Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127423
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.423, "Antoniazzi, Sofía Belén contra Guido Combustibles S.A. y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, desestimó la acción promovida e impuso las costas a la actora vencida (v. sent. de fecha 6-IV-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-IV-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda interpuesta por Sofía Belén Antoniazzi, mediante la cual reclamó a Guido Combustibles S.A. y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. el pago de una indemnización integral —fundada en normas del derecho común—, a la vez que peticionó el reconocimiento de un mayor grado de incapacidad al determinado en sede administrativa, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 15 de abril de 2017, mientras desarrollaba sus tareas habituales (arts. 12, 31 y 63, ley 11.653; 4, ley 26.773; 1 y 2, ley 27.348, anexo 2; 10, 11, 13 y concs., resol. 298/17; 15, LCT; 2 inc. "j", ley 15.057 y 260, 262 y concs., Cód. Civ.y Com.).
Para así decidir, una vez trabada la litis, hizo lugar a la excepción opuesta por las codemandadas y declaró la falta de legitimación activa de la trabajadora para interponer la presente acción por daños y perjuicios. Asimismo, oficiosamente, declaró la existencia de cosa juzgada administrativa, teniendo a la vista el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional n° 12 de Mar del Plata.
Inicialmente, el juzgador de grado destacó la existencia de hechos esenciales y no discutidos por las partes. Así, entre ellos, enunció: i) el acaecimiento del infortunio; ii) la tramitación ante la comisión mencionada del expediente n° 137.846/17, agregado a la causa en formato digital (v. proveído de fecha 14-XII-2020), en el cual dicho órgano emitió dictamen que concluyó que la actora resultaba portadora de una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 38,30%; iii) el pago por parte de la aseguradora traída a juicio de la suma de $1.631.311,27 en concepto de reparación, calculada conforme las leyes 24.557 y 26.773.
Sobre este escenario, se dispuso a tratar sendos planteos de ambas codemandadas en torno a la aplicación, en la especie, del art. 4 de la última ley citada, en su versión anterior a la ley 27.348.
De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, que —por las razones que expuso— juzgó constitucional en el caso, resolvió que la trabajadora había optado —de modo excluyente— por el régimen especial de reparación de infortunios laborales cuando percibió de la aseguradora la tarifa allí contemplada.
A su vez, tal como se adelantó, tuvo por configurada —de oficio— la existencia de cosa juzgada administrativa respecto del grado de incapacidad determinado por la comisión médica actuante.
Tras analizar la constitucionalidad de la opción con renuncia, a todo evento, el juzgador refirió la existencia de otro obstáculo para la viabilidad del reclamo intentado por la accionante, que —según expresó— aspiraba a demostrar un porcentaje de incapacidad mayor al determinado por dicho organismo administrativo.
Señaló que, si bien la reclamante le restaba valor a lo dictaminado por este último, cuestionando la validez constitucional de su intervención, la demanda no había sido interpuesta en grado de apelación o peticionando una eventual diferencia de las prestaciones del sistema con el grado de minusvalía otorgado en sede administrativa.
De este modo, meritó que el dictamen emitido el día 7 de julio de 2017 por ese organismo por el mismo hecho que motivaba el reclamo de autos, se encontraba pasado en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo ser modificado (arts. 1, ley 27.348; ley 14.997; 2, inc. "j", ley 15.057 y resol. SRT 298/17).
Resaltó que, aun cuando a la fecha de ese acto administrativo la ley 27.348 no se encontraba vigente en la Provincia de Buenos Aires —lo que recién aconteció con el dictado de la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018)—, sí lo estaba al momento de la promoción de la demanda (que data del 7-VI-2019), de modo tal que, sus disposiciones resultaban plenamente aplicables al caso (causa L. 121.895, "Orellana", sent. de 17-VI-2020).
Siguiendo ese razonamiento, indicó que el art. 2 de la ley 27.348 establece que las decisiones que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la comisión médica central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. En esta línea, señaló que los efectos de dicho instituto impedían volver a debatir sobre el aspecto vinculado con la disminución laborativa fijada en el dictamen emitido.
Juzgó que no habiendo sido impugnado oportunamente el porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica interviniente, "no lo es la presente demanda de daños y perjuicios, y a todo evento ello no ha sido alegado ni pedido, cabe concluir que esta decisión ha pasado en autoridad de cosa juzgada y resulta plenamente oponible al accionante de acuerdo a lo normado por el art. 15 LCT según ley 27.348" (resol., pág. 11).
Finalmente, agregó que la constitucionalidad de las decisiones de las comisiones médicas fue considerada por esta Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), además de hacerlo respecto a la adhesión de la ley provincial 14.997 y convalidar el Título I de la ley 27.348, que instituyó el procedimiento previo que, según resaltó, la accionante "voluntariamente decidió transitar y por el cual fue indemnizada" (resol., pág. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 2, 3, 7, 260 y 262 del Código Civil y Comercial de la Nación; 39 incs. 4 y 5 de la ley 24.557; 4 de la ley 26.773; 1, 2 y 3 de la ley 27.348; 1 de la ley 14.997; 330, 354, 375, 384 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 32, 47 y concs. de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 23-IV-2021).
II.1. Cuestiona la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la ley 27.348) y se declaró la falta de acción.
Afirma que la resolución atacada no constituye una derivación razonada del derecho vigente e incurre en una errónea interpretación de la normativa denunciada y de los elementos obrantes en el expediente, arribando —a su criterio— a una solución arbitraria.
Entiende que —contrariamente a lo decidido— para poder expedirse sobre los presupuestos de la responsabilidad civil resultaba necesario sustanciar la causa.
Aduce que cerrar todo tipo de discusión en esta etapa del proceso provoca un menoscabo irreparable a la trabajadora, desde que le impide demostrar los daños sufridos y no reparados por el régimen especial. Afirma que ello importa vulnerar derechos constitucionales.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley citada deviene inconstitucional y obsta al resarcimiento pleno.
Alega que el escrito de demanda pone en evidencia que el monto recibido mediante el régimen sistémico resulta insuficiente e inferior al que le hubiera correspondido en la hipótesis de que se hubiera empleado para su cálculo fórmulas tales como la del precedente "Méndez" de la Corte nacional.
Postula que, en el caso, correspondía efectuar un control oficioso de constitucionalidad, y —luego— un cotejo con los daños no reparados a la actora.
Dice que, si la norma en cuestión instala una regresiva opción con renuncia que contradice el objetivo de la ley 26.773 de otorgar indemnizaciones plenas, no cabe castigar a la trabajadora que, como en el caso, intenta la vía de la acción común.
II.2. Desde otroángulo, denuncia errónea interpretación del art. 11 de la ley 24.557.
Reitera que, al rechazarse la acción, se consagró la renunciabilidad de la plena reparación, obligando a la accionante a conformarse con la tarifa recibida. A su vez, cuestiona la etapa procesal en la que fue desestimada la demanda, en tanto le impidió —sostiene— la producción de la prueba conducente.
Agrega que el tribunal actuante no advirtió que al momento de percibir la prestación dineraria no contó con asistencia letrada, así como también que desconocía el valor del ingreso base mensual tomado por la aseguradora para liquidarla. A la par, dice que no se hallaba vigente la normativa vinculada con el servicio de homologación previsto por la ley 27.348. De allí que, la reclamante percibió el monto abonado sin conocimiento alguno, deviniendo absurda la conclusión del juzgador de grado con arreglo a la cual se determinó que el tránsito administrativo previo se efectuó con intención, discernimiento y libertad, cuando —alega— resulta patente que ese recorrido se efectuó en absoluta orfandad y en total indefensión.
Alega que la solución arribaba transgrede lo resuelto por la Corte federal en la causa que identifica como "Rodríguez Pereyra", en la que —plantea— se pronunció por la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando —también— que la reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida. Pues, debe propenderse a la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento. Agrega que allí se destacó la intrascendencia del cobro de la tarifa, remarcando que ello no obsta a la persecución judicial del reconocimiento de mejores derechos.
II.3. En línea con lo dicho, controvierte la decisión del juzgador de origen por conducto de la cual se sostuvo que al haber percibido voluntariamente la prestación dineraria, la demandante perdió legitimidad para accionar por la reparación plena.
Argumenta que —en el particular contexto del accidente laboral sufrido— la trabajadora fue despedida por su empleadora, lo cual —explica— derivó en la necesidad del cobro de la tarifa y en la ausencia de voluntad al percibirla. Expone que ello revela la errónea interpretación de los hechos y pruebas efectuada por el tribunal de grado.
Manifiesta que, por imperio de una norma inconstitucional, esto es, el art. 4 de la ley 26.773 (en su texto anterior a la ley 27.348), la reclamante se halló en una disyuntiva insalvable, por temor a no percibir monto alguno.
II.4. A su vez, sostiene que, contrariamente a lo resuelto en el fallo objetado, el reclamo no solo se encontró dirigido a demostrar un mayor porcentaje de incapacidad al determinado por la comisión médica actuante, sino también dejar en evidencia la insuficiencia reparatoria del sistema especial. De allí que solicitó la aplicación al caso de la llamada fórmula "Méndez".
II.5. Por otra parte, critica que en la decisión de grado se asignara carácter de cosa juzgada al dictamen administrativo de fecha 8 de julio de 2017, con sustento en la ley 14.997. Ello así, puesto que afirma que dicho plexo legal no se encontraba vigente al momento del dictado del acto administrativo al que el tribunal de origen le atribuyó carácter de cosa juzgada. Por ende, plantea, tampoco lo estaba la ley 27.348.
Desde esta óptica, indica que en el fallo objetado se realizó una indebida aplicación retroactiva de la normativa mencionada, contraria al principio receptado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Aduce que también yerra el juzgador cuando sostiene que la acción no fue iniciada como apelación, por cuanto —alega— la doctrina legal de esta Corte establece que el acceso a la justicia a través de una vía recursiva, que limite la impugnación y cercene la amplitud de debate y prueba propia de toda acción judicial, resulta inconstitucional.
II.6. Se agravia de la aplicación al caso de las disposiciones contenidas en el art. 2 de la ley 27.348, reiterando que dicha norma no se encontraba vigente al momento en que la comisión médica interviniente emitió su dictamen.
En ese entendimiento, con sustento en la jurisprudencia que cita, menciona que la Corte nacional en la causa "Llosco", le restó eficacia en los términos de "cosa juzgada administrativa" a los dictámenes de las comisiones médicas, indicando que el sometimiento al sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo no implica la abdicación a formular un reclamo posterior con fundamento en las normas del derecho común.
Sostiene que el caso de autos no se condice con lo expresado en el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que la actora no arribó a ningún acuerdo transaccional voluntario, sino que percibió la irrenunciable tarifa de la ley especial.
Refiere que los arts. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la ley 27.348) y 2 de esta última ley vulneran el principio de progresividad y no regresión consagrados constitucionalmente.
Por otro lado, descalifica la doctrina legal citada por el juzgador en sustento de su postura, alegando la existencia de hechos fácticos disímiles a los allí acontecidos.
En definitiva, denuncia que debió ejercer el control de constitucionalidad de las leyes 14.997 y 27.348, declarando su invalidez constitucional. Postula, asimismo, que lo acontecido en la causa bajo estudio no resulta análogo a lo decidido en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
II.7. En otro orden, cuestiona la imposición de costas por considerar que deben imponerse —a todo evento— en el orden causado.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Por razones metodológicas, brindaré inicialmente tratamiento al reproche que se dirige a cuestionar el tramo de la decisión censurada que declaró verificada en el caso la existencia de cosa juzgada administrativa.
III.1.a. En concreto, en lo que resulta relevante, una vez trabada la litis, el juzgador se pronunció oficiosamente en ese sentido a partir de la valoración del dictamen emitido por la Comisión Médica n° 12 de Mar del Plata, con fecha 7 de julio de 2017, en el expediente que lleva el n° 137.842/17.
Para así resolver, entendió que, mediante la presente acción, la actora procuraba demostrar un grado de incapacidad mayor al determinado en dicha instancia administrativa previa. Señaló que, más allá de la valoración constitucional efectuada por la accionante respecto a la intervención de las comisiones médicas, la demanda no fue interpuesta como apelación o reclamando una eventual diferencia de las prestaciones del sistema con motivo del porcentaje de incapacidad otorgado en sede administrativa, por el mismo hecho reclamado en autos. Fundó esta parcela del decisorio en el art. 1 de la ley 27.348, en la ley 14.997, en los arts. 2, inc. "j" y 103 de la ley 15.057, y en la resolución 298/17, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En cuanto a la fecha del dictamen, mencionó que al momento de su dictado la ley 27.348 no se hallaba vigente en la Provincia de Buenos Aires, lo que recién sucedió a partir de la adhesión de ley 14.997. Sostuvo que esta última se hallaba en vigor al momento de la promoción de la demanda (fechada el 7-VI-2019), razón por la cual la estimó de aplicación al caso.
De esta manera, dispuso que los efectos de la cosa juzgada que declaró —reitero— de modo oficioso impedían debatir nuevamente sobre la incapacidad fijada por la comisión médica interviniente.
III.1.b. Establecido lo que antecede, adentrándome en el análisis del remedio interpuesto, estimo que acierta la interesada cuando impugna las conclusiones del tribunal de la instancia ordinaria, a las que arribó por conducto de una errónea aplicación de la normativa actuada en el fallo.
En el caso, a la época de la tramitación administrativa no regía en el ámbito provincial el citado Título I, arts. 1 a 4, de la referida ley 27.348. Nótese, por caso, que al pie del dictamen médico fechado el 8 de agosto de 2017, se cita el decreto 717/96 (modif. decreto 1.475/15) —y no la resolución 298/17 (B.O., 28-IV-2017)—. Asimismo, advierto, se procedió a transcribir parcialmente el contenido del art. 46 de la ley 24.557, en el que se establecen plazos para la impugnación del dictamen, sin dar cuenta de eventuales consecuencias fatales derivadas de la falta de cuestionamiento.
En este orden, es preciso recordar que en el precedente registrado como L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), esta Suprema Corte ha determinado que la ley 27.348 (B.O., 24-II-2017) impone un sistema de competencia específico, de carácter administrativo previo y obligatorio, respecto de las controversias suscitadas por reclamos derivados de las consecuencias dañosas ocasionadas por accidentes y enfermedades del trabajo (Título I, arts. 1 a 4), y que dicha normativa fue adoptada en el ámbito local a partir de la sanción de la ley 14.997 (B.O., 8-I-2018), que dispuso la adhesión sin reservas de la Provincia de Buenos Aires al nuevo régimen legal complementario de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Bajo esas directrices, no resulta definitorio el dato concreto de la fecha de la promoción de la demanda, que solo daría cuenta de que a ese momento la instancia administrativa previa debía ser transitada obligatoriamente por el trabajador damnificado, y ello aconteció en la especie.
III.1.c. Por lo demás, no se presentan, en la especie, los presupuestos facticos y jurídicos que contribuyeron a forjar la doctrina legal emergente de las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024); L. 128.309, "Pardal" y L. 127.771, "Barcos" (sents. de 6-III-2024), cuyos lineamientos no correspondería dejar de atender de resultar aplicables, aun siendo sobrevinientes a la decisión atacada y a la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.823, "De la Iglesia", sent. de 4-VII-2022; L. 125.987, "Molinari", sent. de 4-X-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
III.1.d. Despejada la cuestión, y visto que el tribunal actuante declaró de modo oficioso la existencia de la cosa juzgada administrativa con apoyo en normativa inaplicable, corresponde revocar este tramo de la decisión de grado y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, proceda conforme corresponda.
III.2. En este contexto, el agravio dirigido a objetar la decisión vinculada con el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la ley 27.348), y más allá del voto que sobre el particular he emitido en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), no puede ser abordado, desde que la definición sentada se advierte prematura a la luz del reenvío dispuesto.
III.3. La solución que propongo me exime de abordar los demás planteos que porta la réplica.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión de grado con los alcances expuestos en los puntos III.1.d. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que, con nueva integración, proceda conforme corresponda.
Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cue
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