Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66287
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de las abogadas apoderadas de la parte actora, doctoras Lilia Beatriz Bielsa, en el equivalente en pesos a siete (7) Jus decreto ley 8.904/77 y María Victoria Aguilar, en el equivalente en pesos a catorce (14) Jus decreto ley 8.904/77 (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.287, "Durigan, Pedro A. y otros contra Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia. de Bs. As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
I. Pedro Alberto Durigan, Aldo Carlos Palleros, Norberto D'Amore, Carlos Alberto Cal, María del Rosario Gómez, Mariano Christian Lewicki, José Luis Martín y José Luis Martín González, por apoderada, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reconocimiento como remunerativos y computables, en el haber básico sobre el que se calcula el sueldo, en caso de agentes activos, o beneficio previsional, para los pasivos, los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97, correspondientes a la jerarquía con la que aquel se les liquida.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos, así como de los intereses, calculados desde que cada una se devengó hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
Los demandantes plantean que las sumas reconocidas a los activos en dichos decretos tienen carácter remunerativo y se abonan con regularidad, habitualidad y permanencia y por ello solicitan su incorporación en la base de cálculo de su remuneración o su haber, según el caso.
Concluyen que, si se integraran de la manera pretendida, se produciría un efecto "cascada" sobre los demás suplementos generales y particulares. Por ello entienden que la no aplicación de los decretos mencionados implica una violación al principio de intangibilidad del salario y piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas que los regulan.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
El señor Carlos Alberto Cal desistió de la acción (v. fs. 104).
II. Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y opone excepciones previas: inadmisibilidad de la pretensión, litispendencia y defecto legal.
Por resolución de 19-VII-2006 este Tribunal hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad formal de la pretensión respecto del señor Mariano Christian Lewicki; asimismo a la excepción de litispendencia para los casos de José Luis Martín y José Luis Martín González, desestimándose su pretensión y a la excepción de defecto legal, otorgándose a los restantes actores un plazo para readecuar la demanda, lo que fue cumplido en tiempo y forma (v. fs. 138/143 y 144/145). Por otro lado, el reclamo de la señora María del Rosario Gómez quedó excluido de la presente causa mediante resolución de 28-II-2007 en la causa B. 61.281 (v. copia a fs. 225/228).
III. Fiscalía de Estado contesta la demanda y solicita el rechazo de las pretensiones.
Plantea que la pretensión de incorporación de los suplementos en cuestión al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros adicionales no corresponde, en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o no ser bonificables. Señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado. Cita las normas que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Respecto del decreto 2.074/92 destaca la acotada vigencia de la bonificación no remunerativa allí establecida (1 de mayo de 1992 a noviembre del mismo año), circunstancia que, a su entender, determina el límite temporal del reclamo de la parte actora.
Respecto del decreto 1.014/97, aduce que estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tiende a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional o descuento.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
De igual manera argumenta que la compensación de gastos por vestimenta y uniforme para el personal del Escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y del Escalafón Profesional y Técnico Administrativo del Servicio Penitenciario creada por el decreto 1.015/97 carece de naturaleza remunerativa.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14 apdo. I incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Aduce que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción. Así solicita que, por un lado, para quienes reclaman sobre sus haberes en actividad se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente y para aquellos que solicitan los ajustes de los haberes en pasividad, la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 62, ley 13.236), computando como fecha de inicio la de cada reclamo presentado ante la Caja.
Cita fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
IV. La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 289).
V. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes (v. fs. 513/515) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La parte actora pretende la incorporación a los haberes básicos de agentes activos y pasivos, de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses y costas.
La cuestión a resolver se circunscribe, entonces, a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo de los haberes de Pedro Alberto Durigan, Aldo Carlos Palleros y Norberto D'Amore las sumas correspondientes a las bonificaciones reclamadas en la demanda y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
II. En primer lugar, el decreto 35/97 estableció a partir del 1 de enero de 1997 para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (dec. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Así, surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que esta no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
El tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad.
III. De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma creadora excluyó tal posibilidad.
IV. Lo mismo cabe decir respecto de los decretos 1.014/97 y 1.015/97 en cuanto a su incorporación al sueldo básico de quienes demandan.
IV.1. El decreto 1.014/97 otorgó, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 1997, al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, discriminado a partir de la jerarquía de subcomisario a comisario general y por agrupamiento, un suplemento no remunerativo no bonificable. Fue prorrogado en forma anual hasta la sanción del decreto 1.650/04 de fecha 28 de julio de 2004 que lo derogó y transformó dichas sumas en remunerativas no bonificables, sujetas a descuentos previsionales y asistenciales.
Con motivo de la sanción de la ley 13.437 —Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario—, se habilitó un mecanismo de solución equitativo respecto de los reclamos, presentados por los pasivos con dichas jerarquías, generados por la aplicación del decreto 1.014/97 mediante acuerdos transaccionales individuales para aquellos que en pasividad tenían esas categorías y para quienes no accedieron a tales acuerdos, el Tribunal reconoció el incremento del haber previsional con el adicional desde la fecha de dicho decreto hasta su derogación por decreto 1.650/04 (doctr. causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sents. de 11-VIII-2010).
En el caso, las jerarquías de los demandantes (v. fs. 304, 392/394, 408, 409, 416 y 418) no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha norma, ni de su prórroga y transformación mediante el decreto 1.650/04. Este último mantuvo como categorías alcanzadas por la bonificación, para el Agrupamiento Comando, las de comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario (art. 1, dec. cit.). Tal circunstancia impide la aplicación de la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010 (causas B. 63.922, "Pougy", sent. de 22-XII-2022 y B. 62.134, "Camarata", sent. de 7-III-2023).
IV.2. Por último, lo mismo cabe decir respecto de la compensación por gastos dispuesta en el decreto 1.015/97, en tanto no fue prevista para ninguna categoría del Agrupamiento Comando (sino para Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario), extremo que, por sí solo, obsta el resultado favorable del reclamo (causas B. 60.688, "Anghinetti", sent. de 29-XII-2014 y B. 63.922, "Pougy", sent. de 22-XII-2022). El tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015. Me remito a los fundamentos y conclusiones allí brindados.
V. Por las razones expuestas, la demanda debe ser rechazada. A la cuestión planteada, entonces, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 —texto según ley 13.001—).
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de las abogadas apoderadas de la parte actora, doctoras Lilia Beatriz Bielsa, en el equivalente en pesos a siete (7) Jus decreto ley 8.904/77 y María Victoria Aguilar, en el equivalente en pesos a catorce (14) Jus decreto ley 8.904/77 (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:48:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:46:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:16:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:55:04 hs. bajo el número RS-12-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia