Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131343
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.343, "Fratelli Branca Destilerías S.A. contra Obdi, Darío Hernán y otro/a. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, rechazó la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 5-VII-2023).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente, en lo que interesa, rechazó la acción promovida por Fratelli Branca Destilerías S.A., mediante la cual reclamaba la exclusión de la tutela sindical de Darío Hernán Obdi y de José Arnaldo Vera, con sustento en el art. 52 de la ley 23.551.
Señaló en el veredicto que no se hallaba controvertida la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, así como tampoco el desempeño de los accionados como delegados gremiales del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines.
Seguidamente, haciendo referencia a lo expuesto en los escritos constitutivos de la litis y a las declaraciones testimoniales recibidas, consideró acreditado que los días 6, 7 y 9 de diciembre de 2021 se realizaron asambleas en el establecimiento de la empresa que implicaron la paralización de la planta y, en consecuencia, de la producción y distribución de sus productos. Juzgó, además, que no se comprobó que los demandados hubieran requerido autorización previa para la celebración de dichos actos.
Por otro lado, aludiendo a los testimonios de los señores Antolini y Guelfo, rendidos en la audiencia de vista de la causa, tuvo por probado que las referidas asambleas fueron realizadas en el marco de un conflicto colectivo.
Luego, y sin descartar la existencia de un daño económico provocado a la empresa promotora del pleito, juzgó que no resultaron comprobadas las graves pérdidas que se detallaron en la demanda.
Ya en la sentencia, a la hora de analizar si la conducta de los demandados importó un incumplimiento tal que justificara la exclusión de la tutela sindical perseguida, el juzgador —previo a precisar que debía actuar con máxima prudencia al resolver la cuestión— consideró que correspondía determinar si los hechos en debate se subsumían en el presupuesto de la pretensión invocada por la sociedad actora —vinculado a la violación de una disposición interna de la empresa que dispone que en caso de necesidad de realizar reuniones dentro del establecimiento del empleador, en horario laboral o fuera del mismo, debía solicitarse autorización previa al responsable del sector— o bien, en la norma jurídica traída en el responde —en referencia al art. 23, inc. "e" de la ley 23.551, que autoriza a las asociaciones a realizar reuniones sin necesidad de autorización previa—.
En este sentido, explicó que, si bien se acreditó que las medidas adoptadas por los demandados perjudicaron a la empleadora, también se probó que las asambleas fueron celebradas en el marco de un conflicto colectivo entre las partes de una envergadura tal que, según refirieron los propios directivos de la empresa al declarar, contó con la asistencia "abrumadoramente mayoritaria" de los trabajadores (v. sent., pág. 4).
Bajo ese razonamiento, concluyó que "los demandados actuaron dentro de sus facultades en carácter de representantes sindicales al convocar y realizar las asambleas ya referidas" (sent., pág. cit.), por lo que no resultaba ajustada a derecho la sanción que pretendía imponerles la accionante.
Asimismo, rechazó la reconvención por práctica desleal y por daños y perjuicios planteada por los demandados (v. sent. de fecha 5-VII-2023).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 9, 10, 11, 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 52 de la ley 23.551; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que invoca (v. escrito electrónico de fecha 2-VIII-2023).
II.1. En lo sustancial, sostiene que la decisión del sentenciante de grado por conducto de la cual desestimó el progreso de la acción es absurda, arbitraria e incongruente con las constancias de la causa.
II.1.a. Inicialmente refiere que en el fallo atacado existe una contradicción entre los argumentos brindados, al enunciarse en la sentencia, como principio general, que los representantes sindicales requieren de una fuerte protección que impida al empleador "ejercer sus facultades con arbitrariedad y discriminación"; y, posteriormente, descartar que la empresa accionante haya ejercido una práctica antisindical o discriminatoria (v. rec., págs. 18/19).
II.1.b. Luego, aduce que el tribunal de origen efectuó una interpretación arbitraria de los alcances del art. 23, inc. "e" de la ley 23.551, toda vez que dicha norma alude al derecho de reunión de las asociaciones inscriptas, y no se refiere a aquellas reuniones internas en el ámbito del establecimiento convocadas por los delegados gremiales.
En esta línea, afirma que el dispositivo regula otro supuesto, y que jamás podría habilitar a los dirigentes sindicales a convocar cualquier tipo de reunión que paralice el proceso productivo y generando graves daños al empleador. Según sostiene, el órgano de grado soslaya que, en cualquier caso, ello podría ejercerse con criterios básicos de razonabilidad derivados del principio de buena fe.
Sustenta su postura en doctrina de autores y en un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
II.1.c. Por otro lado, denuncia que el juzgador se apartó de los antecedentes y constancias de la causa al considerar que "...las asambleas fueron tomadas al tiempo en que se desarrollaba un conflicto colectivo entre las partes..." (rec., pág. 25), cuando —según afirma— los testigos fueron contestes en situar temporalmente dicha contienda en los meses de octubre y noviembre del año 2021. Afirma que ninguna situación de conflictividad se vivía en la planta los días 6, 7 y 9 de diciembre del mismo año.
Agrega que lo expuesto se condice con lo informado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (v. contestación de oficio electrónica de fecha 3-X-2022), prueba informativa que el órgano de grado soslayó considerar.
II.1.d. A todo evento, plantea que si —"como parece insinuar la sentencia" (rec., pág. 28)— el obrar de los demandados consistió en una medida de tipo sindical, aquel accionar es ilegítimo, desde que no se han seguido los mecanismos legales previos ni observado los recaudos mínimos que hacen a su legalidad, entre ellos el agotamiento del procedimiento previo y obligatorio de conciliación. Cita al respecto, opinión de autores y fallos de distintos tribunales de justicia.
II.1.e. Finalmente, se agravia por considerar que el fallo no ponderó el grave daño que el ilegítimo obrar de los demandados generó a la accionante, el que —según afirma— se encuentra acreditado con los dictámenes periciales producidos y con las declaraciones testimoniales de los señores Bucci y Antolini.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, cabe señalar que no escapa al análisis del caso las irregularidades que se advierten en la sentencia dictada: de un lado, la discordancia existente entre los magistrados citados en el encabezado del acuerdo, y los que —en concordancia con el veredicto dictado y el orden de votación correspondiente— luego emitieron su voto y firmaron el fallo; y, del otro, la consideración efectuada de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio —demanda y reconvención— en una única cuestión. En razón de lo expuesto, estimo pertinente exhortar a los jueces integrantes del órgano judicial de grado, a que —en adelante— ajusten sus decisiones a las previsiones legales y constitucionales vigentes.
III.2. Aclarado lo que antecede, es dable recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y —por ende— no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e. o.), único supuesto en que esta Suprema Corte puede conocer y revisar tales conclusiones fácticas y probatorias del fallo.
Sabido es, también, que al recurrente no le basta con denunciar dicho vicio invalidante y exponer de manera paralela la propia versión de los hechos y su interpretación. Es necesario que demuestre contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda de las circunstancias fácticas y pruebas arrimadas al proceso (causas L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020; L. 123.542, "Atalaya S.A.", sent. de 15-VI-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.3. Bajo tales premisas, observo que el medio de impugnación deducido no logra poner en evidencia el vicio denunciado (art. 279, CPCC).
III.3.a. Liminarmente, cabe señalar que no se percibe contradicción alguna entre el principio general invocado por el juzgador —previo a ingresar en el análisis de la procedencia de la acción— y la decisión a la que posteriormente arribó, toda vez que, con el primero, sólo remite a un postulado inicial dirigido a recordar la máxima prudencia con la que se debe actuar en acciones de exclusión de tutela sindical, sin que ello implique anticipar la suerte de la cuestión a resolver. Máxime cuando la circunstancia de no juzgar configurada una práctica antisindical, en modo alguno influye en la conclusión en torno a la inexistencia de una conducta sancionable para los empleados demandados.
III.3.b. Luego, tampoco logra acreditar que el órgano de grado se haya apartado de los antecedentes y constancias de la causa al valorar las declaraciones testimoniales y la prueba informativa producida.
III.3.b.i. Recuérdese que los tribunales de trabajo, al apreciar en juicio oral la prueba testimonial, ejercen una facultad privativa tanto respecto del mérito como de la habilidad de ese elemento probatorio y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en la instancia extraordinaria (causas L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.). Más aun cuando, como en el caso, el recurrente no ejercitó oportunamente la facultad conferida por el art. 46 de la ley 11.653 aplicable al caso, con el objeto de dejar constancia de las circunstancias que ahora, extemporáneamente, juzga determinantes para desacreditar sus dichos (conf. causas L. 119.393, "López", sent. de 21-VI-2018; L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020; L. 128.642, cit.; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica formulada luce insuficiente para conmover lo resuelto, en tanto solamente exhibe la disconformidad del impugnante con la solución alcanzada, a través del intento de disputarle al tribunal interviniente la potestad de evaluar la prueba oral, sin lograr demostrar —con ese ineficaz método— la existencia de absurdo.
III.3.b.ii. Asimismo, con relación a la prueba informativa que, según indica, fue soslayada por el órgano de grado, no es ocioso memorar que, en el marco del sistema de apreciación de la prueba previsto en la ley 11.653 —aplicable en la especie—, los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que le propongan a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia —según la normativa adjetiva de aplicación al momento del dictado del fallo—, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022 y L. 129.635, "Carabetta", sent. de 3-VI-2024).
En la escueta impugnación formulada, no se logra evidenciar la existencia del mencionado vicio invalidante, limitándose nuevamente el reclamante a efectuar un análisis de las probanzas según su propio criterio valorativo, apartándose de la línea reflexiva del fallo objetado, lo que denota, también en este tramo, su insuficiencia técnica.
III.3.c. El cuestionamiento afincado en que el juzgador de origen efectuó una arbitraria interpretación del art. 23, inc. "e" de la ley 23.551, tampoco es de recibo.
III.3.c.i. En rigor, surge del relato de los antecedentes efectuado que, si bien el sentenciante refirió que debía dilucidar si los hechos en debate se enmarcaban dentro del fundamento dado por la actora o de la norma invocada por la demandada —cuya interpretación aquí se cuestiona—, lo gravitante para determinar que los demandados actuaron dentro de sus facultades sindicales, resultó ser que las asambleas fueron celebradas en el marco de un conflicto colectivo entre las partes y que, tal circunstancia, en razón de su importancia, contó con la asistencia "abrumadoramente mayoritaria" de los trabajadores (v. sent., pág. 4).
De este modo, resulta palmario que las argumentaciones dadas en este tramo de la crítica se desentienden del razonamiento seguido por el tribunal de grado y no constituyen una réplica eficaz a fin de descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio. No debe olvidarse que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 128.196, "Suarez", sent. de 6-XII-2023; e.o.).
III.3.c.ii. Para más, aún en una mejor hipótesis, siendo que en la sentencia se indicó que la mentada norma fue la invocada por los demandados en su escrito de réplica, se advierte que el planteo traído —vinculado específicamente con el artículo impugnado—, no fue esgrimido por la parte interesada en la instancia inferior en ocasión de evacuar el pertinente traslado. En tales condiciones, cobra virtualidad la doctrina que establece que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos —fruto de una reflexión tardía—, toda vez que no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
III.3.d. Igual suerte ha de correr el cuestionamiento por el que se denuncia la ilegitimidad de la medida de acción directa.
Dicho aserto revela una notoria desinterpretación del contenido de la sentencia, que —como se desprende de lo reseñado— solo se limitó a juzgar que los demandados actuaron dentro de sus facultades en carácter de representantes sindicales al convocar y realizar las asambleas de los días 6, 7 y 9 de diciembre del año 2021.
En ese orden, resulta de aplicación la doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; e.o.).
III.3.e. Siendo que a esta altura ha quedado incólume la conclusión medular del órgano de grado, afincada en que los coaccionados actuaron en el marco de sus facultades, ello, más allá del perjuicio ocasionado a la empresa accionante, pierde virtualidad el tratamiento del agravio vinculado a la falta de ponderación del daño producido.
III.4. Para finalizar, no resulta ocioso recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 127.786, "Martínez", sent. de 27-VI-2023; L. 126.456, "Dominici", sent. de 22-VIII-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; L. 127.597, "López", sent. de 4-X-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Liminarmente, he de señalar que el tenor del diseño de ciertos aspectos del pronunciamiento de grado, que detalladamente surge del relato realizado por mí distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su sufragio, me conduce a exhortar al tribunal laboral interviniente a que en el futuro extreme las medidas necesarias para evitar incorrecciones formales en sus sentencias.
I.2. Ya en el concreto análisis del recurso traído, comparto lo expuesto por la ponente en los puntos III.3.a. y III.3.b. de su sufragio, en cuanto desecha por insuficiente la crítica vinculada con la valoración de la prueba.
En lo fundamental, no se constatan en autos registros de los dichos de los testigos que apuntalen lo argumentado por el quejoso. Y en lo tocante a la prueba informativa, lo señalado por aquel en orden a la fecha en que se habría situado la última actuación en el expediente administrativo que indica, en modo alguno desdibuja la plataforma fáctica receptada en el fallo en su vinculación con la fecha relativa al conflicto del caso.
I.3. En lo relativo a las objeciones orientadas a evidenciar una errónea interpretación del art. 23, inc. "e" de la ley 23.551, entiendo, como lo destaca mi colega en el punto III.3.c.ii. de su sufragio, que son fruto de una reflexión tardía.
I.4. Sentado lo anterior, comparto sin más lo expuesto por la señora Jueza doctora Kogan en los puntos III.3.d. y III.3.e. y III.4. de su opinión.
II. Conforme lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero, en lo sustancial y por los mismos fundamentos, al voto emitido en primer término por la señora Jueza doctora Kogan.
Luego, corroborada en el inicio de la sentencia de grado la falta de correspondencia entre los nombres de los jueces que allí se consignan y los de aquellos que efectivamente intervinieron en el acuerdo y firmaron el pronunciamiento bajo análisis, estimo —al igual que los colegas preopinantes— que corresponde exhortar a los magistrados a fin de que se tomen las medidas necesarias conducentes a evitar deficiencias como la configurada en autos.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de
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