Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131182
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.182, "Cristeche, Karina Alejandra contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Enfermedad Profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent. de 31-V-2023).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 13-VI-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal laboral interviniente rechazó la demanda promovida por la señora Karina Alejandra Cristeche contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo por la que pretendía el cobro de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria derivada de la enfermedad profesional que alegó padecer (v. sent. de fecha 31-V-2023).
Para así decidir, en lo que interesa, el órgano de grado tuvo por acreditado que la actora padeció como consecuencia de su labor una enfermedad profesional, por la que la aseguradora de riesgos del trabajo debió brindar las prestaciones a su cargo (v. vered., primera cuestión).
Tras señalar que la accionante solicitó en su escrito de inicio el abono de cinco meses de prestaciones, con sustento en la prueba de informes que destacó —expedientes n° 018329/19 y n° 053740/19 adunados a la causa—, juzgó probado que la demandada puso a disposición de la señora Cristeche los emolumentos que correspondían según la escala salarial vigente, por lo que, entendió, que los montos reclamados fueron satisfechos en tiempo y forma. Agregó que, resolver a contrario, implicaría un enriquecimiento sin causa en favor de la demandante (v. vered., segunda cuestión).
Ya en la sentencia, en razón de los hechos acreditados en el veredicto, rechazó íntegramente la acción por carecer de causa (v. sent., págs. 11 y 12).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de las normas y doctrina que cita (v. presentación electrónica de fecha 13-VI-2023).
II.1. En primer lugar, se agravia porque considera que el sentenciante omitió resolver las cuestiones denunciadas por la trabajadora en su demanda, conforme las disposiciones de la ley 24.557 y sus normas complementarias, y según las establecidas por los arts. 9 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, refiere que el órgano de grado debió analizar si existió cosa juzgada administrativa con relación al dictamen de la Comisión Médica Central de fecha 26 de febrero de 2018, de conformidad con lo que oportunamente fue requerido en el título "IV" del escrito de inicio.
II.2. Por otro lado, controvierte que el juzgador haya considerado que únicamente se accionó en procura del cobro de cinco meses de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, toda vez que —alega— se peticionó el pago de los mencionados conceptos desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la finalización del plazo de dos años establecido en el art. 7 de la ley 24.557.
Asimismo, cuestiona que el tribunal actuante haya tenido por acreditado el pago de los referidos montos sin contar con una prueba documentada. En este sentido, manifiesta que, de acuerdo con el principio de la carga dinámica de la prueba, le incumbía a la demandada demostrar fehacientemente tal cancelación en tiempo y forma.
II.3. Califica como "grave y violenta" en los términos de la ley 26.485 la afirmación efectuada en el veredicto que alude a que "…resolver a contrario, sería un enriquecimiento sin causa a favor de la accionante" (rec., pág. 15).
II.4. Insiste en que de la prueba pericial producida surge que la demandada no cumplió con sus obligaciones de prevención y control en materia de seguridad e higiene.
II.5. Se agravia de la imposición de las costas a la parte actora por resultar vencida.
II.6. Finalmente, arguye —nuevamente— que el tribunal de origen omitió evaluar que en el escrito inicial se denunció que la aseguradora accionada, al no haber dado cumplimiento con lo ordenado en el dictamen de la Comisión Médica Central, incurrió en actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Afirma que los señores jueces de grado no observaron las disposiciones que en materia de prueba establece el art. 31 de la referida ley 26.485.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, tal como fue indicado por el tribunal de origen al conceder el remedio extraordinario (v. resol. electrónica de fecha 29-VI-2023), el valor de lo cuestionado, en el caso, no supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario—.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, cuya violación se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022 y L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.2. En este contexto, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, más allá de que la impugnación se encuentra vinculada a cuestiones de índole fáctica y probatoria, la única doctrina legal que se denuncia transgredida en el escrito recursivo se refiere al vicio de absurdo, por lo que no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual de aplicación al caso (causas L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.372, "Benítez", resol. de 27-V-2022; L. 130.685, "Pihuala", resol. de 4-X-2023 y L. 131.531, "Gómez", resol. de 3-VI-2024; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2025 20:18:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:03:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:48:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:00:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:42:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:45:54 hs. bajo el número RS-17-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia