Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128472
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.472, "Alegre, Alberto Antonio contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo Acción de revisión resolución de Comisión Médica jurisdiccional - ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de incompetencia opuesta y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la causa, imponiendo las costas por su orden (v. pronunciamiento de fecha 5-VIII-2021).
Se dedujo, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la excepción de incompetencia en razón de la materia opuesta por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y declaró su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones (v. resolución de fecha 5-VIII-2021).
Inicialmente, sostuvo que en el escrito de demanda el actor interpuso una acción laboral ordinaria en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, respecto de las incapacidades que dice sufrir en relación a la enfermedad profesional denunciada.
Precisó que al presentarse al pleito la parte demandada opuso la mentada defensa, con sustento en la falta de tránsito endilgada al accionante por la vía administrativa.
Asimismo, señaló que de las constancias obrantes en el expediente administrativo remitido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo surgía acreditado que el señor Alegre había iniciado el procedimiento administrativo ante la Comisión Médica n° 373 de Quilmes en razón de "rechazo por enfermedad no listada", siguiendo lo ordenado por el art. 1 de la ley 27.348. Dichas actuaciones —continuó— fueron archivadas por no haber adjuntado el trabajador "la petición fundada" a la que alude el art. 1 tercer párrafo de la resolución SRT 298/17.
Indicó que dicha presentación importa un verdadero informe pericial que debe efectuar un médico con especialidad en medicina legal, cuyo costo se encuentra a cargo del trabajador. Empero, destacó que de conformidad con lo prescripto por el art. 2 inc. "b" sexto párrafo de la ley 27.348, es la comisión médica jurisdiccional la que debe arbitrar los medios para elaborar el informe y no colocar dicha carga y costo en cabeza del trabajador, pues tal organismo administrativo posee la estructura técnica y científica para hacerlo. Con cita de diversos preceptos constitucionales, puso de relieve que le asistía razón al demandante en cuanto a que tal exigencia resulta violatoria de los principios de gratuidad, juzgó que también colisionaba con el de razonabilidad de las leyes al exceder la reglamentación las limitaciones impuestas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional. Concluyó, que el requisito previsto en el art. 1 tercer párrafo de la mentada resolución 298/17 también transgrede los principios de acceso irrestricto a la justicia y protectorio, resultando inconstitucional e inaplicable al caso.
Con todo, el a quo juzgó que habiendo dado cumplimiento el accionante con lo normado por el art. 1 de la ley 27.348, iniciando el procedimiento por ante la Comisión Médica de Quilmes, el archivo del expediente que ordenó dicho organismo, por las razones que expuso, importó el agotamiento de la vía administrativa en los términos establecidos por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y que entonces, el demandante accedió correctamente a la instancia judicial.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la decisión del tribunal de grado resulta arbitraria y carente de toda lógica, pues la "petición fundada" prevista en el art. 3 tercer párrafo de la resolución antes referida no implica un informe pericial elaborado por un médico con especialidad en medicina laboral.
Manifiesta que la norma en crisis no requiere la presentación de un informe elaborado por un médico legista, sino que solo hace referencia a los elementos mínimos con los que la comisión médica debe contar para emitir su dictamen, como lo son, el diagnóstico, la argumentación y constancias sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgos. Indica que son estas circunstancias sobre las que debe indagar la representación letrada de los trabajadores para poder iniciar el trámite correspondiente en la instancia administrativa.
Luego, esgrime ciertas consideraciones tendientes a defender la aplicación inmediata y validez constitucional de las leyes 27.348 y 14.997. En esta línea, remarca que el trámite previo ante las comisiones médicas y el procedimiento establecido para el cumplimiento de dicha etapa no conculca el derecho de igualdad del trabajador, ni sus garantías constitucionales de debido proceso, juez natural y acceso irrestricto a la justicia.
III. El recurso no prospera, atento a su insuficiente fundamentación (art. 279, CPCC).
III.1. Ocupa memorar que esta Corte ha equiparado a definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a pronunciamientos que, como en el caso, encuentran su sustancia en definiciones relativas a la validez constitucional o aplicabilidad de las normas que integran el universo de los riesgos del trabajo (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021 y L. 129.068, "Kelly", sent. de 3-VI-2024).
En virtud de ello, dadas las particulares circunstancias reseñadas en los antecedentes, aquel recaudo de admisibilidad debe entenderse configurado en la especie.
III.2. Establecido lo que antecede, cabe anticipar que las expresiones que contiene el recurso no constituyen un ataque idóneo al razonamiento trazado por el tribunal de grado.
Muestra de ello, son las consideraciones que despliega para evidenciar que la "petición fundada" no habría de requerir un informe de un médico legista, cuando tal aseveración, en rigor, no se condice con el propio contenido de la norma actuada por el a quo , que al reglar dicha presentación —y llamativamente ello puede verse en el mismo agravio— alude a que debe contener un diagnóstico sobre las patologías denunciadas (art. 1, resol. 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), labor —esta— que no explica el quejoso cómo podría ser realizada prescindiendo de lo que pudiese informar aquel profesional de la medicina (para más, su intervención ha resultado —y con mayor nitidez— del texto de la resolución 305/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).
Luego, se avizora que el recurrente, si bien dedica sendos párrafos de su impugnación a defender en términos generales la validez del trámite administrativo previo consagrado en la ley 27.348 y la competencia respectiva de las comisiones médicas, no cumple con la carga de refutar idóneamente las concretas razones que blandió el tribunal para descalificar la constitucionalidad de la norma arriba citada dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establece a la "petición fundada" como requisito para iniciar el trámite por enfermedad no listada ante la comisión médica.
Son aplicables las directrices de este Tribunal que expresan que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a la propuesta de rechazar la impugnación deducida merced a los motivos de insuficiencia de la crítica relevados en el voto que inicia el acuerdo, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2024 13:44:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2024 07:28:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2024 14:34:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2025 13:30:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2025 08:28:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/02/2025 09:24:00 hs. bajo el número RS-1-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia