Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130315
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.315, "Carrera, Rubén Edgardo contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 92/105).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 8-II-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 11-VIII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan:
I. El tribunal de trabajo interviniente, rechazó la demanda promovida por Rubén Edgardo Carrera contra Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A y Centrales de la Costa Atlántica S.A., por la que pretendía el cobro de diferencias salariales; así como de las indemnizaciones derivadas del despido, con más los agravamientos y sanciones previstas en los arts. 53 de la ley 11.653 —aplicable al caso—, 1 y 2 de la ley 25.323, 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia 34/19, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y la entrega de la certificaciones establecidas en la última norma citada (v. fs. 92/105).
Para así decidir se detuvo, en primer lugar, a dilucidar —dijo: "...releyendo, una y otra vez la demanda..."— el alcance de la pretensión actoral (v. sent., fs. 99).
En este sentido, a partir de la interpretación del escrito de inicio (v. fs. 7/27 vta. y 29/41) y del intercambio telegráfico habido entre las partes —que se ocupó de reproducir en la sentencia en lo que estimó pertinente— juzgó que el señor Carrera prestó servicios en el establecimiento de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A., realizando tareas de vigilancia (v. vered. primera cuestión). Entendió que el peticionante estructuró su acción sobre la base de imputar a dicha firma el carácter de empleadora directa —por aplicación del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo—, no obstante encontrarse registrado por Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A.; empresa que, de acuerdo a la postulación actoral, habría actuado como persona jurídica interpuesta (v. sent., fs. cit.).
Delimitado el reclamo en estos lindes, y a fin de resolver la contienda, reiteró los extremos fácticos que tuvo por verificados en el veredicto —ello, a partir de la valoración en conciencia de los escritos constitutivos del proceso y de la prueba pericial contable y sus impugnaciones, así como de las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa- (v. fallo de los hechos y sent., fs. 98 vta.). En este orden estableció que: i) el actor resultó inscripto como dependiente de Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A; ii) las codemandadas se relacionaron jurídicamente por contratos de locación de servicios derivados de haber ganado la última nombrada las licitaciones por el servicio de vigilancia en el establecimiento de Centrales de la Costa Atlántica S.A. y, iii) la prestataria poseía medios personales, materiales e inmateriales, bajo una dirección, para el logro de un fin económico (v. sent., fs. 99).
Sentado ello, con cita de jurisprudencia de la Corte nacional y de doctrina autoral que identificó, declaró no probado que Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. haya actuado como una mera proveedora de mano de obra, sin organización propia, sino que —por el contrario— prestó a Centrales de la Costa Atlántica un servicio empresario —vigilancia— valiéndose para ello de sus propios recursos jerárquicamente organizados; todo lo cual —concluyó— impide subsumir el caso en las previsiones del art. 29 de la Ley de Contrato de trabajo, sellando ello —remató— la suerte adversa de la demanda (v. fs. 99 vta. y 100).
Por otro lado, declaró que tampoco tendría en cuenta el reclamo fundado en la cita "...escueta..." del art. 30 del mentado cuerpo normativo, tendiente a responsabilizar a Centrales de la Costa Atlántica S.A. (v. fs. 101).
En este sentido, apuntó que el promotor del pleito no alegó, ni mucho menos probó, los requisitos que viabilizan la aplicación de la norma citada. Tampoco diferenció —añadió— quién sería el contratista o —en su caso— el subcontratista; ni indicó cuál era el trabajo o servicio contratado, ni esclareció si los servicios contratados eran parte de la actividad normal y específica propia del establecimiento (v. sent., fs. 101 vta.).
Adunó, con cita de doctrina científica, que —en principio— no resulta subsumible un mismo caso dentro de las prescripciones de los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por resultar supuestos distintos e incompatibles, toda vez que dichas disposiciones imputan la calidad de empleador a sujetos disímiles (v. fs. cit.).
Sobre tales cimientos, juzgó que las empresas demandadas no podían ser responsabilizadas con base en el citado art. 30.
En lo atingente al pedido de responsabilidad solidaria, resolvió que, no existiendo deuda, tampoco se configura solidaridad alguna (v. fs. cit.).
Con todo, concluyó que habiendo sido dirigida la acción contra Centrales de la Costa Atlántica S.A. en calidad de empleador, y no habiendo sido tal condición acreditada por el interesado, correspondía acoger la excepción de falta de legitimación opuesta por aquella, y —en consecuencia— rechazar la demanda interpuesta respecto de ambas legitimadas pasivas (v. sent., fs. 101 vta. y 102).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación del art. 168 de la Constitución provincial (v. presentación electrónica de fecha 8-II-2023).
Afirma que el juzgador de grado omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, toda vez que si bien resolvió —aunque, a criterio del quejoso, erróneamente— que Centrales de la Costa Atlántica S.A. carece de legitimación pasiva respecto del actor, soslayó expedirse en orden a la responsabilidad de la codemandada Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. como empleador formal, así como respecto de las circunstancias que rodearon la finalización de la relación laboral, y con ello, obvió pronunciarse en lo atingente al derecho del actor a ser indemnizado por esta última firma.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 11-XI-2023), el recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. En el caso, el interesado demarcó los lindes del pedimento en su escrito inaugural, poniendo de relieve que su verdadero y único empleador fue Centrales de la Costa Atlántica S.A., firma que interpuso fraudulentamente a la codemandada Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. como empleador formal (art. 29, Ley de Contrato de Trabajo); hipótesis sobre la que hubo de expedirse el juzgador.
Luego, bajo la denuncia de transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo argumentado por el recurrente en esta sede extraordinaria deja en evidencia su intención de disputarle al juzgador la interpretación que efectuara del escrito de demandada, como asimismo, del modo en que juzgó quedó trabada la litis ; aspectos que lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remiten a la imputación de eventuales errores de juzgamiento; ajenos —como es sabido— del acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.046, "Beron", resol. de 29-V-2023; e.o.).
Partiendo entonces de esa línea interpretativa, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha declarado que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se pretende cuestionar el acierto jurídico del fallo (causas L. 101.672, "Jaime", sent. de 4-V-2011; L. 129.247, "López", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
Por lo demás, y aun en una mejor hipótesis para el interesado, no puede soslayarse que el juzgador, tras abordar el modo en que estuvo configurada la relación laboral a partir del análisis de las hipótesis previstas en los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, hubo de exponer en la sentencia que "...al no haber deuda no hay solidaridad (art. 726 CCyCo)..." (101 vta.), por lo que bien podría considerarse que la temática que se denuncia preterida, fue resuelta en forma implícita y negativa para las pretensiones del recurrente, pues —reitero— lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial, y no la forma en que esta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L. 119.990, "Andrini", sent. de 6-XI-2019 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo (v. rec., apdo. "V.D."), violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 5, 6, 14, 29, 30 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; del convenio colectivo de trabajo 36/75; de los arts. 705 del Código Civil; 34, 44 incs. "d" y "e", 63 de la ley 11.653; 345 inc. 3, 354 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina que cita.
I.1. Cuestiona el orden metodológico seguido por el juzgador para resolver la contienda, desde que —aduce— primeramente, debió abocarse a establecer la causa de cada uno de los créditos reclamados por el actor en su condición de empleado formalmente dependiente de Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A.; para luego —dilucidado su concreto devengamiento— abordar si resultaban de aplicación las hipótesis previstas en los arts. 29 o 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Postula que el yerro señalado, impidió al accionante conocer si su despido indirecto obedeció a justa causa, o —en su defecto— si la extinción del contrato se produjo por vencimiento del plazo fijado, y —con ello— determinar si le asistía el derecho a cobrar los resarcimientos y haberes reclamados.
I.2. Asegura que el órgano de la instancia de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba pericial contable, desde que extrajo conclusiones a partir de considerar que la experticia oportunamente presentada no había recibido impugnaciones, dato que no se corresponde con las constancias objetivas de la causa, donde obran diversas objeciones presentadas por las partes —identifica los escritos electrónicos de fecha 9 y 10 de junio, y 21 de setiembre de 2021— que fueron soslayadas por el tribunal sin causa que lo justifique.
I.3. Afirma que el juzgador aplicó erróneamente al caso el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que, definido en la sentencia que el actor fue contratado por Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. con vistas a prestar servicios en Centrales de la Costa Atlántica S.A. en tareas de vigilancia, se imponía se lo considere empleado directo de esta última. Ello así, máxime teniendo en cuenta que las tareas de vigilador se encuentran expresamente contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 36/75 aplicable a Centrales de la Costa Atlántica S.A.
Alega que ninguna parte del citado art. 29, primera parte de la ley sustantiva, limita su aplicación a los casos de intermediación de una empresa suministradora de mano de obra, situación regulada —dice— en el último párrafo de la norma.
Expone que tampoco tenía que demostrar el actor que Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. es una falsa empresa o una contratista aparente, ni menos aún que sea un ente sin organización empresarial, extremos que no son requeridos por la disposición del acápite.
Al respecto, denuncia violada la doctrina que, aduce, emerge de la causa L. 58.125, "Barillaro", (sent. de 20-XI-1996), que transcribe de manera parcial.
I.4. Por otro lado, afirma que el órgano de la instancia de grado inobservó el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina legal que —entiende— emana del precedente L 100.074,"Alfonso" (sent. de 10-IV-2013).
Explica que, si bien es cierto que los supuestos previstos en los arts. 29 y 30 del mencionado cuerpo normativo resultan distintos y excluyentes, resulta válido hacer uso de manera acumulativa de todos los medios de impugnación o defensa que el ordenamiento autoriza, más allá de que estos puedan parecer como incompatibles entre sí.
Asegura que los fundamentos esgrimidos por el tribunal de grado para no aplicar el art. 30 de la ley 20.744 resultan escuetos, y que —en todo caso— en virtud del principio iura novit debió expedirse en favor de su vigencia al caso de autos.
Postula que habiendo definido el juzgador en la sentencia que las tareas de vigilancia se encuentran contempladas en el art. 53, inc. 13 del CCT 36/75 aplicable a Centrales de la Costa Atlántica S.A., se colige que aquellas resultan propias y específicas del giro normal y habitual de la empresa usuaria, por lo que el planteo sustentado en la norma de marras debió ser íntegramente acogido.
Manifiesta que, contrariamente a lo resuelto en la decisión de grado en orden a que el reclamante no alegó ni probó los requisitos de operatividad del citado art. 30, el actor invocó oportunamente su aplicación, postulación que resultó controvertida expresamente por ambas codemandadas.
Cuestiona lo declarado en el fallo en orden a que en el escrito de demanda no se diferencia quién es el contratista o subcontratista. En tal sentido, expone que el texto de la sentencia permite identificar de modo prístino, a Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A. como subcontratista y a Centrales de la Costa Atlántica S.A. como empresa principal, beneficiaria de los servicios del actor.
Refuta lo expresado en la sentencia en el sentido que el accionante no aclaró en su libelo inaugural si los servicios contratados eran parte de la actividad normal y específica propia de Centrales de la Costa Atlántica S.A., o si eran escindibles y accesorios de aquella; lo cual se opone —dice el quejoso— a lo establecido en el decisorio apelado, donde se declaró que la actividad del reclamante fue de vigilador, categoría propia a ambas empresas codemandadas.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1.a. Corresponde declarar procedente el agravio por conducto del cual el quejoso se dirige a poner en evidencia que el órgano de origen incurrió en absurdo cuando desestimó la acción instaurada contra la codemandada Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A.; pues —en efecto— consigue demostrar que el razonamiento plasmado en el fallo padece de un desarreglo lógico.
De la reseña de los antecedentes efectuada surge que se acreditó en autos que la mencionada sociedad tenía registrado al actor como dependiente —conclusión que arriba firme a esta instancia—, y —asimismo— según la propia interpretación dada por el tribunal de grado, se demandó a Centrales de la Costa Atlántica S.A. con sustento en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (en su versión anterior a la ley 27.742) —para que se la considere empleada directa—, e incluso, del art. 30 de la primera de las leyes de fondo citadas.
En estas condiciones, estimo que el órgano de origen mal pudo no pronunciarse —concretamente— respecto de la procedencia de los rubros reclamados con relación a la firma Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A., toda vez que —como lo manifiesta el interesado— la ausencia de verificación de los extremos que proveen una y otra de dichas normas para tener por configurada la eventual solidaridad de la restante codemandada, no constituye adecuado sustento para el rechazo de la acción respecto de dicha sociedad, como aconteció en autos.
Cabe aquí recodar que constituye absurdo el desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o una grosera desinterpretación de la prueba. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar aquel vicio valorativo; es necesario, en cambio, que se demuestre un desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.). Y esto es, precisamente, lo que ocurrió en el caso.
II.1.b. Desde este punto de mira, sin perjuicio de lo que a continuación se resuelva respecto de los demás agravios, debo dar razón al quejoso en cuanto impugna este tramo del fallo objetado, debiendo devolverse las actuaciones a la instancia de grado para que —teniendo en cuenta las cuestiones que han arribado firmes a esta instancia casatoria y con un renovado análisis de las pruebas colectadas— dicte nuevo pronunciamiento en orden a la procedencia —o no— de los créditos reclamados respecto de la codemandada Monitoreo y Vigilancia Medinilla S.A.
II.2. De otro costado, no es atendible el embate por conducto del cual el compareciente denuncia absurdo en la valoración de la prueba pericial contable, por haber soslayado el juzgador —a criterio del quejoso— las impugnaciones formuladas por los litigantes mediante las presentaciones electrónicas que identifica.
Ello así, toda vez que en su discurrir, no explicita de qué manera el supuesto yerro que le endilga al tribunal pudo haber tenido incidencia en el modo en que la litis fue resuelta.
En rigor, en la crítica expuesta el interesado se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que —por regla— le resultan privativas, método que —reiteradamente se ha señalado— configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Sin mengua de lo dicho, para satisfacción del recurrente, cabe advertir que el tribunal de mérito se hizo cargo expresamente de las objeciones que el apelante alega preteridas, tal como se desprende del relato de los antecedentes plasmado en la sentencia, donde concretamente individualizó, entre las pruebas producidas, la experticia en cuestión, las impugnaciones de las partes, y las aclaraciones formuladas por el profesional interviniente. (v. fs. 98 vta., apdo. 7).
De suyo, entonces, la objeción tratada en este acápite debe ser desestimada.
II.3. Tampoco es de recibo el embate fundado en la imputación de la errónea aplicación del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (en su versión anterior a la ley 27.742).
II.3.a.Cabe apuntar aquí que, en el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.