Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.676, "Romero, Oscar Alberto contra La Caja ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan , Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 30-XII-2021).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-II-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 20-IX-2022), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Oscar Alberto Romero —luego de su fallecimiento, continuada por su cónyuge supérstite, Griselda Landriel, y sus hijos, Maria Fernanda, Sabrina Soledad y Rodrigo Oscar Romero— contra Experta Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., en cuanto pretendía el cobro de una indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil anterior. En cambio, declaró procedente "la reparación sistémica de la ley 24.557 con el alcance dispuesto por el Decreto 1.694/09, tal como se postula en la demanda" (v. sent., págs. 7/8), y en ese orden, condenó a la compañía aseguradora mencionada al pago de la suma que estableció, en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral contemplada en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley indicada (v. sent., págs. 7/10).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad con sustento en los arts. 161 inc. 3 apartado "b" y 171 de la Constitución provincial.
Señala que el tribunal de grado no fundó suficientemente el fallo y desatendió una cuestión esencial al no declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 —en lo que respecta al período computable para el cálculo del ingreso base del trabajador— conforme al criterio establecido por esta Suprema Corte —por mayoría— en los precedentes L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Cabe recordar que el medio de impugnación deducido solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano"; sent. de 19-II-2014; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
Asimismo, que —en particular— constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (conf. causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017 y L. 125.432, "Soler,", sent. de 23-VIII-2023).
Bajo esas directrices, es dable advertir que la cuestión que se denuncia preterida no fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente.
En efecto, la lectura de los escritos iniciales revela que la temática que se reputa soslayada, esto es, la falta de tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en verdad no fue planteada al órgano judicial de grado.
Por lo tanto, no acompaña la razón a la recurrente cuando denuncia que el a quo ha soslayado el tratamiento de una cuestión esencial, como causal nulificante del fallo.
III.2. Por demás, resta aclarar que el fallo atacado —observando el mandato constitucional contenido en el art. 171 también mencionado— se encuentra fundado en ley, sin que corresponda analizar —en el marco de la vía en tratamiento— su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (conf. causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5-XII-2001; L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012 y L. 120.860, "Olivero", sent. de 9-IX-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia violación de los arts. 14 bis, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la provincial; y de la doctrina legal que identifica.
Alega absurdo en la determinación y alcance de la indemnización por daños y perjuicios, tanto integral como tarifada.
Destaca el tiempo transcurrido desde la primera manifestación invalidante del señor Romero, como también, el creciente proceso inflacionario ocurrido. En este marco, postula la existencia de un típico caso de deuda de valor, cuyo monto debe ser estimado al momento de la liquidación del crédito.
Solicita la aplicación del temperamento seguido —por mayoría— en los precedentes L. 120.521, "Monchiero" y L. 120.648, "Amaya" —citados al tratar la cuestión anterior— sobre la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557; ello respecto al período computable para calcular el ingreso base mensual. A su vez peticiona la utilización de la pauta salarial vigente al momento de liquidarse el pago efectuado por la aseguradora (diciembre de 2021). Señala que igual suerte deben correr los valores de los "topes" establecidos por los arts. 11 inc. 4 apartado "b" y 15 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. El recurso no prospera.
III.1.a. Impugna la recurrente el rechazo de la acción por responsabilidad civil endilgada a la aseguradora demandada, al tiempo que solicita una mejora cuantitativa de la prestación sistémica, reclamada en subsidio de su inicial postulación (v. demanda, fs. 26).
Cabe advertir que, a fin de demostrar que el valor económico de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, la parte actora formula afirmaciones de carácter genérico, manifiestamente inhábiles para solventar tal apreciación.
III.1.b. De todos modos, el agraviado refirió que la admisibilidad y fundamento de la impugnación contaba "...con suficiente justificación en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653" (recurso, pág. 2).
III.1.c. A su turno, el órgano judicial de grado, concedió el remedio procesal sub examine en el marco de la excepción del precepto citado (texto según ley 14.141; v. resol. de fecha 18-II-2022), decisión que arriba firme y consentida.
En tal escenario, se debe concluir que la competencia revisora de esta Suprema Corte debe quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
III.2.a. Por motivos de orden lógico, cabe advertir que las temáticas traídas al amparo de precedentes que refieren a la validez constitucional del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y, por su conducto, la prédica sobre la mensura del haber devengado al momento del pago efectuado por la aseguradora, no resultan aptas para lograr la revisión del pronunciamiento.
Como se adelantó en la primera cuestión planteada, tales aspectos (incluida la tangencial conceptualización de los reclamos como "deuda de valor") no han sido puestos a consideración del tribunal interviniente y, por ende, no integraron la materia litigiosa ni medió a su respecto un pronunciamiento expreso en la sentencia de mérito.
Luego, la petición ahora formulada resulta el fruto de una reflexión tardía.
Para más precisión, el trámite de la causa denota que, a partir de la pericia contable, la parte actora esgrimió sus objeciones sobre la determinación del ingreso mensual base obteniendo un guarismo superior al establecido primariamente por el experto, dato que, finalmente, quedó reflejado en la sentencia (v. fs. 382/422 y vta., 436 y vta.; sentencia pág. 9).
Para más, no obra constancia de otras afirmaciones o peticiones vinculadas al extremo ahora pretendido.
Por lo que cobra virtualidad la doctrina que establece que los argumentos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, constituyen una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (conf. causas L. 120.409, "Martínez Rodríguez", sent. de 11-VII-2018 y L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020).
Lo señalado resulta suficiente para brindar respuesta al interrogante planteado.
III.2.b. Igual suerte adversa ha de correr la lacónica objeción contra los valores de los topes indemnizatorios fijados en los arts. 11 inc. 4 apartado "b" y 15 inc. 2 de la ley indicada, por cuanto ellos derivan de la eventual procedencia de los agravios precedentes.
III.2.c. Finalmente, tampoco se observan argumentos autónomos que pongan en tela de juicio el rechazo de la indemnización peticionada con fundamento en el derecho común, cuyo análisis, para más, desbordaría el acotado marco de revisión que provee el ya mencionado art. 55 (aplicable al caso), en tanto concierne a la evaluación de típicas cuestiones de hecho y prueba.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:36:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2025 18:03:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 21:25:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/02/2025 19:08:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 08:33:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/02/2025 09:36:20 hs. bajo el número RS-8-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia