Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128636
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.636, "Bottero, Sandra Stella Maris contra I.O.M.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 1-XI-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1.a. En lo que aquí interesa destacar, la señora Sandra Stella Maris Bottero dedujo acción sumarísima en los términos del art. 52 de la ley 23.551 contra la Provincia de Buenos Aires, reclamando la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos y la multa prevista en el Pacto Federal de Trabajo (conf. resol. 174/20 del Ministerio de Trabajo provincial), atento su calidad de empleada del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) como médica auditora, invocando su carácter de representante sindical en el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA), en virtud de su cargo de Primera Vocal Suplente del Consejo Directivo provincial, con mandato vigente a esa fecha (v. presentación de fecha 8-II-2021).
I.1.b. A su turno, el Fisco accionado contestó demanda, oponiéndose al dictado de la medida cautelar peticionada y solicitando el rechazo de la acción, alegando especialmente desconocer que la accionante y/o SUPTTIOMA hayan comunicado fehacientemente al IOMA la candidatura y la nómina de elección como representante gremial, así como que la citada agremiación reúna los requisitos legales para actuar en el ámbito del referido Instituto y en el marco de la ley 23.551, y que el presunto despido esté protegido por las leyes 10.430 y 23.551 y por la resolución 174/20 (v. presentación de fecha 1-III-2021).
I.2. En dicho marco, tras hacer lugar a la queja interpuesta por el Fisco provincial (v. escrito electrónico de fecha 23-II-2022, deducido frente a la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en fecha 31-I-2022), esta Corte anuló el decisorio de fecha 17 de noviembre de 2021 —en el cual el tribunal de trabajo interviniente había acogido la medida cautelar solicitada—, al no haberse observado para su dictado la forma de acuerdo y voto individual de los jueces, devolviendo los autos a la instancia de origen para que dictara nuevo pronunciamiento (v. resol. de fecha 7-VI-2022).
I.3. Así las cosas, el tribunal de mérito —con renovada integración— emitió una nueva resolución en la que admitió los hechos nuevos invocados por la parte actora en las presentaciones electrónicas de fechas 26 de marzo de 2021 y 30 de abril de 2021 y acogió la medida precautoria peticionada, ordenando al IOMA a reincorporar a la actora —en el plazo de tres días desde la notificación— en las labores que venía desarrollando hasta el dictado de la sentencia que resuelva sobre el fondo de la cuestión, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento.
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos propios de la medida solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arts. 195, CPCC y 63, ley 11.653).
I.3.a. Con base en la prueba documental acompañada con el escrito de demanda (anexos 5, 8, 10, 11 y 12 de aquel) y la presentación electrónica del 30 de abril de 2021, estimó acreditado —prima facie— el primero de los recaudos mencionados. A partir de la comunicación que le realizó el IOMA a la reclamante en la que resolvió no renovar su contrato, advirtió que esta última mantenía un vínculo laboral con aquella entidad y, le habría notificado su elección como Primera Vocal Suplente de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (SUPTTIOMA, organización sindical simplemente inscripta), con mandato hasta el 7 de marzo de 2024.
Al respecto, con cita —entre otros— del precedente "Rossi" (sent. de 9-XII-2009) del Máximo Tribunal nacional y L. 93.122, "Sandes" (sent. de 5-X-2011) de esta Suprema Corte, sostuvo que los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 no superan el test de constitucionalidad, en cuanto limitan la tutela a los representantes sindicales de organizaciones con personería gremial, con evidente exclusión de aquellos que pertenecen a una entidad simplemente inscripta.
Con apoyo en tal reconocimiento de amplitud protectoria, juzgó que la accionada no se encontraba habilitada para modificar la situación laboral de la demandante sin efectuar un proceso de desafuero; de modo tal que, hasta tanto se constaten —o no—, en definitiva, los extremos de hecho que —a primera vista— surgían acreditados, tal omisión resultaba suficiente para acoger el dictado de la medida cautelar propuesta.
A su vez, tuvo en consideración que, no obstante lo expuesto, la precautoria impugnada por la demandada se encontraba cumplida, conforme lo informado en la presentación electrónica de fecha 3 de febrero de 2022, respaldado por la documentación allí acompañada.
I.3.b. Definido el anterior recaudo, afirmó que el peligro en la demora resultaba evidente por el propio carácter alimentario del salario, siendo este el medio de subsistencia de la trabajadora, cuya falta de percepción provocaría un perjuicio durante el trámite de la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva (arts. 14, Const. nac.; Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo —OIT— y art. 39, Const. prov.).
En relación con la contracautela, entendió suficiente la prestación de caución juratoria (art. 199, CPCC).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 804 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2 y 4 del decreto de necesidad y urgencia 329/20; 2, 4 y 6 del decreto de necesidad y urgencia 39/21; 47 a 52 de la ley 23.551; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 195, 230, 232 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 111 inc. "c"; 115, 116 y 117 de la ley 10.430; 44 inc. "d" de la ley 11.653; resolución provincial 174/20 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2022).
Sostiene que es absurda y arbitraria la definición que tuvo por probada la verosimilitud del derecho invocada. Refiere que en el específico supuesto de autos la decisión en torno a la acreditación de tal recaudo anticipa la sentencia definitiva en lo que respecta a la pretensión de reinstalación.
Argumenta que, de conformidad con lo sostenido por este Tribunal, la viabilidad de las medidas de tutela anticipatoria queda supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos que pueden resumirse en la recomendación de una mayor severidad en los criterios de apreciación. Destaca que no alcanza la sola verosimilitud del derecho del requirente para el otorgamiento de la medida, sino que debe poner de manifiesto la fuerte probabilidad de que su pretensión sea jurídicamente aceptable.
En relación con esto último, señala que la protección requerida en la demanda solo rige cuando el trabajador, amparado por los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551, haya sido efectivamente "despedido" violándose las garantías legales, y que solo allí puede accionar peticionando su reinstalación.
Aduce que en este punto debe centrarse la atención sobre la ausencia en el caso de los requisitos enumerados en las citadas normas para que proceda la medida cautelar. Explica que la accionante reivindicó la tutela sindical afirmando falsamente tener una relación de empleo estable y siendo arbitrariamente "despedida", mientras que la demandada alegó y probó que la extinción de la relación se produjo por la caída definitiva de la manda judicial y la ausencia de voluntad de la señora Bottero (sic. debió referirse, según su discurso, a la voluntad de la accionada; v. págs. 10 in fine/11) para suscribir un nuevo contrato, en los términos del art. 111 inc. "c" de la ley 10.430.
Siendo ello así, afirma, que para determinar el modo de extinción cabe indagar sobre la naturaleza del agotado vínculo de empleo público que unió a las partes, encontrándose ello definido con la inmutabilidad de la cosa juzgada que emana de la sentencia firme de esta Suprema Corte, en la que se determinó que "el acto de designación es el que determina el tipo de relación"; que el vínculo "se rige por los arts. 115, 116 y 117 de la ley 10.430" y que "la regulación provincial reseñada trasunta indefectiblemente la noción de transitoriedad" (rec., pág. 11).
Señala luego que, si la accionante no ha gozado de la estabilidad que alegó, se revela que el IOMA no se encontraba obligado a dictar un nuevo acto de designación y, por consiguiente, pudo prescindir de los servicios con una simple abstención al no encontrarse sujeto judicialmente a mantener el vínculo de empleo.
Aclara que "al IOMA se le anotició, el 11 de diciembre de 2020, sobre la caída definitiva de la manda judicial que ubicó a la señora Bottero durante casi una década en planta permanente, por lo que se transforma en una falacia alegar veladamente que tomó alguna medida casi un año y siete meses después que quedare firme su revocación" (rec., pág. 12). Indica que esa aislada manifestación "a la vez que prescinde del hecho notorio que el demandado no participó en forma directa del litigio de marras, constituye un velado y vano intento por otorgar al vínculo de empleo entre las partes una modalidad distinta a la establecida en la ley 10.430, transformándose así en notoriamente inidónea para modificar la circunstancia evidente -y firme- de que la accionante no había consolidado una relación de empleo estable como agente del IOMA, toda vez que el transcurso del tiempo o sucesivas renovaciones de contratos [...] no logran trastocar, por sí, la situación de revista de quién ha ingresado -y se ha mantenido siempre- como empleada transitoria" (rec., pág. cit.).
Expresa que se encuentra demostrada la naturaleza transitoria del vínculo de empleo que unió a las partes, y reitera —conforme lo dicho en otros párrafos— cuál fue en su criterio la causa de despido. Remarca que ello evidencia que al momento de considerarse la accionante "despedida" o "cesanteada" no existía entre las partes ninguna relación de empleo, pues no se encontraba ya sostenido en el cargo por una decisión judicial y tampoco existía un contrato en los términos de la normativa citada (v. rec., pág. 13).
Sostiene que resulta también inadmisible la exigencia de que tuviera que iniciarse un sumario administrativo para prescindir de los servicios de la señora Bottero, ya que no gozaba de estabilidad ni mantenía relación de empleo alguna.
A la par, expresa que, si el actor no tenía un vínculo vigente, mal podía ser incorporado por una decisión judicial sin ignorar la zona de reserva de la Administración en la designación de sus funcionarios y en la ejecución del presupuesto; aun cuando invoque una improcedente tutela sindical, ya que esta no tiene el efecto de generar una relación de empleo público inexistente.
Manifiesta que en el relato llevado a cabo en el pronunciamiento no puede constatarse la identificación de ningún elemento del que surja la debida notificación del carácter de representante sindical o de postulación de la actora como candidata; al punto que —según explica— esta última adjuntó como hecho nuevo la certificación de autoridades, pero no la notificación de la misma a su empleador.
En cuanto al requisito de peligro en la demora, argumenta que resulta de toda obviedad que la accionante, no percibe (ni debería percibir) salario ni cobertura médica del IOMA porque —reitera— no tiene una relación de empleo con la demandada, siendo las consecuencias alegadas en la demanda las que se derivan para cualquier persona que en alguna oportunidad se vinculó con otra para prestar servicios a través de un contrato de locación.
Entre otras reflexiones finales, destaca que es claro que la ley 23.551 no modifica las leyes que regulan el empleo público en las provincias, cuyas herramientas no pueden utilizarse irregularmente para hacer renacer relaciones que se encuentran extinguidas o crear nuevas.
Recalca que si la accionante se postuló y accedió a ocupar algún estatus sindical (circunstancia —precisa— que no ha probado), sabía que su mandato no podría prolongarse por un tiempo mayor al que duraba su contrato.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, corresponde señalar que —tal como fue puesto de manifiesto en la resolución de fecha 7-VI-2022 recaída en estos autos—, si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen —por regla— naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 128.130, "Bazán", resol. de 22-XII-2022; L. 130.310, "Arce", resol. de 20-IX-2023; L. 130.660, "Gutiérrez", resol. de 24-X-2023; e.o.), también ha sostenido que, si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de no susceptible reparación ulterior, debe equiparársela a tal (causas L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021; L. 128.436, "Franco", resol. de 26-IV-2022; L. 128.438, "Silveira", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
En el caso, conforme lo arriba reseñado, la impugnante esgrimió, en prieta síntesis, que el tribunal de grado otorgó la cautelar peticionada agotando en forma anticipada el objeto de la cuestión, configurando en el caso un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, resulte de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.
Así, la decisión atacada debe considerarse equiparable a definitiva, toda vez que los agravios desplegados por la demandada aportan argumentos aptos a esos fines (causa L. 127.416, cit.; Fallos: 343:341).
III.2. Sentado ello, cabe indicar que es sabido que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, que la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021; L. 127.789, "De Morra", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
III.3. En dicho contexto la crítica ensayada contra la conclusión del tribunal de trabajo con arreglo a la cual consideró configurado en la especie el requisito de la verosimilitud del derecho, no prospera.
III.3.a. Es que el argumento brindado por el órgano jurisdiccional de grado en torno al estatus sindical de la actora al momento de la desvinculación abastece por sí solo la definición alcanzada en el pronunciamiento en crisis, sin que corresponda ingresar en razonamientos de otro orden.
Y al respecto, lo dicho por el impugnante por conducto de la denuncia de absurdo en lo relativo a la falta de acreditación de la debida notificación del carácter de representante sindical o de la postulación de la accionante para el mandato, no es idóneo para acreditar tan extremo vicio valorativo. El recurrente se aparta de la línea reflexiva seguida por los señores jueces de grado sobre la base de su valoración de las constancias obrantes en la causa según su mero parecer discrepante, método que con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal ha sido reiteradamente considerado infructuoso (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Más allá de que la solución adoptada por el tribunal de grado pueda resultar opinable, discutible, o pasible de otras interpretaciones, ello no alcanza para patentizar el vicio invocado, pues no cualquier equívoco lo representa, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Para más, resta agregar que aquellas críticas dirigidas a impugnar los supuestos argumentos brindados por el juzgador respecto al vínculo que unió a las partes (v. rec., pág. 12, seg. párr.), no guardan correspondencias con las reales motivaciones brindadas por el órgano de grado en su resolutorio al abordar la cuestión a dirimir.
De igual modo, más allá de que lo dicho abastece el rechazo sobre el particular, cabe añadir que tampoco fue controvertida la totalidad de la doctrina legal actuada en el fallo.
III.3.b. Entonces, en razón de la insuficiencia de la impugnación, debe permanecer firme la conclusión de grado que tuvo por acreditada, en los lindes temporales indicados, la calidad de representante sindical de la señora Bottero, como —asimismo— la notificación de dicho carácter al momento de resolver la no renovación de su contrato por parte del accionado, la decisión, en lo tocante al fumus boni iuris, ha de mantenerse incólume.
III.4. Tampoco ha de tener éxito el cuestionamiento enlazado a la definición alcanzada por el juzgador en lo tocante al recaudo del peligro en la demora.
Desde este costado, el recurso nuevamente se exhibe insuficiente, pues a partir de su propia visión del asunto, no se encarga el impugnante de rebatir directa y eficazmente los motivos brindados por el juzgador para verificar el requisito referido, centrado, fundamentalmente, en el perjuicio que le irroga a la actora la falta del cobro de su salario mientras tramita la causa hasta el dictado de la sentencia.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, sustancialmente análogo al que hube de emitir en oportunidad de brindar mi opinión en la causa L. 128.438, "Silveira" (sent. de 3-VI-2024) de aristas similares al sub examine.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2025 19:45:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.