Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.187, "Gramajo, Jonatan Emmanuel contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata —por mayoría— hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 23-XI-2021).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 14-XII-2021).
Oído el señor Procurador General (v. presentación de fecha 28-XI-2022), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que resulta de interés, hizo lugar a la demanda promovida y condenó a la accionada al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 16 de noviembre de 2014, Jonatan Emmanuel Gramajo —dependiente de Empresa Nueve de Julio S.A.T— padece una lesión en su tobillo izquierdo que lo incapacita en un 15,6% de la total obrera (v. vered., págs. 1/3).
Consideró, además, que el valor mensual del ingreso base, teniendo en cuenta lo dictaminado por el perito contador —y computando todas las remuneraciones brutas percibidas— ascendía a $14.738,30 (v. vered., pág. 4).
Luego, con arreglo al ingreso así determinado y al porcentaje de incapacidad definido, el juzgador —por mayoría— se dispuso a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, estimando aquella en la suma de $316.826,28, con más los intereses a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., págs. 12 y 13), desde el día del accidente (16-XI-2014) hasta el dictado de la sentencia (3-XI-2021).
Luego, a la suma resultante de $967.337,71 y hasta su efectivo pago, condenó se aplique la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días.
Por último, declaró abstracto el tratamiento de los planteos por los que se pretendía la declaración de invalidez constitucional de las leyes 24.557 y 26.773 (v. sentencia, pág. 15).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional y 168 y 171 de la Constitución local.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse acerca de una cuestión que —a su criterio— reviste carácter de esencial, cual es, el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, deducido en el escrito de demanda (v. recurso, págs. 1/3).
Destaca que su falta de tratamiento produce un "vacío en la sentencia", genera un inmenso perjuicio en el derecho de propiedad del trabajador y provoca la aplicación de una norma que fue declarada innumerables veces inconstitucional tanto por este Tribunal, como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Reitera que el sentenciante no rechazó su planteo, sino que lisa y llanamente omitió abordarlo.
Sostiene que la mencionada preterición lo condujo a realizar el cálculo de la reparación en el mes de noviembre de 2021, pero tomando el valor del ingreso base mensual según los salarios de la época del infortunio, ocurrido en el año 2014.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 28-XI-2022), el recurso no prospera.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 127.722, "Soarez", sent. de 4-XII-2023; L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024; L. 130.490, "Van Pamellen", sent. de 24-II-2025; e.o.).
III.2. En el caso, y aun cuando denuncia la transgresión del citado art. 168 de la Constitución local, el desarrollo formulado por el impugnante en su crítica no se corresponde —en rigor— con la causal que contempla el citado dispositivo.
Se advierte que el planteo de invalidez constitucional formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 no fue soslayado en el fallo de grado, al declarar —por unanimidad— "abstractos los restantes planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 y 26.773" (v. pronunciamiento, pág. 15). Veamos.
La parte actora introdujo el reproche de inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 12, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 (v. demanda), siendo los últimos tres preceptos —junto al art. 8. inc. 3— descalificados por el tribunal en la etapa inicial del litigio (v. resol. de 1-II-2016, donde además dispuso "Diferir el tratamiento de las restantes denuncias y manifestaciones vinculadas a las leyes 24.557 y 26.773, para la oportunidad de resolverse el fondo de la controversia"). Luego, en oportunidad de dictar sentencia, como se anticipó, declaró abstracto genéricamente los restantes planteos, de lo que puede colegirse que aquel introducido en torno al citado art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) siguió esa suerte.
Bajo tal razonamiento, se evidencia que medió una decisión deliberada de los jueces del tribunal de origen de no abordar la cuestión que se denuncia preterida, circunstancia que —sin entrar a analizar su acierto— resulta suficiente para descartar la réplica traída.
Tiene dicho esta Corte que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, por transgresión de la exigencia prevista en el art. 168 de la Constitución provincial, es aquella en la que incurre el tribunal de trabajo por descuido o inadvertencia, pero no la que deriva de la convicción —acertada o no, pero exteriorizada en el fallo— de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 117.604, "Barragán Pardo", sent. de 26-III-2015; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021 y L. 126.154, "Zurita", sent. de 21-X-2022; e.o.).
Robustece tal definición, la circunstancia de que en el relato de los antecedentes efectuado por la jueza que votó en primer término no hubo de omitirse que la demandante tachó de inconstitucional "diversos preceptos del régimen de riesgos del trabajo" (leyes 24.557 y 26.773; v. pronunciamiento, pág. 5).
III.3. Por otro lado, y más allá de su orfandad argumental, no es acertada la invocada violación del art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; L. 126.814, "Fernández", sent. de 5-V-2022; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; e.o.), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), en las que se estableció que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual, el que debía determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente.
En concreto, denuncia que el sentenciante, al aplicar la fórmula del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, mediante la utilización del valor mensual del ingreso base vigente al momento del evento dañoso y calculado según los últimos doce salarios denunciados en autos , dejó de lado la doctrina legal de esta Corte en las causas citadas, en cuanto ordenó tomar el ingreso base mensual al momento del pago (insuficiente en aquellos precedentes), generando dicho apartamiento de criterio —según indica— una grosera desnaturalización del sistema tarifado y un grave perjuicio al derecho de propiedad del trabajador.
Alega que, en dichos precedentes, este Tribunal decidió casar los fallos de la instancia de origen que no hacían lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, ordenando calcular el valor del ingreso base con arreglo al criterio —no confiscatorio— fijado en el conocido caso "Vizzoti", por el Máximo Tribunal de la Nación.
Por último, expone que con el distanciamiento de la doctrina legal se produce una clara confiscación del crédito, al tomarse un salario histórico que se encuentra seis veces por debajo del actual para igual categoría (chofer de colectivos de transporte público), conforme la escala salarial del "CCT 460/73, Acuerdo salarial del 17/05/2021, Art. 40, in fine de la ley 11.653", la cual —insiste— debe reputarse conocida por el juzgador (v. rec., pág. 5).
A tales fines, explica que el valor mensual del ingreso base tomado de la pericia contable asciende a $14.738,30, cuando de una simple visualización de la escala salarial del sector para igual categoría, al momento de la sentencia, se observa —según afirma— que la remuneración de un chofer de corta y media distancia, alcanzaba —sin adicionales— la suma de $90.000.
Seguidamente, menciona la diferencia existente entre los precedentes citados y la situación de autos. Refiere que aquí el agravamiento es aún mayor, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo no ha efectuado ningún pago en sede administrativa, siendo lo ordenado en la sentencia la primera y única percepción que obtendrá el trabajador por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente laboral sufrido en el año 2014.
I.2. Por otro lado, se agravia de la tasa de interés aplicada.
Postula que el juzgador de origen transgredió la doctrina legal elaborada —en torno a la fijación de intereses— en la causa L. 121.841, "Sanchioni" (sent. de 15-IV-2021).
En este sentido, señala que, el tribunal —por mayoría— decidió aplicar la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha del infortunio hasta la liquidación ordenada en la sentencia.
Alega que la aplicación de ese tipo de acrecidos, desde la fecha del infortunio hasta la liquidación ordenada en la sentencia, viola la doctrina de esta Suprema Corte en la causa mencionada. Ello, por no fijar una tasa de interés desde el accidente hasta la fecha de sanción de la ley 27.348 y, desde allí en adelante, conforme la tasa prescripta por esta última normativa, hasta el dictado de la sentencia, tal como lo resolvió el magistrado que votó en minoría.
Precisa que el mencionado apartamiento genera un grave perjuicio para el trabajador, al pretender aplicársele una tasa de menor cuantía durante todo el lapso temporal devengado.
Finalmente, practica liquidación de intereses con los parámetros señalados.
II. El recurso no prospera.
II.1. Inicialmente, corresponde desestimar la primera objeción planteada contra la decisión de grado.
II.1.a. En efecto, la atenta lectura del escrito inaugural da cuenta de que el cuestionamiento que formula el recurrente ante esta instancia —referido a cuál debe ser el período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual contemplado en el art. 12 de la ley 24.557 (anterior a la reforma de la ley 27.348)— no fue expuesto en los mismos términos que en aquella oportunidad procesal (v. fs. 62 vta. y 63), toda vez que allí, en el desarrollo de su planteo de inconstitucionalidad, efectúa una serie de consideraciones que no guardan correspondencia con lo aquí pretendido.
A su vez, lo destacado, en cuanto persigue el recurrente —de manera novedosa— que se calcule el citado módulo con arreglo al salario percibido por el actor al momento de la sentencia, se ve reflejado en el resultado del análisis de las pruebas acompañadas y producidas en la causa, en donde nada apunta a demostrar los cálculos comparativos que ahora invoca.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que si la cuestión que estructura el agravio fue invocada en los escritos de inicio con una dimensión y enfoque diferentes a los que se observan en la impugnación que porta el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley —resultando por ende novedosa y extemporánea— su planteo es improcedente para habilitar idóneamente la vía recursiva (causas L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011; L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015; L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017; L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020; e.o.).
II.1.b. A mayor abundamiento, y aun cuando se soslayara el referido déficit, no es posible advertir, de los elementos obrantes en autos, que concurran en el caso las condiciones que hube de aplicar en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), así como también, y entre otras, en la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), ambas citadas por el recurrente, que me condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
II.1.c. En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento debe permanecer firme.
II.2. En otro orden, tampoco es de recibo la objeción contra la decisión del tribunal de origen —alcanzada por mayoría— de aplicar la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días (v. sent, págs. 12 y 13), con sustento en haberse violado —según expone— la doctrina legal de esta Suprema Corte que dice emergente del precedente L. 121.841, "Sanchioni" (sent. de 15-IV-2021).
Ello así, pues en el antecedente referido, el agravio vinculado a la tasa de interés que el órgano de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la ley 27.348, fue rechazado en la sentencia de este Superior Tribunal debido a su inadmisibilidad, lo que denota la ausencia de una definición con carácter de doctrina legal —en el sentido y el alcance establecido por esta Suprema Corte— sobre el punto propuesto por el interesado como derivado del caso citado (doctr. art. 279, CPCC; asimismo, causas L. 121.779, "Goro", sent. de 20-IV-2021; L. 125.970, "Silva", sent. de 3-VIII-2023; e.o.).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Sin perjuicio de precisar que en las causas L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) no hube de brindar una opinión concordante con aquella que en dichas oportunidades expuso mi colega la señora Jueza doctora Kogan, habré de adherir también aquí al sufragio que antecede.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la señora Jueza doctora Kogan —incluso en materia de costas— en razón de los fundamentos expuestos en los puntos II.1.a., II.1.c. y II.2., por considerarlos suficientes a los fines de dar respuesta por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2025 12:33:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2025 09:56:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2025 15:44:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:10:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:30:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 13:56:07 hs. bajo el número RS-19-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia