que refiere a su madre, señora G., refirió que esta consideraba a su hija como alguien problemática, indomable, que en una oportunidad le robó dinero y a quien, por lo tanto no le permitía vivir en su domicilio.
En cuanto al vínculo con el presunto padre biológico de I. (quien no reconoció a la niña), se exploró la posibilidad de intervención de la madre de este, señora U., quien expresó no poder vincularse con C. Si bien refirió poder hacerse cargo de I., dicha circunstancia la condicionaba a que esta no tuviera ningún tipo de vínculo con su madre.
Con relación a la familia paterna de I. se señaló que reside en el barrio de Santa Lucía en precarias condiciones y que el padre de la niña trabaja esporádicamente y no se responsabiliza de su cuidado.
Estas circunstancias, rayanas con una conducta negligente y violencia de parte de C. hacia I., derivó en que la abuela de la niña la llevase a una base de salud de Esteban Echeverría, donde finalmente se constató que tenía bajo peso.
En ese marco nació la segunda niña, F., producto de la relación con el joven I. D. La menor padecía problemas en las vías respiratorias y estando internada sufrió una caída desde la cama (v. informe adjunto a fs. 20).
C. se fue a vivir junto a I. La madre del joven y por lo tanto abuela paterna de la niña, señora M. B., trató de organizar la vida de la pareja y de las niñas. Sin embargo, se indicó que al poco tiempo surgieron dificultades vinculares entre M. y C. y, asimismo, se denunció que C. maltrataba a F. y que no la alimentaba adecuadamente.
Por su parte, C. sostuvo que M. ejercía actos de discriminación, pues no trataba del mismo modo a sus dos hijas.
El día 4 de abril de 2017 C. concurrió junto con sus hijas a la sede del Servicio Local, acompañada por I., sin adultos que pudiesen responsabilizarse de ellas, sin establecerse en un domicilio fijo, y reconociendo falencias en el cuidado de las niñas, lo cual se traducía en vulneraciones en sus derechos.
Finalmente, interconsulta mediante con la nutricionista interviniente, el informe concluyó que las niñas I. y F. adolecían de problemas de peso y crecimiento y que se las observó en condiciones de descuido general.
Dadas las dificultades de C. para asumir el cuidado de sus hijas, la ausencia de referentes adultos y las situaciones de vulnerabilidad a las que se encontraban expuestas, se determinó la necesidad de implementar para ellas una medida de abrigo institucional; solicitando que C. sea incluida en la misma medida, para no desprenderse de sus hijas.
La medida se efectivizó en el Hogar Convivencial de abrigo de Ezeiza.
I.2. Del informe de inicio del Plan Estratégico de Restitución de Derechos se desprende que ambas abuelas paternas y la materna denunciaron a C. como negligente y agresiva para con las niñas.
Se trazaron como objetivos fortalecer tanto a C. como a I. para el ejercicio de los cuidados parentales; mejorar las relaciones vinculares entre C. y su madre y también entre C. y las abuelas paternas de las niñas; además, que los adultos de las familias reflexionaran sobre sus responsabilidades y las acciones u omisiones que originaron la adopción de la medida.
Entre las estrategias a desarrollar se señalaron: ofrecer espacios de reflexión a los familiares que se presenten en sede; articular con el grupo control para que I. concurra; articular con Fundación CONIN; y articular con el sistema escolar a fin de que la adolescente cuente con un espacio educativo.
I.3. El día 4 de mayo de 2017 se realizó entrevista a la señora G. M., quien como madre de C. y abuela de las niñas se comprometió a que su hija retome sus estudios e informó que, mientras ello suceda, sus nietas quedarían bajo su cuidado y, en caso de que ella trabajase, las cuidaría su otra hija Y. V. M.
Se comprometió también a realizar todos los controles de salud que requiriesen las niñas, guiando a C. en el proceso.
A su vez, se le informó que se articularía con Fundación CONIN a fin de que asistieran a dicho establecimiento.
Y, por último, se le hizo saber que se le brindaba el espacio a C. en la sede del Servicio Local para que concurriera a la psicóloga del área una vez a la semana. No obstante, como allí no se realizan tratamientos, se le hizo entrega de un oficio para ser diligenciado en la Secretaría de Salud solicitando se la derive a la Base de Salud a fin de comenzar uno.
En atención a este nuevo escenario, por parte del organismo administrativo de niñez se dispuso el cese de la medida de abrigo en relación a C. M. y la modificación del lugar de cumplimiento de la medida respecto de I. y F., que pasaría a ser el domicilio de la abuela materna, quedando bajo los cuidados de esta última (v. fs. 73).
I.4. El organismo administrativo informó que durante el mes de mayo de 2017 mantuvo una entrevista con C. quien, si bien manifestó encontrarse acompañada en su maternaje por su madre y hermana mayor, tenía conflictos de convivencia con ellas, circunstancia por la cual se optó por reforzar la necesidad de sostener los espacios de contención.
Sin embargo, se informó detalladamente que C. no se presentó a las entrevistas pactadas del 22 de mayo, 29 de mayo, 2 de junio ni tampoco a la del 12 de junio. Finalmente, sí lo hizo a la del día 16 de junio, oportunidad en la que expresó encontrarse bien con su madre y su familia. Manifestó haber tramitado los turnos para la atención médica de sus hijas, los cuales no exhibió. Tampoco refirió haber iniciado el tratamiento psicológico en Salud Mental o haber asistido al espacio de CONIN o al dispositivo de construcción de su maternidad.
En el mes de julio se acercó la señora G. M., abrigadora de las niñas, quien expresó que su hija C. no asistió a los dispositivos por haber estado estudiando. Se intentó reflexionar con ella sin mucho resultado, sobre su rol activo en el aprendizaje de la maternidad de su hija -enmarcado en las exigencias para con ella como abrigadora-, sobre los cuidados, la atención médica, los controles nutricionales y la garantía del bienestar de las niñas.
Durante el mes de agosto se intentó establecer comunicación tanto con la abrigadora como con C., sin éxito (días 8, 10 y 18 de agosto de 2017).
Se las citó con el auxilio de la institución policial para el día 25 de agosto y, encontrándose debidamente notificadas, no asistieron. Recién el 31 de dicho mes se hizo presente G. manifestando que ella trabaja, C. asiste a la escuela y que se están organizando para el cuidado de las niñas.
En el mes de octubre C. refirió no estar asistiendo al colegio, que sus hermanos no la ayudarían más con el cuidado de sus hijas, que tiene conflictos con su madre, que no tramitó el turno con la psicóloga ni tampoco en la Fundación CONIN.
Se acordó con ella una reunión del equipo técnico, en la que debería estar presente junto a su madre, teniendo en cuenta la finalización de la medida de abrigo, a la que no asistieron.
Ni C. ni su madre han asistido al organismo de niñez frente a las insistentes convocatorias para determinar, ante la finalización de la medida, la conflictiva familiar y la relación entre ambas.
El 15 de noviembre de 2017 se recibió un mail mediante el cual se tuvo noticia de que F. se encontraba internada por presentar traumatismo de cráneo tras haber sufrido un golpe el día 10 de ese mismo mes y año. Según lo informado, C. manifestó que se habría mudado con su nueva pareja y en esas circunstancias F. se habría caído del cochecito.
La pareja actual de C. sumó detalles de la situación, dijo que F. se cayó estando en un supermercado, que I. la habría tirado del cochecito y que cuando visitaron a G. dos días después esta les dijo que la nena tenía muy hinchada la cabeza, sugiriéndoles que la lleven al médico.
Posteriormente se hizo presente C. junto con la niña, quien había egresado sin alta médica. De manera querellante y agresiva, exigió el alta social de la niña. Se intentó reflexionar con ella, se le señaló que del informe médico surgía que no existían los controles médicos que ella habría referido y que tampoco la niña contaba con la vacunación necesaria.
En función de los hechos acontecidos durante el transcurso de la medida de abrigo, el Servicio Local retuvo a la niña y la trasladó al Hospital de Monte Grande, donde fue nuevamente internada, quedando retenida el alta social y prohibidas las visitas de la madre y de la familia ampliada (v. fs. 89/92).
Con fecha 15 de noviembre de 2017 se modificó el lugar de cumplimiento de la medida de abrigo de F., pasando a ser institucionalizada en el Hospital Santamarina. Y el día 22 de dicho mes y año, habiéndose modificado también el lugar de ejecución de la medida respecto de la niña I., ambas pasaron a estar alojadas en el Hogar Casa Manu (v. fs. 109).
I.5. En el informe de conclusión del P.E.R. se detalló, además de las circunstancias acaecidas durante el transcurso de la medida, que las familias paternas de ambas niñas no se habían presentado en ningún momento a interesarse por ellas.
También se observó que ambas, en especial F., han estado expuestas a situaciones de vulnerabilidad grave, que podrían haber tenido mayores y más importantes secuelas.
Tal situación había ido empeorando con el tiempo transcurrido, poniendo en riesgo la vida de la niña y evidenciando la falta de responsabilidad de los adultos y la actitud materna, de modo que se concluyó acerca de la irreversibilidad de la situación de vulneración.
Por tales razones el Servicio Local solicitó la declaración de situación de adoptabilidad de I. y F. (v. fs. 117/120 y 121/125).
I.6. El Juzgado de Familia n° 12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a los fines de no vulnerar los derechos de I. y F., dispuso citar a la progenitora, C. M., y a su madre y abuela de las niñas, señora G. M. (v. fs. 142, proveído de 26-XII-2017).
En dicha oportunidad se les informó que, para realizar las peticiones que estimasen corresponder, deberían contar con debido patrocinio letrado.
A dicha audiencia se presentó espontáneamente el señor J. E. C. U., quien manifestó ser el progenitor de I. S., junto a la abuela paterna y madre del joven, B. P. U.
Del intercambio mantenido surgió que estaba asistiendo al patronato de liberados de Lomas de Zamora por haber estado detenido por ingresar en una vivienda. Expresó el deseo de ver a su hija y estar en conocimiento de que se encuentra en Casa Manu. Sostuvo que no estudiaba ni trabajaba, pero que estaba anotado en la Escuela n° 1 de Monte Grande. Y, por último, asumió el compromiso de conseguir trabajo y acompañar las constancias respectivas en el expediente.
En igual fecha asistió de manera extemporánea C. M., quien expresó que no tiene relación con su madre y su hermana toda vez que están distanciadas. Asimismo, comunicó que se encontraba viviendo en el mismo terreno de su padre y con su actual pareja.
Finalmente, se le informó la posibilidad de contar con un abogado del niño, a lo cual accedió (v. fs. 176/177), habiendo sido designada la doctora Stella Maris Acosta (v. fs. 182/183, presentación electrónica de 22-III-2018).
I.7. En paralelo se presentó formalmente en autos I. L. M., hermana de C. M. y tía de las niñas (v. fs. 168/170).
Expresó su deseo de ser guardadora de la niña F. -únicamente-, relatando que mantenía comunicación con el padre de I. S., quien le habría dicho que asumiría su cuidado personal. Por ello solicitó la desinstitucionalización de las niñas y que se aceptara la propuesta formulada.
I.8. El día 7 de mayo de 2018 espontáneamente se hizo presente en el juzgado interviniente el señor I. E. D., progenitor de F. (v. fs. 187).
Manifestó no tener ningún tipo de comunicación con C. y requirió saber en qué lugar se encontraba su hija.
I.9. La jueza de grado ordenó la realización de una pericia a través de su Cuerpo Técnico
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.