Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.802, "Encina Gaona, Luis Esteban contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la accionada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 9-II-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 25-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y rechazó la demanda promovida por el señor Luis Esteban Encina Gaona mediante la cual procuraba el cobro de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de infortunios laborales con motivo del accidente de trabajo que denunció padecer.
Para así decidir, señaló que del expediente administrativo agregado en las actuaciones surge que, emitido el acto administrativo por el titular del servicio de homologación de la comisión médica jurisdiccional, este fue recurrido por el trabajador en ejercicio de la opción prevista en el art. 2 de la ley 27.348 ante la Comisión Médica Central, quien el día 22 de diciembre de 2020 ratificó la decisión apelada, lo cual se notificó en esa misma fecha a los interesados.
Afirmó que lo dictaminado por esta última es apelable ante la justicia ordinaria del fuero del trabajo, conforme el trazado normativo previsto en los arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc." j" último párrafo de la ley provincial 15.057.
Sentado ello, ingresando a analizar si la acción había sido interpuesta dentro de los plazos legales, excluyó la aplicación —en la especie— de aquel de noventa días previsto en la última disposición legal citada, desde que señaló que resulta aplicable a las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales.
Seguidamente, destacó que si bien el art. 16 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo fija un término de impugnación de quince días, lo es para el caso de recurrir lo dictaminado por las comisiones médicas locales, no estableciendo pauta procedimental alguna en orden al trámite de apelación relativo a la Comisión Médica Central.
En este contexto, estimó que en el caso podría aplicarse —por remisión del art. 40 de la resolución antes citada— el plazo de cinco días previsto en el art. 16 del decreto 1.475/15.
Concluyó, en que, si bien existe un vacío en la reglamentación a aplicar, tanto el término de cinco como el de quince días arriba mencionados, en el caso se encontraban vencidos al interponerse la demanda.
Bajo esas consideraciones, resolvió acoger la excepción de cosa juzgada.
II.1. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1 y 2 del decreto 1.475/15 y 14 bis y 18 de la Constitución nacional.
II.2. Se agravia de la sentencia de grado por haber efectuado —a criterio del quejoso— un análisis sesgado del derecho y de los plazos aplicables.
Denuncia que se ha valorado absurdamente la prueba, además, que no fueron abordados por el juzgador los argumentos fundamentales esgrimidos por la parte actora; y que el caso fue resuelto en base a afirmaciones dogmáticas y sin motivación alguna.
Afirma que existe un vacío legal respecto a los dictámenes de la Comisión Médica Central y el procedimiento para recurrirlos; desde que la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo nada dice en orden al dictado de una disposición de alcance particular posterior a la intervención de aquella que ponga fin a la instancia administrativa; razón por la cual —sostiene— mal pudo el juzgador resolver conforme los plazos que indicó.
Asimismo, alega que habiéndose expedido la comisión médica jurisdiccional el día 29 de setiembre de 2020, y toda vez que el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057, habilita a iniciar la demanda ordinaria dentro del plazo de noventa días desde la disposición de alcance particular, existiendo un vacío legal respecto a si esta normativa resulta —o no— excluyente de lo establecido por la referida resolución 298/17, la parte actora optó por interponer la demanda temporáneamente dentro del plazo indicado por resultar ambas normativas no excluyentes y complementarias, debiendo estarse al plazo más favorable para el trabajador.
III. El recurso no prospera a mérito de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Ocupa precisar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
III.2.a. Bajo esa mirada, dable es advertir que las motivaciones del tribunal laboral que constituyeron factores esenciales de su decisión, no han sido objeto de un ataque eficaz.
En efecto, el razonamiento arriba descripto y sobre el que se estructura la admisión de la excepción opuesta por la accionada, no ha sido idóneamente atacado por el recurrente, quien si bien coincide con el juzgador en cuanto a la referida existencia —así se dijo— de un "vacío" legal en torno al procedimiento para recurrir los dictámenes de la Comisión Médica Central, no aporta argumentos eficaces que evidencien la hipotética transgresión o errónea aplicación normativa que denuncia, esta —para más—, afincada en los arts. 1 y 2 del decreto 1.475/15 cuya vinculación al caso siquiera se demuestra (v. rec., apdo. VIII). A su vez, no se verifican reflexiones orientadas a poner de manifiesto la eventual transgresión de las normas actuadas en el pronunciamiento objetado.
Son aplicables las directrices de este Tribunal que tachan de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la violación de determinados preceptos, sin explicar cómo o de qué modo habrían sido quebrantados (conf. causa L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024); o aquel que omite efectuar la denuncia de infracción de las normas legales invocadas por el tribunal de la instancia para dar sustento al pronunciamiento (causas L. 105.618, "González Oronó", sent. de 22-VIII-2012; L. 119.645, "Parolo", sent. de 17-V-2017 y L. 129.398, "Contreras", sent. de 30-IV-2024).
En rigor, no se avizora en la pieza recursiva un discurso que cuente con razonamientos que rebatan concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado, como lo exige la jurisprudencia de este Tribunal como recaudo para transitar con éxito en esta sede extraordinaria (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
Y dable es mencionar que resulta ineficaz la denuncia de violación de normas constitucionales, porque la configuración de tal hipótesis sería eventual consecuencia de haberse infringido primeramente preceptos legales del asunto de que se trata, supuesto —como se indicó— no verificado aquí (causas L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019; L. 121.018, "Toro", sent. de 16-X-2019 y L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022).
De suyo, tampoco el interesado se encarga de probar la configuración en la especie del excepcional vicio de absurdo en la valoración de la prueba que invoca, desde que siquiera hay un desarrollo claro en el medio de la impugnación tendiente a cumplir con dicha carga.
III.2.b. Sin abrir juicio sobre el acierto de lo decidido en el sub examine por el órgano jurisdiccional de grado, la falta de aptitud de los cuestionamientos traídos, conforme lo expuesto, conduce a desestimar el recurso.
En otra hipótesis, no reforzaría la impugnación aquel discurso adicional del quejoso que culmina con la afirmación que reclama que debe estarse al plazo más favorable para el trabajador, construcción argumental ausente en el escrito inicial y también en aquel presentado por la parte actora en oportunidad de replicar la excepción de cosa juzgada (v. presentaciones electrónicas de 22-II-2021 y 22-IV-2021) y por lo tanto novedosa, fruto de una reflexión tardía (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2025 12:33:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2025 09:56:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2025 15:44:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:10:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:30:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 10:57:38 hs. bajo el número RS-18-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia