Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130521
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.521, "Buera, María del Pilar contra La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda deducida con el alcance que indicó e impuso las costas a la demandada vencida (v. veredicto y sentencia de fecha 14-III-2023).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 27-III-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 17-XI-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por María del Pilar Buera y condenó a la Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, más la suma adicional del art. 3 de la ley 26.773, ello, como consecuencia de la incapacidad que porta la actora, derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 16 de septiembre de 2019 (v. vered. y sent. de fecha 14-III-2023).
En lo que resulta relevante, cuantificó el ingreso base mensual con arreglo a las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557 (t.o. art. 11, ley 27.348), considerando todas las remuneraciones devengadas durante el año anterior a la primera manifestación invalidante y aplicando el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) en la forma allí prevista (v. sent., págs. 9/10).
Seguidamente, determinó el monto del resarcimiento en la suma de $397.129,76 en concepto de incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva —conforme a las pautas del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo—, con más la suma del 20% establecido por el art. 3 de la ley 26.773 ($79.425,95), alcanzando un total de $476.555,71 (v. sent., págs. 10/11).
Sobre dicho monto, calculó los intereses "...desde la fecha de la primera manifestación invalidante (16/09/2019) y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación (09/10/2019), al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, los que ascienden a $19.174,88 (art. 11 inc. 2° Ley 27.348)". Totalizando así la cantidad de $495.730,59 (v. sent., pág. 11).
Por último, estableció que a partir de la mora en el pago de la indemnización sería de aplicación lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, devengando un interés equivalente al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, efectuando dicho cálculo desde el 20 de octubre de 2019 hasta el 13 de febrero de 2023, ascendiendo a la suma de $719.556,45, y dando como resultado un monto total de $1.215.287,04 (v. sent., págs. 11, 12 y 19).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 27-III-2023).
En el primero de los remedios procesales citados denuncia que el tribunal de origen incumplió con el imperativo previsto por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y transgredió las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y el derecho de propiedad que asisten a su mandante por expresa consagración constitucional.
Sostiene que el sentenciante omitió tratar una cuestión que reviste carácter esencial para la definición de la contienda planteada, tal como lo es —a su juicio— el análisis relativo a la ausencia de configuración del estado de mora de su representada en el cumplimiento de las obligaciones legales su cargo.
Cuestiona, en tal sentido, la decisión por la cual se dispuso aplicar intereses a la tasa activa desde la fecha de notificación de la demanda, soslayando abordar las circunstancias que rodearon el caso en juzgamiento, las cuales —según expone— dan cuenta de que la etapa administrativa seguida ante la comisión médica jurisdiccional interviniente culminó con la expresa determinación de que la trabajadora no padece incapacidad derivada del siniestro denunciado.
Asegura, en virtud de ello, que en la especie no se ha configurado mora al no mediar incumplimiento reprochable a su mandante en el pago de las prestaciones dinerarias debidas en el marco de la ley 24.557.
Por último, agrega que, al regular los intereses moratorios a tasa activa luego de actualizar el ingreso base mensual mediante RIPTE, el tribunal de mérito repotenció la deuda a través de un doble esquema de indexación, cuando —a su modo de ver—, debió aplicar la tasa pura del 6% anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la sentencia definitiva en un todo, de acuerdo con la doctrina legal que se encargó de citar.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; e.o.).
III.2. En el caso, bajo la denuncia de transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.046, "Beron", resol. de 29-V-2023; e.o.).
III.3. A su vez, se advierte que los argumentos traídos, si bien se encuentran acompañados con la denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución local, resultan ajenos al ámbito propio del medio de impugnación deducido, toda vez que no evidencian que el pronunciamiento carezca de toda fundamentación jurídica (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 125.095, "Vega", sent. de 4-X-2022; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; L. 126.926, "Vaqueiro", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
En efecto, la normativa actuada por el juzgador en el contexto de su argumentación abastece la referida exigencia constitucional, resultando extraño al recurso intentado la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.816, "Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.", sent. de 30-III-2021; L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022; L. 127.870, "Costen", resol. de 14-III-2024; e.o.).
III.4. Finalmente, cabe recordar que las alegaciones referidas al amparo de la violación del debido proceso legal y otras garantías constitucionales se encuentran detraías de la vía aquí examinada (v. sent. de 24-VIII-2020 y causas L. 121.589, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020; L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022 y L. 120.906, "Sindicato", sent. de 3-VI-2024).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10 y 15 de la Constitución provincial; 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7, 10 y concordantes de la ley 23.928 —conforme art. 4, ley 25.561—; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023).
I.1. Cuestiona la errónea aplicación del art. 12 de la ley 24.557 —modificado por el art. 11 de la ley 27.348— y plantea su inconstitucionalidad.
Por un lado, denuncia por arbitraria la fecha de mora establecida por el Tribunal de grado, toda vez que —según entiende— no corresponde imputar incumplimiento desde la notificación de la demanda, al no existir ninguna obligación legal.
Puntualiza que la comisión médica jurisdiccional con fecha 6 de septiembre de 2021 emitió su dictamen en el expediente n° 237603/21, determinando la inexistencia de incapacidad.
A continuación, sostiene que el juzgador de origen repotenció exponencialmente la deuda al actualizar el ingreso base mensual mediante RIPTE (art. 12, inc. 1, Ley de Riegos del Trabajo) y luego a dicho monto aplicarle intereses a tasa activa (art. 12, inc. 2, Ley de Riegos del Trabajo) practicando así un doble esquema de actualización.
I.2. Asimismo, refiere que la sentencia atacada viola la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia.
I.2.a. Por un lado, cita como vulnerada la doctrina legal sentada en las causas L. 96.278, "Mussio" (sent. de 11-III-2013); L. 116.480, "López" (sent. de 15-VII-2015); B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016) y L. 118.587, "Trofe" (sent. 15-VI-2016), referida —a su entender— a la prohibición de repotenciación de deudas.
I.2.b. A su vez, sostiene que se produjo un apartamiento de la doctrina legal que nace de las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), ya que considera que debió aplicarse una tasa de interés pura al 6% anual, desde la primera manifestación invalidante hasta la sentencia.
El quejoso —como se mencionó— enfatiza que, en el caso particular, se aplicó simultáneamente una doble indemnización; una primera sobre el ingreso base y luego al mismo tiempo la tasa activa a partir del cierre de la instancia administrativa.
I.2.c. Finalmente, añade que la solución arribada por el juzgador de grado, amén de estar prohibida —conforme los arts. 7, 10 y concordantes de la ley 23.938—, se contrapone a la doctrina legal sobre el "empleo desviado del interés". Cita, a tal fin, el antecedente L. 94.446 "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) de esta Suprema Corte.
I.3. Por último, postula la arbitrariedad del fallo al momento de la valoración de la prueba.
Señala que el juzgador se limitó a reproducir solo un apartado del informe pericial médico para tener por acreditada la real ocurrencia del siniestro, no haciendo mención alguna a los argumentos presentados por su parte.
II. El recurso no prospera.
II.1. Corresponde destacar, en primer lugar, que el valor de lo cuestionado ante esta instancia —tal como refirió el tribunal de origen en el auto de concesión del remedio bajo examen (v. pronunciamiento de fecha 4-IV-2023)— no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo tal que el tratamiento del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 —normativa aplicable al momento de su interposición—.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; L. 128.269, "Bertinat", sent. de 4-XII-2023; L. 127.922, "Novajas", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
II.2. Sin embargo, no puede soslayarse que el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11, ley 27.348) involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 —aplicable al caso—, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que —según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")— es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tal aspecto de la impugnación habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.3.a. Aclarado ello, habré de analizar el reproche dirigido a plantear la invalidez constitucional de la citada normativa que, adelanto, no ha de prosperar.
En efecto, no puede soslayarse que la pretensión dirigida a obtener la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (modif. por el art. 11 de la ley 27.348) es extemporánea, toda vez que este último plexo legal fue publicado en el Boletín Oficial el día 24 de febrero de 2017 y tal petición recién fue incorporada en el litigio con el recurso en examen, esto es, el 27 de marzo de 2023.
Luego, advierto que la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (con fecha 2 de noviembre de 2021), por lo que el cuestionamiento de índole constitucional que tardíamente propone el quejoso en esta sede extraordinaria bien pudo ser llevado ante el tribunal de grado en esa ocasión.
En tal sentido, he de recordar que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde exigir la tempestividad del planteo constitucional como condición indispensable para su andamiaje. Ello, sin perjuicio de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023).
Lo expuesto —sin ingresar en otro orden de consideraciones— resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación.
II.3.b. Sentado lo anterior, ya en el acotado marco de revisión por el que transita el examen del recurso, se observa que los precedentes emanados de este Tribunal que se invocan en la réplica fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el presente caso, lo que revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.944, "Astrada", sent. de 21-X-2022; L. 126.859, "Moreno"; sent. de 23-XI-2023; e.o.).
En efecto, en las causas citadas por la parte recurrente (v. rec., págs. 2/3 y 7/8; causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar —en los términos del art. 622 del Código Civil— respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada.
II.3.c. De igual modo la propuesta es inviable respecto de la denuncia de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-III-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-IV-2018), ya que no se configura en la especie el presupuesto que torna aplicable la doctrina allí sentada, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito.
II.3.d. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, tampoco resulta eficaz el resto de la doctrina legal que se denuncia como violada.
Ello así, ya que la recurrente se limita a mencionar precedentes, a pesar de que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del precepto del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023; e.o.); desde que resulta incumbencia de los recurrentes no solamente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, sino también aportar la explicación concreta sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se habría producido (causas L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019; L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hospital Ramón Santamarina", sent. de 13-VII-2022; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; e.o.).
II.3.e. Sentado lo anterior, dable es recordar que la opinión de autores, o los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022 y L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023).
II.4. Por último, los planteos dirigidos a neutralizar la valoración de la prueba realizada en el fallo —y, con ello, la acreditación de la ocurrencia del siniestro— y a cuestionar la fecha en que el juzgador de grado determinó el inicio de la mora; tampoco resultan eficaces en el estrecho marco de análisis.
Al respecto, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como la que la interesada pone en tela de juicio mediante su crítica, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco excepcional por el que transita el análisis del presente remedio extraordinario (causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 126.073, "Simanauskas", sent. de 15-IX-2022; L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
III. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan.
Sólo he de
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