Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129538
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.538, "Talesa, Gastón Alejandro contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 4-VII-2022).
Se interpuso, por Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Gastón Alejandro Talesa y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, con más la compensación adicional contemplada en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la misma ley, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que protagonizó el día 7 de agosto de 2007.
Interesa destacar que, en el veredicto, con sustento en los datos surgidos del informe pericial contable, tuvo por acreditado que —en la fecha del siniestro— el valor del ingreso base mensual del actor era de $678,92, mientras que si se utilizaba una pauta salarial más actual —concretamente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente en la fecha del pronunciamiento—, dicho ingreso base mensual ascendía a $45.540 (v. vered., pág. 6).
En la sentencia, el sentenciante abordó el planteo de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de las deudas —formulado en la demanda— y lo desestimó (v. sent., págs. 4 y 5). Sin perjuicio de ello, al momento de cuantificar las prestaciones referidas concluyó que, al haber mediado una evolución salarial considerable, no resulta justo ni razonable que la tarifa se calculara con un salario asaz depreciado, pues en tal caso la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima, lo que constituye el objetivo de las leyes especiales de accidentes de trabajo (v. sent., pág. 8).
A partir de esa conclusión, juzgó que el art. 12 de la ley 24.557 (en su versión vigente a la época del infortunio), al establecer el mecanismo para determinar el módulo salarial —que luego se proyecta al importe final de la prestación sistémica— sobre la base del primer guarismo indicado ($678,92), resultaba manifiestamente depreciado y debía ser declarado inconstitucional en el presente caso porque provocaba una injustificada reducción del crédito del trabajador y vulneraba los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (v. sent., pág. 9).
Luego, sosteniendo que en los juicios en los que se persigue la reparación integral de los daños y perjuicios derivados de infortunios laborales el importe de la reparación ha de cuantificarse computando el salario a valores actualizados a la fecha en que se determina el importe de la indemnización, consideró que, para calcular la indemnización sistémica de marras, resultaba asimismo razonable utilizar, como módulo base, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual que había sido establecido en el veredicto y ascendía a $45.540 (v. sent., pág. cit.).
II. Federación Patronal Seguros S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según art. 4 de la ley 25.561); 11 inc. 4, 12 y 15 de la ley 24.557; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 8-VIII-2022).
Señala que el tribunal de grado, al actualizar el valor del ingreso base mensual del actor —a la fecha de la sentencia— para cuantificar el importe de las prestaciones dinerarias debidas, transgredió el principio de congruencia, porque —en su interpretación— tal mecanismo de cómputo no había sido peticionado en la demanda (v. rec., pág. 5).
Asimismo, reprocha al juzgador no haberse expedido respecto a la vigencia de la ley 23.928, modificada por la ley 25.561, que en sus arts. 7 y 10 impide indexar todo tipo de créditos dinerarios (v. rec., pág. 7).
Aduce que la decisión objetada, además de vulnerar las garantías constitucionales reconocidas en las normas citadas, conspira contra la seguridad jurídica y la ecuación económica financiera del contrato de afiliación (v. rec., pág. 9).
III. Pues bien, el recurso no puede prosperar.
III.1. Por un lado, el primer agravio que trae la recurrente, afincado esencialmente en la denuncia de violación del principio de congruencia, no resulta atendible en razón de su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.1.a. En efecto, atento al tenor de los argumentos que animan la impugnación , es menester recordar que esta Suprema Corte ha declarado reiteradamente que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso queda reservada a los jueces de las instancias ordinarias, quienes tienen amplias facultades para establecer el ámbito litigioso de las cuestiones que integran la relación jurídico-procesal, principio que solo reconoce una excepción para que pueda atenderse en casación: el absurdo (causas L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 127.653, "Ibarra", sent. de 15-IV-2024; e.o.).
También ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la apreciación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 122.223, "Góngora", sent. de 21-XII-2020; L. 124.779, "Muise", sent. de 1-IV-2022; e.o.).
Bajo esas directrices, es dable advertir que la crítica de la agraviada se encuentra insuficientemente fundada, pues no satisface la inexcusable carga de denunciar —ni menos aún de demostrar— que el sentenciante hubiese incurrido en el mentado vicio lógico a la hora de ponderar el contenido de los escritos liminares del proceso (conf. art. 279, CPCC).
La señalada deficiencia técnica cobra insalvable relevancia en el caso a la luz de la evocada doctrina y define el rechazo del agravio traído, pues este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Sin perjuicio de ello, cabe añadir —para precisar aún más la insuficiencia técnica de la impugnación— que la interesada tampoco se ocupa de rebatir —como es menester— las razones que condujeron al tribunal de grado a adoptar la decisión cuestionada. Por el contrario, se desentiende completamente del razonamiento seguido por el órgano actuante, según el cual, ponderando las especiales circunstancias verificadas en la causa —esto es, que entre la fecha del accidente (7-VIII-2007) y aquella en la cual se habrá de realizar el efectivo pago de la prestación dineraria pertinente, ha mediado una evolución salarial asaz considerable— juzgó que no resultaba justo ni razonable que la tarifa se calculara con un salario depreciado, pues en tal caso la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función de resarcir en términos completos la pérdida de capacidad de ganancia de la víctima.
A partir de ello, declaró de manera oficiosa la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión vigente a la fecha del infortunio) por considerar que dicha norma establece un mecanismo para determinar el módulo salarial (que luego se proyecta sobre el importe final de la prestación sistémica) partiendo de un guarismo muy depreciado ($678,92), lo que provocaba una injustificada reducción del crédito del trabajador en claro quebranto de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional (v. sent., págs. 8 y 9).
Como puede apreciarse, el reproche traído no luce idóneo para desvirtuar tales concretas motivaciones esenciales del fallo objetado, en tanto se limita a evidenciar la mera disconformidad de la agraviada con lo resuelto, en una línea argumental que —en rigor— se exhibe apartada de los cardinales fundamentos expuestos por el sentenciante (causas L. 120.646, "Maldonado", sent. de 10-VIII-2020 y L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022), circunstancia que sella adversamente la suerte del embate.
III.2. Por otro lado, firmes los fundamentos dados por el tribunal de origen para cuantificar las prestaciones dinerarias reconocidas, pierde —asimismo— toda consistencia —por lógico desplazamiento— el reproche vinculado a la supuesta violación de la prohibición de actualizar créditos fundada en el texto de la ley 23.928.
Es que, más allá de toda consideración sobre el eventual acierto o error en su invocación y aplicación en este caso por parte del sentenciante de grado, sabido es que no debe confundirse la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los "valores actuales" de los bienes a los que refieren, con la utilización de aquellos mecanismos de "actualización", "reajuste" o "indexación" de montos históricos. Estos últimos suponen una operación matemática, en cambio la primera solo expresa la adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo (conf. doctr. causas C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; C. 122.456, "Ruiz", sent. de 6-XI-2019; C. 123.329, "Salvucci", sent. de 31-VIII-2021; e. o.); por lo que la actividad desplegada por el órgano de origen, en cuanto distinguió la cuantificación de un daño a valores actuales a la fecha de la sentencia de los mecanismos de indexación o actualización de deudas, no incurre en la prohibición contenida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. doctr. causa C. 120.192, "Scandizzo de Prieto", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
En este sentido, cabe justamente aclarar que —contrariamente a lo que aduce la accionada en el recurso— el tribunal de grado analizó efectivamente en su sentencia el planteo de inconstitucionalidad de dicha normativa nacional formulado por el actor en la demanda y lo desestimó expresamente (v. sent., págs. 5 y 6).
III.3. Por último, resta señalar que la doctrina legal que la compareciente denuncia transgredida resulta —a la luz de la exigencia contenida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial— insuficiente para modificar lo resuelto, toda vez que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y normativos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite (causas L. 124.854, "Carzoglio", sent. de 28-XII-2021; L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-II-2023 y L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; e. o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:39:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 11:00:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:09:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:04:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:22:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:45:53 hs. bajo el número RS-16-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia