Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130853
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que —con renovada integración— dicte un nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2022) deberá restituirse al interesado (art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.853, "Carrera, Federico Manuel contra El Graned S.A y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Federación Patronal Seguros S.A., sin imposición de costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 12-VII-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 18-VII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. El señor Federico Manuel Carrera promovió demanda contra El Graned S.A. tendiente al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, agravamientos, sanciones, rubros salariales, resarcimiento del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y a la entrega de las certificaciones previstas en esta última disposición. Asimismo, formuló reclamo contra Federación Patronal Seguros S.A. en procura de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 y modificatorias; y —respecto la codemandada mencionada en primer término— una reparación en concepto de daños y perjuicios con sustento en las normas civiles (v. presentaciones electrónicas de fecha 17-XII-2021; 25-III-2022 y 29-III-2022).
En lo que interesa para resolver el presente, indicó que ingresó a laborar para El Graned S.A. en julio de 2018, realizando tareas de carga y descarga de medias res de carne vacuna y de cerdo en la categoría de "peón práctico" del Convenio Colectivo de Trabajo 56/75; y que el día 20 de diciembre de 2019 sufrió un accidente de trabajo como consecuencia del cual padece una incapacidad del 22,50% de la total obrera.
Manifestó que el vínculo laboral con El Graned S.A. se mantuvo siempre en la clandestinidad, habiendo acaecido el distracto el 5 de julio de 2021 por despido indirecto.
En relación a la falta de registración, alegó que, conforme lo ordena el art. 1 —tercer párrafo— de la ley 27.348, "...resulta innecesario transitar por la instancia administrativa previa con carácter obligatorio y excluyente..." ante las comisiones médicas, razón por la cual —prosiguió— cuenta con la vía judicial expedita para iniciar y tramitar la demanda incoada (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2022, págs. 2/3).
Atribuyó la legitimación pasiva de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada en lo previsto en el art. 28 inc. 2 de la ley 24.557 (v. demanda, pág. 15).
Practicó liquidación, planteó la inconstitucionalidad de diversas normas, ofreció prueba y solicitó se haga lugar a la demanda.
I.1.b. A su turno, la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada opuso excepción de incompetencia, con sustento en que la acción intentada no se adecua al diseño arquitectónico establecido en el art. 1 de la ley 27.348 que estatuye la instancia administrativa previa obligatoria y excluyente de toda otra intervención (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2022).
Refirió que la norma invocada en la demanda (art. 28 inc. 1, ley 24.557) alude al caso en que el empleador no incluido en el régimen del autoseguro omita afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, supuesto que no se configura en estos autos. Fundó su postura, en los precedentes de esta Corte que individualizó.
I.1.c. Efectuado el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653 (aplicable al caso), la legitimada activa replicó la excepción opuesta, solicitando su rechazo con costas, remitiéndose a lo expuesto en el escrito inicial en relación a la excepción prevista en el art. 1 de la ley 27.348 (v. presentación electrónica de 16-IV-2022).
I.1.d. Por su parte, la codemandada El Graned S.A. opuso excepción de falta de legitimación pasiva y contestó la demanda impetrada mediante presentación electrónica del 2 de junio de 2022, solicitando su rechazo; cuyo traslado fue respondido por el accionante el 16 de junio de 2022.
I.2. En estas condiciones, el órgano de la instancia de grado declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997, y rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora (v. pronunciamiento electrónico de fecha 12-VII-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravia contra las mencionadas inconstitucionalidades decretadas en la causa (v. presentación electrónica de fecha 18-VII-2022).
Denuncia las normas legales que considera violadas en el pronunciamiento en crisis, así como la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), que —según expone— han zanjado el debate acerca de la constitucionalidad de las normas cuya aplicación al caso resultan objeto de debate.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que ha declarado reiteradamente esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
Asimismo, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, ha dicho que revisten la nota de definitividad a fin de ser equiparadas a las sentencias definitivas, aquellas decisiones en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
Sentado ello, bajo esos lindes, entiendo que —en el caso— la sentencia de grado que decretó la inconstitucionalidad de diversas normas del régimen de riesgos del trabajo debe ser equiparada a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653).
III.2. Dicho lo anterior, adelanto que le asiste razón al recurrente.
He de reiterar aquí, con las adaptaciones del caso, los razonamientos vertidos por mi distinguida colega doctora Kogan en la causa L. 129.124, "Bastiani", (sent. de 20-VIII-2024) —sustancialmente análoga a la presente— y a los cuales adherí.
III.2.a. Esta Suprema Corte ya ha sentado criterio en relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), al decidir —entre muchas otras— las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. En consecuencia, corresponde casar la sentencia de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348, como de la ley provincial 14.997.
III.3. Sin mengua de la solución que propicio, de lo antes reseñado se desprende que el actor, tanto en el escrito de inicio como al contestar la defensa opuesta por la aseguradora accionada, enmarcó el presente caso en el supuesto excepcional que prevé el art. 1 —tercer párrafo— de la ley 27.348, en atención a la falta de registración de la relación laboral.
En ese contexto, corresponde remitir las actuaciones al tribunal de origen, para que, al dictar nuevo pronunciamiento, analice dicho planteo.
III.4. En atención al contenido del fallo del Tribunal de Trabajo n° 3 de La Plata, cabe recordar a los señores magistrados que el acatamiento de la doctrina legal por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener —conforme una de las facetas de la télesis de la casación— la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que —como en la especie— se apartan del criterio sentado por esta Suprema Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.). Ello no importa menoscabar su función, pues les basta —en todo caso— con dejar a salvo sus opiniones personales.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997; y remitir los autos al tribunal de origen para que —con renovada integración— dicte nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que —con renovada integración— dicte un nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2022) deberá restituirse al interesado (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2025 10:12:16 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2025 15:11:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2025 13:10:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:11:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:31:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 10:57:43 hs. bajo el número RS-22-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia